Jurisprudencia nacional 4381
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2521 a 2540 de 4381
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 14-mar-2018 | Grosso (causa Nº 41796) | La empleada de un negocio expresó a L, un compañero, que deseaba renunciar. Luego de hacerlo, se comunicó con su pareja y le solicitó que fuera al local. L chequeó el dinero obrante en la caja, advirtió que faltaban cien pesos y le avisó a la empleada. Su pareja ingresó al local con un cuchillo y le dio puntadas en la pierna a L, mientras la mujer recogía billetes que habían caído al piso. Entonces, se acercaron al lugar un policía y la supervisora de los empleados. L denunció a la mujer y a su pareja por el delito de lesiones. Durante la audiencia de juicio oral, L solicitó que se le leyera su primera declaración con el objeto de recordar lo expuesto en esa oportunidad. Por su parte, la mujer expuso que había sido su compañero quien había provocado a su pareja, por lo que se había defendido de su agresión. Al alegar, la defensa impugnó la declaración del denunciante y solicitó la absolución de sus asistidos. |
| 14-mar-2018 | Prando Cantero (causa Nº 31055) | Dos hombres –junto a otras cinco personas– sustrajeron ciento cincuenta pesos y un teléfono celular a un extranjero. A tal efecto, se abalanzaron sobre él y lo golpearon. Personal policial se acercó al lugar y los detuvo. La víctima –que hablaba de otro idioma– le manifestó a una de las policías que reconocía a uno de los intervinientes en el hecho; respecto del otro, dudó. Por ese hecho fueron imputados por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. El damnificado no se presentó a la audiencia de debate. La policía prestó declaración testimonial y manifestó que la víctima, aunque tenía mucha dificultad para hablar español, el día del hecho había identificado a uno de los imputados. Asimismo, aclaró que había dudado respecto al otro imputado. Por tal razón, el tribunal lo absolvió. Respecto al imputado identificado por la víctima, la fiscalía sostuvo que había prueba suficiente de su participación y solicitó que se lo condenara. |
| 14-mar-2018 | NAMA (causa Nº 42740 2011 ) | Una pareja con 5 hijos y un embarazo en curso se encontraba en situación de calle. Para paliar su situación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) les ofreció soluciones precarias de alojamiento (paradores nocturnos), las que fueron rechazadas por diferentes motivos. Por esta razón, el GCBA les asignó un subsidio de dos cuotas del Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, el cual no les permitió superar el problema habitacional. Estando todavía en situación de calle, en junio de 2010 nació su sexto hijo, quien luego de 25 días falleció a causa de una neumopatía. Ante esta situación, ambos padres, por sí y en representación de sus hijos, iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el GCBA –por haber incumplido sus obligaciones de asistencia– y contra el Hospital “Ramos Mejía” –por considerar que los médicos le habían dado al niño el alta en forma prematura –. El juzgado de primera instancia condenó al GCBA y rechazó el reclamo respecto al hospital. Contra esa decisión, las partes interpusieron un recurso de apelación. |
| 13-mar-2018 | VRE (causa Nº 11790) | Una persona reconoció ante un profesional de la salud haber mantenido relaciones sexuales con su hija. Esta información, además, constaba en su historia clínica. La persona fue procesada por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y por resultar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. En el procesamiento se valoraron los dichos que figuraban en la historia clínica. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2018 | Campos Álvarez (causa Nº 8514) | Una mujer de nacionalidad boliviana intentó ingresar al país en un autobús. En el paso fronterizo, durante un procedimiento de control, personal policial advirtió que se encontraba en estado de nerviosismo. Por tal razón, se la apartó del resto de los pasajeros y fue trasladada a un hospital. Allí le efectuaron una placa radiográfica, de la que surgió la presencia de material estupefaciente dentro de su cuerpo. La mujer fue detenida e imputada por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, en los términos del artículo 866, primer párrafo, del Código Aduanero (ley N° 22.415). Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que la conducta de la imputada fuera encuadrada dentro del artículo 866, segundo párrafo, del Código Aduanero. En tal sentido, entendió que los estupefacientes se encontraban destinados a ser comercializados. Finalmente, solicitó que se le impusiera la pena de cuatro años y seis meses de prisión. Por su parte, la defensa sostuvo que la acusación no había sido desarrollada sobre los extremos del segundo párrafo del artículo 866, por lo que correspondía aplicar la imputación original. Así, indicó que, de resolver en el sentido requerido por la fiscalía, se violaría el principio de congruencia y derecho de defensa de su asistida. |
| 9-mar-2018 | Gomez (reg. Nº 176 y causa Nº 44266) | Un individuo había sido condenado a la pena de diez años de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional elaboró dos informes, en donde se expidió unánimemente a favor de la concesión. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución Penal rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que el condenado registraba tres correctivos disciplinarios, que se encontraba en la fase de socialización desde el año 2014 y que le restaban reforzar aspectos fundamentales del tratamiento psicológico. En ese sentido, concluyó que no se advertía un pronóstico favorable de reinserción social. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 9-mar-2018 | Mercado (Causa N° 15599) | En el marco de un expediente donde se investigó un hurto calificado, un juez ordenó el allanamiento en un domicilio. Mientras el personal policial cumplía la orden, hallaron dos envoltorios de nylon con sustancias estupefacientes. Los efectivos dieron aviso al juez, quien autorizó que se realizara el test de campo y el pesaje sobre las sustancias. Estas medidas arrojaron resultado positivo. Ante eso, los oficiales se comunicaron con el juez federal quien autorizó el allanamiento y secuestro en el lugar con intervención a la unidad operativa especial. En el resto de la vivienda se encontraron más sustancias. Como consecuencia, se elevó la causa a juicio por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Durante los alegatos, la defensa solicitó la nulidad de los allanamientos porque fue solicitado por un juez que no tenía competencia material. |
| 8-mar-2018 | DAJ (causa nº 2294) | En marzo del año 2014, un Tribunal Oral había concedido la suspensión del juicio a prueba a un imputado por el término de 2 años. En esa oportunidad, se pactó el pago de un monto en carácter de reparación económica, que sería cumplido en seis cuotas. El juzgado de ejecución tuvo a su cargo el control de las reglas impuestas, mientras que el tribunal mantuvo en su órbita la verificación del cumplimiento de la reparación. El imputado sólo pagó la primera de las cuotas. En mayo del 2014, fue citado con el objeto de que abonara la segunda. La siguiente notificación fue cursada en junio del año 2016. Finalmente, en octubre de ese año, el juez de ejecución tuvo por cumplidas las normas de conducta. Sin embargo, el Tribunal Oral revocó la probation, por considerar que el imputado había incumplido las obligaciones asumidas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-mar-2018 | DLB (causa Nº 7935) | Un hombre fue imputado por el delito de hurto en grado de tentativa, cometido en enero del año 2016. El Tribunal Oral dispuso la nulidad de la declaración indagatoria y de todo lo actuado en consecuencia y reenvió la causa al juzgado de instrucción. Éste rechazó la competencia, por lo que se dio intervención a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El 27 de noviembre del 2017, la Sala de turno resolvió que el Tribunal Oral continuara con el trámite del expediente. La defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido. En particular, consideró que la resolución de nulidad había adquirido firmeza y que, por tal razón, no existía una acusación válida vigente contra el nombrado. |
| 8-mar-2018 | RMA (causa Nº 10938) | Una persona había sido imputada sobre la base de una denuncia promovida por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. El 28 de noviembre de 2017, el juzgado la sobreseyó y notificó a la fiscalía y a la defensa. El 4 de diciembre, la víctima solicitó ser constituida como parte querellante. Por tal razón, el juzgado le notificó el sobreseimiento. Además, hizo lugar a su solicitud, por considerar que —ante su reciente notificación— la resolución no se encontraba firme. De esa manera, la querella interpuso un recurso de apelación contra el sobreseimiento. Entonces, la defensa planteó una excepción de falta de acción. Entre sus argumentos, sostuvo que la presentación de la querella había sido extemporánea ya que, a su entender, la resolución de sobreseimiento había adquirido firmeza. Por su parte, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, con base en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Nº 27.372), postuló su rechazo. |
| 7-mar-2018 | LMA (causa 16061) | Los padres de una mujer con discapacidad (retraso mental y sordera que provoca una incapacidad total y permanente superior al 85%), representados por un defensor oficial, solicitaron la declaración de interdicción y curatela de su hija. Además solicitaron que se los declare tutores de su nieto de 2 años de edad. |
| 6-mar-2018 | Mega (reg. Nº 152 y causa Nº 161077) | Una persona había sido condenada a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió unánimemente a favor de la concesión. El Juzgado de Ejecución Penal no tomó en consideración el dictamen favorable de reinserción social elaborado por el Consejo y rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-mar-2018 | VOE y otros (causa Nº 37084) | Un grupo de personas había sido investigado desde el año 2013 por actividades relacionadas a la comercialización de estupefacientes. En ese sentido, fueron imputadas y detenidas de manera preventiva. En etapa de juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. Entre otras cuestiones, se pactó la prisión domiciliaria de dos imputados, V y C. El primero de ellos padecía diabetes y era el sostén económico de su familia. Respecto de C, se tuvo en cuenta la atención especial que requería su madre enferma. A su vez, fue solicitada su incorporación al régimen de salidas transitorias con el objeto de que concurriera a su trabajo. |
| 6-mar-2018 | NPDI (causa Nº 1741) | Un hombre ingresó a un solarium y consultó por los servicios que se ofrecían. Fue atendido por la dueña del negocio. Su pareja, MMA, se encontraba sentada de espaldas a la puerta del local. El hombre extrajo un cuchillo e intentó colocarlo sobre la garganta de MMA, a la vez que exigía la entrega de dinero. Frente a su resistencia, comenzaron a forcejear. MMA fue herido en diversas partes del cuerpo. La dueña del local ofreció dinero para que cesara la agresión, lo que no sucedió hasta que arribó la policía. Como resultado de la pelea, el agresor también resultó herido. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de diez años de prisión por el delito de homicidio criminis causae (artículo 80, inciso 7º del Código Penal) en concurso ideal con robo con armas, ambos en grado de tentativa. Para decidir de esta manera, consideró que la intervención de MMA había puesto en crisis en crisis la viabilidad del robo. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró arbitraria la interpretación de la agravante del homicidio desarrollada por el tribunal y solicitó que se modificara la calificación legal. |
| 5-mar-2018 | FGD (causa Nº 769846) | Una persona con discapacidad motriz permanente ejercía su actividad laboral en un local ubicado en la galería Obelisco Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2015 requirió a las autoridades estatales que pusieran rampas de acceso en las bocas de los subterráneos. Ante la omisión del Estado, interpuso una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) con el objeto de que se ordenara a los demandados garantizar las condiciones de accesibilidad a la red de transporte público de subterráneos a fin de preservar los derechos de las personas con discapacidad motriz. Asimismo, solicitó una medida cautelar para evitar un daño irreparable a su vida y su salud. El juzgado declaró el carácter colectivo de la acción y otorgó la posibilidad de integrar el proceso a todas aquellas personas que pudieran tener un interés jurídico. Se presentaron el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y distintas organizaciones no gubernamentales que se expidieron en el mismo sentido, requirieron que se cite como tercero a Metrovias SA y solicitaron como medida cautelar que se adopte medidas necesarias palear la inaccesibilidad actual. Las demandadas solicitaron la incompetencia del tribunal, la citación del Estado Nacional y la tramitación del proceso por juicio ordinario. |
| 2-mar-2018 | SSO y otros (causa N° 970) | Seis personas se encontraban imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas. Los imputados solicitaron declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. A partir de sus manifestaciones, se iniciaron expedientes en diversas jurisdicciones. En esas actuaciones se dictó el procesamiento de varias personas y se secuestró gran cantidad de sustancia estupefaciente. Los imputados celebraron un acuerdo de juicio abreviado en el que se valoró la información aportada y sus resultados. En esa línea, acordaron penas que establecían desde tres años de prisión en suspenso a tres años y seis meses de prisión. |
| 2-mar-2018 | Madre e hijo (causa Nº 21814) | Un niño de 6 años fue diagnosticado con neurofibromatosis. Los síntomas de esta enfermedad cedían con el uso de Cannabis medicinal. Por ese motivo, su madre interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se la habilitara a cultivar Cannabis en su domicilio para consumo medicinal y se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 5 inciso a) y e) en relación con los párrafos penúltimo y último de la ley Nº 23.737. En forma subsidiaria, solicitó que se ordenara al Estado Nacional a que le suministrara aceite, cremas y material vaporizable de cepas identificables con balances variados de CBD y THC y en cantidad suficiente de cepas para su rotación permanente. Asimismo, requirió que se dictara una medida cautelar para que se autorizara el autocultivo de Cannabis hasta que se resolviera el planteo de fondo. |
| 1-mar-2018 | Orosco (Causa N° 30310) | A raíz de una denuncia por averiguación de paradero de dos personas que trabajaban en una quinta, se inició una investigación penal para dar con la ubicación de dicho lugar. Al día siguiente de la denuncia, mientras un móvil de Prefectura recorría el perímetro de una finca observaron a tres hombres. Cuando los efectivos solicitaron que se identifiquen, ellos manifestaron que no tenían documentos y se encontraban en situación de calle. Estas personas comentaron que habían trabajado hasta hacía unos días en una quinta junto con otras personas argentinas y bolivianas, sin poder precisar la ubicación y que allí realizaban tareas de cosecha de hortalizas. También mencionaron que se habían ido del lugar por las malas condiciones de trabajo, pero que la mujer que supervisaba el trabajo se negó a entregarles sus documentos. Como resultado de la investigación, se halló el lugar y el fiscal solicitó el allanamiento de la quinta L.M. En la orden de allanamiento, el juez indicó el kilómetro, la ruta, la calle y que no había numeración. Mientras los prefectos cumplían con el allanamiento, se presentó el dueño del lugar allanado y manifestó que esa no era la quinta L.M. sino la de al lado. Los preventores se comunicaron con el juzgado e informaron esta circunstancia y el juez ordenó el allanamiento de ese lugar también. Como resultado, se encontraron elementos que podrían tener relación con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El juez dictó el procesamiento de los propietarios. Contra esa resolución, las defensas de las personas imputadas presentaron un recurso de apelación. La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar al recurso y declaró la nulidad del allanamiento y de todos los actos que en su consecuencia se dictaron y reenvió la causa al juez de primera instancia. La fiscalía presentó un recurso de casación. |
| 28-feb-2018 | SG (causa Nº 1110) | El día 14 de febrero de 2017, personal policial realizó tareas de inteligencia con un dron. En esa oportunidad, se detectaron plantas de marihuana en una vivienda. El 15 de febrero de ese año, se recibió en sede policial una denuncia anónima que informaba esa situación y agregó que la marihuana sería comercializada. Entonces, se efectuó una consulta a la fiscalía de turno y se ordenaron nuevas tareas investigativas, que resultaron en la detección de las plantas y la identificación de los moradores del domicilio. Sobre la base de esos elementos, el juzgado libró una orden de allanamiento y entendió que la medida resultaría útil para el secuestro de sustancia estupefaciente, elementos de corte, elementos de fraccionamiento y balanzas, entre otros objetos. En el procedimiento se secuestraron 103 plantas de marihuana. La defensa solicitó la nulidad de la resolución que dispuso el allanamiento por considerar que no se encontraba debidamente fundamentada en los términos del artículo 123 del C.P.P.N. |
| 28-feb-2018 | GJN (causa Nº 37691) | Un hombre que padecía esclerosis múltiple desde el año 2013 solicitó, por prescripción médica, un medicamento para el tratamiento de su enfermedad a PAMI. Ante la negativa de la obra social, el Defensor Público Oficial, en representación del afiliado, interpuso una acción de amparo y solicitó, como medida cautelar, la entrega inmediata del remedio. El Juzgado Federal de Villa María hizo lugar a la medida cautelar y, posteriormente, a la acción de amparo. Contra tal resolución la demandada interpuso un recurso de apelación. |