Jurisprudencia nacional 4820

Los fallos contenidos en esta colección se cargan tomando en consideración la utilidad de cada pronunciamiento para el litigio en el ámbito de las Defensorías Públicas Oficiales. A tal efecto, se evalúa el fuero, la jurisdicción y la instancia en que se emite la decisión y se procura cubrir las necesidades de todos los agentes del Ministerio Pública de la Defensa. Para que sean incluídos los fallos deberán: Constituir una novedad jurídica en razón de su temática (por ejemplo, si aborda temas en los que existe una laguna legal, o modifica prácticas preexistentes); Emanar de una Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Presentar una línea de argumentación exhaustiva y profunda; Estar vinculada con reformas legales o constitucionales en vísperas de ser sancionadas o implementadas.

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FechaTítuloResumen
11-nov-2024CRS (Causa N° 371866)Una mujer vivía en una habitación de un hotel familiar en la Ciudad de Buenos Aires junto a su pareja del mismo sexo y dos amigas. Por motivo de su orientación sexual fueron víctimas de violencia de género. En ese contexto, fueron atacadas con una bomba molotov. Como resultado, su pareja y sus amigas fallecieron, mientras que ella quedó hospitalizada durante un mes a causa de quemaduras. Tras recibir el alta médica, continuó en tratamiento debido a las secuelas que el hecho ocasionó en su salud mental. Además, enfrentó dificultades para acceder a una vivienda. Al salir del hospital alquiló un departamento. Sin embargo, una vez vencido el contrato, no pudo renovarlo por falta de recursos económicos, por lo que fue intimada a dejarlo bajo apercibimiento de desalojo. En ese marco, encontró una habitación en una casa de familia, pero no contaba con ingresos propios para afrontar el pago. Por ese motivo, concurrió a la defensoría pública local en búsqueda de asistencia jurídica. Desde allí, remitieron un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que la incluyeran en el “Programa Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional” y le abonaran el monto total de la habitación en la que vivía. No obstante, el GCBA indicó que no surgía de sus registros que la mujer fuera o hubiera sido beneficiaria del programa en cuestión. En atención a esa respuesta, con el patrocinio jurídico de la defensoría, inició una acción de amparo a fin de que se le brindara una solución habitacional definitiva en condiciones dignas, seguras y adecuadas. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar para que, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, se le proveyera una vivienda digna o se le otorgara una suma que le permitiera abonar en forma integral el alquiler. En su presentación, refirió a la relación entre los derechos a la salud, a la vida y a la vivienda. Remarcó la indiferencia demostrada por las autoridades gubernamentales para atender su situación de vulnerabilidad.
11-nov-2024Sivilo (Causa N° 39713) (acuerdo N° 12/2024)Cuatro personas fueron sobreseídas por el delito de estafa. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. Entonces, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos y las procesó. Sus defensas interpusieron recursos de casación. Sin embargo, la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible la impugnación. Ante esa resolución, la defensa de tres de las personas procesadas interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la interposición de un recurso de queja.; La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió el caso remitiéndose a los fundamentos expuestos en el fallo “Diez”. Allí, había entendido que la resolución de la instancia revisora había omitido sopesar las cuestiones conducentes planteadas por el recurrente, lo que alcanzaba para descalificarlo como acto jurisdiccional válido. Entonces, la CNCCC fue convocada a un acuerdo plenario a fin de determinar cuál era la vía de impugnación que correspondía para solicitar la revisión del dictado de un auto de procesamiento (artículo 306 CPPN) por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y, en su caso, establecer cuál era el tribunal competente para resolver tal impugnación.
10-nov-2024Acosta (Revisión de medida y sobreseimiento) (Causa N° 22285)Veintiún días después de la formalización, la fiscalía recibió el informe pericial del gabinete científico de la policía que concluyó que las muestras no contenían sustancias estupefacientes. En consecuencia, solicitó una audiencia de revisión de medida cautelar en los términos del artículo 226 del CPPF. En esa oportunidad, requirió la revocación de la prisión preventiva. La defensa, con apoyo en los principios de concentración y celeridad procesal, solicitó su sobreseimiento en atención al peritaje químico, de acuerdo con el artículo 269, inciso b) del CPPF. La fiscalía replicó que, si bien el estado de sospecha inicial ya no existía, necesitaba la aprobación del fiscal revisor para solicitar el sobreseimiento.
7-nov-2024CJC (Causa N° 15548)Un hombre tenía una discapacidad psicosocial y convivía con su abuela, quien se ocupaba de su cuidado. En el marco de un proceso judicial se le restringió la capacidad jurídica y se designó como curadora a la abuela. Más tarde, tras la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se dictó una nueva sentencia que nombró como personas de apoyo a sus dos tíos y a su abuela, que continuaba siendo la principal responsable de su cuidado. Con posterioridad, la abuela falleció. En ese contexto, uno de los tíos –en representación del hombre– solicitó a la ANSES que le otorgara la pensión derivada del fallecimiento de la mujer. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido por no encontrarse entre los parientes con derecho al cobro de la pensión enumerados en el art. 53 de la Ley N° 24.241 sobre el sistema integrado de jubilación y pensiones. Contra esa decisión, el actor –con el patrocinio jurídico de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín– impugnó la resolución administrativa. Además, requirió el dictado de una medida cautelar que otorgara el beneficio previsional. En su presentación, sostuvo que la referida norma afectaba los derechos alimentarios y de la seguridad social, debido a que su discapacidad le impedía trabajar para proveerse su propio sustento.
6-nov-2024Paredes (Causa N° 54107)En la etapa de juicio oral, se probó que un hombre se había apoderado de manera ilegítima de las pertenencias de otra persona. Además, en el intento de fuga había sido detenido por un ocasional transeúnte hasta el arribo de personal policial que formalizó su detención. Por esa razón, el hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión por el delito de hurto, en grado de tentativa. A su vez, se le impuso la pena única de siete años y cuatro meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
5-nov-2024BLM (Causa Nº 48756)Una persona que autopercibía su género como femineidad travesti solicitó en sede judicial que se rectificaran los datos consignados en su Documento Nacional de Identidad. En ese sentido, pidió que se expidiera un nuevo DNI en el que constara su identidad autopercibida. El juzgado de primera instancia acogió la acción y ordenó al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que, en adelante, pusiera a disposición de las personas interesadas una multiplicidad de marcadores como opciones de género. Con posterioridad, la sentencia fue apelada y la cámara la revocó. Entre sus fundamentos, el tribunal consideró que la Ley de Identidad de Género N° 26.743 solo refería a la rectificación registral del sexo, término que se utilizaba para denominar la condición femenina o masculina. Así, sostuvo que la norma no mencionaba opciones múltiples de género. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso extraordinario. Sin embargo, su denegación dio origen a un recurso de queja.
5-nov-2024ACR (Causa N° 10322)Una mujer tenía una discapacidad psicofísica que le impedía trabajar. Luego del fallecimiento de su madre, solicitó la pensión derivada en su carácter de hija con discapacidad. En febrero de 2017, la Comisión Médica de Rosario consideró que la mujer tenía un 67,50% de incapacidad laboral y, por lo tanto, le otorgó la pensión. Unos meses después, falleció su progenitor y solicitó la pensión derivada. En septiembre de 2017, la Comisión Médica provincial rechazó la petición. En esa oportunidad, sostuvo que la mujer tenía una incapacidad laboral del 47,25%, por lo que no reunía las condiciones necesarias para acceder a la prestación. Asimismo, ese dictamen fue ratificado por la Comisión Médica Central. Frente a esa situación, la actora apeló la decisión. Entre sus fundamentos, expresó que no fue evaluada del mismo modo por la misma Comisión Médica Rosario frente a las afecciones de su salud. No obstante, el tribunal que intervino rechazó su pedido y confirmó la resolución. Por ese motivo, la peticionaria presentó un recurso extraordinario, que fue concedido.
5-nov-2024Leonardelli (Causa N° 9424)Un hombre contrató a tres personas para trabajar en un campo. Se trataba de una relación laboral informal. Un día, una de las personas se contactó con un empleado de AFIP y denunció que las condiciones laborales eran muy precarias y que eran víctimas de explotación laboral. Por ese motivo, el funcionario del ente recaudador realizó la denuncia penal por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Por esa razón, el juzgado inició una investigación en la que ordenó el allanamiento del predio rural. Además, le tomó declaración en Cámara Gesell a los denunciantes. También se peritaron los teléfonos celulares de las víctimas y del imputado. En ese contexto, se advirtió que las fechas y hechos denunciados por las víctimas no coincidían con la información obtenida de los teléfonos.
5-nov-2024Arias (Causa N° 12155)Dos hombres fueron imputados por transporte de estupefacientes a raíz de una valija con droga hallada en la bodega de un colectivo de larga distancia, que ningún pasajero reclamó durante un control de Gendarmería. Ambos cumplían prisión domiciliaria; meses después se morigeró la medida respecto de uno de ellos, que quedó en libertad bajo condiciones menos gravosas, ante la falta de prueba sobre su participación. Próximo a vencer el plazo de un año de la investigación, la defensa solicitó una prórroga breve para completar informes médicos y arribar a un juicio abreviado, y pidió además el cambio del domicilio de cumplimiento del restante imputado: su pareja cursaba un embarazo avanzado con complicaciones y estaba a cargo de un hijo de siete años. Acompañó informe socioambiental del nuevo domicilio, informes médicos y un informe del equipo técnico de la defensoría. La fiscalía no se opuso.
1-nov-2024PNR (Causa N° 1311)Una mujer y un hombre celebraron un acuerdo sobre el cuidado personal, el régimen de comunicación y los alimentos de sus dos hijos menores de edad. Luego, solicitaron la homologación judicial del convenio. Por su parte, la defensoría local no formuló observaciones al respecto. Sin embargo, la jueza interviniente advirtió que los solicitantes habían incluido una cláusula titulada “obligación de no ejercer alienación parental”. En concreto, se comprometían a no desvalorizarse frente a los niños así como a mantenerlos ajenos a los conflictos derivados de la ruptura de la pareja. En consecuencia, la magistrada dictó una providencia y les hizo saber que, a su criterio, no existía la alienación parental como figura. En ese sentido, les comunicó que homologaría el apartado en la medida que su encabezado quedara como “la obligación de no desvalorizar la figura de la progenitora ni del progenitor”. Tanto el hombre como la mujer dieron su conformidad a la modificación propuesta.
30-oct-2024Biancalani (Causa N° 12577)La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la inspección de una empresa que se dedicaba a la construcción de obras viales y la explotación de canteras en las provincias del Chaco y Misiones. La auditoría se circunscribió a la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos de enero de 2013 a diciembre de 2015 y del Impuesto a las Ganancias (IG) por los períodos fiscales 2013 y 2014. Durante la investigación en sede administrativa se identificaron facturas que parecían apócrifas y declaraciones juradas de IVA que incluían como crédito fiscal contribuciones patronales que no habían sido abonadas. La AFIP recopiló los documentos de su propia base de datos. En ese marco, entendió que la empresa había intentado engañar al Estado para no pagar los impuestos correspondientes. En consecuencia, presentó una denuncia penal contra cuatro individuos que ocupaban cargos altos en el grupo empresario. Las personas fueron imputadas por los delitos de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos respecto del pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado correspondientes a los ejercicios fiscales desde 2013 a 2015. Además, el ente recaudador se constituyó como parte querellante en la causa penal. Durante el juicio, las defensas técnicas de las imputadas plantearon la nulidad de la notificación de la determinación de oficio y del alegato que realizó la AFIP. En suma, negaron que sus asistidos hubieran cometido un delito y solicitaron sus absoluciones. Para fundar sus argumentos, ofrecieron pruebas periciales. Por su parte, la querella y el representante del Ministerio Público Fiscal requirieron el rechazo de los planteos de nulidad y la condena de las personas investigadas a penas de cumplimiento efectivo.
29-oct-2024Detención en comisarías (acuerdo N° 357/2024)Diversos informes de la Comisión de Ejecución de la Pena del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y de la Procuración Penitenciaria de la Nación indicaron que un significativo número de personas se encontraban detenidas en comisarías, destacamentos de fuerzas de seguridad o dependencias policiales. A su vez, la Cámara Federal de Casación Penal realizó una consulta a jueces y juezas federales para conocer la situación de personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y otras dependencias. En consecuencia, cincuenta y un judicaturas informaron que, entre agosto y octubre de 2024, 245 personas se encontraban privadas de la libertad en dependencias, comisarías y alcaidías dependientes de la Policía Federal o de policías provinciales, 148 en dependencias de Gendarmería Nacional, 48 en dependencias de la Prefectura Naval Argentina, 11 en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 25 en dependencias que no se pudieron precisar.
29-oct-2024Mendoza y otrosEn el marco de una campaña electoral, la esposa de un candidato a presidente que cumplía funciones como Ministro de Economía denunció una serie de amenazas contra su hijo. Junto a intentos de ingreso a su cuenta de la aplicación Whatsapp, denunció haber recibido mensajes injuriantes de un grupo de personas desconocidas e hizo saber sobre un posteo en la red social X que indicaba la necesidad de asesinar al candidato. El juzgado interviniente procesó sin prisión preventiva a las personas involucradas por el delito de amenazas coactivas agravadas por el propósito de obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos (artículo 149 ter, inciso 2, a del Código Penal). A su vez, dispuso un embargo sobre los bienes de las personas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. En su presentación, cuestionó la tipicidad delimitada en la resolución. En subsidió, solicitó que se modificara la calificación por el delito de amenazas simples (artículo 149 bis primer párrafo del Código Penal). Por último, requirió una reducción sobre el monto del embargo dispuesto.
24-oct-2024AJGA (Causa Nº 2909)Dos mujeres mantuvieron una relación sexoafectiva durante dos años. En ese período, una de ellas fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja. A raíz de ello, decidió separarse y bloquear a su ex pareja de su celular y de las redes sociales. Sin embargo, en los meses posteriores a la ruptura continuó sufriendo hostigamiento, maltratos verbales y persecuciones tanto en sus ámbitos sociales como enredes y medios electrónicos. En busca de poner fin a esa situación, presentó una denuncia policial. En esa oportunidad, solicitó la prohibición de acercamiento de la denunciada hacia ella. Luego, ratificó la denuncia ante la oficina de violencia familiar del tribunal. En ese marco, tomó intervención una psicóloga, quien valoró el caso como de riesgo medio.
24-oct-2024RCE c. Obra Social YPF (Causa N° 2570)Un hombre estaba afiliado a una cobertura de salud privada. Con posterioridad, se dictó el DNU 70/2023, que modificó el marco regulatorio del sistema de salud. A raíz de ello, el valor de su cuota aumentó de manera desproporcionada. Frente a esa situación, se le hizo imposible al hombre afrontar el pago de su plan. Por ese motivo, inició una acción de amparo. En su presentación, manifestó que necesitaba mantener las prestaciones médicas que utilizaba. Entonces, como medida cautelar solicitó que la empresa de medicina prepaga readecuara el monto de la cuota y dejara sin efecto los incrementos. Si bien la medida fue admitida, luego el juzgado interviniente rechazó la acción. En esa oportunidad, tuvo en cuenta el acuerdo que había celebrado la Superintendencia de Servicios de Salud con una serie de empresas de medicina prepaga y que había sido homologado en otro expediente ante el fuero civil y comercial federal de la Ciudad de Buenos Aires. En esa causa, las empresas se habían comprometido a devolver las sumas que habían cobrado en exceso en función del Índice de Precios al Consumidor. Además, se habían obligado a reincorporar a aquellas personas dadas de baja ante la falta de pago. Contra lo decidido, el actor interpuso un recurso de apelación.
24-oct-2024FioriUn hombre fue acusado de haber certificado la autenticidad de la firma ológrafa atribuída a una ciudadana en un formulario de renuncia a la afiliación a otra agrupación política. Durante la instrucción, se incorporó un informe pericial caligráfico que indicaba que la firma atribuida a la mujer no había sido realizada de puño y letra por ella. Finalmente, fue procesado sin prisión preventiva por el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal. Contra ese auto, el hombre interpuso en forma in pauperis un recurso de apelación.
24-oct-2024Sandoval (Causa N° 105)Una mujer fue captada y trasladada para ser explotada sexualmente. El imputado, integrante de una fuerza de seguridad provincial, aprovechó su situación de vulnerabilidad y la sometió a controles constantes y tratos degradantes. La investigación reunió prueba testimonial y pericial. La causa se elevó a juicio. En el debate declararon la víctima y testigos. La fiscalía y la querella solicitaron condena y una reparación económica para la víctima. La defensa del imputado negó todo tipo de responsabilidad.
23-oct-2024Acosta (Causa N° 22285)Durante un operativo de prevención, personal de Gendarmería Nacional detuvo un colectivo que transportaba pasajeros. En ese marco, encontraron en poder de un hombre dieciocho envases de talco. Los oficiales realizaron un narcotest en dos muestras del contenido de esos envases, que arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Por esa razón, el hombre fue detenido. En la audiencia de formalización de la investigación, la fiscalía encuadró el hecho en el delito de transporte de estupefacientes y solicitó su prisión preventiva, que fue concedida por el juez. Veintiún días después, la Fiscalía recibió el informe pericial del Gabinete Científico de la Policía que concluyó que las muestras no contenían sustancias estupefacientes. En consecuencia, solicitó una audiencia de revisión de medida cautelar en los términos del artículo 226 del CPPF. En esa oportunidad, requirió la revocación de la prisión preventiva. La defensa, con apoyo en los principios de concentración y celeridad procesal, solicitó su sobreseimiento en atención al peritaje químico, de acuerdo con el artículo 269, inciso b) del CPPF. La Fiscalía replicó que, si bien el estado de sospecha inicial ya no existía, necesitaba la aprobación del Fiscal Revisor para solicitar el sobreseimiento.
23-oct-2024Ríos Botero (causa N° 33512)Un hombre había sido condenado a la pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso. Por esa causa, estuvo detenido en una alcaidía durante seis días. Luego, fue procesado por la comisión de un nuevo delito y permaneció privado de su libertad dos meses y trece días en otra alcaidía. En el marco de ese proceso, se declaró la falta de acción y la extinción de la acción penal. En otra ocasión, resultó imputado por el delito de robo en grado de tentativa en calidad de coautor. Por esa causa, permaneció detenido veinticinco días en una alcaidía. En la etapa de juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se lo condenara a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento y que se revocara la condicionalidad de la pena dispuesta en el proceso anterior. Por esa razón, solicitó la pena única de tres años de prisión. La defensa solicitó su absolución.
22-oct-2024SIN (Causa N° 86767)Dos hombres estaban casados y deseaban tener un hijo. Con ese propósito, recurrieron a una Técnica de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de gestación por sustitución. En ese marco, realizaron el tratamiento en una clínica de fertilidad. Los hombres prestaron su consentimiento informado. Se formaron varios embriones con el material genético de ambos y de una donante anónima. Asimismo, una amiga de la pareja se ofreció a llevar adelante la gestación. Una vez que nació el niño (en junio de 2015), fue inscripto como hijo de la gestante y de uno de los hombres. En virtud de ello, la pareja presentó una demanda contra la mujer gestante con el objeto de desplazarla del estado de madre. Al respecto, adujeron que la única intención de la mujer había sido colaborar en el proyecto familiar. Entonces, solicitaron que se emitiera una nueva partida de nacimiento en la que ambos constaran como padres del niño. Por su parte, la gestante adhirió al pedido. Si bien el juzgado hizo lugar a la impugnación de la maternidad, el Ministerio Público Fiscal apeló. Con posterioridad, Defensora de Menores de Cámara adhirió al recurso. Luego, la Cámara revocó la resolución. Para decidir de esa forma, entendió que los actores no habían comprobado el vínculo de amistad que los unía con la gestante, así como tampoco un ofrecimiento altruista de su parte para el embarazo. Enfatizó que el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) –que preveía que aquellos nacidos por TRHA eran hijos de quien dio a luz y del hombre o mujer que hubiera prestado el consentimiento libre, previo e informado– era una norma de orden público. Por lo tanto, sostuvo que no dependía de la autonomía de la voluntad ni estaba sujeta a la discrecionalidad judicial. Agregó, entonces, que no correspondía declarar su inconstitucionalidad. También observó que no se había acreditado que los consentimientos informados se hubieran instrumentado con anterioridad al nacimiento del niño. Asimismo, entendió que los actores habían invocado el artículo 565 del CCyCN para impugnar la maternidad de la mujer gestante, pero esa norma confería la acción a los casos de filiación por naturaleza. Sumó que, de acuerdo a la última parte del artículo 558, nadie podía tener más de dos vínculos filiales. Contra lo decidido, las partes interpusieron recursos extraordinarios federales. Así pues, destacaron que la gestación por sustitución no estaba regulada pero tampoco prohibida en el ordenamiento interno. Cuestionaron la valoración del tribunal respecto a que la gestante no había expresado su voluntad con libertad. No obstante, los recursos fueron rechazados, lo que motivó la interposición de quejas. En ese contexto, los representantes de los Ministerios Públicos dictaminaron en el mismo sentido que los accionantes. Entre sus argumentos, la Defensora General de la Nación señaló que la cuestión podía resolverse sin necesidad de declarar inconstitucional el artículo 562, aunque de manera subsidiaria planteó la inconstitucionalidad de la norma. Sobre ese aspecto, indicó que lo resuelto por la Cámara era irrazonable, ya que imponía a la persona gestante un vínculo filiatorio que no deseaba tener y, a la vez, resultaba discriminatorio frente a quienes contaban con voluntad procreacional. Añadió que ello afectaba los derechos a la identidad y a formar una familia, sobre todo en perjuicio de aquellas personas o parejas del mismo o de distinto sexo sin capacidad de gestar. Concluyó que el interés superior del niño nacido tras una gestación por sustitución, ante la ausencia de regulación, era que se lo inscribiera según su realidad socioafectiva. A su turno, el Procurador General se expidió en sentido similar. Resaltó que los médicos habían informado a las partes durante el tratamiento, por lo que su consentimiento era válido. Por último, expuso que de las audiencias se evidenciaba un lazo de amistad entre los actores y la demandada.