Vallejos Meneses (causa N° 60581)

Abstract

Luego de que una mujer le anunciara su pareja que quería poner fin a la relación, tuvo lugar una discusión. El 14 de octubre de 2015, la mujer fue entrevistada por la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia. En ese momento, manifestó que su ex pareja la había amenazado en reiteradas oportunidades y que la última vez había sido la semana anterior, cuando quiso separarse. El 15 de octubre, la mujer denunció en la Oficina de Violencia Doméstica que hacía dos días el hombre había abusado de ella, la había golpeado y amenazado. Esta situación dio lugar a un proceso penal. El hombre fue imputado por el delito de amenazas coactivas por los hechos presuntamente ocurridos el 13 de octubre de 2015. Con anterioridad al debate se realizaron múltiples diligencias para establecer el paradero de la denunciante. Sin embargo, ninguna medida tuvo éxito. El día del juicio, la mujer no compareció al tribunal. Por este motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la incorporación de la declaración brindada por la mujer durante la instrucción. El tribunal interviniente hizo lugar a este pedido. Además, durante el debate, se incorporaron por lectura constancias documentales del informe de la OVD y de la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia, informes médicos y de situación de riesgo. El tribunal condenó al hombre a una pena de prisión en suspenso por el delito de amenazas coactivas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre los motivos de su presentación, sostuvo que no se había sustanciado prueba de cargo durante el debate y que se había vulnerado el derecho de defensa. En ese sentido, señaló que durante el juicio no se le había permitido ejercer el control de la prueba. También, manifestó que el tribunal había basado su decisión en los elementos recolectados durante la instrucción y, en particular, en la declaración de la mujer ante la Oficina de Violencia Doméstica. Por último, alegó que el tribunal interviniente había valorado de manera arbitraria la prueba en violación al principio in dubio pro reo.