Jurisprudencia nacional 4820
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 861 a 880 de 4820
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-nov-2023 | Quispe Ramírez (Causa N° 12037) | Una persona migrante obtuvo su residencia permanente en el país en 2013. En 2017, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló su radicación, ordenó su expulsión del país y le prohibió reingresar de forma permanente. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires a la pena de cinco años de prisión por el delito de comercialización de sustancias estupefacientes, en calidad de coautora. Luego, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación en representación de la mujer interpuso un recurso administrativo contra esa medida. En su presentación, señaló que la situación de la persona no enmarcaba en el artículo 62 de Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, porque la pena que se le había impuesto no superaba los cinco años que preveía esa norma. Sin embargo, la DNM rechazó el pedido. Por esta razón, la Comisión del Migrante interpuso un recurso judicial. En ese marco, el juez de primera instancia hizo lugar al planteo. En consecuencia, la Dirección Nacional de Migraciones apeló. |
| 24-nov-2023 | GRB y otro (Causa N° 14862) | Un hombre caminaba a la madrugada por una avenida. En ese momento, un grupo de personas salió detrás de un camión y lo interceptó. Le indicaron que tenían armas de fuego y lo amenazaron. En ese contexto, le sustrajeron su teléfono celular y su mochila. Además, se llevaron dinero en efectivo y sus documentos. El hecho fue advertido por un efectivo de seguridad que persiguió a los agresores y detuvo a dos de ellos. Uno de los sujetos era menor de edad y el otro era adulto. La tutora del joven restituyó la mochila vacía a la víctima. En ese marco, las personas detenidas fueron imputadas como coautores del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Luego, las defensas técnicas de los imputados alcanzaron un acuerdo conciliatorio con la víctima, que consistió en un pedido de disculpas y un ofrecimiento económico. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al acuerdo. Entre sus argumentos indicó que los imputados tenían antecedentes penales. |
| 23-nov-2023 | Vergara Quiroz (Causa Nº 68955) | Una mujer trans ingresó al país en 2007. Con posterioridad, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que le otorgara la radicación permanente. Sin embargo, la DNM rechazó la solicitud, ordenó su expulsión y le prohibió el reingreso con carácter permanente. Para decidir así, tuvo en consideración una causa penal por la que la mujer había sido procesada, que estaba pendiente de resolución. Contra esa decisión la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, en representación de la mujer, interpuso un recurso de revisión judicial. En la presentación, sostuvo que el acto administrativo de expulsión era nulo, ya que se motivaba en un hecho anterior a la entrada en vigencia del DNU N°70/2017. Al respecto, la defensa destacó que, hasta ese momento, la asistida no había sido condenada. Planteó también que la asistida había emigrado a la Argentina en razón de las reiteradas persecuciones que había sufrido en su país de origen por su identidad de género autopercibida. Además, manifestó que debía realizar un tratamiento médico en Argentina porque vivía con HIV. Sobre esa cuestión, indicó que su situación de salud encuadraba en las razones humanitarias establecidas por el artículo 29 último párrafo de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871. |
| 22-nov-2023 | Raschcovsky (Causa Nº 49867) | Un hombre (ER) fue acusado de haberle quitado la mochila a otro hombre (JEM), luego de exhibir un cuchillo. Según la acusación, JEM realizó un llamado al 911 para denunciar el hecho y momentos después un preventor se acercó al lugar y allí JEM le detalló las características físicas y vestimenta del agresor. Así, a pocas cuadras del lugar el policía encontró a (ER) quien coincidía con las características indicadas y tenía la mochila arrebatada en su poder. JEM declaró en sede policial. En el juicio oral, la víctima no concurrió a testificar pese a que se lo notificó en varias oportunidades de que se realizaría el debate. Por este motivo, la fiscalía solicitó la incorporación por lectura de su declaración en sede policial y el tribunal hizo lugar a ese pedido pese a la oposición de la defensa. Además, se recibió testimonio al preventor, quien relató la descripción de los hechos y las características físicas del agresor que le habían sido transmitidas por JEM. El tribunal condenó a ER por el delito de robo agravado por el uso de armas. Para decidir de esa manera, el tribunal valoró, entre otras cosas, la declaración de JEM prestada en sede policial. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-nov-2023 | GC (Causa N° 15825) | Una persona inició un reclamo de compensación económica contra su ex conviviente. A su vez, solicitó que se corriera traslado de la demanda a través de algún medio alternativo como Whatsapp o correo electrónico. Pidió que la notificación se dirigiera al domicilio que el demandado había constituido en otros expedientes conexos. No obstante, el juzgado rechazó el pedido y ordenó que el traslado se efectivizara al domicilio real del destinatario. En consecuencia, la parte actora presentó un recurso de apelación. |
| 22-nov-2023 | Hábeas Corpus sobre Medidas de Sujeción (causa N° 2624) | El Programa contra la Violencia Institucional y la Comisión de Cárceles de la de la Defensoría General de la Nación realizaron cinco inspecciones simultáneas en comisarías comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad, encontraron personas esposadas de manera permanente, algunas de ellas por más de 24 horas, en ámbitos de tránsito o de uso común de las dependencias. En consecuencia, interpusieron una acción de hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo para que se prohíba el uso de esposas de manera permanente en cualquier ámbito de las dependencias policiales donde se encontraran personas detenidas en carácter de alojadas, a la espera de ser trasladadas o liberadas. Además, solicitaron que se realice la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley N° 23.098. En el marco de la audiencia, la Superintendencia de Seguridad Comunal se comprometió a dictar una directiva de orden general para las dependencias a su cargo con el objeto de prevenir y evitar el uso de la práctica y de reglamentar su control. |
| 17-nov-2023 | Bio Lazzari D´Almeida (Causa N° 10109) | En el marco de un procedimiento de control vehicular, personal policial detuvo un auto con patente brasilera en el que viajaban ocho personas. En la parte trasera del vehículo, los efectivos observaron varias cajas de cartón con mercadería de origen extranjero valuada en aproximadamente seiscientos mil pesos, sin el aval aduanero correspondiente. Por estos hechos, se inició una investigación por el delito de contrabando contra una de las personas que se encontraba en el interior del auto y era la titular de las mercaderías . |
| 15-nov-2023 | Beltrán (Causa N° 18380) | Una persona se sometió a una operación estética. Durante el procedimiento, registró una caída transitoria de la saturación de oxígeno porque se le desconectó el pulsioxímetro. El anestesista logró conectar el instrumento y la operación continuó. Sin embargo, en la última etapa de la intervención quirúrgica la paciente sufrió un descenso continuo de la saturación del oxígeno y del pulso. En ese momento, el anestesiólogo alertó al resto del equipo. Luego, se produjo un paro cardiorrespiratorio. En ese contexto, se presentó en el quirófano la cardióloga a cargo del monitoreo. En ese marco, estabilizaron a la paciente y la trasladaron a terapia intensiva. Sin embargo, días más tarde falleció. Los familiares de la víctima denunciaron en sede penal al anestesista. En su presentación, sostuvieron que había actuado de forma negligente y que había desconectado las alarmas del equipo que controlaba el oxígeno en sangre y el pulso. El tribunal condenó al especialista por el delito de homicidio culposo a la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. Contra esa decisión, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que los informes periciales no habían demostrado que su asistido hubiera actuado en forma negligente. Además, objetó la valoración de la prueba que hizo el tribunal. Afirmó que las alarmas habían sonado; remarcó que la alarma de asistolia no podía ser modificada y que resultaba dudoso afirmar que los médicos del quirófano no la habían escuchado. Señaló también que la sentencia era arbitraria porque el tribunal había omitido expedirse sobre sus planteos. |
| 15-nov-2023 | Herrera (Causa N° 7266) | Dos personas mayores de dieciocho años y un niño prendieron fuego pastizales secos en una isla de la provincia de Entre Ríos. Personal policial que navegaba por la zona visualizó el foco ígneo. En ese contexto, le notificó al juzgado de turno sobre la situación. Luego, la policía provincial se acercó al lugar e identificó a las personas que iniciaron el fuego. A continuación, los agentes de seguridad las detuvieron y secuestraron los elementos que tenían en su poder. En ese marco, labraron un acta en la que detallaron que se habían quemado mil quinientos metros del humedal. Además, tomaron fotografías y armaron un croquis del lugar afectado. En suma, se recabaron las declaraciones de testigos que informaron que las llamas tenían una altura entre uno y dos metros. También, realizaron pericias que indicaron que el humo había afectado la zona e incluso se había trasladado a otras provincias. Todas las pruebas fueron incorporadas a la causa judicial. Por esos hechos, las personas detenidas fueron imputadas por el delito de incendio. |
| 14-nov-2023 | RLES (CAUSA N° 48251) | Un joven involucrado en un proceso penal, celebró una audiencia de conciliación en la que pidió disculpas. El juez interviniente hizo saber que el imputado había completado satisfactoriamente el programa “Conduciendo por la Vida”. Entonces, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que correspondía homologar el acuerdo al que habían arribado las partes. Para expedirse de esa manera valoró las características del hecho y del menor de edad, la falta de antecedentes y que había cumplido los extremos del acuerdo. |
| 11-nov-2023 | GUTIÉRREZ ( Causa N° 2460) | Dos hombres fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa. Contra esa decisión, la defensa particular presentó un recurso de casación, que fue rechazado. Entonces, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley ante el Tribunal de Casación. Frente a su denegatoria, presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la cual fue desestimada. El máximo tribunal provincial argumentó que la defensa no había elaborado una crítica razonada de los argumentos de la decisión impugnada y que tampoco había identificado cuál de las tres vías procesales existentes pretendía habilitar. En este sentido, subrayó que dicho déficit formal no cumplía con la fundamentación exigida por el ordenamiento local y declaró inoficiosa la labor desarrollada por los letrados. Posteriormente, la defensa oficial intervino e interpuso un recurso extraordinario federal, el cual fue denegado y motivó una queja. Entre los argumentos presentados, la defensa oficial sostuvo que denegar un recurso por extemporaneidad e incurrir en defectos formales implicaba un excesivo rigor formal que dejó en estado de indefensión a los imputados. Asimismo, consideró que el tribunal debió ser menos riguroso para asegurar la garantía de la defensa en juicio. Por último, afirmó que sus asistidos no contaron con una revisión adecuada de su condena debido a la deficiencia de su defensa técnica, cuestión que les resulta ajena y no debía perjudicarlos. |
| 11-nov-2023 | Zanello (Causa N° 31501) | Un grupo de hombres fue investigado por delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una persona que, al momento de los hechos, era menor de edad. En un proceso seguido contra uno de esos hombres, que concluyó con una condena, la madre de la víctima se había constituido como parte querellante. En paralelo, en otra de las causas, la instrucción fue clausurada sin intervención de parte querellante. La víctima, una vez que alcanzó la mayoría de edad, estuvo internada en un centro de rehabilitación por situaciones de consumo problemático. Tiempo después, manifestó su voluntad de constituirse como parte querellante en la causa. En ese marco, la defensora pública de la víctima planteó la nulidad del decreto de clausura de la instrucción y elevación a juicio. De manera subsidiaria, solicitó la inconstitucionalidad del plazo previsto en el artículo 90 del Código Procesal Penal de la Nación para la constitución de parte querellante en el caso concreto. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad con el pedido. Sin embargo, se opuso al planteo de nulidad. |
| 9-nov-2023 | SMV (Causa N°45525) | Una mujer circulaba en bicicleta junto a su hijo de siete años rumbo a la estación de Merlo. En su trayecto, llegó a una intersección. En ese momento, quedó encerrada por una camioneta, que la impactó. En consecuencia, la mujer y el niño sufrieron lesiones físicas. A raíz de lo sucedido, la mujer –por sí y en representación de su hijo– inició una acción de daños y perjuicios contra el conductor del vehículo y contra la compañía de seguros, en carácter de citada en garantía. Con posterioridad, se realizó una pericia mecánica. En esa oportunidad, el experto remarcó que la actora había usado una bicicleta que no estaba diseñada para dos personas. A su vez, destacó que no había respetado la prioridad de paso, que en el caso era a favor del demandado ya que transitaba por la derecha. Advirtió también que no había utilizado el casco reglamentario. Por su parte, el juzgado interviniente rechazó la acción. En efecto, consideró que la actora había incumplido una serie de requisitos para circular en bicicleta. Además, entendió que había quebrado la prioridad de paso. En ese marco, la mujer apeló. |
| 9-nov-2023 | Gonsález (Causa N° 9178) | En Salta, un hombre le había ofrecido a una adolescente de 17 años perteneciente a la comunidad originaria diaguita calchaquí cuidar a sus dos hijas menores de edad en la Capital Federal. Así, le propuso trasladarse a un lugar con mejores prospectos. Cuando llegó, la explotó laboralmente por un lapso de, aproximadamente, un año y medio. La adolescente trabajó sin descanso en el cuidado de las niñas, la limpieza de la casa y la cocina, en condiciones de hacinamiento. No fue escolarizada. El hombre la violó. Producto de la violación, quedó embarazada y tuvo una hija. |
| 8-nov-2023 | Wolfenson Band (Causa N° 42063) | Una persona manejaba su taxi por una avenida. En paralelo circulaba un ciclista. En un momento, la bicicleta sobrepasó al automóvil y se colocó en su carril. Entonces, el taxi lo chocó desde atrás. A raíz del impacto, el ciclista cayó sobre el parabrisas del automotor y luego al suelo. La víctima murió debido a los golpes que sufrió. Por ese hecho, el taxista fue imputado en una causa penal por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, el juzgado interviniente lo sobreseyó. Contra el auto de sobreseimiento, la querella interpuso un recurso de apelación. |
| 7-nov-2023 | Krewer Ramos (Causa N° 34021792/2012) | Un hombre de nacionalidad brasilera fue condenado por el delito de encubrimiento por receptación dolosa. Luego, el Estado brasileño solicitó su extradición para juzgarlo por el delito de hurto de automotor cometido en la vía pública respecto de mismo vehículo por el que había sido condenado en Argentina. El juzgado federal interviniente denegó el pedido por considerar que la acción penal se encontraba prescripta de conformidad con lo establecido en el artículo 3, inciso c) del tratado bilateral aprobado por la ley N° 17.272. En concreto, sostuvo que habían transcurrido más de seis años desde el momento de la comisión del hecho y que el pedido formal de extradición por parte de las autoridades brasileras ya había superado el plazo extintivo. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso ordinario de apelación. |
| 7-nov-2023 | “Martínez” (causa Nº 5688) | En noviembre de 2019 un hombre había sido condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes. Conforme el cómputo de pena efectuado, la sanción impuesta vencía en noviembre de 2023. Asimismo, en noviembre de 2021, se redujo en dos meses el plazo temporal para transitar en el régimen penitenciario por aplicación del artículo 140 de la ley N° 24.660. La defensa del condenado solicitó que se le concediera la libertad condicional. El tribunal interviniente valoró informes elaborados por distintas áreas de la unidad penitenciaria donde se encontraba detenido que se pronunciaban por unanimidad de manera favorable al otorgamiento del instituto liberatorio. Entonces, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 14, inciso 10, del Código Penal y 56 bis, inciso 10, de la ley N° 24.660 y dispuso la libertad condicional del hombre. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que la categoría utilizada por el poder legislativo para efectuar la distinción del artículo 14 no era irrazonable ni desproporcionada y el principio de igualdad no se veía afectado. En ese sentido, consideró que si bien la reinserción social era un derecho de las personas condenadas, nada impedía al legislador diagramar otras alternativas, como el régimen preparatorio para la liberación previsto en el artículo 56 quater de la Ley de Ejecución.; La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a la impugnación y anuló la resolución. Además, declaró la constitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10, de la ley N° 24.660 y 14, inciso 10, del Código Penal y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que evaluara la pertinencia de mantener o revocar esa situación procesal del condenado en virtud de su comportamiento en libertad. Contra esa sentencia, el fiscal interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 7-nov-2023 | Dasman y otra (causa N° 1334) | En Brasil, una organización proporcionó cápsulas con MDMA a dos hermanas para que las ingirieran e ingresaran a Argentina por vía aérea. Una vez en el país, se les indicó que fueran a un hotel para la entrega del material estupefaciente. En ese contexto, una de las jóvenes le informó al hombre que las contactó que su hermana, que había ingerido noventa y cuatro cápsulas, no había podido expulsarlas a todas y que estaba empezando a tener malestares físicos fuertes. Entonces, el hombre las trasladó al departamento en el que convivía con su pareja. La salud de la joven empeoró y, pasadas cuarenta y ocho horas, la llevaron a un hospital. Durante el traslado, falleció. El hombre fue imputado por el delito de contrabando agravado de estupefacientes destinados a su comercialización en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y de homicidio criminis causae. Por su parte, la pareja del hombre fue acusada por el delito de homicidio agravado en calidad de partícipe secundaria y como coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El tribunal oral condenó a ambos y, contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. |
| 7-nov-2023 | BOIR (Causa N° 26998) | Una mujer convivía con sus dos hijos menores de edad y con un hombre, que era el progenitor biológico de uno de ellos. Durante un extenso período, el hombre agredió de manera verbal tanto a la mujer como a su hijo afín. Frente a esa situación, la mujer realizó la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). El juzgado interviniente estableció una prohibición de acercamiento a favor de la mujer y de su hijo, que con posterioridad fue prorrogada. Asimismo, a raíz de los hechos de violencia vivenciados, el niño debió comenzar un tratamiento con una psicóloga que le proporcionaba la cobertura de salud del hombre. Sin embargo, pocos meses después las sesiones se interrumpieron debido a que el hombre desafilió al niño. En consecuencia, la mujer –con la asistencia de la defensa pública– solicitó al juez que ordenara la reafiliación de su hijo, ya que no podía afrontar el costo del tratamiento ni contaba con otros familiares o referentes que la pudieran ayudar. Además, el progenitor biológico del niño vivía en otro país y no mantenía vínculo con él. En ese sentido, la actora sostuvo que había convivido con el demandado por más de tres años y que él había actuado como un padre para el niño. Por su parte, el juez intimó al hombre a que, dentro del plazo de diez días, tramitara la afiliación del niño por el transcurso de seis meses. Contra lo decidido, ambas partes presentaron recursos. Entre sus argumentos, la accionante señaló que la medida tenía un plazo de vigencia muy breve. Además, resaltó que su hijo aún necesitaba el tratamiento psicológico. Agregó que lo resuelto no había tenido en cuenta lo previsto por el artículo 676 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sobre ese aspecto, indicó que la norma determinaba la continuidad de la obligación alimentaria del progenitor afín cuando la finalización de la convivencia le causaba un grave daño al niño, niña o adolescente. Por lo tanto, consideró que en ese escenario se afectaba el derecho de su hijo a la salud y a recibir la atención adecuada. En cambio, el accionado destacó que no tenía obligación alimentaria para con el niño, ya que se había separado de la madre en octubre de 2022. A su vez, expuso que la actora no había probado el daño económico que la normativa exigía. |
| 6-nov-2023 | FERNANDEZ ( Causa N° 67783) | Un hombre fue imputado por el delito de estafa en concurso ideal con uso de documento falso destinado a acreditar la identidad. En la etapa de instrucción, la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal presentaron un acuerdo conciliatorio. El día de la audiencia de conciliación no asistieron ni la víctima ni el organismo de recaudación AFIP/DGI, que era la parte afectada. En el trascurso de la audiencia, la defensa ofreció pagar 9 UMAS en favor de la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, requirió que fuera levantado el requisito de comparendo mensual impuesto a su asistido. El fiscal aceptó la propuesta e instó el sobreseimiento del imputado. El juzgado interviniente homologó el acuerdo y dispuso que se abonara la suma ofrecida. Por último, la defensa aportó los comprobantes de pago correspondientes. |
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