Jurisprudencia nacional 3845
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2541 a 2560 de 3845
Fecha | Título | Resumen |
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13-dic-2016 | R, SA c. A. SA | Una persona celebró un contrato asociativo de explotación tambera con una empresa por una duración de dos años. A los pocos meses, la empresa rescindió unilateralmente el vínculo a raíz de que su pareja denunciara haber sido víctima de violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Tandil. A raíz de esto, el actor interpuso una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la acción. A tal fin, consideró que los actos de violencia se desarrollaron en el ámbito de la vida privada del actor y que no se acreditó que afectaran el normal desenvolvimiento del trabajo. La empresa demandada impugnó la decisión. |
13-dic-2016 | R, MA | El Tribunal Oral condenó a un hombre a la pena de siete años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en tres oportunidades y privación ilegítima de la libertad. Para llegar a esa decisión, valoró el testimonio de la víctima, concubina del condenado, lo declarado por otros testigos, vecinos del barrio, y la historia clínica de la damnificada. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. Argumentó, entre otras razones, una errónea valoración de la prueba. |
13-dic-2016 | RMA (causa Nº 39411) | Una mujer denunció a su pareja por una serie de episodios de violencia de género. Los hechos incluían abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y oral en, al menos, tres oportunidades, todos en el interior de su casa. La víctima declaró que, luego del primer hecho, quedó embarazada; no obstante, el embarazo no llegó a término. El segundo evento tuvo lugar algunos días después de esta pérdida; entonces, volvió a quedar embarazada. El tercer hecho, sucedió una noche que su pareja regresó alcoholizado a su domicilio, le arrancó las prendas de vestir y la forzó a tener relaciones sexuales por vía oral y vaginal. En ese contexto, además, el hombre ejerció violencia física (golpes, zamarreos, tiradas de pelo) en su contra. La mujer había denunciado a su pareja con anterioridad por haberla dejado encerrada en su domicilio, oportunidad en la que se comunicó con sus vecinos a través de la puerta. Durante el debate oral, declaró la madre de la víctima. Manifestó que su hija le había dejado entrever la existencia de violencia económica, pero no física. Además, explicó que había convivido con la pareja durante el embarazo y que no había presenciado hechos de violencia física, aunque sí verbal. Asimismo, una vecina declaró que estaba sorprendida porque nunca había visto a la denunciante lastimada y agregó que escuchó discusiones en las que el hombre gritaba que la iba a matar. Por su parte, el psiquiatra que atendió a la mujer a lo largo de esos años explicó que vivía una situación de temor, pero que no había ningún dato que indicara un cuadro de mayor gravedad. De la historia clínica surgía que la mujer efectuó diversas consultas médicas; sin embargo, no registraron lesiones o indicios de haber sido abusada sexualmente. De la misma forma, la paciente no había realizado ninguna manifestación sobre este punto. Además, de los controles ginecológicos surgía que buscaba un embarazo. Por otro lado, los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Violencia Doméstica determinaron la existencia de diversas manifestaciones de violencia generadas por un vínculo disfuncional con violencia doméstica que derivó en una situación de riesgo para la víctima. El Tribunal Oral condenó a RMA a la pena de siete años y seis meses de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal reiterado al menos en tres oportunidades, y privación ilegítima de la libertad. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
10-dic-2016 | T, CA | Un grupo de personas se había apoderado de un teléfono celular, zapatillas y otros elementos que eran propiedad de otro individuo. Para eso se valieron de un cuchillo y pinches de cocina con punta filosa. El Tribunal Oral condenó a T. a la pena de seis años de prisión por ese episodio y lo calificó como robo con armas en concurso real con robo en grado de tentativa. A ese fin, valoró la declaración de la víctima, que refirió durante la audiencia de debate oral que el imputado se le presentó acelerado y le preguntó si podía prestarle plata para consumir algo. Luego, cuatro personas “se le vinieron encima” y “le empezaron a pegar y a bolsijear”. Cuando se levantó, el imputado, que se había quedado al lado suyo, le dijo que él no había hecho nada y se fue. Posteriormente, la víctima explicó el hecho de modo diferente: sostuvo que uno de los muchachos (“flaco alto con los pelos sucios”) lo atacó con un cuchillo y, luego, lo “tiraron para atrás” y le pegaron. El imputado –agregó– estaba “ahí al lado suyo” y lo pudo ver en ese grupo que “se le tiró encima” y le arrebató sus pertenencias. A su vez, admitió que, al momento de los hechos, se encontraba en estado de ebriedad. La sentencia fue recurrida por la defensa. Entre otros argumentos, planteó que el tribunal había valorado de modo incorrecto el testimonio del damnificado y cuestionó su credibilidad. Además, de modo subsidiario, objetó la calificación legal asignada al primer hecho. |
7-dic-2016 | PGJA | Una persona imputada por el delito de coacción –constitutivo de violencia de género– solicitó la suspensión del juicio a prueba. Sólo dos miembros del tribunal estuvieron presentes durante la audiencia prevista en el art. 293 CPPN. El órgano judicial rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En oportunidad de la audiencia ante la Cámara, el defensor solicitó la nulidad de la audiencia por falta de integración del TOC. |
6-dic-2016 | B, MA c OSPJ | Una mujer que padecía una deficiencia en la reserva ovárica (contaba con menos óvulos y de inferior calidad en comparación con otras mujeres) solicitó a su obra social la cobertura integral del tratamiento de congelamiento de sus óvulos según lo que le había prescripto su médico. La obra social negó el pedido y alegó que la técnica de criopreservación aún no había sido reglamentada. La afiliada interpuso una acción de amparo. El Juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a la acción y ordenó cubrir integralmente el tratamiento indicado. La obra social interpuso un recurso de apelación contra esa determinación. |
6-dic-2016 | C,LC | Una mujer recibió un tratamiento de quimioterapia con la cobertura de su empresa de medicina prepaga. Por esta razón, sufrió efectos colaterales cardíacos y pulmo respitatorios. Su médico le indicó la aplicación de radioterapia por IRMT, técnica que se focaliza en la parte afectada exclusivamente (mama), excluyendo riesgos colaterales o afectación de otros órganos. La empresa, sin embargo, rechazó el pedido médico por no encontrarse comprendido en el Plan Médico Obligatorio. En consecuencia, se inició una acción de amparo y se solicitó la cobertura total de la práctica indicada. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y ordenó la inmediata cobertura mediante la técnica prescripta. La demandada interpuso un recurso de apelación. |
6-dic-2016 | G R, O | Una persona había sido excarcelada en términos de libertad condicional (artículo 317, inciso 5, del CPPN). Luego fue condenada y el Tribunal Oral convirtió la excarcelación en libertad condicional. Al realizar el cómputo de pena, los jueces no tuvieron en cuenta el tiempo en que el imputado estuvo en libertad. Por esa razón, la defensa lo impugnó. El tribunal rechazó la presentación. A tal fin, entendió que la libertad obtenida en el marco de una excarcelación y la libertad condicional resultaban de imposible equiparación. En ese sentido, argumentó que sólo debía tenerse en cuenta el plazo en que el imputado estuvo detenido y el transcurrido en libertad a partir de que la sentencia adquiriera firmeza. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
2-dic-2016 | G, MN (dictamen) | Una persona fue requisada por el Servicio Penitenciario provincial al visitar a su concubino en un establecimiento carcelario. Allí le solicitaron que se sacara la vestimenta y se incline hacia adelante. De esta manera, se observó que llevaba un envoltorio en su vagina. Luego se comprobó que el envoltorio contenía estupefacientes. A la persona se le imputó la tentativa del delito de comercialización de estupefacientes agravado por cometerse en el interior de un establecimiento carcelario. La defensa planteó la nulidad del procedimiento por resultar contrario a la intimidad y a la dignidad de las personas. El Fiscal General adhirió a dicha impugnación. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán consideró que no se había demostrado el perjuicio a la imputada y rechazó el planteo. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa presentaron, respectivamente, recursos de casación. |
2-dic-2016 | Cauti Quevedo (causa N° 41237) | Un hombre y una mujer esperaban el colectivo durante la noche. En ese momento, se les acercaron dos individuos. La mujer escapó. Sin embargo, el hombre fue atacado mientras le exhibían un cuchillo de acero inoxidable. Hubo un forcejeo y al hombre se le cayó su mochila. Luego, uno de los atacantes la tomó y ambos huyeron corriendo. Esa situación fue advertida por agentes policiales, que los persiguieron y detuvieron. Una de ellos era menor de edad y el otro mayor de dieciocho años. Por ese hecho, el adulto fue imputado y condenado por el delito de robo agravado por haber sido cometido con el uso de armas tentado. |
1-dic-2016 | Squettino, Gilda Mariana | Una mujer, oficial de la Armada Argentina, solicitó ser trasladada a Corrientes para estar cerca de sus hijas, una de las cuales padecía severos trastornos psicológicos por encontrarse separada de su madre. Dicha petición fue denegada. Contra esa decisión, la actora promovió una acción de amparo. Un año y medio después, la Armada dispuso el cese de servicios de la peticionante; decisión que fue impugnada por la nombrada y suspendida judicialmente. Sin embargo, en el marco del pronunciamiento sobre el amparo interpuesto, el juzgado declaró abstracta la cuestión con fundamento en que la actora había pasado a retiro y que no existía constancia alguna de que dicha disposición se hubiera cuestionado en sede administrativa. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación. |
1-dic-2016 | P, FC | Dos personas fueron acusadas de ingresar a un supermercado y, mediante el uso de un arma de fuego, despojar a su dueño de una suma de dinero. Un policía se encontraba patrullando cerca del lugar de los hechos y detuvo a uno de ellos, que arrojó su mochila al piso momentos antes de la aprehensión. En el interior de la mochila había, entre otras cosas, un arma de fuego calibre 22 cargada. Durante la etapa de instrucción, se peritó el arma secuestrada pero no las municiones que contenía en su interior. Por estos hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal condenó al imputado a la pena de cinco años de prisión por el delito de robo agravado por empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en concurso real con portación ilegitima de arma de fuego de uso civil. A su vez, esta pena fue unificada con una anterior de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Durante la ejecución de aquella condena, el imputado había accedido a la libertad condicional pese a no haber ingresado en el período de prueba. El Tribunal Oral determinó la unificación en siete años y seis meses de prisión y declaró reincidente al condenado. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. |
30-nov-2016 | MPE y otras (causa Nº 52019312) (TOF) | Tres personas fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se les atribuía haber captado, trasladado y acogido a siete mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad en un club nocturno con el fin de explotarlas sexualmente. Estas mujeres tenían encomendado provocar el consumo de bebidas dentro del local y mantener actos sexuales en el lugar y en hoteles cercanos. De los tres imputados, M. era el dueño del local, percibía la mayor parte de las ganancias y controlaba la actividad. Su esposa, G., ejercía la vigilancia de las mujeres. C. era empleada del local, atendía la barra y se quedaba con un porcentaje de las “copas” y los “pases” que luego rendía a M. Durante el debate oral, la fiscalía solicitó que se condenara a los tres imputados como coautores por el condominio funcional que poseían respecto de los hechos. Por otra parte, una de las víctimas constituida en querellante reclamó daños y perjuicios por la afectación física, psíquica y moral producida por el accionar de los imputados. Asimismo, demandó a la Municipalidad de Ushuaia como responsable solidaria por la autorización de funcionamiento del local y omisión de control. |
30-nov-2016 | VMH (causa N° 1568) | Una persona fue imputada como partícipe secundaria del delito de contrabando de estupefacientes destinados a su comercialización. Durante la sustanciación del proceso, aportó información de una persona que habría tenido un grado mayor de responsabilidad dentro de la organización. En oportunidad de celebrar un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía destacó la importancia de la información aportada por el imputado. En esa línea, consideró que, en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737, el nombrado podría ser eximido de pena. |
30-nov-2016 | GEE | En el marco de un proceso sobre determinación de la capacidad jurídica, se declaró la incapacidad de GEE. La defensora de menores e incapaces, en su dictamen, solicitó que se le designe un sistema de apoyo para prestarle asistencia de acuerdo a sus necesidades. La causa se elevó en consulta a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil conforme el artículo 633 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. |
29-nov-2016 | D, MA y otro | Dos personas ascendieron a un automóvil de alquiler y solicitaron transportarse a un punto de la ciudad. Al llegar a destino una de ellas sostuvo al conductor por debajo de las axilas y le colocó una tijera en el cuello, mientras la otra tomó la recaudación que guardaba en su billetera. Luego de dar aviso a personal policial que se encontraba en la zona, se aprehendió a uno de los sujetos que intervino en el hecho y se le secuestró la tijera en cuestión. A unas cuadras de ese lugar, una agente policial detuvo al otro con $648 en su poder. El tribunal Oral condenó a los imputados a la pena de cinco años de prisión y el pago de las costas por considerarlos coautores del delito de robo agravado por el uso de un arma y declaró reincidente a S, SA. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
25-nov-2016 | VG (causa Nº 25020) | Una persona había sido imputada por el delito de defraudación. La defensa solicitó la celebración de una audiencia de conciliación en los términos del artículo 59, inciso 6° del Código Penal. La fiscalía indicó que esa causal de extinción fue impulsada en línea con las prescripciones del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, cuya vigencia quedó suspendida mediante el dictado del DNU N° 275/2015. Por este motivo, argumentó no existían normas procesales vigentes que la regularan y se opuso al procedimiento requerido. |
25-nov-2016 | S, BR | Un niño de cinco años que padecía un trastorno del espectro autista estaba afiliado a una empresa de medicina prepaga que le cubría una terapia interdisciplinaria. Cuando venció su certificado de discapacidad la empresa dio de baja la afiliación y rescindió el contrato con el pretexto de que se falsearon los datos de su declaración jurada. En consecuencia, su padre interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar la reincorporación del niño al plan de salud. |
24-nov-2016 | Palazzini, Miguel Angel y otros | La Procuraduría de Violencia Institucional llevó a cabo inspecciones en los Complejos Penitenciarios N° 1 y 2 de Córdoba. Estas visitas motivaron la interposición de dos hábeas corpus colectivos y correctivos. En el primer caso, se denunció que en el pabellón de detenidos con “dificultades conductuales” el tiempo de aislamiento a puertas cerradas excedía las veintitrés horas diarias. Durante ese lapso, las personas allí alojadas se hallaban casi a oscuras, sin posibilidad de ir a los sanitarios fuera de la misma celda ni tomar agua. En el segundo caso se observaron condiciones similares. Adicionalmente, cualquier tipo de reclamo efectuado por un detenido provocaba una reacción extrema del servicio penitenciario. Las represalias incluían largas internaciones en las que permanecían sujetados a las camas con esposas y tiras de tela, sin acceso a agua, comida o sanitarios. En las acciones interpuestas, la Procuraduría solicitó que se dispusieran las medidas necesarias a fin de hacer cesar el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. En oportunidad de llevarse a cabo la audiencia ante el juzgado, el Procurador del Tesoro de Córdoba discutió la competencia del juzgado federal para resolver el caso. En esos términos, solicitó que se remitan las actuaciones al juez de ejecución provincial y que se dispusiera la nulidad de todo lo actuado por la justicia federal. |
24-nov-2016 | A, G C c OSSIMRA | Una persona, en representación de su hijo, inició una acción de amparo contra la obra social demandada con el objeto de que cubra sesiones de psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional y maestra integradora. El 22 de octubre de 2014 el juzgado de origen hizo lugar a la medida. el 14 de octubre de 2015 la Asesora de Menores Coadyuvante informa que el menor se encuentra recibiendo las prestaciones solicitadas. El 25 de noviembre de ese mismo año, el juez de primera instancia declara abstracta la acción. El actor, con adhesión de la Asesora de Menores, interponen recurso de apelaciön |
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