Jurisprudencia nacional 4630
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 581 a 600 de 4630
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 27-mar-2024 | HJL (Causa N° 73872) | Un jóven se encontraba privado de su libertad por haber sido condenado a la pena única de once años y nueve meses por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por el uso de un arma de fuego en grado de tentativa. Estos hechos los había cometido cuando era menor de edad. Transcurrido el plazo correspondiente, su defensa solicitó la incorporación al régimen de salidas transitorias. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal se expidió en forma negativa y sugirió su incorporación al período de prueba. Por su parte, la fiscalía solicitó que se rechace el pedido. Un tiempo después, el juzgado interviniente solicitó nuevos informes al SPF los que resultaron favorables. En ese contexto, la defensa técnica del jóven solicitó que se declarara la inaplicabilidad del artículo 56 bis y, en su defecto, su inconstitucionalidad y se otorguen las salidas transitorias. El juzgado de ejecución interviniente rechazó los planteos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que el juzgado resolvió en violación del principio de especialidad y trato diferenciado que nuestro ordenamiento preve para los menores de edad, y en contrario al principio de resocialización. |
| 27-mar-2024 | CD c. SUMA (Causa N°1188) | Un hombre era jubilado y percibía el haber mínimo. A su vez, tenía afecciones de salud y estaba afiliado a una cobertura de salud privada. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga– la cobertura de salud realizó un fuerte incremento del valor de las cuotas, mayor incluso al índice de inflación vigente. Así, el valor de la cuota representaba la mayor parte de sus ingresos. Por ese motivo, el hombre interpuso una acción de amparo y solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los aumentos durante el proceso. Además, el hombre presentó un beneficio de litigar sin gastos para quedar eximido del pago de las costas procesales. |
| 27-mar-2024 | CA (Causa N° 20830) | Una mujer inició una demanda por daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito. Durante el proceso, tomó conocimiento del fallecimiento de uno de los demandados. En virtud de ello, redireccionó la acción contra los hijos del demandado fallecido, en su calidad de herederos, y contra su progenitora, en su carácter de representante legal, por tratarse de personas menores de edad. En ese marco, la actora les notificó la demanda. Luego de transcurrido el plazo correspondiente y dado que no se presentaron en el expediente, la actora solicitó al juzgado que se les tenga por no contestada la demanda. Previo a resolver, el juzgado dio intervención a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo N° 3. En esa oportunidad, la Defensoría planteó la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al momento en que la actora dirigió la demanda contra los hijos del co-demandado fallecido. Fundamentó su pedido en que, en ese momento procesal, no se le dio intervención en representación de los niños involucrados, lo que los colocó en una situación de indefensión. El juzgado rechazó el planteo de nulidad. Entre sus argumentos, consideró que no se verificó ningún error o vicio procesal que justificara su declaración. También manifestó que la defensoría no cuestionó las diligencias relativas a la notificación del traslado de la demanda. Contra esa decisión, la defensoría interpuso un recurso de apelación. En la segunda instancia intervino la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo. En su dictamen, indicó, entre otras cuestiones, que se vio afectado el derecho de defensa de los niños involucrados en el expediente, derecho de raigambre constitucional, como así también el derecho de acceso a la justicia protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuyo incumplimiento podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Por último, remarcó la especial protección que debe observarse con relación a las personas menores de edad, conforme lo establecido en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal. Asimismo, advirtió que la resolución recurrida afectaba la autonomía funcional del Ministerio Público de la Defensa. |
| 26-mar-2024 | DVHD (Causa N° 16784) | En el marco de un juicio ejecutivo que tramitaba ante el fuero comercial, la parte actora planteó la nulidad de un escrito que había presentado el abogado patrocinante de la contraria. En particular, sostuvo que carecía de la firma ológrafa del demandado. Remarcó que ello era un incumplimiento a lo dispuesto en la Acordada 31/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, el juzgado desestimó el pedido. En efecto, consideró que, aunque el escrito mencionado no se ajustaba a las pautas de la normativa, no cabía declararlo inexistente porque ello significaría un riesgo para el derecho de defensa del demandado. A su vez, señaló que el hombre por entonces estaba detenido en una alcaldía ubicada en la ciudad de La Plata, razón por la que se le dificultaba suscribir de puño y letra y en término las presentaciones judiciales. Agregó que, frente a esa circunstancia, el hombre había autorizado a su abogado a colocar en los escritos una imagen digital de su firma. |
| 22-mar-2024 | MAA (Causa Nº 2024) | En una causa de filiación, se fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de un niño. Luego, se realizó una prueba genética, que determinó quién era su progenitor biológico. Sin embargo, el hombre cumplía de manera irregular con su obligación. En concreto, hacía pagos parciales por fuera del trámite judicial. En ese contexto, el hombre fue intimado a regularizar su situación. Aunque, transcurrieron más de cuatro meses, el hombre no abonaba lo adeudado. A su vez, su empleador no hacía las retenciones correspondientes de su salario. En consecuencia, el defensor local interviniente solicitó que se dispusiera la inscripción del hombre en el Registro de Deudores Morosos. |
| 21-mar-2024 | Nueva Izquierda | Un partido había presentado los estados contables correspondientes al ejercicio de 2020. El juzgado interviniente destacó que el partido no había declarado gastos mínimos para el desenvolvimiento institucional. En ese sentido, puso en duda la sinceridad de toda la rendición y no aprobó los estados contables. En su contestación de traslado, el partido señaló que no habían sido declarados gastos mínimos debido a que durante ese período no había tenido ningún tipo de desembolso. El juzgado interviniente entendió que no resultaba verosímil no haber tenido gastos para desenvolvimiento y decretó la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de un año y los fondos para financiamiento de campaña por una elección (artículo 62, inciso f, de la ley N° 26.215). Contra esa decisión, la apoderada, el presidente y la tesorera del partido interpusieron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El juzgado rechazó la reposición y concedió el recurso de apelación. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el origen y destino de los fondos con su correspondiente trazabilidad se encontraba determinado y concluyó que la decisión impugnada debía revocarse. |
| 20-mar-2024 | Bisora Group S.A. (Causa N° 744) | Tres personas fueron investigadas por la presentación de documentación adulterada ante el servicio aduanero. Por esos hechos, fueron imputadas por el delito previsto en los artículos 864, inciso b, y 865, inciso f, del Código Aduanero. En la etapa de instrucción, las defensas solicitaron la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio en los términos del artículo 59, inciso 6, del Código Penal. En sentido, ofrecieron la suma dineraria, en dos cuotas consecutivas, equivalente a los tributos relativos a la importación de la mercadería involucrada que no fueron ingresados de manera oportuna. Además, ofrecieron una donación en favor de una entidad de bien público equivalente al 50% percibido por salario y propusieron que fuera destinada al Hospital de niños Ricardo Gutiérrez. El juzgado interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que la reparación patrimonial ofrecida era insuficiente. En ese sentido, señaló que no se había efectuado una determinación concreta del perjuicio ocasionado y que el ofrecimiento había sido rechazado por la parte damnificada (AFIP-DGA). Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de apelación. |
| 20-mar-2024 | Paez (Causa N°11272) | Tres personas fueron acusadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado. En la audiencia de control de acusación, la defensa se opuso a la incorporación del informe de la AFIP que calculaba el valor correspondiente al estupefaciente secuestrado. Argumentó que el análisis efectuado en el informe carecía de rigor científico y por ende de utilidad para el debate. |
| 20-mar-2024 | PMP (Causa N°28173) | Una mujer demandó por alimentos al progenitor de su hijo menor de edad. En su presentación, relató que, luego de la separación, el hombre continuó abonando el alquiler de la vivienda en la que residían. Por entonces, ella trabajaba en un local comercial que le pertenecía al demandado. Sin embargo, tiempo después el hombre la desvinculó en forma abrupta del comercio, por lo que se quedó sin ingresos. En ese contexto, debía afrontar tanto la manutención como el cuidado de su hijo, quien convivía con ella. En consecuencia, solicitó la fijación de una cuota consistente en el 20% de los ingresos del progenitor, la obra social y la mitad del canon locativo. Por su parte, el juzgado interviniente estableció una cuota provisoria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Con posterioridad, el demandado se presentó en el expediente. En esa oportunidad, indicó que la actora no había precisado las necesidades reales de su hijo adolescente, sino que se había basado en su situación patrimonial. En concreto, ofreció hacerse cargo del pago de la cobertura de salud, de los alimentos provisorios y de la mitad de los gastos comunes. Luego, el juzgado readecuó la cuota provisoria al 50% del SMVM. También se celebró una audiencia, pero las partes no lograron conciliar. Por lo tanto, se abrió la causa a prueba. En ese marco, la actora acompañó una serie de capturas de pantalla de un bien inmueble ubicado en Brasil de titularidad del demandado, así como de operaciones bancarias que llevó a cabo en ese país. Una vez finalizada esa etapa, la causa quedó en condiciones de dictar sentencia. |
| 15-mar-2024 | Martínez y otro (causa N° 6279) | Dos mujeres que se desempeñaban laboralmente en el Centro de Detención Judicial de Mendoza −Unidad N° 32− del Servicio Penitenciario Federal sufrían distintos tipos de violencia con motivo de género por parte de dos superiores jerárquicos. Por un lado, C.C. comenzó a recibir mensajes del director de la unidad con contenido ambiguo y sexual. El hombre la invitaba de manera constante a salir y a pasar tiempo a solas. Controlaba sus movimientos dentro de su lugar de trabajo, sus horarios de entrada y salida, y la relevaba de tareas con el fin de llevarla hasta su casa. En una oportunidad, al saludarla corrió la cara y le pasó la lengua por los labios. En otra ocasión, la abrazó cruzándole los brazos por la espalda y apretándola contra su cuerpo y sus zonas íntimas. En un tercer hecho, la mujer fue convocada a la oficina de su jefe y repentinamente la golpeó con la mano abierta a la altura del muslo. Luego de esos hechos, el hombre le solicitaba que borrara los mensajes de whatsapp que le había enviado. La mujer intentó tomar distancia de la situación. Sin embargo, su jefe comenzó a maltratarla y denigrarla frente a sus compañeros de trabajo. Incluso amenazó con golpearla y trasladarla a otra unidad penitenciaria, para lo que utilizaría el contacto de su hermano que trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos. Por esa razón, C.C. acudió a la subdirectora del establecimiento, que elevó un informe institucional y le aconsejó realizar una denuncia penal. Ese mismo día, la mujer intentó salir de la unidad a tal efecto, pero un compañero se lo impidió por orden directa del director. Finalmente, radicada la denuncia, la mujer sufrió represalias y fue trasladada a otra unidad penitenciaria. Por otro lado, F.C. había solicitado una licencia psiquiátrica como consecuencia de un episodio violento realizado por el director de la unidad. En esa oportunidad, la había sometido a gritos y humillaciones frente a compañeros de trabajo. Otorgada el alta, su médico tratante le prescribió la continuidad de un tratamiento farmacológico. F.C. aportó todos los certificados médicos en tiempo y forma. Sin embargo, al reincorporarse a sus tareas laborales, recibió maltratos por parte de director y de otro compañero. Esos maltratos incluyeron cambios en su horario de trabajo, que F.C. no podía cumplir a consecuencia de su tratamiento. Además, el director se presentaba en el lugar donde ella ejercía funciones para vigilarla. Asimismo, fue víctima de burlas sobre su aspecto físico y de gaslighting en relación a sus funciones en el ámbito laboral. Como consecuencia, solicitó el pase a otra institución y, una vez obtenido, realizó la denuncia penal. Los dos hombres fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género. Además, el director de la unidad fue acusado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un funcionario de la fuerza de seguridad en ocasión de su función, también en contexto de violencia de género. |
| 14-mar-2024 | Mamani Toaque (causa N° 6410) | Una persona había sido condenada a una pena prisión y se encontraba en la mitad de su cumplimiento. Por ese motivo, su defensa pidió la expulsión anticipada. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que tenía dos hijos a su cargo. En ese sentido, añadió que ambos se encontraban al cuidado de su madre que padecía cáncer y no podía tratarse debido a que no disponía de ningún familiar para atender a los niños. Asimismo, señaló que existía una disposición migratoria firme y consentida, y no registraba sanciones disciplinarias. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal y el Asesor de Menores interviniente acompañaron lo solicitado por la defensa. |
| 13-mar-2024 | DEF (Causa N° 3719) | Un hombre fue procesado sin prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en concurso real con los delitos de evasión simple y agravada. En ese marco, se le impuso la prohibición de salida del país. Entonces, la defensa solicitó al tribunal autorización para que realizara un viaje turístico al exterior del país. El juzgado rechazó el pedido por considerar, entre otras cuestiones, la capacidad económica del hombre imputado, la existencia de coimputados prófugos y las facilidades que tendría para trasladarse. Entonces, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 13-mar-2024 | Youayou (Causa N°51350) | Una mujer francesa viajó con sus hijos menores de edad a Argentina y el padre reclamó su restitución. La mujer fue condenada por las autoridades francesas por el delito de retención de menores fuera del país. Luego, en Argentina, la mujer suscribió un acuerdo en sede civil, mediante el cual se comprometió a retornar con sus hijos a Francia y restituirlos a su padre. Sin embargo, no cumplió con lo acordado y fue imputada por el delito de sustracción de menores en concurso real con desobediencia. La causa fue elevada a juicio oral. En ese marco, la mujer manifestó que no había retornado a Francia porque, según lo informado por un área especializada en infancias en el marco del proceso en Argentina, la restitución de sus hijos a Francia implicaba colocarlos en una situación de riesgo para su salud física, psicológica y emocional. Entonces, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó su absolución por considerar que actuó en estado de necesidad. |
| 13-mar-2024 | MFI c. OSDE (Causa N°1461) | Un hombre era jubilado y estaba afiliado a una cobertura de salud privada desde hacía muchos años. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de medicina prepaga–, la cobertura de salud le incrementó el valor de la cuota un 86% en el transcurso de 3 meses. Por ese motivo, el hombre inició una acción de amparo contra la empresa. En su presentación, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del DNU. Argumentó que su dictado había excedido los límites establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, solicitó además una medida cautelar para que se suspendieran los efectos jurídicos del decreto hasta la sentencia definitiva. |
| 13-mar-2024 | GRE (Causa N° 54) | Dos empresas mineras estadounidenses se instalaron décadas atrás en el Altiplano. Así, iniciaron obras de explotación de litio en la Cuenca Salar Hombre Muerto, territorio compartido por las provincias de Salta y Catamarca. Pese a que las autoridades provinciales habilitaron los proyectos, los vecinos y la comunidad indígena de la zona –Atacameños del Altiplano– no recibieron información ni fueron consultados en forma previa. Tampoco se realizó la evaluación de los efectos de la actividad minera. En ese marco, un hombre –en calidad de Cacique y asistido por un equipo de trabajo conformado por la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca y por el Programa sobre Diversidad Cultural– inició una acción de amparo ante el fuero federal con asiento en Catamarca. En su presentación, demandó a la provincia de Catamarca, así como al Estado Nacional. Entre sus argumentos, señaló que la actividad de las empresas había causado un daño irreparable al ambiente. Sobre ese aspecto, sostuvo que para la extracción del litio se utilizaban miles de litros de agua dulce y salada, lo que ocasionaba que se secaran los ríos que formaban parte de la subcuenca glaciar. Como medida cautelar, el actor solicitó que se ordenara al estado provincial a dejar sin efecto aquellos decretos y resoluciones que habían autorizado los proyectos hasta que se efectuara una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa. A su vez, pidió que en todo el proceso participaran las comunidades indígenas y los pobladores. Sin embargo, el juzgado federal se declaró incompetente y dispuso la remisión del expediente a la justicia ordinaria de Catamarca. Si bien esa resolución fue apelada, la cámara la confirmó. Frente a lo decidido, el actor se presentó con nuevo patrocinio letrado y reencuadró la demanda. En ese sentido, pidió que se declarara la nulidad de los permisos que se habían otorgado ya que no se había cumplido con la obligación de celebrar audiencias públicas con la comunidad afectada. |
| 12-mar-2024 | TCM (Causa N° 2022) | Una mujer y un hombre se divorciaron tras diez años de vínculo matrimonial. En ese marco, iniciaron de manera recíproca varios expedientes que tramitaron ante el fuero civil patrimonial. Entre los numerosos conflictos, discutían sobre las contribuciones que habían realizado con respecto a una casa y a una lancha que tenían en carácter de copropietarios. En una de esas causas, al momento de resolver la jueza interviniente reparó en las expresiones de menosprecio que el hombre había dirigido hacia su ex cónyuge en distintas ocasiones. En otro expediente, la cámara advirtió que los constantes reclamos judiciales del hombre eran una forma de ejercer violencia hacia la mujer. Con posterioridad, el hombre requirió ante la justicia comercial la quiebra de su ex cónyuge con motivo de deudas que le atribuía sobre los bienes comunes. Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido. En ese sentido, consideró que no había probado que la mujer se encontrara en estado de insolvencia. No obstante, le impuso a la mujer las costas del proceso en virtud de la mora en el pago de sus obligaciones. Contra ese último aspecto, la mujer interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2024 | Muzzio (Causa N° 37294) | Un tribunal condenó a una persona a la pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la mencionada y la pena única de tres años de prisión de ejecución condicional. Al efectuar el cómputo de la pena se indicó que la condenada estuvo detenida en ambos procesos. Sin embargo, excluyó el lapso relativo a otra causa que tramitó en forma paralela debido a que no se encontraba comprendida en la unificación. Por lo demás, durante ese tiempo, en el proceso que culminó con el dictado de la pena única se encontraba excarcelado. La decisión fue cuestionada por la defensa. El tribunal rechazó el planteo, motivo por el cual se interpuso un recurso de casación. |
| 12-mar-2024 | HSBC (Causa N° 298) | Una mujer adquirió un préstamo personal a través de la plataforma digital de su banco. Con posterioridad, la entidad inició un juicio ejecutivo en su contra. El juzgado interviniente rechazó la acción. En esa oportunidad, interpretó que no era la vía procesal apta para ejecutar el referido contrato. Al respecto, precisó que el principal obstáculo se presentaría ante el desconocimiento o la impugnación de la firma electrónica o digital allí inserta. Agregó que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, cualquiera de esos supuestos requeriría un peritaje informático que probara la veracidad, integridad, autenticidad y contenido de la firma digital por tratarse de un instrumento privado generado por un medio electrónico. Contra lo decidido, el banco interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2024 | ARE c. Swiss Medical (Causa N° 1096) | Una mujer tenía una cobertura de salud privada. La mujer tenía afecciones de salud que afectaban su movilidad y contaba un certificado de discapacidad. A su vez, transitaba un tratamiento de salud mental. En ese marco, requería seguimiento médico constante y debía tomar medicación. Además, era titular de una pensión por discapacidad. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de salud de la medicina prepaga– la cobertura de salud aumentó de forma significativa las cuotas a sus afiliados. Así, en el transcurso de dos meses incrementó en un 158% su valor. Sin embargo, a lo largo de esos meses, los ingresos de la mujer no aumentaron. En ese contexto, con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande, interpuso una acción de amparo contra la cobertura de salud. Por su parte, solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los aumentos durante el proceso. |
| 12-mar-2024 | Peralta | Un hombre fue imputado por no haber constatado que una firma en la ficha de afiliación fuera auténtica y puesta de puño y letra. En la etapa de instrucción, la jueza interviniente decretó su procesamiento sin prisión preventiva. Para decidir de esa manera, consideró que se encontraba constatado, con la certeza relativa que la instancia requería, que el imputado no estaba presente al momento de ser firmadas las fichas de afiliación y formularios de renuncia presentados. Por esa razón, había omitido el deber legal de constatar personalmente la identidad del afiliado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
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