Jurisprudencia nacional 4510
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 501 a 520 de 4510
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 20-mar-2024 | PMP (Causa N°28173) | Una mujer demandó por alimentos al progenitor de su hijo menor de edad. En su presentación, relató que, luego de la separación, el hombre continuó abonando el alquiler de la vivienda en la que residían. Por entonces, ella trabajaba en un local comercial que le pertenecía al demandado. Sin embargo, tiempo después el hombre la desvinculó en forma abrupta del comercio, por lo que se quedó sin ingresos. En ese contexto, debía afrontar tanto la manutención como el cuidado de su hijo, quien convivía con ella. En consecuencia, solicitó la fijación de una cuota consistente en el 20% de los ingresos del progenitor, la obra social y la mitad del canon locativo. Por su parte, el juzgado interviniente estableció una cuota provisoria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Con posterioridad, el demandado se presentó en el expediente. En esa oportunidad, indicó que la actora no había precisado las necesidades reales de su hijo adolescente, sino que se había basado en su situación patrimonial. En concreto, ofreció hacerse cargo del pago de la cobertura de salud, de los alimentos provisorios y de la mitad de los gastos comunes. Luego, el juzgado readecuó la cuota provisoria al 50% del SMVM. También se celebró una audiencia, pero las partes no lograron conciliar. Por lo tanto, se abrió la causa a prueba. En ese marco, la actora acompañó una serie de capturas de pantalla de un bien inmueble ubicado en Brasil de titularidad del demandado, así como de operaciones bancarias que llevó a cabo en ese país. Una vez finalizada esa etapa, la causa quedó en condiciones de dictar sentencia. |
| 15-mar-2024 | Martínez y otro (causa N° 6279) | Dos mujeres que se desempeñaban laboralmente en el Centro de Detención Judicial de Mendoza −Unidad N° 32− del Servicio Penitenciario Federal sufrían distintos tipos de violencia con motivo de género por parte de dos superiores jerárquicos. Por un lado, C.C. comenzó a recibir mensajes del director de la unidad con contenido ambiguo y sexual. El hombre la invitaba de manera constante a salir y a pasar tiempo a solas. Controlaba sus movimientos dentro de su lugar de trabajo, sus horarios de entrada y salida, y la relevaba de tareas con el fin de llevarla hasta su casa. En una oportunidad, al saludarla corrió la cara y le pasó la lengua por los labios. En otra ocasión, la abrazó cruzándole los brazos por la espalda y apretándola contra su cuerpo y sus zonas íntimas. En un tercer hecho, la mujer fue convocada a la oficina de su jefe y repentinamente la golpeó con la mano abierta a la altura del muslo. Luego de esos hechos, el hombre le solicitaba que borrara los mensajes de whatsapp que le había enviado. La mujer intentó tomar distancia de la situación. Sin embargo, su jefe comenzó a maltratarla y denigrarla frente a sus compañeros de trabajo. Incluso amenazó con golpearla y trasladarla a otra unidad penitenciaria, para lo que utilizaría el contacto de su hermano que trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos. Por esa razón, C.C. acudió a la subdirectora del establecimiento, que elevó un informe institucional y le aconsejó realizar una denuncia penal. Ese mismo día, la mujer intentó salir de la unidad a tal efecto, pero un compañero se lo impidió por orden directa del director. Finalmente, radicada la denuncia, la mujer sufrió represalias y fue trasladada a otra unidad penitenciaria. Por otro lado, F.C. había solicitado una licencia psiquiátrica como consecuencia de un episodio violento realizado por el director de la unidad. En esa oportunidad, la había sometido a gritos y humillaciones frente a compañeros de trabajo. Otorgada el alta, su médico tratante le prescribió la continuidad de un tratamiento farmacológico. F.C. aportó todos los certificados médicos en tiempo y forma. Sin embargo, al reincorporarse a sus tareas laborales, recibió maltratos por parte de director y de otro compañero. Esos maltratos incluyeron cambios en su horario de trabajo, que F.C. no podía cumplir a consecuencia de su tratamiento. Además, el director se presentaba en el lugar donde ella ejercía funciones para vigilarla. Asimismo, fue víctima de burlas sobre su aspecto físico y de gaslighting en relación a sus funciones en el ámbito laboral. Como consecuencia, solicitó el pase a otra institución y, una vez obtenido, realizó la denuncia penal. Los dos hombres fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género. Además, el director de la unidad fue acusado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un funcionario de la fuerza de seguridad en ocasión de su función, también en contexto de violencia de género. |
| 14-mar-2024 | Mamani Toaque (causa N° 6410) | Una persona había sido condenada a una pena prisión y se encontraba en la mitad de su cumplimiento. Por ese motivo, su defensa pidió la expulsión anticipada. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que tenía dos hijos a su cargo. En ese sentido, añadió que ambos se encontraban al cuidado de su madre que padecía cáncer y no podía tratarse debido a que no disponía de ningún familiar para atender a los niños. Asimismo, señaló que existía una disposición migratoria firme y consentida, y no registraba sanciones disciplinarias. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal y el Asesor de Menores interviniente acompañaron lo solicitado por la defensa. |
| 13-mar-2024 | DEF (Causa N° 3719) | Un hombre fue procesado sin prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en concurso real con los delitos de evasión simple y agravada. En ese marco, se le impuso la prohibición de salida del país. Entonces, la defensa solicitó al tribunal autorización para que realizara un viaje turístico al exterior del país. El juzgado rechazó el pedido por considerar, entre otras cuestiones, la capacidad económica del hombre imputado, la existencia de coimputados prófugos y las facilidades que tendría para trasladarse. Entonces, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 13-mar-2024 | GRE (Causa N° 54) | Dos empresas mineras estadounidenses se instalaron décadas atrás en el Altiplano. Así, iniciaron obras de explotación de litio en la Cuenca Salar Hombre Muerto, territorio compartido por las provincias de Salta y Catamarca. Pese a que las autoridades provinciales habilitaron los proyectos, los vecinos y la comunidad indígena de la zona –Atacameños del Altiplano– no recibieron información ni fueron consultados en forma previa. Tampoco se realizó la evaluación de los efectos de la actividad minera. En ese marco, un hombre –en calidad de Cacique y asistido por un equipo de trabajo conformado por la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca y por el Programa sobre Diversidad Cultural– inició una acción de amparo ante el fuero federal con asiento en Catamarca. En su presentación, demandó a la provincia de Catamarca, así como al Estado Nacional. Entre sus argumentos, señaló que la actividad de las empresas había causado un daño irreparable al ambiente. Sobre ese aspecto, sostuvo que para la extracción del litio se utilizaban miles de litros de agua dulce y salada, lo que ocasionaba que se secaran los ríos que formaban parte de la subcuenca glaciar. Como medida cautelar, el actor solicitó que se ordenara al estado provincial a dejar sin efecto aquellos decretos y resoluciones que habían autorizado los proyectos hasta que se efectuara una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa. A su vez, pidió que en todo el proceso participaran las comunidades indígenas y los pobladores. Sin embargo, el juzgado federal se declaró incompetente y dispuso la remisión del expediente a la justicia ordinaria de Catamarca. Si bien esa resolución fue apelada, la cámara la confirmó. Frente a lo decidido, el actor se presentó con nuevo patrocinio letrado y reencuadró la demanda. En ese sentido, pidió que se declarara la nulidad de los permisos que se habían otorgado ya que no se había cumplido con la obligación de celebrar audiencias públicas con la comunidad afectada. |
| 13-mar-2024 | Youayou (Causa N°51350) | Una mujer francesa viajó con sus hijos menores de edad a Argentina y el padre reclamó su restitución. La mujer fue condenada por las autoridades francesas por el delito de retención de menores fuera del país. Luego, en Argentina, la mujer suscribió un acuerdo en sede civil, mediante el cual se comprometió a retornar con sus hijos a Francia y restituirlos a su padre. Sin embargo, no cumplió con lo acordado y fue imputada por el delito de sustracción de menores en concurso real con desobediencia. La causa fue elevada a juicio oral. En ese marco, la mujer manifestó que no había retornado a Francia porque, según lo informado por un área especializada en infancias en el marco del proceso en Argentina, la restitución de sus hijos a Francia implicaba colocarlos en una situación de riesgo para su salud física, psicológica y emocional. Entonces, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó su absolución por considerar que actuó en estado de necesidad. |
| 13-mar-2024 | MFI c. OSDE (Causa N°1461) | Un hombre era jubilado y estaba afiliado a una cobertura de salud privada desde hacía muchos años. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de medicina prepaga–, la cobertura de salud le incrementó el valor de la cuota un 86% en el transcurso de 3 meses. Por ese motivo, el hombre inició una acción de amparo contra la empresa. En su presentación, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del DNU. Argumentó que su dictado había excedido los límites establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, solicitó además una medida cautelar para que se suspendieran los efectos jurídicos del decreto hasta la sentencia definitiva. |
| 12-mar-2024 | TCM (Causa N° 2022) | Una mujer y un hombre se divorciaron tras diez años de vínculo matrimonial. En ese marco, iniciaron de manera recíproca varios expedientes que tramitaron ante el fuero civil patrimonial. Entre los numerosos conflictos, discutían sobre las contribuciones que habían realizado con respecto a una casa y a una lancha que tenían en carácter de copropietarios. En una de esas causas, al momento de resolver la jueza interviniente reparó en las expresiones de menosprecio que el hombre había dirigido hacia su ex cónyuge en distintas ocasiones. En otro expediente, la cámara advirtió que los constantes reclamos judiciales del hombre eran una forma de ejercer violencia hacia la mujer. Con posterioridad, el hombre requirió ante la justicia comercial la quiebra de su ex cónyuge con motivo de deudas que le atribuía sobre los bienes comunes. Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido. En ese sentido, consideró que no había probado que la mujer se encontrara en estado de insolvencia. No obstante, le impuso a la mujer las costas del proceso en virtud de la mora en el pago de sus obligaciones. Contra ese último aspecto, la mujer interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2024 | Muzzio (Causa N° 37294) | Un tribunal condenó a una persona a la pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la mencionada y la pena única de tres años de prisión de ejecución condicional. Al efectuar el cómputo de la pena se indicó que la condenada estuvo detenida en ambos procesos. Sin embargo, excluyó el lapso relativo a otra causa que tramitó en forma paralela debido a que no se encontraba comprendida en la unificación. Por lo demás, durante ese tiempo, en el proceso que culminó con el dictado de la pena única se encontraba excarcelado. La decisión fue cuestionada por la defensa. El tribunal rechazó el planteo, motivo por el cual se interpuso un recurso de casación. |
| 12-mar-2024 | HSBC (Causa N° 298) | Una mujer adquirió un préstamo personal a través de la plataforma digital de su banco. Con posterioridad, la entidad inició un juicio ejecutivo en su contra. El juzgado interviniente rechazó la acción. En esa oportunidad, interpretó que no era la vía procesal apta para ejecutar el referido contrato. Al respecto, precisó que el principal obstáculo se presentaría ante el desconocimiento o la impugnación de la firma electrónica o digital allí inserta. Agregó que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, cualquiera de esos supuestos requeriría un peritaje informático que probara la veracidad, integridad, autenticidad y contenido de la firma digital por tratarse de un instrumento privado generado por un medio electrónico. Contra lo decidido, el banco interpuso un recurso de apelación. |
| 12-mar-2024 | ARE c. Swiss Medical (Causa N° 1096) | Una mujer tenía una cobertura de salud privada. La mujer tenía afecciones de salud que afectaban su movilidad y contaba un certificado de discapacidad. A su vez, transitaba un tratamiento de salud mental. En ese marco, requería seguimiento médico constante y debía tomar medicación. Además, era titular de una pensión por discapacidad. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de salud de la medicina prepaga– la cobertura de salud aumentó de forma significativa las cuotas a sus afiliados. Así, en el transcurso de dos meses incrementó en un 158% su valor. Sin embargo, a lo largo de esos meses, los ingresos de la mujer no aumentaron. En ese contexto, con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande, interpuso una acción de amparo contra la cobertura de salud. Por su parte, solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los aumentos durante el proceso. |
| 12-mar-2024 | Peralta | Un hombre fue imputado por no haber constatado que una firma en la ficha de afiliación fuera auténtica y puesta de puño y letra. En la etapa de instrucción, la jueza interviniente decretó su procesamiento sin prisión preventiva. Para decidir de esa manera, consideró que se encontraba constatado, con la certeza relativa que la instancia requería, que el imputado no estaba presente al momento de ser firmadas las fichas de afiliación y formularios de renuncia presentados. Por esa razón, había omitido el deber legal de constatar personalmente la identidad del afiliado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 11-mar-2024 | Pastor (causa N° 74769) | En 2020, durante la pandemia del virus Covid-19, una persona que se encontraba imputada acordó la suspensión del proceso a prueba por el término de un año. Entre las reglas de conducta impuestas, el tribunal interviniente dispuso la realización de tareas comunitarias. En 2022, el juzgado de ejecución penal tuvo por extinguido el término de control de las reglas de conducta. Devuelto el legajo ante el tribunal oral, se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal en orden a la posible extinción de la acción penal. El fiscal solicitó que se fijara una audiencia en los términos del artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación debido a que la persona no había cumplido las reglas impuestas. Por su parte, la defensa planteó la extinción de la acción penal y postuló el sobreseimiento de la persona asistida. Sin embargo, se fijó fecha para la realización de la audiencia y, durante su sustanciación, la defensa planteó su nulidad. Entre sus argumentos, explicó que el tribunal oral no tenía jurisdicción para su realización debido a que la decisión del juzgado de ejecución penal había hecho cosa juzgada respecto de las reglas de conducta. |
| 9-mar-2024 | LGP c. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Causa N°4283) | Una persona tenía una discapacidad y se encontraba afiliada a una cobertura de salud privada. En ese marco, utilizaba con frecuencia prestaciones médico–asistenciales. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de salud– la cobertura incrementó de forma considerable las cuotas de afiliación. De esa manera, la persona no podía afrontar su pago, lo que ponía en riesgo su afiliación. En consecuencia, inició un amparo contra la empresa y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del referido DNU. En su presentación, requirió una medida cautelar para que la demandada limitara los aumentos durante la tramitación del proceso. |
| 9-mar-2024 | NVE c. OMINT (Causa N°4229) | Una mujer tenía una pensión por discapacidad y estaba afiliada a una cobertura de salud privada. En ese contexto, utilizaba diversas prestaciones médico–asistenciales que tenían un alto costo si se abonaban de forma particular. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga– la empresa realizó un fuerte incremento de las cuotas, lo que le dificultó afrontar su pago. En ese marco, la mujer interpuso una acción de amparo contra la cobertura y solicitó una medida cautelar a fin de limitar los aumentos durante el proceso. En su presentación, la actora señaló que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por su edad, por su discapacidad y por no tener la capacidad económica de afrontar el pago de las cuotas, lo que hacía peligrar su afiliación. |
| 8-mar-2024 | SPS (Causa N°34939) | A una niña que tenía una discapacidad psicofísica se le diagnosticó una parálisis cerebral. A su vez, sufrió un accidente que le produjo quemaduras en la piel. En ese marco, su progenitora inició un proceso judicial contra la obra social en el que requirió diversas prestaciones que tenían por objeto atender las quemaduras, como así también su rehabilitación. Sin embargo, la demandada era renuente a cumplir con la cobertura ordenada. Por ese motivo, se le impusieron sanciones económicas para forzar su cumplimiento. Con posterioridad, la mujer solicitó la cobertura total del valor de cremas para el cuidado de la piel que necesitaba la niña, pero la obra social solo cubrió el cuarenta por ciento de su valor. A su vez, solicitó el reintegro de viáticos por el traslado en ambulancia a otra localidad para realizar una consulta médica. Allí se evaluó la posibilidad de que la niña utilizara una nueva tecnología de comunicación a través del sistema Irisbond, que posibilitaba una mejor comunicación y mayor autonomía a personas con patologías similares a la de su hija. También solicitó la devolución de los gastos de un estudio neurológico y la cobertura de un aparato ortopédico cervical. No obstante, la obra social no respondió a las solicitudes. En ese contexto, la progenitora denunció una vez más el incumplimiento de la sentencia y solicitó nuevas sanciones. Luego, el juzgado formó un incidente y notificó de manera electrónica a la obra social al domicilio constituido en el expediente principal. En esa ocasión, la demandada se presentó y cumplió solo con el reintegro de lo gastado en el estudio neurológico. En cuanto a las cremas, expresó que no las había cubierto en su totalidad porque la mujer no había presentado una justificación médica. Con relación a los viáticos, sostuvo que no tenían una finalidad médica, sino que eran para una consulta comercial sobre una nueva tecnología. Por su parte, la actora informó que la solicitud de reintegro de viáticos respondía a una indicación de los médicos tratantes de la niña. Sobre ese aspecto, señaló que se trataba de una evaluación interdisciplinaria con un equipo médico dedicado a la mejora de la calidad de vida de niños o niñas con la misma condición. |
| 8-mar-2024 | Fernández (Causa Nº 14996) | Una mujer fue imputada por delitos previstos en la ley N° 23.737 y procesada con prisión preventiva. La mujer era madre de dos niñas de ocho y nueve años de edad y había sido víctima de violencia de género por parte del progenitor de sus hijas. En el marco del proceso, su defensa acreditó que el cuidado y la manutención de las niñas estaba a su exclusivo cargo dado que el progenitor no realizaba ningún tipo de aporte. En ese sentido, acompañó constancias de dos procesos civiles iniciados por la mujer en reclamo de alimentos contra él y los abuelos paternos, ambos paralizados. Por estos motivos, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria con un dispositivo de vigilancia electrónica, en función del interés superior de las niñas. A su turno, la fiscalía no se opuso al planteo de la defensa. |
| 7-mar-2024 | CJL c. Galeno (Causa N° 479) | Un hombre era jubilado y estaba afiliado a una cobertura de salud privada. A su vez, tenía una discapacidad y diversas afecciones de salud que requerían seguimiento y tratamientos constantes. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de salud de la medicina prepaga– la cobertura realizó importantes aumentos en la cuota de afiliación. Así, en el transcurso de dos meses, el aumento fue de un 110%, por lo que la cuota superó sus haberes. Con la asistencia de la Unidad de defensa en materia no penal de la ciudad de Salta, el hombre realizó un reclamo administrativo. Sin embargo, la empresa le comunicó que no era posible ofrecerle una mejora en la facturación. Luego, el hombre acudió a la Secretaría de Defensa del Consumidor y a la Superintendencia de Servicios de Salud, pero no obtuvo respuesta a su reclamo. En ese marco, inició una acción de amparo. En su presentación, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Asimismo, interpuso una medida cautelar para que se suspendieran los aumentos durante el proceso. |
| 6-mar-2024 | NN (Causa N° 2024) | Un hombre no cumplía de manera regular con el pago de los alimentos a favor de sus hijas. En ese marco, la progenitora de las niñas hizo el reclamo judicial y presentó una liquidación. En consecuencia, se intimó al hombre a abonar lo adeudado. Se le hizo saber que, si continuaba con esa conducta, se daría aviso a la fiscalía de turno por el delito de desobediencia. A su vez, se le notificó el cálculo efectuado por la accionante y se le comunicó que tenía tres días para abonar, bajo apercibimiento de embargar y vender sus bienes. El juzgado también ordenó su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. Frente a esa situación, la actora pidió que se le impidiera al hombre la participación en la Fiesta Nacional del Surubí. |
| 6-mar-2024 | L.S.A. (Causa N°18240) | La firma “L.S.A.” realizó una obra consistente en la construcción de un galpón y de una cava a cielo abierto, en un predio cercano al Aeropuerto Internacional de Mar del Plata. La Administración Nacional de Aviación Civil denunció a la empresa por considerar que la obra afectaba la seguridad operacional de las aeronaves. Entonces, se inició una investigación contra las dos personas identificadas como responsables de la compañía por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 194 del C.P y de las estipulaciones de la Ley 17285 Código Aeronáutico y reglamentaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil 153 y 154. En ese marco, las personas fueron notificadas en los términos del artículo 104 del CPPN, pero no fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Asimismo, se realizaron medidas de prueba para evaluar si las construcciones afectaban la operatoria de las aeronaves, que arrojaron resultado negativo. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó el archivo de la investigación. La defensa de las personas indicadas como responsables de la compañía, por su parte, solicitó su sobreseimiento. En su presentación, entre otras consideraciones, indicó que el archivo era improcedente dado que los imputados estaban individualizados. |