Jurisprudencia nacional 4022
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 641 a 660 de 4022
Fecha | Título | Resumen |
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15-jul-2022 | Chauque (causa N° 29317) | Un hombre fue detenido y luego imputado con prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal en grado de tentativa, agravado por ser la víctima menor de trece años y por la convivencia preexistente, en concurso ideal con el de amenazas coactivas. Luego del juicio, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 14 a la pena de seis años de prisión y su defensa impugnó esa decisión. Si bien la persona no se encontraba incorporada al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena (REAV), se habían incorporado dos informes criminológicos, no registraba correctivos disciplinarios, se advertía adherencia y compromiso con las áreas, circunstancia que se veía reflejada en su reciente avance en la progresividad y en los guarismos de calificación que ostentaba. La defensa solicitó su excarcelación en términos de libertad condicional (art. 317, inc. 5º CPPN). El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 14 rechazó el pedido, por considerar, entre otras cuestiones, que si bien el acusado había cumplido en detención un tiempo que le posibilitaba el acceso a la libertad anticipada, había otros elementos en el legajo que conducían a denegar el pedido. En esa línea, ponderó la opinión de la víctima, en tanto el padre de la menor damnificada y denunciante había expresado su deseo de que el imputado no recuperara su libertad y cumpliera la totalidad de la condena, dado el daño que le produjo el accionar disvalioso a su hija y al resto de la familia. Asimismo, consideró que el imputado no contaba con intervenciones del programa específico (Programa de Ofensores Sexuales) y que el delito por el que fue condenado revestía gravedad porque había generado severas secuelas en la víctima y su entorno. El tribunal también señaló que no se advertía una reinserción social favorable en el corto o mediano plazo que permitiera hacer lugar al planteo liberatorio, y que el encierro preventivo era la única alternativa viable para garantizar los objetivos del proceso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. El mismo día en que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió ese pedido, también confirmó la sentencia condenatoria dictada por el tribunal oral. |
15-jul-2022 | QCES (Causa Nº 33626) | Una mujer sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja. Por ese motivo, presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En esa oportunidad, denunció que el hombre había difundido videos íntimos de la pareja y que fueron grabados sin su consentimiento. Asimismo, declaró que el hombre se había llevado su celular y hackeado sus redes sociales. En ese marco, la denunciante solicitó que su ex pareja borrara los videos que tenía en su celular y que no se acercara a ella. En relación con los hechos denunciados, el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica consideró que se trataba de una situación de violencia de género en su modalidad doméstica y valoró el riesgo como moderado. Sin embargo, el juzgado interviniente no hizo lugar a la denuncia y dispuso que debía concurrir por la vía que correspondiera. Ante esa situación, la mujer presentó un recurso de apelación. |
15-jul-2022 | Mondaca Vallejos ( Causa N° 63078) | Una persona había sido condenada por el delito de homicidio cometido en ocasión de robo. Una vez cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. A su vez, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal. Pese a que el Consejo Correccional se expidió de manera favorable, el juzgado de ejecución penal interviniente no hizo lugar a la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
13-jul-2022 | Anriquez (causa N° 70578) | En el marco de una investigación por el delito de estafa, se investigó a una mujer por la recepción de una suma de dinero depositada por una de las víctimas. Al tomar conocimiento de la investigación, ella se presentó de manera voluntaria ante la justicia. Por el hecho, fue procesada con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita de carácter transnacional en calidad de miembro y coautora del delito de estafa. El 6 de septiembre de 2021 fue detenida. La mujer no registraba antecedentes penales y, al momento de su detención, acreditó contención familiar. La defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido de la defensa, por lo que se interpuso un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, rechazó el pedido. Para decidir de esta manera, estimó que esa misma Sala había homologado dos veces el rechazo de pedidos similares en ocasiones anteriores y que las circunstancias objetivas en las que se habían fundado no se habían modificado sustancialmente. Además, sostuvieron que la invocación efectuada por la defensa del art. 317, inc. 5to., del CPPN, en función del lapso de detención, no lograba conmover los fundamentos de la decisión recurrida, ya que el encarcelamiento resulta necesario, con el propósito de asegurar la realización del juicio. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. |
13-jul-2022 | Romero, C. (causa N° 19009) | Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de utilería. Al momento de su detención, opuso resistencia. Sin embargo, de manera posterior, se identificó correctamente y constató su domicilio y arraigo. El hombre no registraba antecedentes. En la etapa de preparación de juicio oral, su defensa solicitó la excarcelación. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 no hizo lugar al pedido. Entre sus argumentos, sostuvo que la eventual pena se iba a alejar del mínimo legal por las características del hecho investigado, razón por la cual no iba a proceder la pena condicional. Además, consideró que existía peligro de entorpecimiento por el intento de fuga al momento de su detención y porque podría amedrentar a la víctima por el trauma que le había generado. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
12-jul-2022 | Safredi Depedri (Causa N° 376) | Un vecino denunció que un grupo de personas se encontraban al frente de un edificio con intenciones de ingresar. La policía llegó al lugar y logró detener a dos sujetos que estaban sobre la calle. Al consultar al vecino que denunció, informó que había más personas que habían participado del intento de ingreso al domicilio. Por este motivo, personal policial trepó al departamento “A” del segundo piso y encontró a dos personas más que estaban escondidas. Durante la detención, miembros de la policía indicaron que escucharon voces de auxilio, pero que no podían determinar su origen. Observaron que la ventana corrediza de vidrio del departamento “B” (lindero) estaba descolocada, y por esa razón, ingresaron a la vivienda. En su interior, encontraron varias macetas con plantas de marihuana que fueron secuestradas. En consecuencia, se inició una causa contra el dueño del departamento “B” por infracción a la ley 23.737. La defensa del hombre imputado solicitó la nulidad del allanamiento del departamento “B”. |
11-jul-2022 | BO S.A. (Causa N° 26962) | Con motivo de la quiebra de un banco, se inició un expediente ante la justicia nacional en lo comercial. Luego, se abrió un incidente por la venta de tierras ubicadas en la Puna del norte argentino. Si bien esas tierras estaban inscriptas a nombre de la entidad bancaria, familias indígenas y campesinas las poseían. Con posterioridad, miembros de una comunidad diaguita calchaquí se presentaron en la causa, por lo que la cámara dispuso la suspensión de la venta. De esa manera, tuvo en cuenta lo previsto por la Ley N° 26.160 de Declaración de la Emergencia Nacional en materia de Posesión Comunitaria Indígena. La norma le ordenaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la realización de un relevamiento de las tierras de ocupación tradicional indígena. Las familias intervinientes –que integraban una comunidad con personería jurídica– contaban con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial N° 2 y con la colaboración del Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el juez ordenó que se constatara la ocupación de las parcelas. Aunque el juzgado de paz local la llevó a cabo, no brindó información sobre las familias indígenas. En consecuencia, la defensoría impugnó la medida y solicitó un nuevo relevamiento, que fue admitido. |
7-jul-2022 | Ríos (causa N° 21633) | El 30 de abril de 2022, un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo simple reiterado en dos oportunidades. El hombre registraba cuatro procesos penales en curso y carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía. Al momento de su detención, el hombre acreditó que vivía con su pareja y aportó sus datos identificatorios. Entonces, su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido de la defensa, por lo que se interpuso un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión, por considerar, entre otras cuestiones, que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, existían riesgos procesales. En esa línea, concluyó que por las causas que el hombre imputado tenía en trámite no se sometería voluntariamente a la jurisdicción. Además, sostuvo que pese a que su domicilio fue constatado, las medidas alternativas resultaban insuficientes para garantizar su sujeción al proceso. También destacó que el tiempo en detención no resultaba desproporcionado. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
7-jul-2022 | Pinto (causa N° 15939) | Una persona le había robado a otra en un comercio. Durante el hecho, lo golpeó y la víctima se resistió. Para consumar el desapoderamiento, la persona le disparó con un arma de fuego y le ocasionó la muerte. El tribunal oral interviniente condenó a la persona por el delito de robo agravado por haber sido cometido mediante la utilización de un arma de fuego en concurso ideal con homicidio agravado por haber sido cometido para consumar el primero. |
7-jul-2022 | Solett Cazorla (causa N° 21113) | Una persona de nacionalidad venezolana fue detenida y procesada con prisión preventiva por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de débito, reiterado en once oportunidades, en concurso real con defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de débito ajenas en grado de tentativa, reiterado en doce ocasiones. La defensa solicitó su excarcelación. La fiscalía se opuso al pedido argumentando, entre otras cuestiones, que el imputado era extranjero. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución que denegó la excarcelación. Para decidir de esa manera, los jueces señalaron que el imputado, al momento de su detención, comenzó a forcejear con el empleado de seguridad, e intentó sustraer su arma reglamentaria. A su vez, valoró la cantidad de tarjetas y extractos bancarios secuestrados al imputado, la multiplicidad de víctimas, el importante rédito económico que habría obtenido –circunstancia que le permitiría contar con medios más suficientes para lograr su fuga o su ocultamiento del accionar de la justicia–, como así también el peligro de reiteración delictiva; y que no se pudo determinar su domicilio. Finalmente, en relación al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el tribunal entendió que se encontraban pendiente de producción distintas medidas de prueba –peritaje de teléfonos celulares, notebook y otros dispositivos secuestrados en los allanamientos– cuyos resultados podrían derivar en pedidos de detención o dar origen a diversos cauces investigativos. Ante esta situación, su defensa interpuso un recurso de casación. |
6-jul-2022 | RAG Y OTRAS | Una investigación de conductas vinculadas a la ley N° 23.737 fue desarrollada en distintas causas que luego fueron acumuladas. Las personas imputadas eran mujeres trans y travestis migrantes. A su vez, el tribunal interviniente declaró en rebeldía a dos de las imputadas y ordenó su captura. Durante la etapa de juicio oral, las mujeres que habían comparecido suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. En su intervención, el representante del Minis-terio Público Fiscal discrepó con la calificación indicada en los requerimientos de elevación a juicio y las modificó. En ese sentido, solicitó la absolución y el sobreseimiento de algunas de ellas. Luego, el tribunal oral llevó a cabo una audiencia de conocimiento personal. Entre otras cuestiones, de sus testimonios se desprendió que tenían entre veintinueve y cincuenta años, y contaban con estudios secundarios completos, terciarios y universitarios. Además, señalaron que residían en el país hacía más de diez años, en su mayoría con residencia pre-caria o documentación de su país de origen. Por último, refirieron que vivían con VIH. |
5-jul-2022 | Asociación Civil Macame y otros (causa N° 68152) | Un grupo de integrantes de una asociación civil, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, inició una acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley N° 27.350. Esa norma establecía la provisión gratuita de aceita de cannabis para las personas inscriptas en un programa estatal de investigación experimental. A su vez, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5°, incisos a, e y dos últimos párrafos, y del artículo 14, segundo párrafo, de la ley N° 23.737 en tanto prohibía el autocultivo de cannabis para uso medicinal. El juzgado interviniente rechazó la acción. Ante la interposición de un recurso de apelación, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la decisión. Para resolver de esa manera, el tribunal sostuvo que no correspondía la aplicación automática de los precedentes “Arriola” y “Bazterrica” debido a que se encontraba en juego la salud de niños y niñas. En ese sentido, señaló que no podía afirmarse que la situación se encontraba tutelada por el principio de reserva tutelado consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Contra esa decisión, la asociación civil presentó un recurso extraordinario federal que fue concedido de manera parcial. Durante la tramitación de la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto reglamentario 883/2020 y el Ministerio de Salud de la Nación, las resoluciones 800/2021, 673/2022 y 782/2022. Por un lado, el decreto 883/2020 reguló la posibilidad de obtener autorizaciones estatales para el cultivo de cannabis con fines terapéuticos y creó, en su artículo 8, el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Por su parte, entre las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación se estableció la suscripción de un consentimiento informado para los tratamientos con aceite de cannabis. Luego de dar vista a las partes sobre esas reglamentaciones, sostuvieron la impugnación. Asimismo, señalaron como nuevo agravio que el consentimiento y su registro en el REPROCANN afectaba el derecho a la privacidad de los pacientes. Luego, el máximo tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo en la que participaron el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. |
5-jul-2022 | Barrera | En una causa penal se investigaba la muerte de un bebé producto de diversas lesiones. En ese contexto, su madre y su pareja fueron imputados por el delito de homicidio calificado por el vínculo en calidad de coautores. La defensa de la mujer planteó que no había pruebas sobre el conocimiento de los golpes que había sufrido su hijo y que se debía tomar en consideración su situación de vulnerabilidad. El tribunal condenó a la mujer a la pena de prisión perpetua. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación que fue rechazado. En consecuencia, interpuso un recurso extraordinario federal. Entre otras cuestiones, sostuvo que se había violado el derecho de la mujer a contar con una revisión amplia de la sentencia condenatoria. Ante su denegación, la defensa interpuso un recurso de queja. |
1-jul-2022 | Soto (causa N° 2091) | Un integrante de la policía había sido imputado por el delito de encubrimiento de contrabando. En el marco del proceso, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El juzgado interviniente no hizo lugar al pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta el carácter de funcionario público de la persona imputada y consideró que el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal restringía la aplicación del instituto respecto de los delitos previstos en la ley N° 22.415. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que debía declararse la inconstitucionalidad de la norma en tanto la exclusión establecida resultaba irrazonable. Durante su trámite ante la cámara interviniente, la causa fue elevada a juicio. |
30-jun-2022 | Masacre de Napalpí (Causa N° 9846) | En 1924 residían en el territorio chaqueño denominado Reducción de Indios de Napalpí aproximadamente mil personas de los pueblos Moqoit y Qom. La situación de los pueblos era de extrema vulnerabilidad, no tenían acceso a bienes esenciales y se encontraban sometidos a condiciones de trabajo análogas a la esclavitud. El 19 de julio de ese año, en el marco de una huelga contra las condiciones a las que estaban sometidos, personal policial y de gendarmería junto con personas civiles armadas ingresaron a la localidad y dispararon contra la población de forma indiscriminada. Como resultado, fueron asesinadas entre cuatrocientas y quinientas personas. En 2022, el Ministerio Público Fiscal requirió la realización de un juicio por la verdad a fin de obtener una resolución judicial declarativa de los hechos ocurridos en la denominada “Masacre de Napalpí”. Cabe destacar que un juicio por la verdad es un proceso judicial impulsado ante algún tipo de imposibilidad legal para el ejercicio de la acción penal y su objetivo es investigar el hecho delictivo y que se dispongan distintos tipos de medidas de reparación. |
29-jun-2022 | Salazar, R. (causa N° 19398) | Un hombre fue detenido el 20 de abril de 2022 y procesado con prisión preventiva por el delito de robo simple. Al momento de su detención, no opuso resistencia, se identificó correctamente y se constató su domicilio. El hombre, si bien registraba antecedentes cumplidos y se encontraba anotado con otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia, no registraba rebeldías. La defensa solicitó su excarcelación. A su turno, la fiscalía dictaminó de manera favorable al pedido de la defensa. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de esa manera, entendió que aunque el caso encuadraba en la primera hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, se verificaba un peligro de fuga. En esa línea, consideró que por los antecedentes condenatorios que registraba el hombre, en caso de recaer condena, correspondería la imposición de una condena de efectivo cumplimiento y una nueva declaración de reincidencia, y estimó que ello implicaba un peligro de reiteración delictiva que era un indicio objetivo de la existencia del peligro de fuga. Además, agregó que el dictamen fiscal no resultaba vinculante. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
29-jun-2022 | Sobarzo (Causa N°10801) | En septiembre del 2013, a partir de una denuncia de una persona con identidad reservada, se inició una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. La fiscalía dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que realicen tareas de investigación por un plazo que luego fue prorrogado. Luego de 7 meses de vigilancia y sin obtener resultados que acreditaban una infracción a la ley 23.737, la fiscalía cesó la intervención de la PSA y designó a la Policía Federal Argentina para que continúe la investigación. Los agentes informaron sobre maniobras que evidenciaban la venta de estupefacientes. En mayo del 2014, el juez federal autorizó dos allanamientos y se secuestró estupefacientes y elementos para su confección. Las personas imputadas fueron procesadas por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Una de las personas imputadas presentó un recurso de apelación. La defensa desarrolló los fundamentos de la impugnación interpuesta in paueris y solicitó la nulidad del allanamiento. El juez rechazó el planteo y, ante esa decisión, la defensa de la persona imputada presentó un nuevo recurso. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, declaró la nulidad de los allanamientos realizados y de todo lo actuado con posterioridad. Contra esta decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación. |
28-jun-2022 | Denegri (Causa n°50016) | Durante la década de 1990 una joven estuvo involucrada en una causa penal de trascendencia mediática. El caso involucró a funcionarios públicos y personas reconocidas por su trayectoria deportiva y artística. En 2016, veinte años después de los hechos, la mujer demandó a Google para que suprimiera algunos sitios web que exponían información suya en relación con esos hechos. La lista de los sitios web identificados incluía videos en programas de televisión y noticias periodísticas. En ese sentido, la actora sustentó su pretensión en el derecho al olvido. A su vez, señaló que la información afectaba sus derechos a la intimidad, la privacidad y el honor, entre otros. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción de manera parcial y dispuso que se suprimiera de los buscadores toda vinculación que incluyera el nombre o la imagen de la actora. La empresa demandada apeló la decisión y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil la confirmó de forma parcial. Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, presentó un recurso de queja. |
28-jun-2022 | Velazquez (causa N° 5627) | Un hombre y una mujer fueron imputados por el delito de hurto en la República del Paraguay. La pareja residía en Argentina junto con sus tres hijos menores de edad. La justicia paraguaya requirió la extradición y las personas fueron detenidas. Por esta razón, sus hijos quedaron al cuidado de un familiar. Entonces, la defensa de la mujer imputada solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para poder cuidar a sus hijos. El juzgado denegó el pedido por considerar que artículo 26 de la ley N° 24.767 de cooperación internacional en materia penal no contemplaba la concesión del instituto solicitado en las causas de extradición. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de apelación. |
23-jun-2022 | Adauto (Causa n°15419) | Una mujer analfabeta se encontraba imputada por delitos previstos en la ley N° 23.737. La mujer era madre de una joven de diecinueve años con retraso madurativo grave y se encontraba a cargo de su cuidado de forma exclusiva. En el marco de la investigación penal, la mujer fue detenida. Por esa razón, la joven quedó a cargo de otros miembros de la familia y de vecinos. En ese contexto, sufrió ataques de epilepsia provocados por la mala administración de los medicamentos, cuadros de angustia y se autolesionó. Entonces, la defensa de la mujer imputada solicitó que se concediera el arresto domiciliario. En su solicitud, presentó diversos informes que daban cuenta de la situación de la joven. El tribunal hizo lugar al pedido. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta los informes presentados por la defensa. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, consideró que otras personas distintas a la imputada podían estar a cargo de las tareas de cuidado de la adolescente. |
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