Jurisprudencia nacional 4130
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1421 a 1440 de 4130
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 20-may-2020 | Flores Alarcón (Causa Nº 2744) | Una persona migrante fue condenada penalmente por el delito de reducción a la servidumbre. Por esa razón, La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló su residencia en el país, declaró irregular su permanencia en el territorio y ordenó su expulsión. Luego, la DNM solicitó en sede judicial la retención de la mujer. Alegó que el acto administrativo de expulsión se encontraba firme. El juzgado de primera instancia autorizó la retención judicial. La mujer, representada por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, apeló la sentencia. En esa ocasión, informó que había presentado un recurso jerárquico contra la expulsión dispuesta. Asimismo, indicó que había solicitado su nulidad por no haber contado con asistencia jurídica y que había requerido a la DNM que regularizara su situación migratoria. Por último, señaló que había planteado la inconstitucionalidad de los artículos 69 y 70 de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 modificada por el DNU N° 70/17. |
| 19-may-2020 | Schuster (causa N° 88895062) | Un adolescente de trece años con discapacidad –trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TDG)– cursaba sexto grado en una escuela primaria de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. A raíz de su cuadro de salud, su médica le prescribió un módulo de apoyo a la integración escolar. Por ese motivo, su madre, en su representación, solicitó a su obra social la prestación en reiteradas oportunidades, sin obtener respuesta. Finalmente, interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar que se ordenase a la parte demandada a cumplir con el módulo de apoyo. El juzgado de primera instancia rechazó la acción. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 19-may-2020 | Ambrosi (reg. N° 939 y causa N° 46825) | Un tribunal nacional condenó a una persona a una pena única que incluía una sanción dictada en la provincia de Buenos Aires. Al momento de computar el tiempo que había pasado detenido, excluyó el lapso en el que había permanecido en libertad asistida de conformidad con lo dispuesto por la ley de ejecución penal bonaerense (ley 12.256). La decisión fue observada por la defensa, que planteó que dicha normativa no previa ninguna sanción para el caso de que instituto fuera revocado por la comisión de un nuevo delito. Por esa razón, propuso que se contabilizara ese periodo hasta su detención para el proceso que se desarrolló en el fuero nacional. El tribunal rechazó el planteo, motivo por el cual interpuso un recurso de casación. |
| 18-may-2020 | CFA (causa N° 13680) | En el contexto de feria judicial extraordinaria dispuesta con motivo de la emergencia sanitaria, una persona inició una demanda por alimentos en representación de dos niñas hermanas de 12 y 17 años. En particular, solicitó que se fijara una cuota de alimentos provisoria y se dictase una medida cautelar de no innovar respecto a los rubros que la parte demandada pagaba (obra social y cuota escolar). |
| 18-may-2020 | Harada (causa n° 46278) | Cuatro socios constituyeron tres sociedades comerciales. Uno de ellos inició acciones legales en sede comercial y laboral contra los otros tres haberle negado información de las empresas, impedirle el acceso a las sedes sociales y comercios y no entregarle su cuota del beneficio patrimonial. Los procesos se resolvieron de manera desfavorable para el denunciante. Entonces, realizó una denuncia penal contra las tres personas y el contador de una de las sociedades y se constituyó como querellante. El juzgado desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Contra esa decisión, el querellante interpuso un recurso de apelación. |
| 18-may-2020 | ADS (causa Nº 13680) | En un expediente se trataba una medida excepcional de protección de un niño de nueve meses. Frente a las limitaciones de la situación de emergencia sanitaria, y con el objeto de que se respetase el principio procesal de tutela judicial efectiva, el juzgado dispuso que se continuase con el trámite. Por ese motivo, el 30 de marzo de 2020 declaró la situación de adaptabilidad del niño. Luego, se corrió vista a la asesoría de menores sobre los postulantes. La asesoría prestó conformidad con el proceso y, en atención a los riesgos que pudiese implicar para la salud del niño el comienzo de la vinculación, solicitó que se ordenase de manera previa un informe de un médico pediatra y un infectólogo que se expidiesen sobre la conveniencia de llevarla adelante. El hogar remitió una serie de informes que autorizaban la vinculación que resultase significativa y eficiente de acuerdo a la corta edad del niño. Además, recomendó la realización de encuentros telemáticos con los postulantes para informarles los datos esenciales del niño y los aspectos relativos a su cotidianeidad. |
| 16-may-2020 | Martinez Gonzalez (causa N° 86655) | Martínez González había sido procesado junto a otras personas. La defensa de uno de los coimputados interpuso un recurso de apelación contra su procesamiento. En esa oportunidad, intervinieron en el tratamiento de la impugnación dos de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. A su vez, a partir de un error en el sistema de gestión judicial Lex100 se omitió la notificación del procesamiento de Martínez González y se consideró que había adquirido firmeza. Su defensa interpuso un recurso de apelación. La presentación, entre otras cuestiones, recusó a los jueces que habían intervenido en el análisis de la situación de su coimputado por considerar que existía un temor fundado de parcialidad. |
| 15-may-2020 | Lutz (causa N° 4444) | Una persona se encontraba detenida bajo prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la Unidad 7 (Prisión Regional del Norte). Transcurridos dos años y un mes de detención, su defensa solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, señaló que su asistido había cumplido el requisito temporal máximo previsto por el ordenamiento para la prisión preventiva. Además, tuvo en cuenta la situación de emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del Covid-19. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo. |
| 14-may-2020 | CNMD (causa N° 13017) | Una persona inició una demanda de filiación y solicitó que se fijase una cuota de alimentos de carácter provisorio. Con el objeto de acreditar la verosimilitud del derecho invocado, acompañó la declaración de dos testigos. El juzgado los citó a que ratificasen sus dichos. A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los testigos no pudieron concurrir. La parte actora solicitó la habilitación de feria judicial extraordinaria para que se tengan por válidas dichas declaraciones. El juzgado desestimó el pedido. Contra esa resolución, interpuso un recurso de apelación. |
| 14-may-2020 | CELS (causa N° 3187) | El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso una acción de amparo colectiva contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a fin de que implementase las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad usuarias de servicios de salud mental de los hospitales psiquiátricos monovalentes. En particular, solicitó que dispusiera: a) proveer los elementos de higiene e insumos necesarios para la prevención de contagio del COVID-19;b) suministrar dispositivos telefónicos y WIFI a los hospitales monovalentes de salud mental a fin de que las personas que residiesen o se atendiesen recibiesen atención remota y comunicación con sus allegados y con los órganos involucrados en resguardar el derecho de defensa y las condiciones de internación; c)proveer en forma urgente los medios idóneos necesarios para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19 en los hospitales psiquiátricos, con guardias y consultorios externos si fuese necesario, y protocolos de actuación; d) entregarla cantidad de medicación adecuada a fin de que se redujese la circulación de las personas con discapacidad; e) adoptar las medidas necesarias para que se garantizase el cobro de pensiones por parte de los usuarios que no las hubieran percibido; y e) desarrollar el establecimiento de dispositivos de salud mental comunitarios en la ciudad para que se evitase la institucionalización de las personas con discapacidad psicosocial frente a la pandemia y se garantizasen externaciones sustentables. |
| 14-may-2020 | Bartusiak Palacios (Causa N° 629) | En el marco de una causa por robo, un juez de primera instancia de la justicia ordinaria de La Pampa, libró una orden de allanamiento sobre la vivienda de una persona. Allí se encontraron estupefacientes en una de las habitaciones ocupadas por el hijo de la propietaria. Por esta razón, se inició una causa penal contra el hijo de la propietaria por una infracción a la ley N° 23.737. En ese expediente que tramitó en la justicia federal sólo se agregó la copia de la orden de allanamiento que había sido librada por la justicia ordinaria. Durante el debate oral su defensa solicitó la nulidad del secuestro y allanamiento. El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, resolvió declarar la invalidez del allanamiento y del secuestro y absolvió al imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
| 12-may-2020 | Raña (causa N° 32094) | Una persona había tenido un accidente automovilístico. Para el tratamiento de los dolores físicos producía y utilizaba aceite de cannabis. Ante una denuncia, se ordenó un allanamiento en su domicilio. En el procedimiento se secuestraron seis cajas de cartón, frascos y latas con semillas y plantas de marihuana y fertilizantes y tierra para su cultivo. Por ese hecho fue procesado con prisión preventiva por el delito de cultivo de plantas y guardado de semillas para producir estupefacientes y de materia prima destinada a su producción o fabricación. Para decidir de ese modo, el juez también tuvo en cuenta el sistema de seguridad de la vivienda (cámaras de seguridad, rejas y alambrado). La defensa solicitó el cambio de la calificación legal por el de cultivo para consumo personal. El juzgado rechazó el planteo. Por esa razón, interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que la decisión no contaba con elementos probatorios suficientes acordes a la calificación imputada y destacó la gran cantidad de marihuana que requiere la producción de su aceite medicinal. |
| 12-may-2020 | VEP (causa N° 30917) | V. y F. arribaron a un acuerdo en el que establecieron el cuidado compartido de sus dos hijas, con modalidad alternada. El acuerdo fue homologado. De conformidad con el artículo 645 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cuidado alternado sus hijas pasaban períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. A raíz de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento obligatorio las hijas se vieron afectadas por el distanciamiento con su progenitor. En ese sentido, una de ellas comenzó con enuresis mientras que la otra manifestó tener miedo por las noches e insomnio. Además, la señora V. continuó con el trabajo habitual en la modalidad “a distancia”, y se ocupaba del cuidado de las niñas en lo que hacía a la higiene, alimentación, educación escolar y tareas domésticas. En ese marco, V. tuvo una crisis nerviosa en la que debió ser asistida médicamente de urgencia y se le indicó reposo y descenso del nivel de tareas. Por ese motivo, solicitó que se habilitase la feria judicial extraordinaria y se autorizase cautelarmente y en forma urgente, la alternancia de la coparentalidad mientras durasen las medidas de aislamiento. En su contestación el progenitor solicitó el rechazo de la medida y que se se dispusiera una hora diaria para poder mantener una videoconferencia con sus hijas sin interrupciones. |
| 11-may-2020 | Cortez, BM (causa N° 20131) | Una persona se encontraba detenida en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Al ser cambiada de pabellón, se quejó ante el personal penitenciario. Por ese hecho recibió una sanción disciplinaria de cuatro días de permanencia en su celda. En otra oportunidad, luego de insistir por la misma cuestión, fue sancionado por segunda vez. Ambas medidas fueron fundamentadas en las declaraciones de los agentes penitenciarios, quienes alegaron que los había insultado. La persona apeló in pauperis las sanciones y su defensa sostuvo, entre otras cuestiones, que el expediente carecía de pruebas que acreditasen de manera fehaciente los hechos. |
| 11-may-2020 | Palavecino y Balbuena (causa N° 19233) | Un hombre y una mujer intentaron asaltar a un taxista con un arma de fuego mientras circulaba en su auto por Mataderos. Sin embargo, el taxista logró escapar y enseguida dio aviso a un policía que se encontraba en la zona. El agente detuvo a los dos individuos a partir de la descripción que brindó el taxista. Luego, un rastrillaje policial permitió localizar el arma denunciada por la víctima a escasos metros del lugar del hecho. En este escenario, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no correspondía aplicar el procedimiento de flagrancia, sin explicitar los motivos de su decisión. Ambos imputados permanecieron privados de su libertad desde la fecha de los hechos. El hombre fue liberado al cabo de algunas semanas, sin embargo la mujer continuaba detenida al momento de la elevación de la causa a juicio. |
| 10-may-2020 | Llanquinao (Causa n° 11463) | En 2017 un hombre fue detenido e imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En 2018 fue condenado a la pena de cuatro años de prisión y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. El imputado había estado detenido de forma previa y había obtenido una reducción de veinte meses en los plazos para acceder a las salidas anticipadas por aplicación del régimen de estímulo educativo. En mayo de 2020, cumplidos los requisitos temporales, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional de la unidad se expidió por unanimidad de modo favorable. A su turno, la fiscalía rechazó el pedido por considerar, entre otras cuestiones, que no correspondía su otorgamiento en atención a la reforma que en 2017 se había efectuado del artículo 14, inciso 10 del Código Penal. La norma dispuso que no se concedería la libertad condicional a personas condenadas por los delitos previstos en el artículo 5 de la ley 23.737. |
| 8-may-2020 | Romero (causa N° 14634) | Una niña de diez años tenía epilepsia refractaria de origen genético, síndrome de Dravet, retraso madurativo global leve e hipertiroidismo. Su médico neurólogo le prescribió aceite de cannabis. Los padres de la niña solicitaron a la empresa de medicina prepaga que les cubriera el costo de ese aceite. La empresa rechazó la solicitud porque el producto no estaba incluido en el Plan Médico Obligatorio. Por esa razón, requirieron a la ANMAT y al Ministerio de Salud de la Nación iniciar el procedimiento para su importación. En este marco, se les concedió autorización para ingresar un frasco de 100 ml que les costó cuatrocientos dólares y permitió tratar a la niña por sesenta días. Luego, ante la condición económica de la familia, se tornó imposible que adquirieran el producto. En consecuencia, interpusieron una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación y la empresa de medicina prepaga y requirieron que se los condenase a realizar las medidas necesarias para la cobertura del aceite prescripto. |
| 8-may-2020 | Merret (causa n° 40620) | Un hombre de nacionalidad inglesa fue condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa. En enero de 2018, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión una vez que cumpliera la sentencia. El cómputo de pena dispuso como fecha para su extrañamiento el día 14 de agosto de 2020. El hombre tenía 62 años y diabetes. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó su extrañamiento anticipado por considerar, entre otras cuestiones, que era un paciente de riesgo ante un eventual contagio del virus COVID-19. Además, la defensa informó que se había comunicado con la Embajada Británica en Buenos Aires y que había un vuelo disponible para que su asistido viajara el 12 de mayo de 2020. La fiscalía dictaminó que si bien no procedía la medida, su situación encuadraba en los términos de la Acordada 9/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal por ser una persona de riesgo. |
| 8-may-2020 | MJL (causa N° 16887) | MJL se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y solicitó diversas medidas de protección. Relató que su progenitor, DAJ, había sido condenado por el delito de homicidio en grado de tentativa de su madre, M, y que se encontraba próximo a recuperar su libertad. La OVD evaluó con grado “altísimo” el riesgo de MJL y de todo su grupo familiar. Por ese motivo, el juzgado dispuso la prohibición de acercamiento o de cualquier tipo de contacto por el plazo de noventa días. Luego, las medidas fueron prorrogadas por ciento ochenta días. Con posterioridad MJL realizó una nueva presentación en la que relató que el día de su cumpleaños había recibido un mensaje de su padre a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Por lo tanto, solicitó la habilitación de la feria judicial extraordinaria y requirió, frente al desconocimiento del domicilio actual del denunciado, una autorización para notificarlo de las medidas de restricción por intermedio de los abogados de la Defensoría General de la Nación y de la referida herramienta tecnológica. El juzgado rechazó la decisión y sostuvo que se vería afectado el derecho de defensa del denunciado. Contra esa resolución, MJL interpuso un recurso de apelación. |
| 6-may-2020 | Roig Vargas (causa N° 12574) | Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización y transporte. El imputado se hallaba detenido en la Unidad Penal N° 2 del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, era diabético y tenía problemas de obesidad. Por ese cuadro recibía en la unidad un tratamiento de hipoglucemiantes vía oral y una dieta especial. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En ese sentido, sostuvo que el hacinamiento carcelario colocaba a su asistido en una situación de riesgo frente al virus COVID-19. Además, agregó que el hombre tenía buena conducta y se encontraba acompañado por su familia, que lo recibiría en caso de que se concediera el instituto. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. |
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