Jurisprudencia nacional 4522
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2601 a 2620 de 4522
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 20-abr-2018 | IRE (reg. 372, causa 5998) | Una persona que cumplía una pena privativa de la libertad realizó un total de 7 cursos de formación profesional (2 anuales y 5 de 90, 60 y 32 horas). Uno de los cursos anuales no contaba con instancia de evaluación; el otro no pudo ser acreditado. La defensa solicitó la aplicación de la reducción por estímulo educativo prevista en el inciso “b” del artículo 140 de la ley Nº 24.660 por un total de 14 meses, a razón de 2 meses de reducción por cada uno de los 7 cursos. Esto, a fin de que se incorporara a su representado al régimen de libertad asistida. El fiscal sostuvo que se encontraba acreditado que la persona había cursado y culminado satisfactoriamente 6 de los 7 cursos reseñados y que resultaba de aplicación el inciso “b” del artículo 140 de la ley Nº 24.660. De esa forma, entendió que debían reducirse un total de 7 meses: 2 meses por el curso anual cuya finalización estaba acreditada y 1 mes por cada uno de los 5 cursos de 32, 60 y 90 horas. El juez de ejecución penal rechazó el pedido de la defensa por considerar sólo podían computarse los cursos completados y aprobados por el imputado. Asimismo, afirmó que los cursos que reunían estas características no sumaban la carga horaria suficiente para considerarlos como un curso anual de formación profesional. Contra dicho pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 20-abr-2018 | RHM (causa N° 5038) | Diez individuos fueron imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Uno de ellos era menor de edad y fue imputado en carácter de partícipe secundario. Durante la etapa de juicio oral, se celebró un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se lo condenara a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso. |
| 19-abr-2018 | Campos (causa N° 6753) | En el marco de un control policial rutinario, un camión fue detenido en el paso Aguaray, ubicado en la frontera entre Argentina y Bolivia. En su interior se hallaron 29.000 kilos de maíz. Los comprobantes de la mercadería indicaban que el destinatario era Campos, quien no poseía capacidad económica ni financiera para efectuar dicha operación. Por tal razón, se intervino la mercadería y se la entregó a Campos con el objeto de que la tuviera en carácter de depositario. Tres días más tarde, agentes de la AFIP se presentaron en el local y verificaron que la mercadería había sido retirada. Por ese hecho, Campos fue citado a prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad, se le imputó el delito de defraudación por abuso de confianza. Sin embargo, no se le indicó nada de su condición de depositario, como así tampoco de la obligación de restituir la mercadería. En el juicio oral, la defensa alegó, por un lado, que la imputación había sido incompleta y que su asistido no había podido ejercer de manera correcta su derecho de defensa. Por otra parte, sostuvo que no se probó la efectiva entrega de la mercadería ni la existencia de un acto legal que hubiera constituido a su asistido en carácter de depositario. Por tal razón, solicitó su absolución. |
| 19-abr-2018 | CGA (causa Nº 32123) | En dos oportunidades, un hombre que circulaba a bordo de su vehículo en una ruta de Río Cuarto fue interceptado por personal policial. Del interior del automóvil se secuestraron bolsas de nylon que contenían pequeños paquetes con hojas de coca. En consecuencia, se ordenaron allanamientos en los domicilios donde el conductor vivía y pernoctaba. Allí se secuestraron hojas de coca, bicarbonato de sodio y dinero en efectivo, entre otras cosas. Por tal razón, fue imputado por el delito de transporte de materia prima destinada a la producción de sustancia estupefaciente, en los términos del artículo 5, inciso c, de la Ley N° 23.737. Al prestar declaración indagatoria, el hombre declaró que poseía las hojas de coca con el fin de fraccionarlas y venderlas para su coqueo. En particular, explicó que por su negocio circulaban camioneros pertenecientes a la comunidad boliviana y del norte de Argentina, que consumían coca por costumbre. En tal sentido, sostuvo que nunca había transportado ni tenido las sustancias con el fin de producir estupefacientes. En consecuencia, el juzgado solicitó la elaboración de diversos informes. La Gendarmería Nacional hizo saber que en la ciudad de Río Cuarto vivían aproximadamente 5.000 habitantes de nacionalidad boliviana, las que —conforme su tradición y cultura— consumían las hojas de coca mediante su masticación o infusión. Además, informó que el bicarbonato de sodio también era utilizado para el coqueo. En esa línea, la defensa instó el sobreseimiento de su asistido por considerar atípica la conducta. |
| 19-abr-2018 | RGE (causa Nº 27592) | Dos individuos circulaban a bordo de una moto. El conductor cruzó la calle sin respetar la prioridad de paso de los vehículos que transitaban por el lado derecho, y fue embestido por una camioneta. Su acompañante fue herido. Por ese hecho, el conductor de la moto fue imputado por el delito de lesiones culposas graves. Durante el proceso, suscribió un acuerdo conciliatorio con el damnificado, en los términos del artículo 59, inciso 6º, del Código Penal. La conciliación consistió en un pedido de disculpas como única reparación simbólica. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía homologarse el acuerdo y declarar extinguida la acción penal. |
| 19-abr-2018 | GZ (Causa Nº 86001234) | Una persona condenada se encontraba detenida en un establecimiento penitenciario. Allí cursó el tercer nivel de la educación primaria, desde el 29 de febrero hasta el 29 de julio del 2016. Por tal razón, la defensa solicitó la reducción de un mes de su pena, en los términos del artículo 140, inciso a, de la Ley Nº 24.660. El Tribunal Oral rechazó el planteo, por considerar que el curso no cumplía con el requisito de anualidad previsto en dicha norma. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 17-abr-2018 | Diaz Escobar (Causa Nº 26909) | Un hombre extranjero [no registra la sentencia su nacionalidad] fue condenado a la pena de once años y ocho meses de prisión por los delitos de tenencia de arma de guerra, encubrimiento, robo en poblado y en banda y con armas. Esta persona residía en Argentina desde hacía treinta y cuatro años y vivía con su pareja y su hija. Además, trabajaba desde hacía doce años en relación de dependencia. La Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia permanente que le había otorgado, declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso en forma permanente. Agotada la vía administrativa, el hombre interpuso un recurso judicial que fue rechazado por el juzgado de primera instancia. Entonces, interpuso un recurso de apelación. La fiscalía de cámara dictaminó que los actos administrativos impugnados eran ilegítimos. |
| 17-abr-2018 | Laurent Saravia (Causa Nº 38315) | Un hombre extranjero [no se registra su nacionalidad en la sentencia] residía en el país y estaba al cuidado de sus tres hijos, de quince, trece y ocho años. Entre 1993 y 2014 fue condenado en seis oportunidades por delitos contra la propiedad. En 2001 fue declarado reincidente y en 2014 recibió una condena de un año y diez meses de prisión por el delito de robo en grado de tentativa. Entonces, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y la prohibió su reingreso por el término de ocho años. Asimismo, autorizó su retención para materializar su expulsión. Contra esa decisión, la persona recurrió los actos administrativos, que fueron confirmados. Luego, impugnó judicialmente el pronunciamiento. El juzgado interviniente rechazó su presentación. Por este motivo, la persona interpuso un recurso de apelación. |
| 16-abr-2018 | S (causa Nº 46892) | Una mujer denunció que se encontraba con su pareja y sus hijos en un departamento. Entonces, el hombre le solicitó conversar en privado y fueron a una habitación. Allí, la tomó de los brazos y la obligó a mantener relaciones sexuales a pesar de que la mujer se opuso en reiteradas oportunidades. Dos meses más tarde, discutieron frente a su hija en la vía pública y el hombre la habría amenazado de muerte. El hombre fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas. La denunciante fue atendida por la Oficina de Violencia Doméstica en tres oportunidades. Los informes elaborados por dicho organismo indicaron que su relato parecía verosímil. Asimismo, el Cuerpo Médico Forense le efectuó diversas pruebas psicológicas y psiquiátricas y sus informes se expidieron en el mismo sentido. En particular, el informe psicológico concluyó que la mujer no presentaba indicadores de victimización sexual. Durante el debate de juicio oral, el imputado declaró y negó los hechos. En tal sentido, su defensa señaló que solo se contaba con la declaración de la denunciante y que no podía resultar suficiente para fundar una condena. Por esa razón, requirió la absolución de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que las manifestaciones de la víctima eran verosímiles y solicitó que se lo condenara. |
| 13-abr-2018 | Suarez (causa Nº 39033) | Una familia poseía la tenencia precaria de una vivienda. Con posterioridad, se le adjudicó el inmueble mediante una resolución del Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV). Al poco tiempo, el organismo procuró efectuar una inspección de habitabilidad y nadie respondió a los llamados de los inspectores. Entonces, se determinó que el inmueble no tenía consumo eléctrico y que se encontraba deshabitado. Luego, se realizó otra inspección que arrojó idéntico resultado. Sin embargo, uno de los beneficiarios de la adjudicación hizo un descargo en el expediente administrativo y acompañó un certificado médico. Finalmente, el IPV dictó una nueva resolución y desadjudicó la vivienda. En consecuencia, los beneficiarios iniciaron una demanda y solicitaron que se anulara la resolución. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda. Contra esa resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 13-abr-2018 | AJD (causa N° 66291) | Un joven de diecisiete años de edad fue imputado por el delito de homicidio criminis causae, en concurso ideal con el delito de robo con arma en poblado y en banda. Además, dicha figura se encontraba en concurso real con la de portación de arma de guerra sin autorización. Durante el proceso, el joven fue detenido en la Unidad Carcelaria para Jóvenes Adultos y sometido a un tratamiento tutelar. De los informes incorporados al expediente, se concluyó que había tenido un avance favorable y demostrado intención de cambio y reinserción social. A su vez, se indicó que había logrado una revinculación con su familia y progresado a nivel escolar. El Tribunal Oral lo declaró penalmente responsable y lo condenó a la pena de 13 años de prisión. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la existencia de episodios de fuga y de violencia por parte del imputado, como así también la gravedad del hecho cometido. Contra esa decisión, su defensa y la defensoría de menores interpusieron recursos de casación. |
| 13-abr-2018 | GAG (Causa Nº 78309) | Una mujer fue detenida con su hija de un año en el marco de un procedimiento penal. Su defensa presentó un pedido de arresto domiciliario a fin de que pudiera cuidar a su hija fuera de la unidad penitenciaria. El juez rechazó la petición. La defensa apeló el pronunciamiento. La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso por considerar que la niña era alimentada y contenida por sus abuelos, el temor que manifestaron las supuestas víctimas del hecho investigado y porque la imputada habría puesto a la niña en una situación de peligro al momento de cometer el ilícito que se le atribuía. Contra este pronunciamiento, el defensor de la mujer y la defensora de la Unidad Funcional para la Asistencia de personas menores de 16 años de edad, en representación de la niña, interpusieron un recurso de casación. |
| 12-abr-2018 | Paciello (causa Nº 69757) | Un agente policial le solicitó a Paciello que se colocara contra la pared. Sin embargo, el nombrado se negó a proceder de esta forma e intentó golpear al policía. Entonces, fue imputado por el delito de resistencia a la autoridad. El personal policial sostuvo que había detenido al imputado en la vía pública. PFL, único testigo del hecho, indicó que la resistencia al accionar policial se produjo dentro de un local de comidas. El imputado fue procesado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 12-abr-2018 | MPE y otras (causa Nº 52019312) (CFCP) | Tres personas habían sido imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. M. era el dueño del local y controlaba la actividad. Su esposa, G., ejercía la vigilancia de las mujeres y coordinaba algunas cuestiones del prostíbulo. C. era empleada del local, atendía la barra y se quedaba con un porcentaje de las “copas” y los “pases” que luego rendía a M. Las víctimas refirieron que funcionarios municipales acudían de manera frecuente al local y solicitaban la exhibición de sus libretas sanitarias. Además señalaron que, durante las inspecciones, los agentes las trataban de manera humillante. Una de las víctimas constituida en querellante reclamó daños y perjuicios por la afectación física, psíquica y moral producida por el accionar de los imputados. Asimismo, demandó a la Municipalidad de Ushuaia como responsable solidaria por la autorización de funcionamiento del local y omisión de control. El TOF de Tierra del Fuego condenó a M. como autor del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 7 años de prisión. Asimismo, condenó a las imputadas como partícipes secundarias de ese delito, a la pena de 3 años de prisión en suspenso. En esa línea, declaró a M., su esposa y la Municipalidad de Ushuaia responsables solidarios por los daños civiles causados. Por último, dispuso la entrega de dinero al Programa de Asistencia a Víctimas del delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los bienes decomisados fueron puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos de la acordada N° 32/2009. Contra esa sentencia, las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la querella –representada por el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación– interpusieron recursos de casación. En su presentación, la querella impugnó el grado de participación asignado a las imputadas. Además, cuestionó el destino de los bienes decomisados y, en tal sentido, consideró que se había realizado una errónea interpretación del artículo 23 del Código Penal. |
| 12-abr-2018 | RJA (causa Nº 8399) | Un hombre fue juzgado por un hecho cometido en noviembre del 2014. En junio de 2017, el Tribunal Oral lo condenó a la pena de un año de prisión y lo declaró reincidente. Dicha declaración era la segunda dictada respecto del imputado. En septiembre de 2017, fue juzgado por un otro delito, cometido en marzo del 2014. Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera la pena única de dos años y dos meses de prisión, comprensiva de la anterior. El Tribunal Oral lo condenó a la pena única de dos años y seis meses y la declaró reincidente por tercera vez. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración los procesos que registraba en su contra y las sucesivas declaraciones de reincidencia. Sobre la base de esos argumentos, consideró que la persona presentaba desapego a la ley. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-abr-2018 | AAA (causa N° 5843) | Personal policial observó a dos sujetos a bordo de una moto y rodeados por un grupo de personas. Al advertir la presencia de los preventores, la gente se dispersó y los dos individuos intentaron huir. Al ser detenidos, se secuestraron 340 gramos de marihuana y una balanza de precisión de la gaveta del vehículo. Además, entre sus pertenencias se halló un cuchillo con restos de sustancia estupefaciente. Por tal razón, fueron imputados de acuerdo con el procedimiento de flagrancia, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al momento de los hechos, uno de los imputados tenía dieciséis años. En consecuencia, fue trasladado a la Comisaría de Familia y Minoridad y, luego, fue alojado en un hogar de menores. Además, durante el trámite del proceso se dio intervención a la defensoría de menores. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego declaró la responsabilidad penal del joven (cfr. ley N° 22.278) y dispuso la realización de un tratamiento tuitivo (cfr. artículo 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño) hasta que alcanzara la mayoría de edad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-abr-2018 | VJR (Causa Nº 375) | El 12 de agosto de 1976, PCV, Jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, ordenó a QOC, Teniente Primero, el traslado de cuatro detenidos. Las víctimas fueron encerradas en una dependencia del Tercer Cuerpo del Ejército, donde DFP se desempeñaba como subteniente. Luego, personal militar los amordazó, ubicó a tres de los detenidos en un vehículo y los trasladó a otro lugar, donde fueron fusilados. DBEA, cuarto detenido, fue separado y obligado a observar los cuerpos sin vida de sus compañeros. El Comando del Tercer Cuerpo informó que las víctimas habían sido abatidas como consecuencia de un intento de fuga. Al celebrarse la audiencia de debate oral para el juzgamiento de esos hechos, DBEA declaró que, mientras se encontraba vendado, había escuchado comentarios atemorizantes por parte de quien efectuó el traslado de los detenidos. Además, indicó que esa misma voz la había escuchado en el lugar de los hechos, y correspondía a QOC. Por otra parte, explicó que, al momento de llegar a la sede militar, escuchó que alguien llamaba a DFP por su nombre. El Tribunal Oral condenó a diversas personas y absolvió a PCV, QOC y DFP. Para decidir de esa manera, consideró que, respecto a los nombrados, no se había probado su participación directa en los fusilamientos. En particular, sobre DFP, expuso que, el día de los hechos, se encontraba en cumplimiento de sus tareas en la sede militar; circunstancia que no implicaba su intervención en el operativo. Contra esa decisión, el fiscal interpuso un recurso de casación en relación a las absoluciones de PCV y QOC, en tanto que la querella lo interpuso, además, por DFP. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. Por ese motivo, las partes acusadoras interpusieron un recurso extraordinario federal. En su dictamen, la Procuración General compartió los argumentos utilizados por el Tribunal Oral para absolver a DFP. |
| 10-abr-2018 | AHF (causa Nº 59850) | Una persona de nacionalidad uruguaya tenía dos causas en trámite en su país. Por una de ellas se encontraba detenida bajo la modalidad de prisión preventiva. Luego, escapó del centro penitenciario y viajó a Argentina. En el marco del otro expediente se lo condenó, en su ausencia, a la pena de 21 años de prisión. Por ese motivo, la República Oriental del Uruguay solicitó su extradición, en los términos del artículo 1 del tratado bilateral de extradición. Dicha norma establecía que los Estados se comprometían a la entrega recíproca de las personas requeridas por las autoridades judiciales para la ejecución de una pena privativa de libertad. El juzgado declaró procedente el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. En particular, cuestionó la ejecutoriedad de la sentencia dictada en ausencia del imputado. |
| 10-abr-2018 | CLCA Y y otros (causa N° 13202) | Una persona condenada a una pena de prisión había sido incorporada al régimen de libertad condicional en diciembre de 2007. Un año más tarde, fue detenida y procesada por un nuevo hecho. En enero de 2009, el juzgado de ejecución de la primera causa tuvo por extinguida la pena oportunamente impuesta. En 2011, un Tribunal Oral condenó a la persona por el segundo hecho y la declaró reincidente. La sentencia adquirió firmeza en mayo de 2017. En diciembre de ese año, el tribunal dictó una pena única comprensiva de la impuesta con anterioridad. Al realizar el cómputo, no tuvo en cuenta el tiempo transcurrido bajo el régimen de libertad condicional. Por tal razón, la defensa lo observó. |
| 10-abr-2018 | Rosso (Causa N° 861) | A raíz de un control vehicular, Gendarmería Nacional secuestró gran cantidad de dinero extranjero a una persona y se inició una investigación por una presunta infracción al régimen cambiario o a la ley tributaria, así como la posible comisión del delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del CP). La fiscalía ordenó una serie de medidas y solicitó al Juzgado Federal de Paso de los Libres el allanamiento del domicilio fiscal del imputado ubicado en la ciudad de Junín. La jueza hizo lugar al pedido, dispuso la prórroga de su jurisdicción en razón del territorio y le ordenó a la AFIP-DGI que lleve a cabo el allanamiento. Comunicó lo resuelto al Juzgado Federal de Junín a través de un oficio. Durante el allanamiento, ante el hallazgo dinero, la AFIP se comunicó telefónicamente con el Juzgado Federal de Junín, que no autorizó su secuestro por falta de cumplimiento de los requisitos legales. La defensa de la persona imputada solicitó la nulidad del allanamiento. El Juzgado Federal de Paso de los Libres rechazó el pedido, y la defensa presentó un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes declaró la nulidad de la orden de allanamiento y de todo lo actuado con posterioridad. Contra esta decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación. |