Jurisprudencia nacional 3845
Buscar por:
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2561 a 2580 de 3845
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-nov-2016 | Duarte, Felicia (CFCP) | En abril de 2008 dos personas habían sido sujetas a un control aduanero. Una de ellas se dio a la fuga, la otra permaneció en el lugar y fue arrestada al descubrirse que en el vehículo transportaban estupefacientes. Por ese hecho, fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa. En septiembre de 2008 el Tribunal Oral la absolvió. La fiscalía impugnó la decisión. En 2012, la Sala IV de la CFCP hizo lugar al recurso y condenó a la imputada como autora del delito. Para decidir de ese modo, el tribunal analizó las declaraciones de los preventores, peritos y testigos del procedimiento en base a constancias escritas. La defensa impugnó la resolución y la Corte Suprema en el 2014 señaló que se había afectado la garantía del doble conforme. En ese sentido, dispuso designar a otra Sala de la CFCP para actuar como tribunal revisor. Desde el inicio de las actuaciones hasta la absolución habían transcurrido 5 meses, mientras que las etapas recursivas posteriores duraron aproximadamente 7 años. La defensa se agravió por la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la vulneración de los principios de oralidad e inmediatez del juicio criminal. La fiscalía consideró que la demora respondía a las maniobras recursivas de la defensa y, por tal razón, rechazó el planteo. |
| 22-nov-2016 | Santa Clara, Diego Fabian (reg. Nº 933 causa Nº 13687) | Un hombre fue condenado a la pena única de nueve años y seis meses de prisión. Durante su detención, se le impuso una sanción disciplinaria. El imputado impugnó la decisión y su defensa planteó su nulidad. Luego, solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional tuvo en consideración la sanción registrada y se expidió de manera desfavorable. Por su parte, la fiscalía omitió el planteo de nulidad y sostuvo que no debía concederse el instituto requerido. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado de ejecución rechazó la solicitud. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. |
| 18-nov-2016 | Rodriguez c Telefonica | Un grupo de vecinos solicitaron a la empresa Telefónica de Argentina S.A. servicios de telefonía e internet. La empresa rechazó el pedido por considerar que el barrio se encontraba en una “zona peligrosa” y que no contaba con las facilidades técnicas para llevar a cabo esos requerimientos. Por tal motivo, interpusieron una acción de amparo y solicitaron la disposición de una medida cautelar a los fines de que se les brinde el servicio reclamado o se les otorgue, por lo menos, los servicios facturados y no prestados. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la medida. Contra dicha resolución, la demandada interpuso recurso de apelación. |
| 18-nov-2016 | TOJ | La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había confirmado la resolución que denegó el arresto domiciliario solicitado a favor de una persona de sesenta y dos años internada en el Hospital Penitenciario Central del CPF I. Para llegar a esa decisión, se fundó en informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense que indicaban que el imputado debía mantener controles cardiológicos y vasculares, entre otros, como así también una estricta dieta para hipertensión arterial. Por esa razón, consideró que el HPC contaba con suficientes prestaciones para cubrir las necesidades del imputado. Sin embargo, existía en el incidente un informe posterior efectuado por el Hospital Penitenciario Central, del que surgía que el imputado, en su actual estado de detención y a la luz de su complejo cuadro cardiovascular, corría riesgo de muerte súbita. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-nov-2016 | M, NA c. Empresa San Jose | Una persona con discapacidad obtuvo dos pasajes para viajar desde Paraná a Liniers junto a su cónyuge. Ambos pasajes fueron emitidos en forma gratuita en razón de la discapacidad que presentaba el actor, conforme lo establece el artículo 22, inc. a, de la ley Nº 22.431 (Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad). Sin embargo, al momento de partir, la empresa de transporte no le permitió abordar el ómnibus por no contar, en esa oportunidad, con su certificado de discapacidad. En consecuencia, el actor interpuso una demanda por cobro de sumas de dinero. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Ambas partes impugnaron la decisión. |
| 17-nov-2016 | MMS (Causa Nº 90032) | SNV, quien tenía la guarda de hecho de la niña MMS, solicitó judicialmente que se convalidara con fines de adopción y que se tuviera por cumplido el límite de seis meses previsto en el artículo 614 del Código Civil y Comercial de la Nación. La jueza de primera instancia convalidó la guarda de hecho. Sin embargo, desestimó el pedido de tener por cumplido el plazo de guarda y, en consecuencia, consideró necesario que se controlara y se le dé seguimiento a la guarda preadoptiva. Contra esa decisión, SNV interpuso un recurso de apelación. |
| 17-nov-2016 | GPN (causa N° 990000245) | Una mujer envió dos encomiendas con destino internacional. Al realizar el control sobre los envíos, personal aduanero detectó sustancia estupefaciente en su interior. En total se secuestraron treinta y un bolsas de nylon que contenían cocaína. Por tal razón, la mujer fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa. Durante la instrucción, prestó declaración indagatoria en diversas oportunidades y explicó quién le había solicitado el envío de los paquetes. En particular, aportó datos y fotografías de la persona que había sido su pareja, quien le había presentado dos individuos de nacionalidad nigeriana. En tal sentido, sostuvo que dichas personas carecían de documentación, por lo que le habían requerido la remisión de las encomiendas. Finalmente, sostuvo que no recibió pago alguno por el favor realizado y que desconocía que los paquetes en su interior contuvieran droga. A partir de la información aportada, se dictaron una serie de medidas de investigación. De las tareas e intervenciones practicadas se concluyó que la persona indicada por la imputada tenía pleno conocimiento del contenido de la encomienda y que se relacionaba con otros sujetos que ejercían actividades ilícitas vinculadas al comercio de drogas. Por tal razón, la fiscalía solicitó que se lo citara a prestar declaración indagatoria. En etapa de juicio, la defensa solicitó la absolución de su asistida por considerar que había actuado sin dolo. Además, solicitó que, en caso de imponérsele una pena, se evaluara su colaboración en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737. La fiscalía rechazó el planteo por considerar que, al momento, no existían resultados concretos que avalaran la credibilidad de los dichos de la imputada. |
| 15-nov-2016 | MKI (Causa Nº C 120.610) | Por un accidente doméstico, un niño ingresó a la guardia pediátrica de un hospital con quemaduras en su cabeza. El Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño de Moreno tomó conocimiento de la situación. En ese marco, su familia denunció que la progenitora era muy violenta y que maltrataba físicamente a sus hijos y a su pareja. Por ese motivo, el organismo dispuso una medida de abrigo en institución. El juzgado de Familia Nº 1 de Mercedes legalizó la medida. Transcurrido el plazo de ciento ochenta días, la asesora de incapaces solicitó que se declarara el estado de adoptabilidad de los niños. El juzgado hizo lugar al pedido. Contra esa decisión, interpusieron un recurso de apelación los progenitores y la abuela paterna de los niños. La Sala I de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mercedes confirmó la decisión. En consecuencia, interpusieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. |
| 14-nov-2016 | HC - Detenidos en el CPF III NOA | La defensa y la fiscalía interpusieron una acción de hábeas corpus para impugnar la práctica del Servicio Penitenciario Federal de trasladar internos de jurisdicciones distintas al Noroeste argentino y alojarlas con detenidos locales en el Complejo Penitenciario Federal III NOA. Esta situación generaba hechos sistemáticos de violencia. En consecuencia, se solicitó el traslado de los detenidos de distinta jurisdicción a los centros penitenciarios próximos a los juzgados a cargo de la ejecución de sus respectivas penas. |
| 14-nov-2016 | M, AS | Una persona había sido imputada por el delito de homicidio simple. El Tribunal Oral la condenó a la pena de dieciocho años de prisión. La sentencia se fundó, esencialmente, en tres pruebas: las filmaciones de una cámara de seguridad en la que se observaba un hombre vestido de negro que ingresaba al domicilio de la víctima, la comparación de esa persona con la fisonomía del imputado, y un peritaje lingüístico de una serie de mensajes de texto del celular de la víctima. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. Por esa vía se impugnó, principalmente, el modo en que se valoró la prueba. |
| 14-nov-2016 | A, CA | Una persona había sido condenada a la pena única de cinco años de prisión. Esa sentencia adquirió firmeza en marzo de 2011. El detenido recuperó su libertad por agotamiento de pena en febrero de 2014. En definitiva, cumplió como condenado dos años y once meses de privación de libertad. Al momento de su liberación, se encontraba transitando la fase de consolidación del período de tratamiento. En julio del año 2015, el Tribunal Oral condenó a la misma persona a la pena de tres años y seis meses de prisión y la declaró reincidente. Para decidir de esa manera, los jueces argumentaron que, en los términos del artículo 50 del Código Penal, no existía ningún tiempo mínimo de ejecución que definiera el cumplimiento “parcial” de la pena privativa de la libertad. Por esa razón, a su criterio resultaba suficiente con que el imputado, en la causa anterior, hubiera obtenido la libertad luego de que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza. Contra este punto, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-nov-2016 | MFB | En ambos casos, la policía había constatado maniobras compatibles con la venta de estupefacientes y, en consecuencia, allanó dos domicilios. Sus habitantes fueron detenidos e imputados por el delito de comercialización de estupefacientes. En el primer caso, se secuestraron 7 gramos de cocaína, 23 de marihuana y la suma de $220. El Juzgado de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención que se le había impuesto al imputado. En el segundo caso, se secuestraron 44 gramos de marihuana y 15 de cocaína, teléfonos celulares y la suma de $446. Al calificar este hecho, se aplicó la agravante prevista en el art. 11 inc. e), pues la vivienda allanada se encontraba en las inmediaciones de cuatro centros educativos/ asistenciales. La defensa solicitó, en este marco, la morigeración de la prisión preventiva. El tribunal oral rechazó el pedido. En los dos casos, la defensa interpuso recurso de apelación. |
| 10-nov-2016 | DNB (Causa Nº Nº 17816380) | Un hombre que trabajaba en una radio zonal fue condenado al pago de alimentos a favor de su hijo. Por ese motivo, el juez ordenó a la empleadora que retuviera del salario del progenitor el monto establecido en concepto de cuota alimentaria. Si bien la empresa retuvo el importe, no cumplió con el depósito del dinero en la cuenta judicial correspondiente. En consecuencia, se fijó una multa diaria a la emisora radial. Pese a ello, la empresa persistió en su incumplimiento. |
| 9-nov-2016 | CE, E | Una persona que padecía una disminución progresiva de la visión inició una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) con el objeto de que se declare inaplicable e inconstitucional el artículo 1 inciso E. del decreto 432/97 (modificado por el decreto 582/2003), reglamentario del artículo 9 de la ley 13.478 y, en consecuencia, se le otorgue la pensión por invalidez. Asimismo, en razón de la naturaleza alimentaria y la urgencia del reclamo, solicitó –como medida cautelar– que se le conceda la pensión de manera provisoria e inmediata. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville no hizo lugar a la petición por estimar que el objeto de la cautelar y el del amparo eran idénticos. Por este motivo, se interpuso un recurso de apelación. |
| 9-nov-2016 | N, MM; S, M | Una pareja perteneciente a la comunidad Mapuche ingresó a un campo privado mientras realizaba la trashumancia, pastoreo que se desplaza de acuerdo a los ciclos climáticos. Ante la erupción de un volcán en la zona, decidieron quedarse en el lugar. Luego de una semana, la pareja explicó a los dueños que esas tierras pertenecieron a sus ancestros y decidió permanecer en el lugar. Ambos fueron imputados por el delito de usurpación. Durante el juicio, la defensa sostuvo que esas tierras eran de propiedad comunitaria y que negar su reconocimiento como tales afectaba el derecho de las comunidades indígenas. |
| 8-nov-2016 | LSL (causa Nº 39357) | Los progenitores de un niño con discapacidad, en su representación, iniciaron una acción de amparo a fin de que su obra social le suministrara la cobertura total de un medicamento cuyo principio activo es el Cannabidol. Señalaron que la medicación indicada por el médico tratante no se comercializaba en el país y que su componente sustancial es un derivado de una sustancia cuya utilización, aun con fines medicinales, no estaba legalmente autorizada. Asimismo, los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que la demandada suministrara la medicación hasta que se resolviera el fondo del asunto. Para fundar su pedido, refirieron que el niño padecía síndrome de West y sufría aproximadamente 620 espasmos diarios. |
| 8-nov-2016 | Robbio, Carlos María | La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de una persona imputada por delitos de lesa humanidad. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación que, al ser denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. Entre sus argumentos, la defensa sostuvo que las impugnaciones resultaban formalmente viables dado que la sentencia recurrida era equiparable a definitiva y el agravio que le generaba no era susceptible de reparación posterior, ya que determinaba la privación de la libertad de su asistido. |
| 8-nov-2016 | R, RR | Un docente de la Universidad de Mar del Plata percibía sólo un porcentaje del complemento asignado por el decreto 1.244/98 –que estatuye una pensión a los ex combatientes en las acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur que se desempeñan en la Administración Pública Nacional–. El motivo de la liquidación parcial del complemento era que la Universidad realizaba el cálculo proporcional de acuerdo a la carga horaria que tenía el personal docente con dedicación exclusiva. En razón de eso, demandó a la universidad a fin de que le liquide correctamente el total de su asignación. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la decisión. El accionante, en consecuencia, interpuso un recurso extraordinario federal que fue concedido. |
| 8-nov-2016 | ECG | Una persona se encontraba imputada por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja y por haber mediado violencia de género. En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, fue condenada a la pena de un año de prisión de ejecución condicional. Además, el tribunal dispuso, de oficio, una prohibición de acercamiento físico a su pareja por el término de tres años. Para decidir de ese modo, los jueces tuvieron en cuenta la naturaleza de los hechos probados y un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica, del que se desprendía que existía una situación de alto riesgo para la víctima. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 4-nov-2016 | GME (Causa Nº98542) | Una persona que se encontraba detenida tuvo un ACV en la unidad penitenciaria. Entonces, sufrió la parálisis del miembro superior izquierdo y distintas afecciones neurofisiológicas. En atención a su estado de salud, su defensa solicitó que se le otorgara el arresto domiciliario en los términos de los incisos a) y/o c) del artículo 32 de la ley N° 24.660. El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de la Pampa realizó un informe médico favorable a esa petición. Por el contrario, los médicos del servicio penitenciario realizaron informes en los que se rechazaba que fuera necesario proceder en ese sentido. El Juzgado de Ejecución rechazó el arresto domiciliario. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
Últimas publicaciones