<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6798" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6795" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6775" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6789" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-11-17T02:35:24Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6798">
    <title>CHF (Causa N° 56623)</title>
    <link>https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6798</link>
    <description>Title: CHF (Causa N° 56623)
Abstract: La justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a un hombre. En esa ocasión, como medida de seguridad resolvió su internación por el plazo de tres meses. Además, le impuso una consigna policial y dispuso que el juzgado civil que interviniera en la causa debía controlar las medidas impuestas.  Luego, la Asesoría Tutelar ante el Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 5 apeló esa sentencia. Mientras tramitaba el recurso, se remitieron las constancias del expediente a la justicia nacional en lo civil. Por su parte, el juzgado convalidó la internación involuntaria del hombre por el término de tres meses y mantuvo las medidas de seguridad vinculadas a la consigna policial fija y a las condiciones de control de la internación fijadas por el juzgado penal. Respecto a esto último, dispuso que durante ese período, el alta, la externación y/o los permisos de salida de la persona requerían resolución judicial previa, con dictamen de peritos y audiencia del Ministerio Público. Determinó que, transcurrido ese plazo, la medida de seguridad cesaría y el control de la internación sería facultad del equipo tratante. Asimismo, hizo saber a la comisaría de la Policía de la Ciudad interviniente que la consigna debía mantenerse durante la internación de la persona y que requería las medidas necesarias tanto para asegurar la permanencia del hombre en la institución como para prevenir su fuga.; En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) apeló la sentencia. En su presentación, cuestionó la imposición judicial de un régimen agravado de internamiento forzoso y de un sistema de alta restringido, ajeno a razones terapéuticas y discriminatorio en función de la discapacidad. También advirtió la incompetencia del fuero civil para decretar medidas de seguridad propias del ámbito penal. Por un lado, argumentó que la decisión se sustentó en una resolución penal previa que se encontraba recurrida, lo que privaba de sustento jurídico a las medidas dictadas en el fuero civil. Por el otro, señaló que esta superposición de resoluciones generaba confusión en los equipos de salud en cuanto a la interpretación del régimen legal aplicable y los criterios de externación. Postuló que, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, el rol del juez civil en el control de la internación debe ser activo, periódico e integral. Manifestó que ello abarca la revisión de las condiciones de encierro a fin de garantizar la protección de los derechos de la persona y la primacía del criterio terapéutico.</description>
    <dc:date>2026-10-27T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6795">
    <title>LGTB (Causa Nº 42360)</title>
    <link>https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6795</link>
    <description>Title: LGTB (Causa Nº 42360)
Abstract: Un joven con una discapacidad psicosocial estaba afiliado a PAMI. Contaba con esa cobertura a través de su padre, quien era beneficiario de una jubilación por invalidez. Al cumplir veintiún años, la obra social dio de baja la cobertura. En ese contexto, el joven solicitó su reafiliación. En respuesta al pedido, PAMI le informó que nunca había estado afiliado en carácter de hijo con discapacidad, sino en virtud de su minoría de edad. Además, señaló que el actor había iniciado el trámite para obtener una pensión no contributiva e indicó los requisitos para tramitar la afiliación como hijo con discapacidad a través del progenitor. Con posterioridad, con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, el joven requirió que se dictara una medida cautelar autosatisfactiva urgente a fin de que se ordenara la su reafiliación.</description>
    <dc:date>2026-10-19T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6775">
    <title>IA (Causa N° 354)</title>
    <link>https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6775</link>
    <description>Title: IA (Causa N° 354)
Abstract: Un hombre trabajaba en un sanatorio desde hacía más de dos años, sin que la relación laboral estuviera registrada. Por ese motivo, formuló un reclamo a su empleador. De manera previa a regularizar el vínculo, el sanatorio le solicitó que se realizara un examen preocupacional. Una vez efectuado, le comunicó los resultados del laboratorio, de los que surgía que era portador de HIV. A partir de ese momento, dejaron de asignarle tareas. Frente a esa situación, el trabajador cursó una intimación para que cesara el trato discriminatorio y, entonces, le otorgara tareas, registrara la relación laboral y le abonara la diferencia de haberes, bajo apercibimiento de considerarse despedido en caso de silencio o negativa. Ante el incumplimiento de lo requerido, el hombre se consideró despedido y demandó al sanatorio. En su presentación, solicitó el pago de una indemnización por despido injustificado, antigüedad y registración irregular, así como por el trato discriminatorio. Por su parte, tanto durante las intimaciones previas como a lo largo del proceso judicial, la demandada negó la existencia del vínculo. Si bien el tribunal consideró probada la relación de empleo y, por ende, el derecho del trabajador al cobro de los haberes adeudados, rechazó la indemnización por despido incausado. Fundó su conclusión en que el trabajador había dado por extinguida la relación laboral debido el silencio del sanatorio, cuando, en realidad, este había brindado respuesta a sus intimaciones. Contra esa resolución, el actor interpuso un recurso de casación, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. El Máximo Tribunal provincial compartió el criterio de la instancia anterior respecto a la finalización del vínculo laboral por despido indirecto, en razón del silencio de la demandada. Asimismo, entendió que la decisión de la cámara no resultaba arbitraria. En ese sentido, habiendo valorado de manera razonable los elementos probatorios, consideró que no estaba suficientemente demostrado el conocimiento previo y efectivo del empleador sobre la condición de portador de HIV del trabajador. En ese contexto, el actor interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de una queja.</description>
    <dc:date>2026-10-14T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6789">
    <title>FLB (Causa N° 84871)</title>
    <link>https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6789</link>
    <description>Title: FLB (Causa N° 84871)
Abstract: Un hombre falleció en un siniestro vial. A raíz de ese hecho, su cónyuge, hijos y progenitores iniciaron una acción de daños y perjuicios. Si bien en primera instancia se admitió el reclamo, la cámara luego modificó lo resuelto. En ese sentido, redujo alrededor de un 60% las indemnizaciones por daño moral y valor vida. También modificó el régimen de intereses aplicables. Contra lo decidido, los actores presentaron un recurso extraordinario federal. Frente a su rechazo, interpusieron una queja. Entre sus argumentos, expusieron que el recorte de los montos indemnizatorios no había sido fundado de manera suficiente. Al respecto, destacaron que la cámara había utilizado fórmulas genéricas que no se ajustaban a las constancias de la causa, lo que vulneraba tanto el debido proceso como el principio de reparación plena.</description>
    <dc:date>2026-10-14T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

