Jurisprudencia nacional 3843
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2361 a 2380 de 3843
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 3-may-2017 | Muiña, Luis (Causa Bignone) | Una persona fue procesada por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, calificados como delitos de lesa humanidad. A partir de 2007, además, estuvo detenida preventivamente. Luego, fue condenada a la pena de trece años de prisión. El tribunal oral realizó el cómputo del tiempo de detención de conformidad con la regla conocida como “dos por uno” (art. 7 de la ley 24.390, derogado en el 2001), por aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del CP); la ley 24.390 estuvo vigente en un momento intermedio, entre la comisión de los hechos que fueron materia de la causa penal y el dictado de la sentencia condenatoria. La decisión relativa al modo de computar el tiempo de prisión preventiva fue impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso del fiscal. A tal fin, consideró que la aplicación de la ley penal más benigna tenía como único fundamento la existencia de un cambio en la valoración de la conducta imputada. En ese sentido, señaló que la ley 24.390 no alteró la valoración de los delitos que se le atribuían al condenado. A su vez, consideró que no era aplicable el precedente “Arce” de la CSJN debido a que los delitos comprendidos en la sentencia condenatoria fueron cometidos antes de la sanción de la ley 24.390, mientras que en el precedente referido, el hecho había sido cometido mientras la norma se encontraba vigente. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| 3-may-2017 | C, SF | La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias a fin de proveer a los amparistas de casas de medio camino o residencias, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo (ley Nº 26.378), así como lo previsto por la ley Nº 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental). En ese contexto, la Defensora Pública Curadora de una mujer de 54 años de edad que se encontraba internada en una institución psiquiátrica, en condiciones de ser externada, inició un incidente de ejecución de sentencia con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia de los autos principales y se ordene a las demandadas la creación de un dispositivo comunitario menos restrictivo y la provisión de una vacante para su asistida. |
| 2-may-2017 | CJA (causa Nº 10561) | Un individuo cumplía una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario. Allí finalizó sus estudios primarios y aprobó un curso anual de huerta orgánica, con una carga horaria de 540 horas. Además, realizó cursos de informática, instalaciones sanitarias, soldadura y educación física. Cada uno de esos cursos tenía una carga horaria de entre 120 y 250 horas. La defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo, en los términos del artículo 140 de la ley Nº 24.660. En particular, peticionó que se le concediera a su asistido una reducción de doce meses en el régimen de progresividad de la pena. Además, requirió que, en caso de hacerse lugar al planteo, se diera inicio a los trámites para la incorporación del imputado al régimen de libertad condicional. El Consejo Correccional de la Unidad Penitenciaria se expidió de manera favorable a la reducción. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la escasa carga horaria de las capacitaciones cursadas por el imputado no permitía considerarlas como anuales. Por tal razón, indicó que sólo correspondía una reducción de cinco meses. |
| 28-abr-2017 | Etchecolatz, Miguel O | Una persona había sido condenada por delitos de lesa humanidad. El detenido contaba con 87 años de edad y sufría graves problemas de salud. Entre ellos, “hipertensión arterial, deterioro cognitivo moderado, espanvascular, labilidad emocional y una adenoma de próstata que [requería] cateterización permanente”. Por este motivo, la defensa pidió su arresto domiciliario. Entre sus argumentos, señaló que el Hospital Penitenciario de Ezeiza carecía de la infraestructura necesaria para el tratamiento requerido por el condenado. El juez de primera instancia rechazó la solicitud y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-abr-2017 | MMY | Una mujer de nacionalidad extranjera había ingresado regularmente al país en 2007. Ese mismo año fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. En 2010 obtuvo la libertad condicional. A su vez, tuvo un hijo con su pareja. Si bien había cumplido la totalidad de la pena en 2011, en 2015 la Dirección Nacional de Migraciones le denegó la residencia permanente. La decisión se basó en la naturaleza del delito cometido y la condena oportunamente impuesta. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reconsideración y solicitó la dispensa por razones de reunificación familiar. La DNM rechazó el pedido. La defensa apeló la decisión. |
| 28-abr-2017 | RJR (causa N° 91001074) | Un varón fue condenado a una pena privativa de la libertad y se dispuso su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal I. El hombre tenía siete hijos, de los cuales seis eran menores de edad. Los niños se encontraban al cuidado exclusivo de su madre. Tanto la mujer como algunos de sus hijos tenían problemas de salud. Sin embargo, desde la detención del hombre dejaron de realizar consultas y exámenes médicos debido a la falta de medios económicos. En ese contexto, los hijos mayores perdieron la regularidad escolar y la mujer se vio imposibilitada de trabajar. La defensa solicitó la prisión domiciliaria de su asistido. A tal fin, se aportaron diversos informes médicos y socio ambientales que daban cuenta de la apremiante situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. |
| 28-abr-2017 | RAL | La Asesoría de Familia solicitó la restricción de la capacidad jurídica de un paciente internado en el área de salud mental de un hospital regional. Cinco años después, luego de repetidos informes y con un diagnóstico de esquizofrenia, se dictó sentencia y se restringió su capacidad para realizar actos de administración, disposición y garantía de bienes, aceptación herencias y donaciones, celebrar contratos, incluso de trabajo. Asimismo, se designó un administrador y/o figura de apoyo. La causa se elevó en consulta a la Cámara de Apelaciones. |
| 28-abr-2017 | GRME | Una persona fue excarcelada en el marco de un procedimiento de flagrancia. La fiscalía impugnó la decisión por considerar que la falta de arraigo en el país del imputado y la multiplicidad de condenas previas que registraba implicaban la existencia de riesgo de fuga. Sin embargo, durante la audiencia de clausura, la acusación no solicitó el dictado de la prisión preventiva. |
| 26-abr-2017 | MIM y otros | Un grupo de quince personas había construido sus viviendas en terrenos que eran propiedad del Estado Nacional y que se encontraban abandonados. Durante ese proceso, el municipio de Villa Dolores, provincia de Córdoba, les había proveído de materiales para la construcción, luz y agua potable. Sin embargo, el Ente Intermunicipal de Aguas de Traslasierra denunció la situación. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó a Gendarmería la realización de un relevamiento para constatar, por un lado, la existencia del predio y del asentamiento de viviendas y, por otro, para tener información sobre los habitantes. Esta pesquisa arrojó como resultado, entre otras cuestiones, que los ocupantes presentaban una situación de vulnerabilidad extrema. Luego, la fiscalía los acusó por el delito de usurpación cometido mediante el despojo clandestino del predio. Sólo una de las personas imputadas se presentó a prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad, manifestó que, de sus cinco hijos, dos poseían una discapacidad, y detalló la ayuda económica que recibía del gobierno provincial para permanecer en el predio. Por ese motivo, la defensa argumentó que la conducta era atípica e instó su sobreseimiento. |
| 25-abr-2017 | C, RZ | Una persona había sido imputada por el delito de falsificación de moneda extranjera. La defensa solicitó su sobreseimiento. A tal fin, alegó que el billete falso utilizado había sido inmediatamente identificado como tal y, por este motivo, no era apto para afectar el bien jurídico fe pública ni poner en peligro a terceros. Por su parte, el fiscal adhirió al pedido y a los fundamentos de la defensa. |
| 25-abr-2017 | AF | Los padres de un adolescente con discapacidad (hipoacusia bilateral neurosensorial profunda) solicitaron a su empresa de medicina prepaga la provisión de audífonos. Ante la negativa de la empresa, los padres interpusieron una acción de amparo y solicitaron como medida cautelar la cobertura del dispositivo requerido. El juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido y ordenó a la demandada la cobertura de lo solicitado. Contra dicha resolución, la demanda interpuso un recurso de apelación. |
| 25-abr-2017 | La Pampa c/ Mendoza s/ Uso de aguas (Causa N°243) | Se inició un litigio entre las provincias de la Pampa y Mendoza por el uso y aprovechamiento del río Atuel. En el marco de ese proceso, la Provincia de Mendoza planteó la excepción de incompetencia y de falta legitimación activa. |
| 24-abr-2017 | F, BL c ANSES | Una mujer cobraba una jubilación anticipada mediante el régimen de moratoria implementado por la ley Nº 25.994. En octubre de 2006, la ANSES dictó la resolución Nº 884/06 mediante la cual estableció que sólo adquiriría el derecho al beneficio jubilatorio quien cancelara el total de su deuda con el organismo. La jubilada, entonces, inició una acción declarativa. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó a la ANSES abstenerse de aplicar la resolución y toda otra norma que varíe la situación de la actora al 25/10/2016 en relación a su beneficio jubilatorio. La demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 24-abr-2017 | VRL (causa Nº 45278) | Un hombre y otros sujetos no identificados se abalanzaron sobre un señor, lo golpearon, le sustrajeron un charango y se dieron a la fuga (hecho I, “el robo del charango”). Posteriormente, se acercaron a otro individuo en una terminal de ómnibus y lo golpearon con el fin de sustraerle su celular y su billetera (hecho II). Los asaltantes se fueron. No obstante, en determinado momento, la segunda víctima observó que uno de ellos regresó; lo reconoció porque tenía un charango. En consecuencia, lo sujetó hasta que la policía concurrió al lugar y lo detuvo. Minutos después, se acercó una persona con la cara lastimada y expresó que el charango era suyo. El damnificado del hecho I declaró en sede policial; sin embargo, al realizarse el debate oral, no se logró ubicarlo. El Tribunal Oral condenó al imputado por ambos hechos. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-abr-2017 | Vega Rodríguez (reg. N° 301 y causa N° 45278) | Un tribunal de menores condenó a una persona a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión en febrero de 2015 (causa N° 59248). Por un hecho cometido con anterioridad al dictado de esa condena, en junio del 2015 otro tribunal la condenó a la pena de tres años de prisión y a la pena única de siete años de prisión (causa N° 45278). Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, planteó que el monto de la pena única era elevado y que el tribunal no había brindado motivos para justificar la imposición de una sanción mayor a la del tribunal de menores. |
| 19-abr-2017 | DLF, SR c. ANSES | Una persona obtuvo su jubilación en el año 1999. Sin embargo, en 2001, ante el inicio de actuaciones por presunto fraude en la obtención del beneficio jubilatorio, la ANSES revocó su decisión. Posteriormente, la peticionante fue sobreseída. En consecuencia, en 2011, inició una demanda con el objeto de que se le rehabilite la jubilación y solicitó, como medida cautelar, el inmediato restablecimiento del pago de los haberes jubilatorios. El Juzgado Federal de la Rioja hizo lugar a la medida cautelar. La demandada impugnó la resolución. |
| 19-abr-2017 | CMA c. OSBA | Una mujer se encontraba afiliada a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el momento en que se jubiló, la Obra Social invocó una resolución interna e interrumpió la prestación que se le otorgaba por no haber cumplido el requisito mínimo de 15 años de aporte. Ante esta resolución, la afiliada interpuso un recurso de revisión. La Obra Social ratificó la resolución. Por ende, la beneficiaria interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar el reinicio de las prestaciones médico-asistenciales comunes de forma inmediata. |
| 19-abr-2017 | M, LA | En mayo de 2014, un Juzgado Federal había ordenado el allanamiento de un domicilio a fin de secuestrar dinero efectivo en dólares estadounidenses y euros. Sin embargo, durante el procedimiento se obtuvieron ochenta y dos copias de billetes de cien dólares estadounidenses. De acuerdo a la declaración del oficial preventor, los billetes eran de fabricación apócrifa por las diferentes anomalías que presentaban. El estudio pericial practicado tiempo después concluyó que el material secuestrado poseía diferencia de soporte, tipo de impresión y coloración con respecto a los billetes genuinos. En consecuencia, el Juzgado Federal procesó a la imputada por el delito de encubrimiento. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 19-abr-2017 | GCM (Causa Nº 119.871) | El 5 de abril de 2013, SDRW y PAA iniciaron una demanda de adopción plena respecto de dos niños, CMG y KEG, cuya guarda judicial ejercían desde el 2 de mayo del 2012. En junio de 2014, el tribunal otorgó la adopción plena con efectos retroactivos a la fecha de otorgamiento de la guarda. Luego, en noviembre de ese año, se presentó ante ese tribunal DMRC, quien manifestó que era el padre biológico de KEG. Entonces, solicitó que se declarara la nulidad de la sentencia de adopción plena y que se dispusiera su vinculación con el niño. El tribunal rechazó el planteo y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. |
| 19-abr-2017 | González (reg. N° 286 y causa N° 73202) | En noviembre de 2014 una persona fue condenada a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional (causa N° 4368). Luego fue imputada por otro hecho. Durante la audiencia de debate la defensa solicitó que, en caso de que se la condenara y se unificaran las penas, se le impusiera una pena única que no superara los seis meses de prisión. En mayo de 2015 el Tribunal Oral la condenó a la pena de quince días de prisión (causa N° 73202) y a la pena única de ocho meses de prisión. Además, revocó la condicionalidad de la sanción anterior (causa N° 4368). Para decidir de esa manera, sostuvo que correspondía aplicar la previsión del artículo 27 del CP y, dado que no habían transcurrido cuatro años desde que había adquirido firmeza la primera sentencia (causa N° 4368), no podía imponerse una nueva condena de ejecución condicional. Además, consideró que el tribunal no tenía jurisdicción para dictar una pena por debajo de la impuesta por otra judicatura, que ya había pasado en carácter de cosa juzgada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
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