Jurisprudencia nacional 4044
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 881 a 900 de 4044
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-nov-2021 | Sacchi y otros v. Argentina | Un grupo de jóvenes menores de edad había presentado una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño. Entre sus argumentos, señalaron que el Estado no había adoptado las medidas preventivas y precautorias necesarias para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la vida, la salud y la cultura. Sobre ese aspecto, afirmaron que la crisis climática no era una amenaza futura abstracta ya que el aumento de 1, 1º C de la temperatura media mundial provocaba –entre otras cuestiones– olas de calor devastadoras, incendios forestales, pautas meteorológicas extremas, inundaciones y el aumento del nivel del mar. Por su parte, el Estado señaló que los peticionarios no habían agotado los recursos internos disponibles con anterioridad a la presentación realizada. |
| 8-nov-2021 | Aristimuño (Causa N° 13654) | En el marco de una investigación llevada adelante por la justicia de la provincia de Buenos Aires, un juez ordenó un allanamiento en un domicilio que resultó estar deshabitado. Por ese motivo, la fiscalía obtuvo una nueva dirección y la medida fue redireccionada allí. En ese lugar se encontraron sustancias estupefacientes y se inició una causa contra una persona por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado. La defensa requirió la nulidad del allanamiento durante los alegatos finales del juicio. |
| 4-nov-2021 | BPMB (causa Nº 13-04199742) | Una mujer había ingresado a trabajar en el Registro Automotor en febrero de 2010. En diciembre de 2016, la trabajadora denunció ante la Oficina de Violencia Laboral de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo que sufría acoso psicológico por parte de sus compañeros. En esa oportunidad, manifestó que durante mucho tiempo había sido presionada para que presente a su pareja. A su vez, señaló que sus compañeros la insultaron y descalificaron luego de tomar conocimiento de que su pareja era del mismo sexo. A partir de esta situación, comenzó una licencia psiquiátrica porque padecía síndrome depresivo ansioso. En enero de 2017, denunció su patología ante su Aseguradora de Riesgo de Trabajo, pero su cobertura fue rechazada debido a que no se encontraba en el listado de enfermedades a cubrir. Por otra parte, su empleador dejó de abonarle los salarios en tiempo y forma. En mayo de 2017 la mujer se consideró despedida y, en octubre de ese año, suscribió un convenio con el empleador ante la Subsecretaría de Trabajo por los rubros salariales adeudados. Por último, la trabajadora demandó a su empleador y a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo por daño moral por los actos de discriminación. La Cámara Primera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza rechazó la demanda. Entre los argumentos de la decisión, el tribunal tuvo en cuenta que una de las pericias médicas incorporadas a la causa no había sido llevada a cabo por un médico psiquiatra. Contra esa resolución, la actora interpuso un recurso extraordinario provincial. |
| 4-nov-2021 | TMI (Causa Nº 162) | Una mujer que se encontraba en pareja mantuvo una relación sexoafectiva con otro hombre y quedó embarazada. Luego del nacimiento, su novio reconoció a la niña. Años después, la mujer se reencontró con el progenitor biológico y le informó sobre su paternidad. Además, le hizo saber a su pareja que no era el padre de la niña. A partir de ese momento, se separaron pero continuaron conviviendo por razones económicas. La mujer comenzó a sufrir hechos de violencia de género por parte de su ex pareja. Con posterioridad, la progenitora lo demandó a fin de impugnar el reconocimiento de la niña. En su presentación, también accionó contra el progenitor biológico para obtener el correspondiente emplazamiento filial de su hija. Luego, se presentó el padre reconociente. Señaló que no quería perder contacto con la adolescente, ya que compartía con la madre su cuidado personal. Por su parte, el progenitor biológico manifestó que la actora no le había comunicado que tenían una hija en común. Se realizó en el expediente una prueba genética que confirmó las afirmaciones de la actora. Por último, el juzgado entrevistó a la adolescente. En esa ocasión, la joven indicó que no tenía relación alguna con su padre biológico. Sin embargo, expresó que deseaba mantener el apellido de su papá –con quien tenía contacto– y que se le adicionara el del progenitor de origen. |
| 3-nov-2021 | KRS (Causa N° 18667) | Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de su hijo menor de edad. En ese contexto, se había separado del progenitor del niño, con quién no tenía vínculo y además no cumplía con el pago de la cuota alimentaria. Dado que, la mujer era el único sostén económico trabajó de manera informal en una peluquería hasta la pandemia Covid-19. Luego, la progenitora se quedó sin trabajo dado que le resultó imposible continuar sin ayuda para el cuidado del niño. Hasta 2019 la mujer percibió una asignación familiar que dependía del trabajo en relación de dependencia del progenitor. Con posterioridad, el hombre quedó desempleado y la mujer dejó de recibir la asignación. En consecuencia, la progenitora inició un trámite ante la ANSES para que se le otorgara la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). No obstante, la ANSES rechazó la petición dado que el padre del niño como grupo familiar ya percibía una asignación familiar. Por ese motivo, la mujer con representación de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de las Seguridad Social interpuso una acción de amparo contra la ANSES. Entre sus argumentos, sostuvo que ella era quien se encontraba al cuidado exclusivo de su hijo y que, por lo tanto, era quien debía percibir la AUH. Asimismo, resaltó que el progenitor del niño ya no formaba parte del grupo familiar. Además, destacó el carácter alimentario que tenía la prestación social. Por su parte, la demandada se presentó y solicitó el rechazo de la demanda por considerar que ya había transcurrido el plazo legal dispuesto en la Ley Nº 16.986 para interponer la acción de amparo. Además, señaló que esa acción era un recurso excepcional. |
| 3-nov-2021 | Vallejos Meneses (Causa N° 60581) | Un hombre, VM, fue acusado de haber agredido a una mujer, AMLL. Según la acusación luego de que AMLL, le anunciara a VM que quería poner fin a la relación, tuvieron lugar varias discusiones que terminaron en las agresiones señaladas. El 14 de octubre de 2015, la mujer fue entrevistada por la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia. El 15 de octubre, la mujer denunció en la Oficina de Violencia Doméstica que hacía dos días VM había abusado de ella, la había golpeado y amenazado. AMLL prestó declaración testimonial durante la etapa de instrucción, previo a que el hombre contara con asistencia técnica. Con anterioridad al debate se realizaron múltiples diligencias para establecer el paradero de la denunciante. Sin embargo, ninguna medida tuvo éxito y AMLL no asistió al juicio oral. Por este motivo, la fiscalía solicitó la incorporación de la declaración brindada por la mujer durante la instrucción y el tribunal hizo lugar a ese pedido pese a la oposición de la defensa. El hombre fue condenado a una pena de prisión en suspenso por el delito de amenazas coactivas. Para decidir de esa manera, el tribunal valoró la declaración de AMLL prestada en la etapa de instrucción y también la que prestó ante el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-nov-2021 | Retambay (causa Nº 2618) | En noviembre de 2020, un hombre se inscribió como voluntario para ingresar a la Armada Argentina. Entre la documentación presentada, completó un formulario en el que indicó que era casado e incluyó los datos de su cónyuge conviviente. Con posterioridad, obtuvo la calificación de 90/100, alcanzó el puesto 7 en el orden de mérito de un total de 39 aspirantes y fue nombrado Marinero Segundo Tropa Voluntaria. Sin embargo, dos días después, fue dado de baja porque no cumplía con el requisito de ser soltero establecido en el artículo 8, inciso b, de la ley N° 24.429. Ante esta situación, representado por la defensa oficial, interpuso una acción de amparo contra la Armada Argentina y requirió que se declarase la inconstitucionalidad de la norma. A su vez, solicitó que se lo reincorporara al Batallón de Infantería de Marina Número 5 en la categoría que había sido designado. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra esa resolución, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 2-nov-2021 | Morales (reg. N° 1806 y causa N° 29282) | En noviembre de 2016 una mujer había sido detenida por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por ese hecho, fue condenada a la pena de cuatro años de prisión. En noviembre de 2017, se le imputó el mismo delito en una nueva causa. En junio de 2019, la mujer fue condenada a una pena única de seis años de prisión. En 2020, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El juzgado de ejecución rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que al momento de la segunda imputación se encontraba vigente la ley N° 24.660, reformada por ley Nº 27.375, que impedía concederle la libertad condicional en virtud del delito cometido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que debido a que el cómputo debía realizarse desde la fecha de detención de la primera causa, su asistida había cumplido las dos terceras parte de la condena. A su vez, señaló que, al momento de la primera detención, se encontraba vigente la ley N° 24.660 sin las modificaciones introducidas por la ley Nº 27.375. En ese sentido, solicitó la aplicación de la ley penal más benigna. |
| 1-nov-2021 | FMO (Causa Nº 279355) | Un hombre adeudaba los alimentos a su hijo menor de edad. Tras haber transcurrido más de un año en esa situación, la madre del niño inició el proceso de ejecución, que fue admitido por el juez. Entonces, practicó una liquidación y pidió el embargo de un automóvil que le pertenecía al hombre. Con posterioridad, reclamó nuevos períodos impagos. En consecuencia, solicitó que se impusieran al demandado las medidas previstas por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, pidió que se le suspendiera la licencia de conducir y que se le prohibiera renovarla. Ambas medidas fueron admitidas. Debido a que el incumplimiento persistía, la mujer pidió que se trabara un embargo sobre un inmueble del demandado. Una vez que se cumplió con la medida, se presentó en el expediente la hermana del hombre. En su presentación, manifestó que su hermano le había donado la mitad del bien. Por lo tanto, solicitó la apertura de una cuenta judicial en la que depositó el monto adeudado. De esa forma, pidió que se cancelara el embargo. Sin embargo, la actora se opuso a ese pedido. En ese sentido, expuso que el progenitor demandado no estaba en condiciones de realizar una donación sin antes saldar la deuda alimentaria. Sobre esa cuestión, señaló que la hermana del accionado había actuado de mala fe, por lo que solicitó que se le aplicara la multa prevista por el artículo 83 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. Resaltó que el monto embargado no alcanzaba para cubrir la deuda. Por último, la Asesora de Menores dictaminó a favor de mantener el embargo. |
| 28-oct-2021 | AGLI (causa Nº 982) | Un hombre y una mujer de nacionalidad argentina se conocieron en Buenos Aires en 1992. En 2006 decidieron continuar con su relación en España de manera temporal, donde nació su primera hija. Luego, en 2009, regresaron a Argentina y al año siguiente nació su segunda hija. Permanecieron en el país hasta 2014 y, más tarde, decidieron volver a España y asentarse en Barcelona. Dado que el hombre tenía ciudadanía española, su cónyuge obtuvo la tarjeta de residencia por cinco años. Con posterioridad, el matrimonio decidió programar un viaje a Francia. Sin embargo, solo viajaron las dos niñas con su padre y, al terminar su estadía, en lugar de regresar a España, se trasladaron a Argentina. En ese marco, la madre de las niñas inició una demanda de restitución internacional a su residencia habitual en Palafolls, Barcelona. En relación con este proceso, se celebró una audiencia en presencia de la asesora de incapaces para que las niñas tuvieran la oportunidad de expresarse. El Juzgado de Familia de Quilmes admitió la acción y el padre apeló la resolución. La cámara interviniente confirmó la sentencia. Contra esa decisión, el demandado interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Entre sus argumentos, expuso que la sentencia era contraria a la Convención de los derechos del Niño y que el traslado a Argentina no fue ilícito por encontrarse el centro de vida de las niñas en Bernal, Quilmes, provincia de Buenos Aires, donde pasaron la mayor parte de sus vidas y se encontraba su familia. Al momento de expedirse la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las niñas tenían 13 y 9 años. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 28-oct-2021 | Cruz y otro (causa Nº 7154) | En el marco de un proceso sustanciado por la presunta comisión del delito de comercio de estupefacientes, se investigó a la pareja de uno de los imputados y luego se la desvinculó del proceso por considerarse que no había participado en el ilícito. Sin embargo, los dos hombres involucrados en el caso fueron condenados por aplicación del artículo 5, c de la ley 23.737. A su vez, el tribunal ordenó el decomiso de un automóvil. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Respecto del decomiso, sostuvo que la titular del vehículo era la pareja de uno de los imputados. |
| 28-oct-2021 | Vidal (Causa N° 601) | Dos personas habían sido imputadas por evadir el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado correspondientes al ejercicio fiscal 2011. En la etapa de instrucción, el tribunal interviniente consideró que correspondía la aplicación retroactiva de la ley N° 27.430 y sobreseyó a las personas imputadas. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento. Ante esta situación, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y anuló la decisión. Para resolver de ese modo, explicó que no era posible aplicar de manera retroactiva la ley N° 27.430 como ley penal más benigna debido a que esa norma sólo había tenido como finalidad actualizar los montos cuantitativos de los delitos penales tributarios. Debido a la disparidad de criterios de la Cámara Federal de Casación penal respecto de la aplicación retroactiva de la norma, la defensa de uno de los imputados presentó un recurso de inaplicabilidad de la ley mediante el que solicitó el dictado de una sentencia plenaria en los términos del art. 11 de la ley 24.050. Sin embargo, la Sala III consideró que no se daban los requisitos previstos en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara, que la sentencia no era definitiva y rechazó el recurso. La defensa interpuso un recurso extraordinario federal por la violación al principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Por su parte, la defensa de la otra persona imputada también interpuso un recurso extraordinario federal y solicitó la nulidad de la sentencia impugnada por la falta de firma de uno de los jueces que conformó la mayoría. La Cámara Federal de Casación Penal concedió los recursos extraordinarios federales. |
| 28-oct-2021 | Costa Ludueña (causa Nº 31235) | Una persona de nacionalidad peruana que se encontraba privada de libertad quería inscribirse en la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Debido a que no contaba con documento nacional de identidad (DNI) y la reglamentación dictada por el Consejo Superior de la UBA exigía su presentación, la persona no pudo inscribirse. Ante esta situación, representada por la defensa oficial, interpuso una acción de amparo con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad de la normativa. Entre sus argumentos, sostuvo que se encontraban vulnerados su derecho a la educación, a la igualdad y el principio de no discriminación. El juzgado de primera instancia rechazó la acción. Luego de apelar la decisión, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia e hizo lugar a la acción. Entre sus argumentos, el tribunal consideró que el requerimiento de DNI para la inscripción en una carrera de grado constituía una exigencia formal excesiva e injustificada. Además, el artículo 7 de la Ley de Migraciones establecía que en ningún supuesto la irregularidad migratoria de un extranjero podía impedir su admisión como alumno en un establecimiento educativo. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 28-oct-2021 | DCD (Causa nº 4995) | En el marco de una causa penal, se investigaba una serie de maniobras defraudatorias presuntamente efectuadas por una persona y que afectaron a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y a clubes de fútbol que habían operado con el grupo “C”. En este contexto, la defensa del imputado solicitó a la jueza de instrucción que se convocara a una audiencia de conciliación que incluyera a todos los damnificados. Sin embargo, la magistrada resolvió convocar a una audiencia sólo al imputado y al representante del Ministerio Público Fiscal. Fundamentó su decisión en que los representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación y los representantes de los clubes de fútbol no podían ser considerados víctimas. En este mismo sentido, argumentó que todavía se investigaba la posible vinculación de funcionarios que se habían desempeñado en la Jefatura de Gabinete en las maniobras investigadas. Contra esa decisión, la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación. |
| 28-oct-2021 | DCD (Causa nº 4995) | En el marco de una causa penal, se investigaba una serie de maniobras defraudatorias presuntamente efectuadas por una persona y que afectaron a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y a clubes de fútbol que habían operado con el grupo “C”. En este contexto, la defensa del imputado solicitó a la jueza de instrucción que se convocara a una audiencia de conciliación que incluyera a todos los damnificados. Sin embargo, la magistrada resolvió convocar a una audiencia sólo al imputado y al representante del Ministerio Público Fiscal. Fundamentó su decisión en que los representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación y los representantes de los clubes de fútbol no podían ser considerados víctimas. En este mismo sentido, argumentó que todavía se investigaba la posible vinculación de funcionarios que se habían desempeñado en la Jefatura de Gabinete en las maniobras investigadas. Contra esa decisión, la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación. |
| 27-oct-2021 | BF (causa Nº 7328) | Una mujer trans había iniciado un tratamiento con hormonas de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Luego, se afilió a una empresa de medicina prepaga y solicitó la cobertura de una cirugía de readecuación vaginal (vaginoplastía). Sin embargo, la empresa de salud consideró que la mujer había ocultado o falseado la declaración jurada de salud al momento de solicitar su incorporación y decidió dar de baja su afiliación. Ante esta situación, la persona interpuso una acción de amparo con el objeto de que se obligara a la empresa a reafiliarla de manera definitiva y le cubriera la prestación requerida en su totalidad. Admitida la acción, el juez solicitó a la empresa un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada de conformidad con el artículo 8 de la ley N° 16.986. Por su parte, la demandada indicó que no tuvo intención de discriminar por razones de identidad de género u orientación sexual al “actor”. |
| 27-oct-2021 | PAR (Causa Nº 2021) | Un hombre y una mujer acordaron ante un juzgado de paz los alimentos de sus siete hijos menores de edad. Pese a ello, el progenitor no cumplió con lo convenido. Con posterioridad, los abuelos maternos de los niños —quienes se ocupaban de sus cuidados— demandaron por alimentos al hombre. En consecuencia, se estableció una cuota alimentaria provisoria a cargo del demandado, equivalente al total del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en ese momento. Sin embargo, el hombre seguía incumpliendo sus obligaciones. Frente a esa situación, los actores manifestaron que el demandado trabajaba por cuenta propia como chofer de camión. Además, señalaron que había conseguido un empleo registrado pero que luego había renunciado para que no le retuvieran las sumas adeudadas. Por lo tanto, solicitaron que se le aplicaran medidas a modo de sanción ante su conducta, de acuerdo con lo previsto por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, pidieron que se le retuviera la licencia de conducir y que se le suspendiera la renovación. Ante lo requerido, se dirigió una nueva intimación al hombre, que no fue contestada ni cumplimentada. |
| 26-oct-2021 | ALC (causa N° 1961) | Tres mujeres pertenecientes a una comunidad Qom en la provincia de Formosa realizaron un corte de ruta a modo de protesta en reclamo de reclamo de módulos alimentarios, cupos de pensiones sociales y viviendas. Sin embargo, permitieron el paso de vehículos oficiales y de emergencia. Por ese hecho permitiendo únicamente el paso de vehículos. Por esos hechos, fueron procesadas por el delito de entorpecimiento de transporte por vía terrestre. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 22-oct-2021 | VYB (Causa n° 24921) | Una mujer había sido procesada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. Contra esa decisión, su defensa explicó que la mujer había sido sometida a trata con fines de explotación sexual durante veinte años. Asimismo, agregó que la mujer había sido víctima de múltiples hechos de violencia. Por esas razones, la defensa solicitó su sobreseimiento por aplicación de la excusa absolutoria establecida en el artículo 5 de la Ley de Trata. La Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento de la mujer y dispuso que se realizara un informe psicológico para establecer si al momento de los hechos la mujer tenía libertad de autodeterminación. Las profesionales intervinientes realizaron el informe y destacaron que la mujer “podría haber repetido patrones de conducta de los que ella misma ha sido víctima”. Entonces, la defensa volvió a solicitar su sobreseimiento. El juzgado hizo lugar al planteo y sobreseyó a la imputada por considerar que había actuado bajo error de prohibición directo e insuperable, culturalmente condicionado. Contra esa decisión, la fiscalía presentó un recurso de apelación. |
| 21-oct-2021 | BCB (causa Nº 417) | Un niño de seis años fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa (Lipofuscinosis), sufría epilepsia refractaria y su cuerpo presentaba resistencia al tratamiento farmacológico que se le indicó. A partir del 2016, su médico neurólogo le prescribió el uso de aceite de cannabis. Con ese aval médico, el consentimiento informado del paciente y la autorización de la ANMAT, los progenitores del niño importaron el aceite en el marco del Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos. El primer pedido de importación de dos frascos de 100 ml del aceite medicinal tuvo un costo de U$S 599.97 más los correspondientes aranceles. Asimismo, se comprobó que el tratamiento produjo mejoras sustanciales en el estado de salud y en la calidad de vida del niño. Por este motivo, su padre y su madre solicitaron a su obra social la cobertura del tratamiento, pero no obtuvieron una respuesta favorable de parte de la entidad. En este marco, interpusieron una acción de amparo contra la obra social y, en subsidio, contra la provincia de Entre Ríos. En su presentación solicitaron que se reconociera el costo del aceite de cannabis en la cantidad que el médico tratante lo prescribiese. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó ese pronunciamiento. Para decidir así, estableció que la ley 27.350 no imponía a las obras sociales la obligación de proveer aceite de cannabis a sus afiliados, ni incluía a la planta de cannabis y sus derivados en el PMO. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso extraordinario federal que fue concedido. Encontrándose el expediente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 883/2020 (reglamentario de la ley 27.350) y estableció que el Estado debía implementar medidas para proveer en forma gratuita los derivados de la planta de Cannabis para aquellas y aquellos pacientes que contasen con indicación médica con cobertura pública exclusiva; en caso contrario, la cobertura debía ser brindada por las obras sociales y agentes del seguro de salud del sistema nacional, las demás obras sociales y organismos creados o regidos por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga. |
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