Jurisprudencia nacional 4522
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2921 a 2940 de 4522
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-jul-2017 | ZFL y otra | Dos personas habían sido imputadas de acuerdo al procedimiento de flagrancia. Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó que se le diera trámite ordinario al caso. La fiscalía se opuso. Tanto el Juzgado Federal como la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron continuar con el proceso bajo el régimen de flagrancia. Luego, el juzgado fijó un plazo para la producción de pruebas y determinó la fecha de la audiencia de clausura. Asimismo, dictó la prisión preventiva de los imputados. El día de la audiencia, el fiscal solicitó que se le diera curso ordinario al expediente. A tal fin, argumentó que la complejidad de la causa tornaba imposible la aplicación del procedimiento de flagrancia. Ese mismo día, el juzgado ordenó proceder de acuerdo a la instrucción formal y citar a indagatoria a los imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El juzgado rechazó ambos planteos, por considerar que carecían de agravio irreparable. Por esa razón, se interpuso un recurso de queja. |
| 11-jul-2017 | MCV | Un hombre con más de 70 años de edad se encontraba detenido de manera preventiva, imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad. Antes de su detención, ejercía el cuidado de sus dos nietos, uno de ellos menor de edad. La madre de los niños había fallecido y su padre trabajaba fuera de su casa la mayor parte del día. Por tal razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. De los informes socio ambientales, psicológicos y médicos incorporados al expediente, se desprendía que el imputado constituía un referente fundamental para la vida de sus nietos, con quienes mantenía una relación de acompañamiento y crianza. En oportunidad de contestar la vista conferida, el Defensor de Menores se expidió de manera favorable a la solicitud. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso. |
| 11-jul-2017 | RCJA | Una persona de 73 años había sido condenada por la comisión de delitos de lesa humanidad. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria de conformidad con lo establecido en el artículo 10, inciso d, del Código Penal. El Tribunal Oral rechazó el pedido, con fundamento en la gravedad de los hechos imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 11-jul-2017 | ARH (Causa N° 50029) - Cámara | El Sr. A ejerció violencia psicológica y física contra su pareja y sus dos hijas. A raíz de esto, la esposa decidió abandonar el hogar común junto a las dos niñas y promovió una acción civil contra su marido. El juzgado interviniente ordenó una prohibición de acercamiento contra el Sr. A y autorizó a la mujer a retirar sus efectos personales del domicilio que compartía con el demandado con personal de la Policía Federal Argentina. En cumplimiento de esa medida, la Sra. S se dirigió al domicilio acompañada por dos suboficiales de la PFA. Sin embargo, como consecuencia de la actitud pasiva y negligente de los suboficiales, el Sr. A asesinó a su ex pareja y luego se suicidó. Las hijas del matrimonio se presentaron con sus letrados apoderados e iniciaron una demanda contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior–, Policía Federal Argentina, el comisario y los suboficiales y reclamaron la suma de $ 2.000.000 en concepto de daños y perjuicios por la muerte de sus dos padres. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al Estado Nacional y al agente policial codemandado JDL al pago de las sumas de $510.000 a la coactora RHA, y de $526.000 a la coactora VCA, con costas a los vencidos. Asimismo, se desestimó la demanda interpuesta contra el comisario JPP y contra el agente policial CRC. Contra dicha resolución, ambas partes interpusieron un recurso de apelación. |
| 10-jul-2017 | CPA (CNCCC) | Un hombre intentó llevarse sin pagar de un local perteneciente a una cadena de farmacias dos desodorantes y un jabón. Luego de que el personal de seguridad le pidiera que abra su campera para revisarla, el hombre se retiró corriendo del comercio. En su escape arrojó uno de los productos que llevaba. A pocas cuadras, un policía lo detuvo y secuestró el resto de los objetos. En el marco del proceso, el hombre imputado refirió que vivía con VIH y que su único ingreso era una pensión por discapacidad de $1800. El hombre fue condenado a la pena de quince días de prisión por el delito de hurto en grado de tentativa. Contra esa deci-sión, su defensa interpuso un recurso de casación por considerar, entre otras cuestiones, que la conducta resultaba atípica en virtud del principio de insignificancia. |
| 10-jul-2017 | DHA | En el marco de un proceso de restitución internacional de menores, el Juzgado Nacional Civil Nº 4 dispuso que los niños O y HADL debían regresar con su padre a España. Con posterioridad, una vez firme la sentencia, ambos se presentaron con patrocinio letrado y solicitaron que se suspendieran las actuaciones y se declarara la nulidad de todo lo actuado por no haber sido oídos ni participar en las decisiones que se tomaron sobre ellos (conf. art. 26 CCyCo). |
| 7-jul-2017 | CAF | Una persona había intentado robar un camión de una empresa distribuidora mientras realizaba cobranzas. En esa oportunidad, no logró su propósito. Una semana después, el conductor del camión reconoció al autor del hecho en un automóvil que seguía su recorrido. Ante esa situación, se comunicó con la policía. Luego de dar con el vehículo y revisarlo, los agentes encontraron una pistola descargada. Ni el presunto autor del robo ni el conductor del automóvil estaban inscriptos como usuarios, tenedores o portadores de armas. El informe de la División de Balística señaló que el arma era “apta para la producción de disparos pero de funcionamiento anormal”. Ambos imputados suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. El Tribunal Oral condenó al conductor del auto a la pena de un año de prisión como coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y a la pena única de dos años y ocho meses de prisión. Por otra parte, el presunto autor del robo fue condenado a la pena de dos años de prisión como coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en grado de tentativa. Contra esa decisión, la defensa de ambos presentó un recurso de casación. Luego de que el tribunal declarara inadmisible el recurso de casación, interpusieron un recurso de queja. |
| 6-jul-2017 | Autorización Judicial | Una pareja de hombres solicitó autorización judicial para implantar embriones, concebidos con material genético de uno de ellos y óvulos de una donante, en el vientre de una amiga. Asimismo, requirieron que se los registre como progenitores del/ los bebés. |
| 6-jul-2017 | LJA | Una mujer y un hombre contrajeron matrimonio en julio de 1994. De esa unión nacieron sus dos hijas. El hombre se desempeñó como empleado en relación de dependencia de la AFIP durante 30 años. La mujer trabajó en relación de dependencia hasta abril de 1997, momento en el que fue despedida. Después de 22 años de matrimonio se divorciaron. Posteriormente, la mujer promovió un incidente de compensación económica con fundamento en los arts. 441 y 442 del Código Civil y Comercial de la Nación. El ex cónyuge, al contestar demanda, reconvino con la misma pretensión. |
| 5-jul-2017 | RAE | En julio de 2009 se declaró la incapacidad de RAE en los términos del Código Civil anterior. La sentencia fue confirmada en segunda instancia. Con la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental, se actualizó la sentencia y se sostuvo el mismo encuadre. En julio de 2017, se efectuó una revisión de la restricción a la capacidad dispuesta de conformidad con el art. 40 del CCC. |
| 5-jul-2017 | MSB (causa Nº 91003329) | Una mujer que se encontraba detenida tenía una hija con una discapacidad que le impedía valerse por sí misma. Su hija debía ser intervenida quirúrgicamente y requería atención de terceros de manera permanente. La mujer no poseía otros familiares que pudieran brindarle la asistencia necesaria. Por ese motivo, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en función del artículo 32, inciso f, de la ley Nº 24.660. El Tribunal Oral concedió el arresto domiciliario por el término de tres meses desde la fecha de la intervención quirúrgica. La defensa interpuso un recurso de casación, por considerar que mediaban razones humanitarias que tornaban irrazonable una restricción temporal del instituto a un período acotado. |
| 5-jul-2017 | DEA | Una persona detenida había solicitado –con base en los arts. 166 y 168 de la ley Nº 24.660– visitar a su madre que, a su vez, cumplía pena bajo la modalidad prisión domiciliaria y padecía esquizofrenia. El Centro de Evolución de Internas Procesadas se pronunció en contra. A tal fin, consideró la inobservancia de los reglamentos que presentaba la solicitante. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal también se opuso a la solicitud. En consecuencia, el Tribunal Oral rechazó la petición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 4-jul-2017 | CC | El juzgado de instrucción había rechazado la entrega de un vehículo secuestrado en el marco de un proceso penal. La defensa fue notificada de la decisión por vía electrónica un día inhábil. Por esa razón, el primer día hábil posterior a la notificación solicitó tener vista del incidente y del expediente principal. Como la causa se encontraba en la fiscalía, requirió la suspensión de los plazos procesales para impugnar la resolución. El pedido fue denegado con fundamento en que, de acuerdo a las acordadas 3, 11 y 35 de la CSJN, desde mayo de 2016 resultaba obligatoria y exclusiva la notificación electrónica. La defensa, entonces, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El fiscal adhirió al recurso. |
| 3-jul-2017 | SHE | Se generó un alerta a partir de una denuncia que ponía de manifiesto que dos personas presentaban una “actitud sospechosa”. En razón de eso, se constituyó en el lugar un móvil con vidrios polarizados y sin identificación de la policía. Uno de los individuos que se encontraban allí le habría apuntado con un arma de fuego a los agentes que se encontraban dentro del vehículo. Luego arrojó el revólver hacia el interior de un club lindero. Después de forcejear con los agentes, ambas personas fueron detenidas. Los policías declararon en el marco del juicio oral. Sin embargo, de sus declaraciones surgían contradicciones en relación a la dirección en la que se apuntó el arma. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró probado el hecho a partir de la declaración de uno de los agentes. El Tribunal Oral condenó a los imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravados por el uso de armas en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin autorización. Para decidir de esa manera, se remitió de manera total al alegato de la fiscalía. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró que la prueba en la que se fundó la sentencia fue valorada de manera arbitraria. |
| 3-jul-2017 | PHD (causa N° 5722) | Un hombre conducía un camión por una ruta de la provincia de Corrientes. Personal de la Gendarmería Nacional lo interceptó con el objeto de realizar un control rutinario y detectó irregularidades en su documentación. Luego de dar aviso al juzgado federal, se requisó el vehículo y se encontraron 8.443 kilogramos de marihuana. Por tal razón, fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Durante el debate, el imputado solicitó declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. En esa oportunidad, individualizó a quien lo había contactado con las personas que prepararon la droga para su transporte. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de diez años de prisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, argumentó que el tribunal no había valorado la información aportada por su representado. |
| 30-jun-2017 | ENK (causa Nº 31534) | Una persona trans que se encontraba en situación de calle fue incorporada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al “Programa de Atención a familias en Situación de Calle” y se le otorgó el subsidio habitacional establecido en el decreto Nº 690-GCBA-06. Una vez cumplido el plazo previsto por el programa y dado que no pudo superar su estado de vulnerabilidad, dirigió una nota a su coordinador para solicitar su reincorporación. Ante el silencio de la administración, interpuso una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley Nº 4036 y del decreto Nº 690/06 que limitaban el tiempo y el monto del subsidio habitacional. En lo principal, solicitó que el GCBA le proveyera una vivienda estable y permanente. |
| 29-jun-2017 | M, MT | Un ex juez federal de Tucumán fue imputado por tres hechos presuntamente constitutivos de delitos de lesa humanidad. En el identificado como hecho 1, el magistrado tomó conocimiento personalmente de un allanamiento ilegal cometido por las fuerzas armadas a un domicilio, acción que tuvo como desenlace la muerte de cinco personas vinculadas a la organización “Montoneros”, y, sin embargo, no realizó ni promovió la investigación correspondiente. Asimismo, el juez ordenó la detención del locador de ese inmueble. El detenido fue interrogado por la policía y retenido por más de cuarenta y ocho horas antes de la indagatoria, que se realizó sin la presencia de un defensor. Luego, lo procesó con prisión preventiva (hecho 2). Finalmente, de acuerdo a la acusación, formó parte de una asociación ilícita en connivencia con las fuerzas armadas (hecho 3). Esta última imputación reunía una cantidad de conductas genéricas entre las que se encontraban la demora en la tramitación de hábeas corpus y la visita a lugares de detención donde funcionaban centros clandestinos. Durante el debate quedó acreditado que en el período de tiempo en que tuvieron lugar aquellos delitos el ex magistrado sufrió un atentado en su domicilio mediante el uso de un artefacto explosivo y, por este motivo, intentó renunciar a su cargo. Asimismo, se produjo prueba testimonial que daba cuenta de la cercanía del imputado con personas perseguidas por las fuerzas militares. Entre ellos, se encontraban su esposa, que figuraba en una lista negra y cuya hermana tuvo que exiliarse, y uno de sus amigos, que desapareció durante la dictadura. Finalmente, a través de la incorporación por lectura de distintos expedientes judiciales, se constató el trámite expedito que el ex magistrado daba a las presentaciones de hábeas corpus y que su visita a los centros de detención obedecía a las distintas solicitudes de los accionantes. Por último, se verificó que el ex juez sobreseyó a muchos de los imputados por delitos regulados en la ley de Seguridad Nacional y restituyó a sus familiares los cuerpos de las víctimas relacionadas con la agrupación “Montoneros”. La fiscalía fundó la acusación en un comunicado emitido por el comandante de infantería Vilas, quien se encontraba a cargo del “Operativo Independencia”. En aquel documento, el militar describía las memorias del Operativo entre enero y diciembre de 1975, criticaba a la justicia provincial por obedecer, por miedo o complicidad, las órdenes de “elementos subversivos” y proponía un cambio de jueces federales de primera y segunda instancia por personas de su confianza. Este material no había sido autenticado. El Tribunal Oral condenó al ex juez a la pena de dieciséis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento (hecho 1); privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato (hecho 2) y asociación ilícita (hecho 3). Adicionalmente, se lo excluyó del haber jubilatorio que recibía en su calidad de ex juez federal. Contra aquella decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 29-jun-2017 | RAFA (causa Nº 1392) | Una persona detenida en el CPF I manifestó que se le otorgaba comida en mal estado preparada en una cocina de campaña. Por tal razón, se presentó una acción de habeas corpus. En el marco de ese proceso, la ANMAT efectuó un informe pericial del que se desprendía que los alimentos estudiados habían obtenido resultados acordes con las especificaciones microbiológicas del Código Alimentario Argentino. Sin embargo, con posterioridad se efectuaron una serie de presentaciones individuales que daban cuenta de la misma problemática. Por esa razón, la acción se convirtió en un habeas corpus colectivo que involucró a todos los detenidos del Complejo Penitenciario. Como consecuencia de esto, la ANMAT realizó un nuevo análisis en el que se determinó que la comida no era apta para el consumo humano por superar los límites de presencia de escherichia coli. Ante esta situación, el juzgado hizo lugar a la acción de habeas corpus. El representante legal del SPF interpuso, entonces, un recurso de apelación. |
| 28-jun-2017 | LRJ | Un jubilado inició una acción de reajuste contra la ANSES. El juzgado de primera instancia determinó la actualización de las remuneraciones para el cálculo de la prestación compensatoria (PC), la prestación adicional por permanencia (PAP) y de la prestación básica universal (PBU) de conformidad con el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley Nº 24.463 que condicionaba la movilidad de las prestaciones a la Ley de Presupuesto y a las resoluciones Nº 918/94 y 63/94. La ANSES interpuso un recurso de apelación y solicitó la sustitución del índice ISBIC por el RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales, contemplado por la ley Nº 27.260, conocida como “Reparación histórica”) como pauta de movilidad para la determinación del haber jubilatorio. |
| 27-jun-2017 | RR A | Una persona solicitó a ANSeS el retiro por invalidez previsto en el artículo 48 de la ley Nº 24.241. La Comisión Médica Central dictaminó que el peticionario contaba con un porcentaje de incapacidad del 39,24%, por lo que ANSeS rechazó la solicitud. El actor impugnó el dictamen ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, que confirmó la determinación. En consecuencia, el demandante interpuso una recurso extraordinario federal que, denegado, originó la presentación de un recurso de queja. |