Jurisprudencia nacional 3932
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 3932
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 27-feb-2024 | Brauchli c. Sociedad Italiana (Causa N° 94) | Una mujer de 78 años era jubilada y estaba afiliada a una cobertura de salud privada. A partir del dictado del DNU 70/23 –que desreguló el marco normativo del sistema de salud– su cobertura incrementó las cuotas de forma considerable. Frente a esa situación, la mujer inició una acción de amparo contra la empresa y planteó la inconstitucionalidad del DNU. Alegó que había quedado en un completo estado de incertidumbre y que se había dañado sus derechos a la salud, a la vida y a la propiedad privada. A su vez, solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los incrementos durante el trámite judicial. Con posterioridad, el juzgado interviniente abrió el proceso colectivo y ordenó su inscripción en el Registro Público establecido por la Acordada Nº 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, el juzgado hizo lugar a la medida cautelar requerida, pero solo con respecto a la accionante. En forma paralela, la demandada pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud una autorización para los incrementos a sus afiliados. Mientras tanto, numerosos afiliados a diferentes empresas de medicina prepaga comenzaron a sumarse al proceso colectivo como adherentes. En ese marco, manifestaron que requerían cobertura médica y que habían recibido aumentos desproporcionados en sus planes. Sin embargo, el juzgado excluyó a aquellos que no habían demandado a la misma empresa que la actora. |
| 27-feb-2024 | DI CESARE ( Causa N° 14221) | Un hombre se desempañaba como director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). Durante su función, solicitó el pago de los días de vacaciones no gozadas con conocimiento de que infringía normativa interna. Por ese hecho se le imputó, junto a dos personas que intervinieron en el proceso, el delito de defraudación contra la administración pública. En ese contexto, las defensas de los imputados y el representante del INSSJP-PAMI realizaron un acuerdo conciliatorio en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al acuerdo presentado. Entre sus argumentos, sostuvo que el acuerdo no podía ser homologado por el carácter de funcionarios públicos de los imputados. Asimismo, agregó que la solicitud era improcedente por haberse presentado una semana antes del debate. |
| 23-feb-2024 | PA c. Swiss Medical (Causa N° 1635) | Un hombre y una mujer tenían una cobertura de salud privada. La mujer era jubilada. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga– la cobertura impuso un aumento considerable en las cuotas de los planes. En ese marco, ambos interpusieron un amparo contra la empresa. En su presentación, solicitaron la inconstitucionalidad del DNU 70/23. A su vez, expresaron que con sus ingresos no podían solventar la cuota ni vivir de forma digna. Además, solicitaron una medida cautelar para suspender los aumentos mientras transcurriera el proceso. |
| 22-feb-2024 | Fariña (Causa Nº 27514) | Una mujer que tenía antecedentes penales fue detenida y procesada con prisión preventiva por el delito de robo en grado de tentativa. En la etapa de juicio oral, la mujer imputada suscribió un acuerdo de juicio abreviado por una pena de cuatro meses de prisión en suspenso y una pena única de nueve meses de prisión en suspenso. En la audiencia del juicio abreviado, la fiscalía solicitó que además de homologar la pena suscripta se le impusiera la declaración de reincidencia y el tribunal oral interviniente lo concedió. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de casación de forma in pauperis, que luego fue fundado por su defensa. Entre sus argumentos, sostuvo que la mujer nunca había cumplido penas de prisión en calidad de condenada. |
| 22-feb-2024 | García (causa n° 61951) | Un hombre fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. En la etapa de juicio suscribió un acuerdo de juicio abreviado que contemplaba la imposición de una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y que se lo declarara reincidente. En los días posteriores, el hombre imputado, desde su lugar de alojamiento, presentó una nota dirigida al tribunal oral interviniente, en la que manifestó su arrepentimiento por haber aceptado el juicio abreviado y solicitó la realización de un debate oral. El mismo día, el tribunal homologó el acuerdo de juicio abreviado. Al día siguiente, el hombre imputado fue notificado de esa decisión y, en esa oportunidad, presentó un recurso de forma in pauperis, que luego fue fundado por defensa a través de un recurso de casación. El tribunal oral declaró inadmisible la impugnación, lo que motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 21-feb-2024 | Wilson c. Estado Nacional -PEN (Causa Nº 19506) | Un hombre tenía una cobertura médica prepaga. Ante el dictado del DNU 70/2023, la cuota de su plan de salud aumentó de manera notoria. Por esa razón, el hombre inició un proceso de amparo contra el PEN. En concreto, pidió que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU, que introdujeron modificaciones en el sistema de salud. Solicitó una medida cautelar para que se mantuviera el régimen de aumentos establecidos por la autoridad de aplicación, de acuerdo con los artículos 5° inciso g y 17 de la Ley Nº 26.682. Además, manifestó que la fijación discrecional de incrementos por parte de las empresas de medicina prepaga modificaba la ecuación económica prevista al inicio del contrato y que, por lo tanto, se trataba de una cláusula abusiva. Afirmó que se lesionaba así el derecho a la salud y a la vida. Añadió que la situación ocasionaba un daño individual y colectivo. Por su parte, el juzgado consultó en el Registro Público de Procesos Colectivos si existía un proceso de esas características en trámite. |
| 21-feb-2024 | GLM c. Galeno (Causa Nº 891) | Una mujer era jubilada y estaba afiliada a una cobertura de salud prepaga desde hacía muchos años. Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el DNU 70/23. En base a esa norma, la cobertura de salud realizó un aumento considerable de sus cuotas en un corto plazo. En ese marco, la mujer inició una acción de amparo ante el fuero Comercial para que se dejaran sin efecto los aumentos. Sostuvo que los incrementos eran irrazonables y desmedidos. A su vez, solicitó una medida cautelar para que se readecuaran las cuotas hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, el juez de primera instancia se declaró incompetente y ordenó la remisión de la causa al fuero Civil y Comercial Federal. Para decidir así, sostuvo que la pretensión excedía la materia comercial y se relacionaba con el derecho a la salud protegido por la ley 24.754, que había asimilado a las empresas que prestaran servicios de medicina prepaga a las obras sociales. Luego, la actora apeló la sentencia. Entre sus argumentos, sostuvo que su reclamo se refería al alcance del contrato y al precio de la cuota pero no al sistema nacional de salud, por lo que debía ser resuelto en la justicia comercial. Luego el expediente se elevó a segunda instancia. En esa oportunidad, la Fiscal General ante la Cámara propuso revocar el fallo y dar tratamiento a la medida cautelar. |
| 21-feb-2024 | Mendieta (Causa N° 164149) | Una persona había sido condenada a la pena de veintiún años de prisión por el delito de homicidio simple. Durante su detención, realizó varios cursos y obtuvo una reducción de 20 meses de su pena de prisión en concepto de estímulos educativos. Cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional del SPF se expidió de manera favorable al planteo. Sin embargo, la fiscalía propició el rechazo del pedido. En ese contexto, el juzgado interviniente rechazó la solicitud y propuso incorporar a la persona al régimen de salidas transitorias bajo su propia tutela. En ese marco, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que el juzgado no valoró en forma correcta los informes del Consejo Correccional y las pruebas aportadas. A su vez, destacó que la persona había sido calificada con conducta diez y concepto ocho, que en el plazo de diez años jamás resultó sancionada, que transitaba el período de prueba desde el año 2019 y que realizaba tratamiento psicoterapéutico. Además, destacó que había realizado más de cuarenta salidas transitorias exitosas. |
| 20-feb-2024 | Brauchli, c. Sociedad Italiana (Causa Nº 94) | Una mujer de 78 años era jubilada y estaba afiliada a una empresa de medicina prepaga. Con motivo de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, su cobertura médica incrementó la cuota un 40% el primer mes y un 29,5% el siguiente. En ese contexto, la mujer inició una acción contra su cobertura. Alegó que la situación la colocaba en un completo estado de incertidumbre y que le ocasionaba un daño a sus derechos a la salud, a la vida y a la propiedad privada. Por lo tanto, solicitó una medida cautelar de no innovar para que se readecuaran las cuotas de los planes médicos y que los aumentos se limitaran a lo autorizado por la autoridad de aplicación. Con posterioridad, el juzgado dio curso a la acción de forma colectiva y dictó una medida cautelar de carácter individual para la mujer. A su vez, ordenó la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos, según la acordada 16/12 de la CSJN. Luego, el juzgado ordenó la inscripción de la causa. En ese marco, personas afiliadas a otras coberturas de salud que atravesaban la misma circunstancia que la mujer adhirieron al reclamo. |
| 20-feb-2024 | SGB c. Estado Nacional - PEN (Causa Nº 117) | Una mujer era jubilada y tenía una cobertura de salud prepaga. La mujer realizaba tratamientos dado que tenía una discapacidad y otras afecciones de salud. Luego del dictado del DNU 70/23, la cobertura incrementó considerablemente el monto de las cuotas. Sin embargo, los ingresos de la mujer eran insuficientes, por lo que discontinuó el pago de las cuotas. Por ese motivo, la cobertura de salud dio de baja su afiliación. En ese marco, la mujer inició un amparo de salud. En su presentación, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/23 en cuanto desregulaba el control sobre los aumentos de las cuotas. A su vez, inició una medida cautelar para que se suspendieran los incrementos efectuados y se retrotrajeran el valor al fijado antes de la entrada en vigencia del decreto. |
| 20-feb-2024 | GSM (Causa N° 83609) | Una mujer, en representación de su hija, inició una demanda por alimentos contra el padre de la niña. En su presentación, solicitó que el hombre realizara el pago directo de los gastos escolares. También pidió que se fijara el monto de la cuota alimentaria y un índice para su actualización. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. En consecuencia, condenó al hombre a pagar todos los gastos de escolaridad de la niña y estableció un importe en concepto de cuota alimentaria. Además, dispuso que ese monto debía actualizarse cada seis meses debido al aumento sostenido del costo de vida. Contra lo decidido, el demandado presentó un recurso de apelación. En concreto, cuestionó el modo en que se había distribuido la carga alimentaria entre ambos progenitores, el monto de la cuota y la fecha a partir de la cual debía abonarla. Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al recurso. En ese sentido, redujo el importe de la cuota y dejó sin efecto su actualización semestral. Consideró que ese ajuste violaba la prohibición legal de indexar deudas. Frente a esa decisión, la actora interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo presentó una queja. En esa oportunidad, intervino la Defensoría General Adjunta. En su dictamen destacó que, ante los procesos inflacionarios, le correspondía al poder judicial disponer medidas para evitar la desvalorización de la cuota alimentaria y, de esa manera, resguardar el interés superior de la niña. |
| 20-feb-2024 | Da Silva (causa N° 8756) | En Brasil, a partir de un juicio en ausencia, un hombre fue condenado a la pena de catorce años y tres meses de prisión por el delito de homicidio calificado. El hombre se encontraba en Argentina y, por esa razón, los jueces extranjeros solicitaron su extradición para el cumplimiento de la condena. En el marco de ese proceso, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió a la República Federativa de Brasil que informara si había condenado a la persona en ausencia. Asimismo, el juzgado interviniente solicitó a las autoridades del país vecino la promesa de reapertura del juicio para permitir la defensa del hombre imputado. Entonces, el tribunal brasileño respondió que el juicio se había realizado con el hombre en rebeldía y rechazó el pedido de reapertura del proceso. De forma posterior, el juzgado interviniente declaró procedente la extradición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 20-feb-2024 | Catacora y otros (Causa N° 4792) | Un grupo de cuatro varones y una mujer fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes. En el marco del proceso, se acreditó que la mujer estaba en pareja con uno de los hombres imputados. Asimismo, la mujer declaró que durante su relación el hombre la había golpeado, agredido verbalmente y había intentado abusar sexualmente de ella. En ese sentido, la mujer relató que entre 2012 y 2019 había realizado cuatro denuncias contra él en la Oficina de Violencia Domestica y que, si bien había intentado separarse, había vuelto a retomar el vínculo en reiteradas oportunidades. La mujer también expresó que, al momento de los hechos, convivían como pareja y consumían juntos de manera asidua cocaína. En la etapa de juicio oral, dentro de otras pruebas, se incorporaron los legajos de la Oficina de Violencia Doméstica en los que constaban las observaciones del equipo interdisciplinario que expresaban que la mujer tenía una personalidad lábil, fácilmente manipulable. Además, se constató que desde esa dependencia se había categorizado el caso como de riesgo altísimo. En igual sentido, en el marco del juicio la psicóloga particular de la mujer declaró como testigo, dando cuenta del contexto de violencia en el que se encontraba inmersa. Entonces, su defensa solicitó la absolución por considerar, entre otras cuestiones, que la mujer había actuado en un estado de necesidad por la violencia de género de la que había sido víctima. |
| 20-feb-2024 | Junior (causa N° 59724) | Una mujer denunció en la Oficina de Violencia Doméstica que su hija de cuatro años había sido abusada sexualmente por su progenitor en diversas oportunidades. En ese marco, profesionales del Cuerpo Médico Forense entrevistaron a la niña. En su informe sostuvieron que no se evidenciaban “elementos traumáticos en su organización psíquica ni indicadores asociados a una sexualización prematura o inadecuada”. Entonces, la causa penal fue archivada. De forma posterior, la representante de la niña solicitó el desarchivo en atención al testimonio de la psicóloga particular de la presunta víctima, que hacía referencia a hechos asociados a violencia sexual. El juzgado interviniente hizo lugar al pedido y dictó el procesamiento del hombre por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente, de manera reiterada. Contra esa decisión, su defensa apeló el procesamiento por considerar, entre otras cuestiones, arbitraria la valoración de la prueba aportada por la psicóloga particular. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó que se realizara una junta médica de especialistas para que se expidieran sobre los informes producidos en el marco del proceso y dictó la falta de mérito hasta que esta se pronuncie. En particular, se les solicitó que evaluaran si el abordaje de la psicóloga particular se había realizado de conformidad con los lineamientos requeridos por la psiquiatría infantil para este tipo de supuestos. Entonces, los especialistas indicaron, entre otras consideraciones, que las actuaciones de la psicóloga particular habían sido realizadas al margen de las buenas prácticas demandadas en la materia. |
| 20-feb-2024 | G.A.L. (causa N° 127784) | Un joven de 19 años, que se encontraba bajo un tratamiento por salud mental, abordó junto a otras personas a un individuo en la vía pública y, mediante el amedrentamiento con un cuchillo de cocina, le sustrajo distintas pertenencias. Por este hecho, el joven fue imputado en calidad de coautor por el delito de robo agravado en poblado y en banda, por el uso de arma blanca y por la intervención de menores de edad. El tribunal que intervino lo declaró inimputable, lo absolvió y dispuso una medida de seguridad de doce años en un complejo penitenciario. Además, el tribunal remitió la sentencia a un juzgado civil para que se evaluara el inicio de un juicio de determinación de la capacidad. Entre sus fundamentos, consideró que la persona al momento del hecho presentaba un cuadro psicopatológico irreversible, lo que le había impedido comprender la criminalidad de su acto. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 16-feb-2024 | MME c. MEDIFE (Causa N° 43124) | Una mujer tenía afecciones de salud mental y se encontraba afiliada a una prepaga. Como consecuencia del dictado del DNU 70/2023, su cobertura médica aumentó la cuota un 39% en enero de 2024 y un 23,5% en febrero. Además, le notificó un incremento del 23% para el siguiente mes. En ese contexto, la mujer presentó una denuncia ante un juzgado municipal de faltas para que se le ordenara a la entidad de salud el cese de los aumentos. Asimismo, la mujer pidió que los incrementos fueran realizados en función de los ingresos de la población, a través del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En su presentación, sostuvo que por sus afecciones era una consumidora hipervulnerable, por lo que los incrementos denunciados afectarían su derecho a la salud dado que se quedaría sin cobertura médica ante la imposibilidad de pagarla. |
| 14-feb-2024 | AVC c. OSDE (Causa Nº 1233) | Una mujer tenía una cobertura de salud. En noviembre de 2023, su empresa de medicina prepaga le informó por correo electrónico que aplicaría un aumento del 6,26% para el mes siguiente. Sin embargo, una vez que se dictó el DNU 70/23 la cobertura decidió cambiar ese porcentaje. En consecuencia, incrementó el valor de la cuota para ese mismo mes en un 39,80%. No obstante, al emitir la factura la empresa aplicó un incremento del 100% en el valor de la cuota. En ese marco, la mujer inició un proceso de amparo para que se dejaran sin efecto los aumentos. Fundó su planteo en la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Puntualizó que el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional prohibía al Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de facultades legislativas. Solicitó, a su vez, el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspendieran los aumentos durante la tramitación del proceso. |
| 14-feb-2024 | CME c. Swiss Medical (Causa Nº 265) | Una pareja conformada por una mujer y un hombre –ambos jubilados– tenían una cobertura médica prepaga. Luego del DNU 70/23, la cobertura aumentó un 48% la cuota de un mes a otro. En esa oportunidad, también les anunció un nuevo aumento del 59% para el mes siguiente. De esa manera, la cuota mensual superaría sus ingresos. En ese marco, iniciaron una acción de amparo. En su presentación, solicitaron la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Además, pidieron que se dejaran sin efecto los aumentos, con excepción de aquellos autorizados por el artículo 17 Ley Nº 26.682. Manifestaron que los incrementos les causaban un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. En especial, sostuvieron que dañaban sus derechos como consumidores así como su derecho a la salud, a la vida y a la propiedad. A su vez, solicitaron el dictado de una medida cautelar para que se suspendieran los aumentos durante el proceso. |
| 14-feb-2024 | SMB (Causa N° 38275) | Una mujer denunció que su hija había sido abusada sexualmente por su progenitor. En ese contexto, se suspendió el régimen de comunicación de la niña con su abuela paterna y se acordó que estuviera supervisado. Con ese fin, se designó como intermediaria a la abuela materna. No obstante, la abuela paterna inició una acción judicial para que se estableciera un régimen de comunicación con su nieta. Entre sus argumentos, sostuvo que a partir de la denuncia se había impedido el contacto de la niña con los familiares paternos. En esa oportunidad, resaltó que ella se comprometía a que su hijo no estuviera presente durante los encuentros con su nieta. Por su parte, la progenitora solicitó el rechazo de la acción. En ese sentido, resaltó que nunca se había opuesto al contacto de la niña con su abuela. Agregó que en la instancia de mediación se había pactado un régimen de comunicación supervisado. Sobre ese aspecto, resaltó que no había un contacto fluido entre la niña y su abuela dado que ella vivía con el progenitor denunciado. Por otra parte, señaló que la mujer había realizado varias publicaciones en sus redes sociales que afectaban la intimidad de su hija, ya que ventilaba datos sensibles de la niña y de la causa. |
| 14-feb-2024 | Rojas (Causa N°12081) | Una mujer fue acusada por el delito de transporte de estupefacientes. En la audiencia de control de acusación, la defensa se opuso a la incorporación del informe de la AFIP que calculaba el valor correspondiente al estupefaciente secuestrado porque consideró que era impertinente. Además, señaló que el acta de detención y de secuestro no debían ser admitidas con el carácter de prueba documental sino que debían ser incorporadas a través de la declaración de los testigos. |