Jurisprudencia nacional 4511
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 601 a 620 de 4511
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 7-dic-2023 | Duarte (Causa Nº 745) | Una mujer denunció a su pareja de haberla amenazado con un arma y golpeado con patadas, puños y un palo. Por estos hechos, el hombre fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por la utilización de armas y lesiones leves, doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja, en concurso ideal entre sí. La causa fue elevada a juicio oral y, concluido el debate, la fiscalía solicitó su absolución por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y sostuvo la acusación por el delito de lesiones leves doblemente agravadas. El tribunal oral dispuso la nulidad del alegato fiscal y señaló que las diferentes conductas atribuidas habían sido consideradas jurídicamente como una unidad de acción y que el planteo fiscal resultaba inadmisible por vulnerar la garantía constitucional contra la doble persecución penal. Por esa razón, el tribunal oral absolvió al hombre imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
| 5-dic-2023 | Colman (causa N° 973/23) | Un hombre y una mujer ingresaron a un local comercial, redujeron a la vendedora y le robaron distintas pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontraba un bolso color negro con detalles blancos. Una hora y media después, se detuvo a un hombre que juntaba cartones al lado de un volquete de basura y que tenía el bolso en su poder. El fiscal interviniente dio al procedimiento el trámite de flagrancia. Antes de la primera audiencia, la defensa pidió que la víctima no se encontrara presente para preservar la validez de una eventual rueda de reconocimiento. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido. Durante el juicio oral, la víctima declaró que, después del robo, efectivos policiales le habían exhibido fotos de dos hombres sospechosos. En ese momento, reconoció al acusado. Sin embargo, ese accionar no había sido documentado en las actas de procedimiento. Por otro lado, surgió de las moderaciones de los preventores que los horarios de ese reconocimiento y de la detención del imputado no coincidían con las plasmadas en las actas. El tribunal interviniente condenó al hombre a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de robo y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió de las circunstancias en que su asistido había sido detenido y requisado. Así, argumentó que no existían motivos o circunstancias que permitieran presumir que acababa de cometer un delito. Por otro lado, cuestionó el proceso de identificación y planteó que se había valorado de manera arbitraria la prueba aportada. |
| 4-dic-2023 | QNH (Causa Nº 18498) | Dos personas acordaron los alimentos de sus hijos en común y luego lo homologaron en sede judicial. Con posterioridad, la progenitora del niño denunció que el hombre no abonaba la cuota alimentaria correspondiente. Si bien el hombre fue intimado, no se presentó ni acreditó haber cumplido con el pago. En consecuencia, la mujer –representada por una defensoría local– solicitó a modo de medida sancionatoria que se le suspendiera y retirara al hombre su licencia de conducir |
| 1-dic-2023 | Acosta (Causa N° 15397) | Un hombre resultó condenado a la pena de un año y seis meses de prisión por el delito de robo simple. Además, se lo declaró reincidente. Para decidir de esa manera, el tribunal interviniente destacó que según surgía del sistema de gestión de expedientes judiciales, el acusado había permanecido detenido en calidad de condenado en el marco de una causa por la pena de tres años de prisión por el delito de robo agravado por efracción, en donde se mantuvo su declaración de reincidencia. Así, argumentó que había reincidencia siempre que quien hubiere cumplido, total o de manera parcial, una pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal, cometiera un nuevo delito también punible con esa clase de pena. Además, sostuvo que no resultaba necesaria la acreditación de determinada fase del régimen de progresividad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró infundada la declaración de reincidencia. De esa manera, sostuvo que la sola circunstancia de haber cumplido pena como condenado no implicaba por sí sola la aplicación del instituto previsto en el artículo 50 del Código Penal. En ese sentido, indicó que no se había demostrado que su asistido hubiera pasado en detención un período durante el cual se haya logrado acceder a un tratamiento individual que procurara su reinserción social, en los términos del artículo 6 de la Ley de Ejecución Penal. |
| 1-dic-2023 | Coronel (Causa N° 21518) | Una persona había sido condenada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión. Además, el tribunal interviniente mantuvo la declaración de reincidencia dictada por otro tribunal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia. |
| 30-nov-2023 | HOF (Causa N° 12390299) | Una persona con una discapacidad psicosocial fue detenida por la comisión de un delito. Durante la detención, el juzgado advirtió que había sido privada de su libertad más de cien veces en complejos penitenciarios y centros de salud mental. Sin embargo, había sido sobreseída en un gran número de esas causas. En ese contexto, el juez ordenó una pericia médica. El informe indicó un diagnóstico de esquizofrenia y consumo problemático de drogas. Además, reveló que carecía de medios económicos y no tenía contención familiar. En consecuencia, su defensa presentó una acción de habeas corpus. Al respecto, destacó que el lugar donde se encontraba detenida perjudicaba su salud. Además, sostuvo que requería atención médica interdisciplinaria y que, en el futuro, no debía ser privada de su libertad por el sistema penal. En ese sentido, enfatizó que el sistema de salud debía adoptar medidas alternativas conforme a los derechos humanos y a las disposiciones de la Ley de Salud Mental. |
| 28-nov-2023 | ACL (Causa Nº 13288/2019) | En el marco de un expediente por aumento de cuota alimentaria a favor de una niña, se ordenó un embargo sobre el sueldo de su progenitor. Si bien el empleador del hombre quedó notificado de lo dispuesto, no cumplió ya que no retuvo las sumas correspondientes. Por esa razón, el juzgado interviniente intimó a la empresa a depositar la cuota alimentaria en la cuenta judicial en un plazo de tres días a partir de la retención de los haberes. Señaló que, de lo contrario, le impondría una multa y obligaría al presidente de la compañía a asistir a un Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen violencia. Con posterioridad, la actora informó que el empleador seguía sin efectuar los depósitos. |
| 28-nov-2023 | Ponce (causa N° 8751) | Una persona que era diabética había sido designada como autoridad de mesa en una elección. La noche anterior sufrió un pico de hiperglucemia. Por esa razón, no pudo cumplir con esa obligación. Entonces, fue imputada por el delito previsto en el artículo 132 del Código Electoral Nacional. En la audiencia de descargo, la persona presentó certificados médicos que daban cuenta del cuadro clínico alegado. El representante del Ministerio Público Fiscal entendió que la instrucción no se encontraba completa. En ese sentido, explicó que resultaba prudente conocer la autenticidad de los documentos y solicitó la producción de medidas probatorias. El juzgado de instrucción interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, indicó que la situación procesal de la persona se encontraba resuelta y que esas medidas podían llevarse a cabo en la etapa de juicio. Contra esa decisión, la representante del MPF interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, manifestó que tales medidas eran necesarias para poder formar una opinión que clausurara esa etapa procesal y que, sin su producción, se encontraba impedida de evaluar de manera debida si se debía continuar o no con el proceso hacia la etapa siguiente. |
| 27-nov-2023 | “Viteri Ungaretti y otros v. Ecuador” | Un integrante de las Fuerzas Armadas de Ecuador denunció ante las autoridades y en medios de comunicación hechos de corrupción dentro de su ámbito laboral. Entonces, fue sancionado por las autoridades castrenses a días de arresto por considerar que había transgredido el Reglamento de Disciplina Militar. Contra dichas sanciones el hombre presentó diversos recursos, y finalmente la justicia dejó sin efecto los arrestos ordenados. Sin embargo, de forma posterior el hombre fue objeto de diferentes represalias, entre ellas la falta de asignación de tareas acorde a su grado y jerarquía, su declaración como “persona no grata” en las Fuerzas Armadas y la prohibición de asistir a ciertas ceremonias y reuniones. Además, el hombre denunció ante las Fuerzas Armadas que él y su familia estaban sufriendo persecuciones, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. En ese contexto, el hombre solicitó asilo político para él y su familia en Reino Unido, que fue concedido. |
| 24-nov-2023 | Rojas (Causa Nº 64492) | Una persona migrante vivía en Argentina y se había radicado de manera permanente desde 1984. A su vez, tenía tres hijos, dos de nacionalidad uruguaya con radicación permanente y uno de nacionalidad argentina. Con posterioridad, fue condenada a la pena de un año y seis meses de prisión por el delito de estafas reiteradas en tres oportunidades. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló su residencia permanente, declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, ordenó su expulsión y le prohibió reingresar al país por el plazo de quince años. En ese marco, la mujer interpuso un recurso jerárquico contra el acto administrativo de expulsión. La DNM rechazó el recurso y confirmó lo dispuesto. Por su parte, la mujer interpuso un recurso judicial directo contra esas medidas. El juzgado de primera instancia rechazó el recurso y autorizó la retención de la mujer. Contra ese pronunciamiento, la actora presentó un recurso de apelación. En su presentación sostuvo que el acto administrativo que ordenaba su expulsión carecía de fundamento legal, ya que era residente permanente y registraba una condena menor a cinco años. Además, manifestó que no se había tenido en cuenta el derecho a la reunificación familiar y su situación de arraigo. |
| 24-nov-2023 | Quispe Ramírez (Causa N° 12037) | Una persona migrante obtuvo su residencia permanente en el país en 2013. En 2017, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló su radicación, ordenó su expulsión del país y le prohibió reingresar de forma permanente. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires a la pena de cinco años de prisión por el delito de comercialización de sustancias estupefacientes, en calidad de coautora. Luego, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación en representación de la mujer interpuso un recurso administrativo contra esa medida. En su presentación, señaló que la situación de la persona no enmarcaba en el artículo 62 de Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, porque la pena que se le había impuesto no superaba los cinco años que preveía esa norma. Sin embargo, la DNM rechazó el pedido. Por esta razón, la Comisión del Migrante interpuso un recurso judicial. En ese marco, el juez de primera instancia hizo lugar al planteo. En consecuencia, la Dirección Nacional de Migraciones apeló. |
| 23-nov-2023 | Vergara Quiroz (Causa Nº 68955) | Una mujer trans ingresó al país en 2007. Con posterioridad, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que le otorgara la radicación permanente. Sin embargo, la DNM rechazó la solicitud, ordenó su expulsión y le prohibió el reingreso con carácter permanente. Para decidir así, tuvo en consideración una causa penal por la que la mujer había sido procesada, que estaba pendiente de resolución. Contra esa decisión la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, en representación de la mujer, interpuso un recurso de revisión judicial. En la presentación, sostuvo que el acto administrativo de expulsión era nulo, ya que se motivaba en un hecho anterior a la entrada en vigencia del DNU N°70/2017. Al respecto, la defensa destacó que, hasta ese momento, la asistida no había sido condenada. Planteó también que la asistida había emigrado a la Argentina en razón de las reiteradas persecuciones que había sufrido en su país de origen por su identidad de género autopercibida. Además, manifestó que debía realizar un tratamiento médico en Argentina porque vivía con HIV. Sobre esa cuestión, indicó que su situación de salud encuadraba en las razones humanitarias establecidas por el artículo 29 último párrafo de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871. |
| 22-nov-2023 | Raschcovsky (Causa Nº 49867) | Un hombre (ER) fue acusado de haberle quitado la mochila a otro hombre (JEM), luego de exhibir un cuchillo. Según la acusación, JEM realizó un llamado al 911 para denunciar el hecho y momentos después un preventor se acercó al lugar y allí JEM le detalló las características físicas y vestimenta del agresor. Así, a pocas cuadras del lugar el policía encontró a (ER) quien coincidía con las características indicadas y tenía la mochila arrebatada en su poder. JEM declaró en sede policial. En el juicio oral, la víctima no concurrió a testificar pese a que se lo notificó en varias oportunidades de que se realizaría el debate. Por este motivo, la fiscalía solicitó la incorporación por lectura de su declaración en sede policial y el tribunal hizo lugar a ese pedido pese a la oposición de la defensa. Además, se recibió testimonio al preventor, quien relató la descripción de los hechos y las características físicas del agresor que le habían sido transmitidas por JEM. El tribunal condenó a ER por el delito de robo agravado por el uso de armas. Para decidir de esa manera, el tribunal valoró, entre otras cosas, la declaración de JEM prestada en sede policial. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-nov-2023 | GC (Causa N° 15825) | Una persona inició un reclamo de compensación económica contra su ex conviviente. A su vez, solicitó que se corriera traslado de la demanda a través de algún medio alternativo como Whatsapp o correo electrónico. Pidió que la notificación se dirigiera al domicilio que el demandado había constituido en otros expedientes conexos. No obstante, el juzgado rechazó el pedido y ordenó que el traslado se efectivizara al domicilio real del destinatario. En consecuencia, la parte actora presentó un recurso de apelación. |
| 22-nov-2023 | Hábeas Corpus sobre Medidas de Sujeción (causa N° 2624) | El Programa contra la Violencia Institucional y la Comisión de Cárceles de la de la Defensoría General de la Nación realizaron cinco inspecciones simultáneas en comisarías comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad, encontraron personas esposadas de manera permanente, algunas de ellas por más de 24 horas, en ámbitos de tránsito o de uso común de las dependencias. En consecuencia, interpusieron una acción de hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo para que se prohíba el uso de esposas de manera permanente en cualquier ámbito de las dependencias policiales donde se encontraran personas detenidas en carácter de alojadas, a la espera de ser trasladadas o liberadas. Además, solicitaron que se realice la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley N° 23.098. En el marco de la audiencia, la Superintendencia de Seguridad Comunal se comprometió a dictar una directiva de orden general para las dependencias a su cargo con el objeto de prevenir y evitar el uso de la práctica y de reglamentar su control. |
| 17-nov-2023 | Bio Lazzari D´Almeida (Causa N° 10109) | En el marco de un procedimiento de control vehicular, personal policial detuvo un auto con patente brasilera en el que viajaban ocho personas. En la parte trasera del vehículo, los efectivos observaron varias cajas de cartón con mercadería de origen extranjero valuada en aproximadamente seiscientos mil pesos, sin el aval aduanero correspondiente. Por estos hechos, se inició una investigación por el delito de contrabando contra una de las personas que se encontraba en el interior del auto y era la titular de las mercaderías . |
| 15-nov-2023 | Beltrán (Causa N° 18380) | Una persona se sometió a una operación estética. Durante el procedimiento, registró una caída transitoria de la saturación de oxígeno porque se le desconectó el pulsioxímetro. El anestesista logró conectar el instrumento y la operación continuó. Sin embargo, en la última etapa de la intervención quirúrgica la paciente sufrió un descenso continuo de la saturación del oxígeno y del pulso. En ese momento, el anestesiólogo alertó al resto del equipo. Luego, se produjo un paro cardiorrespiratorio. En ese contexto, se presentó en el quirófano la cardióloga a cargo del monitoreo. En ese marco, estabilizaron a la paciente y la trasladaron a terapia intensiva. Sin embargo, días más tarde falleció. Los familiares de la víctima denunciaron en sede penal al anestesista. En su presentación, sostuvieron que había actuado de forma negligente y que había desconectado las alarmas del equipo que controlaba el oxígeno en sangre y el pulso. El tribunal condenó al especialista por el delito de homicidio culposo a la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. Contra esa decisión, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que los informes periciales no habían demostrado que su asistido hubiera actuado en forma negligente. Además, objetó la valoración de la prueba que hizo el tribunal. Afirmó que las alarmas habían sonado; remarcó que la alarma de asistolia no podía ser modificada y que resultaba dudoso afirmar que los médicos del quirófano no la habían escuchado. Señaló también que la sentencia era arbitraria porque el tribunal había omitido expedirse sobre sus planteos. |
| 11-nov-2023 | GUTIÉRREZ ( Causa N° 2460) | Dos hombres fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa. Contra esa decisión, la defensa particular presentó un recurso de casación, que fue rechazado. Entonces, dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley ante el Tribunal de Casación. Frente a su denegatoria, presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la cual fue desestimada. El máximo tribunal provincial argumentó que la defensa no había elaborado una crítica razonada de los argumentos de la decisión impugnada y que tampoco había identificado cuál de las tres vías procesales existentes pretendía habilitar. En este sentido, subrayó que dicho déficit formal no cumplía con la fundamentación exigida por el ordenamiento local y declaró inoficiosa la labor desarrollada por los letrados. Posteriormente, la defensa oficial intervino e interpuso un recurso extraordinario federal, el cual fue denegado y motivó una queja. Entre los argumentos presentados, la defensa oficial sostuvo que denegar un recurso por extemporaneidad e incurrir en defectos formales implicaba un excesivo rigor formal que dejó en estado de indefensión a los imputados. Asimismo, consideró que el tribunal debió ser menos riguroso para asegurar la garantía de la defensa en juicio. Por último, afirmó que sus asistidos no contaron con una revisión adecuada de su condena debido a la deficiencia de su defensa técnica, cuestión que les resulta ajena y no debía perjudicarlos. |
| 9-nov-2023 | SMV (Causa N°45525) | Una mujer circulaba en bicicleta junto a su hijo de siete años rumbo a la estación de Merlo. En su trayecto, llegó a una intersección. En ese momento, quedó encerrada por una camioneta, que la impactó. En consecuencia, la mujer y el niño sufrieron lesiones físicas. A raíz de lo sucedido, la mujer –por sí y en representación de su hijo– inició una acción de daños y perjuicios contra el conductor del vehículo y contra la compañía de seguros, en carácter de citada en garantía. Con posterioridad, se realizó una pericia mecánica. En esa oportunidad, el experto remarcó que la actora había usado una bicicleta que no estaba diseñada para dos personas. A su vez, destacó que no había respetado la prioridad de paso, que en el caso era a favor del demandado ya que transitaba por la derecha. Advirtió también que no había utilizado el casco reglamentario. Por su parte, el juzgado interviniente rechazó la acción. En efecto, consideró que la actora había incumplido una serie de requisitos para circular en bicicleta. Además, entendió que había quebrado la prioridad de paso. En ese marco, la mujer apeló. |
| 8-nov-2023 | Wolfenson Band (Causa N° 42063) | Una persona manejaba su taxi por una avenida. En paralelo circulaba un ciclista. En un momento, la bicicleta sobrepasó al automóvil y se colocó en su carril. Entonces, el taxi lo chocó desde atrás. A raíz del impacto, el ciclista cayó sobre el parabrisas del automotor y luego al suelo. La víctima murió debido a los golpes que sufrió. Por ese hecho, el taxista fue imputado en una causa penal por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, el juzgado interviniente lo sobreseyó. Contra el auto de sobreseimiento, la querella interpuso un recurso de apelación. |