Jurisprudencia nacional 3846

Los fallos contenidos en esta colección se cargan tomando en consideración la utilidad de cada pronunciamiento para el litigio en el ámbito de las Defensorías Públicas Oficiales. A tal efecto, se evalúa el fuero, la jurisdicción y la instancia en que se emite la decisión y se procura cubrir las necesidades de todos los agentes del Ministerio Pública de la Defensa. Para que sean incluídos los fallos deberán: Constituir una novedad jurídica en razón de su temática (por ejemplo, si aborda temas en los que existe una laguna legal, o modifica prácticas preexistentes); Emanar de una Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Presentar una línea de argumentación exhaustiva y profunda; Estar vinculada con reformas legales o constitucionales en vísperas de ser sancionadas o implementadas.

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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2901 a 2920 de 3846
FechaTítuloResumen
29-feb-2016Condori Flores, Carlos RenéEl juez de instrucción decretó el procesamiento de Condori Flores por considerarlo coautor del delito de encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro. El imputado había sido detenido por agentes de la policía cuando viajaba como acompañante en una motocicleta robada que estaba en reparación en el lugar en el que trabajaba como mecánico. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación.
26-feb-2016Soria, Matías MiguelEl tribunal oral había condenado a una persona por considerarla autora del delito de tenencia de arma de guerra en concurso real con resistencia a la autoridad y la declaró reincidente. Para ello, modificó la calificación que el fiscal le había atribuido al hecho –portación de arma– tomando en consideración que no podía tener por acreditado que el arma en cuestión fuese apta para el disparo. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de casación.
26-feb-2016Cabrera, Ricardo ArielSe había procesado a una persona por el delito de transporte de estupefacientes. Frente a esto, se interpuso recurso de apelación cuestionando, entre otras, la calificación jurídica escogida por el juez de instrucción. Se requería, en consecuencia, que el hecho sea calificado como tenencia simple de estupefacientes. En este punto, la fiscalía adhirió al planteo de la defensa.
25-feb-2016BFFUna persona fue condenada en virtud de un acuerdo de juicio abreviado a la pena de tres años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de trece años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima. Entre otras pautas de tratamiento, el condenado se sometió voluntariamente al Programa para Agresores Sexuales (C.A.S.). Después de cumplir ocho meses de detención, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. El Consejo Correccional informó que el condenado presentaba conducta ejemplar diez, muy buena asistencia a sus estudios secundarios, se encontraba a la espera de una vacante laboral y no presentaba signos o síntomas de enfermedad mental que requiriera tratamiento especializado. Asimismo, consideró que, por el corto tiempo que llevaba condenado, no se podía acreditar ninguna evolución de la que pudiera inferirse un pronóstico favorable de reinserción social. Por su parte, el Servicio Criminológico señaló que el detenido aún transitaba el período de observación, por lo que no había iniciado la etapa de tratamiento. Sobre esa base, el juez de ejecución penal rechazó la libertad condicional. A su vez, entendió que el tratamiento en el Programa C.A.S. debía ser completado en sus tres fases para determinar si correspondía o no otra forma de cumplimiento de la pena. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. A tal fin, consideró que el pronunciamiento recurrido era arbitrario dado que, entre otras cuestiones, no tuvo en cuenta la imposibilidad de que el condenado cumpliera todas las etapas del C.A.S. ya que se extendían por más tiempo que el de su pena, ni contempló la posibilidad de realizar un tratamiento en el marco de las reglas de conducta del artículo 13 inciso 6º CP.
23-feb-2016S, ME (dictamen PGN)La actora había reclamado por su derecho y el de su hijo menor de edad a percibir una pensión en virtud del fallecimiento de su esposo, ocurrido dos años después de haber sido cesanteado de su trabajo. La reclamante explicó que la enfermedad que ocasionó la muerte de su pareja se había manifestado durante su relación laboral y, por consiguiente, antes del cese. En instancia administrativa, por resolución del Instituto de Previsión Social, no se hizo lugar a la solicitud. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, confirmó el rechazo de la demanda por aplicación del artículo 34 del decreto-ley 9650/1980 que exige que el causante al momento del deceso sea jubilado, afiliado en actividad o cuente con derecho a jubilación. Además, refirió que, dado que la cesantía del causante fue dispuesta con causa, no tenía derecho a jubilación por invalidez en los términos del art. 32. Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario federal.
22-feb-2016AACEn el marco de un juicio de restricción de la capacidad, la defensa solicitó que se le designe un curador a una persona con un retraso mental moderado a fin de cuidarla y representarla en todos los actos de la vida civil.
19-feb-2016Leiva, Matías EzequielEn el presente caso, el tribunal oral había condenado a un hombre a una pena de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad. A tal efecto, se tomó en consideración la declaración de testigos cuya identidad se había mantenido en reserva durante la etapa de instrucción. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, se decretó el procesamiento de otra persona como coautora de aquél delito aunque, esta vez, se lo agravó por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80, inc. 6º CP). Para ello, se tomó en cuenta la declaración de los mismos testigos. La defensa interpuso recurso de apelación.
18-feb-2016Longno, Reich Alvarado (CCC)El caso remitía al enjuiciamiento de Alvarado Longno por dos hechos de homicidio que habrían tenido lugar a bordo de un buque de bandera de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China que tenía por destino el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el pedido de extradición efectuado por la Región Administrativa de Hong Kong y devolvió el expediente al juzgado de origen (ver sentencia de la CSJN y memorial de la DPO ante CSJN). En razón de ello, el juez de instrucción consideró que, dado que el proceso de extradición había sido resuelto en forma definitiva, las autoridades judiciales de la República Argentina contaban con jurisdicción para conocer el caso. La defensa interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
18-feb-2016Rodríguez, Eduardo JavierEl tribunal oral había dispuesto el decomiso del vehículo del imputado en orden al delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización con fundamento en que éste había sido utilizado para la comisión de aquél ilícito. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
18-feb-2016Álvarez, David y Da Silva, Oscar AdemarEl tribunal oral había condenado a una persona a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de robo en concurso real con el de tentativa de robo con arma y a otra persona a la pena de tres años de prisión como coautora de este último delito. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación alegando múltiples agravios.
18-feb-2016Villanueva (reg. N° 72 y causa N° 39382)En agosto de 2011 una persona fue condenada a la pena única de tres años y diez meses de prisión (causa Nº 3033). En el marco de ese proceso se le concedió la libertad condicional. En agosto de 2014, vencida la pena anterior, un tribunal la condenó por el delito de defraudación por el uso de una tarjeta de crédito ajena a la pena de seis meses de prisión (causa N° 39382). Además, estableció la pena única de cuatro años de prisión. Para decidir de esa manera hizo referencia a la entidad del hecho que se le atribuía y a sus consecuencias. Por último, revocó la libertad condicional que había sido concedida por el juzgado anterior. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, planteó que el tribunal había incurrido en una errónea interpretación de los artículos 40 y 41 del Código Penal al momento de determinar la pena única impuesta.
18-feb-2016Pastrán Robles, Juan MartínEl tribunal oral había resuelto condenar a Pastrán Robles como autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal en concurso real con el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Respecto al primer hecho, el tribunal absolvió al imputado por el robo agravado por la utilización de un arma de fuego pese a que, durante el juicio, el fiscal había considerado acreditada la responsabilidad del imputado por el delito de robo agravado por su comisión con armas en concurso ideal con portación de arma de uso civil sin autorización legal. La defensa interpuso recurso de casación contra la sentencia de condena.
17-feb-2016Bruno, Sebastián y otro (Causa Nº 24740)En el Centro Universitario Devoto, las autoridades habían cancelado el taller “Cine y Debate” e impuesto restricciones tanto para el ingreso de los docentes como para el dictado de una actividad propuesta por la asociación civil “A pulmón”. Contra esa decisión, un grupo de personas detenidas en el CPF CABA interpuso una acción de hábeas corpus correctivo de carácter colectivo. El Juzgado interviniente rechazó parcialmente la acción de habeas corpus ante lo cual un grupo de personas detenidas apeló in paruperis la resolución. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó parcialmente la resolución de la instancia anterior por considerar que las cuestiones planteadas por los accionantes no implicaban un agravamiento en las condiciones de detención. Contra esa resolución, la representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la defensa de las personas detenidas interpusieron recursos de casación.
17-feb-2016Giorgi, VictoriaEn este caso, el tribunal oral había rechazado –a pesar de contar con un dictamen fiscal favorable– la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de la imputada. A tal fin, tuvo en cuenta la negativa de la presunta víctima a aceptar la reparación que se le ofreció. Asimismo, entendió que la actitud demostrada por la imputada durante la audiencia (“displicente y risueña”) reflejaba una falta de comprensión de la situación que no permitía apreciar una vocación superadora del conflicto. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016Benas, Walter AlbertoUna persona condenada a una pena privativa de la libertad había violado la prohibición de regreso que se le había impuesto al ser extrañada. La fiscal de ejecución penal, en su dictamen, sostuvo que la prohibición de reingreso al país, si bien podía constituir una infracción administrativa, no podía justificar reabrir el control judicial de la pena que se extinguió con la expulsión. Sin embargo, el juzgado de ejecución dispuso continuar con la supervisión de la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016H, GCUn tribunal oral había concedido la suspensión del juicio a prueba a una persona. Después de pagarle a la víctima el monto fijado en concepto de reparación y de asistir en varias oportunidades a cumplir las tareas que se le asignaron, el imputado dejó de presentarse. Su inasistencia dio lugar a que el tribunal le revocara la probation y lo declarara rebelde. La resolución fue dictada sin realizarse, de manera previa, la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación. Por esa razón, la defensa un interpuso un recurso de casación.
17-feb-2016Ortega, Carmelo PatricioEl Tribunal Oral había condenado a Ortega por considerarlo coautor del delito de robo en concurso ideal con lesiones leves. Para ello modificó la calificación legal propuesta por el fiscal, que había encuadrado la conducta en el delito de robo agravado por el uso de un arma. A tal fin, el tribunal entendió que, si bien el pico de botella roto utilizado en el hecho no podía ser catalogado como ‘arma’, las lesiones infligidas a la víctima excedían a aquellas que podrían quedar comprendidas en el artículo 164 del CP –que sólo exige la producción de violencia–. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016Iskandarani, JoséTres personas se encontraban imputadas por hechos cometidos en los años 2000 y 2001. En el año 2013 la defensa planteó la prescripción de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo tuvo en cuenta la complejidad de la investigación y la circunstancia de haber enviado exhortos a China para obtener la documentación original del caso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
17-feb-2016GVEl Tribunal Oral había rechazado –a pesar de contar con un dictamen fiscal favorable– la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de la imputada. A tal fin, tuvo en cuenta la negativa de la presunta víctima a aceptar la reparación que se le ofreció. Asimismo, entendió que la actitud demostrada por la imputada durante la audiencia (“displicente y risueña”) reflejaba una falta de comprensión de la situación que no permitía apreciar una vocación superadora del conflicto. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
17-feb-2016BEL (Causa Nº 1245)En el marco de un proceso de alimentos, se condenó al progenitor al pago de alimentos a favor de su hijo. El hombre era un profesional del derecho y pidió por medio de un incidente la disminución de la cuota fijada. Con motivo de la ejecución de la sentencia, se embargó un bien que era propiedad del demandado. Sin embargo, éste transfirió el bien antes que la medida fuera inscripta. Frente al reiterado incumplimiento, el progenitor fue incorporado en el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos de su jurisdicción, Mendoza. Ante esa situación, la madre solicitó se impusiera al accionado una multa dineraria y se le prohibiera salir del país.