Jurisprudencia nacional 4377
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1481 a 1500 de 4377
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 7-sep-2020 | Gimenez (causa N° 55560) | Una persona había sido imputada de acuerdo al régimen de flagrancia. En el marco de la audiencia inicial, el juzgado le concedió la suspensión del juicio a prueba. Transcurrido un mes, su defensa presentó un escrito en el que desistía del instituto. Luego, se agregó un informe actuarial en el que constaba que un Tribunal Oral había condenado a la persona por otro delito, en el marco de una causa que se había iniciado un día antes del desistimiento. El juzgado remitió el asunto al tribunal, que rechazó su competencia. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió que le correspondía continuar el trámite al juzgado. Devueltas las actuaciones, revocó la suspensión del juicio a prueba. Para decidir de ese modo, consideró que la condena por un hecho delictivo cometido a escasos días de la concesión del instituto tornaba operativa en forma inmediata la cláusula del artículo 76 ter, quinto párrafo, del Código Penal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que la sentencia del tribunal no estaba firme cuando se realizó el informe actuarial y que la sentencia condenatoria había sido oportunamente impugnada. |
| 7-sep-2020 | Blisniuk (causa N° 15636) | Una persona había sido denunciada por el libramiento de catorce cheques de pago diferido por la suma de $25.000, que luego fueron rechazados por orden de no pagar sobre la base de un supuesto extravío. Por esos hechos, fue imputada por el delito previsto en el artículo 302, inciso 3, del Código Penal. En la etapa de juicio oral, la defensa explicó que la deuda se encontraba saldada y solicitó la aplicación del artículo 59, inciso 6, del Código Penal. Por otro lado, la parte damnificada desistió del rol querellante y aceptó el pago del monto ofrecido –aunque era inferior al total de los cheques librados– y lo consideraba una reparación integral. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la parte damnificada y la persona imputada habían arribado a un acuerdo conciliatorio toda vez que la suma ofrecida no obedecía a una reparación integral, pero era aceptada por ambas partes. Por último, entendió que ese instituto resultaba adecuado para el caso y que correspondía homologar el acuerdo. |
| 4-sep-2020 | Chilo (causa N° 119538) | La señora S. de 33 años era madre de cuatro hijos y denunció por violencia familiar a su ex pareja, el señor Chilo, quien se desempeñaba como agente de la policía de la Provincia de Salta. Ante la denuncia, el departamento de policía tomó conocimiento de que Chilo se encontraba en estado de labilidad emocional. Sin embargo, no adoptó ninguna medida en relación con el denunciado, quien siguió portando su arma reglamentaria. Después de esta primera denuncia, el agente disparó a S. con su arma reglamentaria y le ocasionó la muerte. En el marco del proceso penal, los padres e hijos de la víctima se constituyeron como querellantes y parte actora civil y demandaron por daños y perjuicios a Chilo y al estado provincial. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. En lo sustancial condenó a la Provincia de Salta a pagar, en forma solidaria, conjunta y mancomunada, la suma total de $ 2.600.000 (dos millones seiscientos mil pesos) en concepto de reparación integral por el daño causado por la muerte de S. Contra esa decisión, los demandados interpusieron un recurso de apelación. Entre sus agravios la provincia expresó la falta de motivación y ausencia de fundamentación de la condena. |
| 3-sep-2020 | Blanco (causa Nº 8293) | Dos personas habían sido imputadas por un delito. Al momento de la declaración indagatoria, su defensa letrada las acompañó y les aconsejó no declarar. Durante el transcurso del proceso les comentó la posibilidad de solicitar alguna solución alternativa, como la suspensión del juicio a prueba. Luego de que se dictara el procesamiento, no impugnó la decisión. Ambas personas la denunciaron por considerar que les había quitado la posibilidad de obtener una defensa efectiva. Además, entre las conductas señaladas, denunciaron la falta de respuesta de mensajes y correos electrónicos. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la defensa había perjudicado deliberadamente la causa que le había sido confiada, en los términos del artículo 271 del Código Penal. El juzgado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en esa figura y sobreseyó al abogado. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. |
| 3-sep-2020 | Fernández (CNCCC Causa n°45815) | Dos personas que registraban antecedentes intentaron apropiarse de un monopatín eléctrico que se encontraba en la vía pública. Por ese hecho fueron detenidas e imputadas por el delito de hurto. En la etapa de juicio oral suscribieron un acuerdo conciliatorio con el representante de la empresa damnificada. Luego, se realizó ante el juez la audiencia de control del acuerdo de conciliación presentado por las partes. En esa oportunidad, el apoderado de la empresa ratificó el acuerdo y solicitó su homologación. Por su parte, la fiscalía rechazó el planteo de la defensa. Entre otras cuestiones, sostuvo que, por tratarse de un vehículo destinado al traslado de personas, no era solo propiedad de la empresa sino un servicio prestado a la sociedad. Asimismo, la fiscalía se refirió a los antecedentes condenatorios de los imputados. Por estos motivos, expuso que por razones de política criminal no era conveniente la aplicación del instituto en este caso en particular. Entonces, el Tribunal Oral hizo lugar a la conciliación y sobreseyó a los hombres imputados. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Entre otras consideraciones, planteó que la oposición del Ministerio Público Fiscal era vinculante. |
| 3-sep-2020 | Ramos León (reg. N° 2682 y causa N° 67322) | Un varón mantuvo una discusión con su pareja y la golpeó en el rostro y en la espalda. Luego tomó un cuchillo de cocina y la amenazó con matarla. La mujer se defendió, el hombre soltó el cuchillo y le dio golpes de puño en el brazo izquierdo. Ella logró encerrarse en el baño y solicitó ayuda. Por ese hecho, el varón fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso real con el delito de amenazas simples agravadas por el empleo de armas. La Oficina de Violencia de Género informó que la situación era de alto riesgo y resaltó el consumo abusivo de alcohol y las características celotípicas evidenciadas por el agresor. Cuatro años después, en la etapa de juicio, la defensa solicitó que se le concediera la probation. En la audiencia prevista por el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, la damnificada explicó que, luego de la denuncia, había continuado conviviendo con el imputado sin que se suscitaran nuevos episodios de violencia y que la relación era buena. Además, informó que el hombre no consumía más bebidas alcohólicas. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de probation, resaltó la gravedad del caso en base al informe elaborado por la OVD y se remitió al precedente “Góngora” de la CSJN. En ese sentido, invocó la Convención de Belém do Pará como obstáculo para la procedencia del instituto. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera estimó que el dictamen fiscal se encontraba debidamente fundado y resultaba vinculante. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-sep-2020 | Toledo (Causa N° 40727) | Una persona fue condenada a una pena privativa de la libertad en un proceso que tramitó de forma paralela a otro en el que fue absuelto. Una vez que adquirió firmeza la condena, el secretario practicó el cómputo del tiempo de detención y se lo notificó al condenado. Su defensa observó la decisión por considerar que había omitido contabilizar un período en el que su representado había permanecido en prisión únicamente en el segundo proceso. El tribunal rechazó el planteo, pues –a su modo de ver– “nada tienen que ver [esos tiempos] con la condena aquí propiciada [...]. [M]ás allá de que la libertad que se ordenara en la causa nro. 5811 no se hubiera hecho efectiva al momento de dictarse, por permanecer Toledo detenido […], esos días de detención fueron a cuenta de esa otra investigación, que ninguna relación tiene con las condenas que comprenden la pena única dictada en este expediente. […] Entonces, los días que hubiera sufrido en detención en el pasado, no pueden considerarse como créditos ante una eventual condena de efectivo cumplimiento”. Esa determinación fue impugnada por la defensa, que propuso que resolviera el caso de conformidad con los precedentes “Coria” y “Rodríguez” , respectivamente, de la Sala 1 y 2 de la CNCCC. |
| 2-sep-2020 | BNMF (Causa Nº 40764) | En el marco de un proceso de alimentos, se le impuso a un hombre una cuota provisoria a favor de sus cuatro hijos y de la progenitora de los niños, que tenía dificultades de salud. Frente a lo decidido, el hombre interpuso un recurso de apelación. A pesar de ello, el juzgado dispuso la apertura de una cuenta judicial para que el demandado depositara las sumas adeudadas. Sin embargo, el hombre no cumplió con lo ordenado, por lo que la mujer lo denunció. Entre sus argumentos, sostuvo que no abonaba los servicios del hogar y que había dado de baja la cobertura médica que le correspondía a ella. En consecuencia, solicitó como medidas urgentes que se le prohibiera la salida del país, así como el ingreso a un club de yates y a una guardería náutica. Por su parte, el hombre manifestó que cubría los gastos escolares y médicos, pero que estaba sin empleo en ese momento. Luego, la mujer presentó la actualización de la deuda alimentaria y pidió la ejecución de nuevos períodos. En esa oportunidad, reiteró el pedido de las medidas sancionatorias. Además, solicitó que se dictara una inhibición general de bienes del demandado. |
| 2-sep-2020 | Miranda y Alesi (causa N° 64213) | Dos personas habían ingresado a un comercio. Luego de exhibir un arma, robaron el dinero disponible en la caja y las pertenencias de los trabajadores. Sin embargo, durante el hecho, uno de los trabajadores hirió con un cuchillo a una de las personas y recibió un disparo que ocasionó su muerte. El tribunal oral interviniente condenó a las personas por el homicidio agravado por haber sido perpetrado para facilitar la comisión de otro delito, en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con encubrimiento |
| 1-sep-2020 | CPF I y otros (causa N° 15054) | Un grupo de personas se encontraba detenido en la Alcaidía N° 10 de la ciudad de Buenos Aires. Durante la situación de pandemia de Covid-19 se les practicó un hisopado y, sin esperar su resultado, fueron trasladadas al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La defensa interpuso una acción de habeas corpus y requirió la implementación de las "Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal" y el "Protocolo de alojamiento de carácter preventivo destinado a la Unidad Residencial de Ingreso". El juzgado solicitó a la Dirección Nacional del SPF que evaluase la procedencia de la actualización o modificación de dichos protocolos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la resolución y ordenó al juzgado que se expidiera respecto de la procedencia de la medida solicitada. |
| 1-sep-2020 | Molo y Di?az (causa N° 1312) | Dos personas regresaron al país el 28 de febrero de 2020 luego de un viaje por distintos países de Europa. Ambas presentaban síntomas de cansancio y dolores estomacales y, al llegar a su residencia en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, realizaron sus actividades diarias con normalidad. A partir de una noticia periodística que reconstruía una cadena de contagios de COVID-19 en base a ellas, el representante del Ministerio Público Fiscal las acusó por la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa. En su declaración indagatoria sostuvieron que en ninguna instancia de su regreso habían recibido indicaciones para evitar el contagio. El juzgado consideró que habían tenido una conducta imprudente y dictó su procesamiento por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa por imprudencia, teniendo como resultado enfermedad y muerte, en los términos de los artículos 202 y 203 del Código Penal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos señaló que, al momento del regreso al país de sus asistidas, no existían normativas, procedimientos o disposiciones legales restrictivas a cumplir respecto al COVID19, como así tampoco protocolos de comportamiento a seguir ante la sospecha de contagio. En ese sentido, postuló su sobreseimiento. |
| 1-sep-2020 | Rivero (causa N° 30329) | R fue imputado como coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de un menor de dieciocho años de edad. En la etapa de juicio oral, la persona damnificada explicó que caminaba por la calle cuando fue abordado por varias personas que le sustrajeron el celular y que luego otro individuo lo golpeó en la cabeza con una botella. Por otro lado, se incorporó la filmación del Centro de Monitoreo donde se observaba que un grupo de personas se encontraban en una esquina e interceptaba a quienes circulaban por la vereda. Allí se podía ver que a la víctima se acercan R y A —de diecisiete años— para quitarle el celular y minutos después M, de trece años, con una botella en la mano. El tribunal interviniente condenó a R a la pena de cuatro años de prisión por el delito imputado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, explicó que no existía elemento probatorio que permitiera afirmar una división de tareas planificada ni la intención de sustraer las pertenencias de la víctima en grupo para asegurar las posibilidades de consumar el delito. Además, indicó que los imputados vivían en situación de calle y en el video se los observaba consumiendo estupefacientes y en mal estado. Por otro lado, postuló una errónea aplicación de la ley sustantiva con respecto a la agravante del artículo 41 quater del Código Penal. En ese sentido, sostuvo que no era suficiente la mera presencia de un menor de edad en el hecho, sino que además resultaba necesario un interés de aprovecharse de esa presencia por parte del adulto y descargar en aquél la responsabilidad. Por esa razón, solicitó que se modificara la calificación legal por la de robo simple. |
| 31-ago-2020 | Mora Amaro (causa N° 24880) | Dos personas fueron imputadas por el delito de hurto agravado por haber sido cometido con escalamiento en grado de tentativa. En la etapa de juicio, la defensa solicitó que se celebrara una audiencia de conciliación en los términos del artículo 59, inciso 6, del Código Penal. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para el conceder el instituto. En la audiencia las personas imputadas ofrecieron una reparación económica de dos mil pesos y un pedido de disculpas que fueron aceptados por el damnificado. El Tribunal Oral homologó el acuerdo y concedió un plazo de veinticuatro horas para que se abonara la suma de la reparación económica. La defensa aportó los comprobantes de pago correspondientes. |
| 27-ago-2020 | Cagnone Lavaque (reg. N° 1135 y causa N° 71003830) | Un hombre fue detenido en julio de 2011 por la comisión de un delito y en octubre de ese año fue excarcelado para realizar un tratamiento por su adicción a los estupefacientes. Por esa razón, estuvo internado en una institución bajo modalidad “cerrada” hasta noviembre de 2012. En agosto de 2015 contrajo matrimonio con una mujer y tuvieron dos hijas. En 2018 se divorciaron y acordaron judicialmente el cuidado compartido indistinto de las niñas, de tres y dos años, que habitaban en el domicilio del hombre como “sede principal”. En septiembre de 2019, la condena del imputado quedó firme. Entonces, el hombre se presentó de manera espontánea en sede policial y quedó detenido. Desde su detención, la hija menor comenzó con espasmos sollozos y le fue diagnosticada epilepsia, mientras que la hija mayor había vuelto a usar pañales. La madre de las niñas tuvo que ausentarse de su empleo para proporcionarles los cuidados necesarios. Frente a ese contexto, la defensa solicitó que le concedieran el arresto domiciliario a su asistido. El asesor de menores acompañó el pedido. En ese sentido, sostuvo que debía prevalecer el interés superior de las menores de edad y debía evitarse que la pena recaída en contra del padre las perjudicara. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, explicó que el inciso f) del artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal no contemplaba el supuesto de arresto domiciliario para menores de cinco años. Además, agregó que no se encontraba comprometido el interés superior de las niñas ya que no atravesaban una situación de desamparo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-ago-2020 | Oliva (causa N° 9963) | Una persona que había sido imputada por la comisión de un delito y suscribió un acuerdo de conciliación con la víctima en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. La defensa solicitó su homologación. El Tribunal Oral consideró que la aplicación de esa norma estaba condicionada a la entrada en vigor de las reglas sobre conciliación contempladas en el Código Procesal Penal Federal y rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación. En marzo de 2019, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró inadmisibles las impugnaciones. Entre sus argumentos sostuvo que los recursos no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable. Contra esa decisión, el fiscal general interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 26-ago-2020 | Calderón Mayuri (reg. N° 2579 y Causa N° 12594) | Un hombre fue condenado a la pena única de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. El hombre había sido sometido a una intervención quirúrgica por la cual le habían extraído el vaso y el páncreas y, en consecuencia, debía alimentarse con una dieta restringida. Además, tenía tres hijos de 2, 6 y 10 años, que se encontraban al exclusivo cuidado de su madre. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario en los términos del inciso i) del artículo 210 del CPPF. Luego, amplió el pedido en función del inciso f) de los artículos 10 CP y 32 de la Ley de Ejecución. En esa dirección, presentó un informe del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación en el que daba cuenta que la mujer tenía un tumor en el cuello y que, desde el aislamiento social preventivo y obligatorio, no había podido continuar con su trabajo habitual. En ese sentido, el informe concluyó que la familia del detenido atravesaba una delicada situación socioeconómica ya que contaba con las Asignaciones Universales por Hijo como único ingreso monetario fijo. Por su parte, la Dirección de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó que estaban dadas las condiciones para incorporar al hombre al programa y que su presencia en el hogar tendría un impacto positivo para sus hijos. Además, el asesor de menores se expidió de manera favorable al pedido. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Entre otras cuestiones, sostuvo que los hijos del condenado no se encontraban en una situación de abandono ni de inseguridad material que habilitara la concesión del instituto. |
| 25-ago-2020 | ALCE (causa N° 30859) | Una mujer de cuarenta años convivía con su hijo menor de edad y su pareja. En noviembre del 2013, el hombre le comunicó su intención de terminar la relación y le indicó que debía mudarse con su hijo porque la vivienda era de su propiedad. Además, ejerció violencia física contra ella en el marco de un forcejeo por quitarle su teléfono. La mujer lo denunció y el hombre fue imputado por los delitos de lesiones y amenazas. Luego, fue sobreseído. Por otro lado, la denunciante inició una demanda de daños y perjuicios contra su ex pareja con el objeto de que se lo condenase a indemnizar las consecuencias dañosas, entre las que destacó incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos de asistencia. El juzgado hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. El apelante se agravió por los montos de los rubros indemnizatorios. Además, sostuvo que no se había considerado su sobreseimiento en sede penal. |
| 25-ago-2020 | Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN (causa N° 30739) | La Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso una acción de habeas corpus en representación de un grupo de personas alojadas en alcaidías de la ciudad de Buenos Aires y en hospitales que se encontraban contagiadas de COVID-19. Esta situación se originó luego de que el Servicio Penitenciario Federal suspendiera la admisión de personas detenidas en el Servicio Central de Alcaidías, el 13 de marzo del 2020, y las comisarías de la ciudad colapsaran. El jefe del Departamento Alcaidía Central y Traslados de la policía de la ciudad sostuvo que los internos se encontraban aislados y eran asistidos tanto por médicos legistas como por personal del SAME. A su vez, señaló que las alcaidías se encontraban desbordadas y que no contaban con la infraestructura necesaria para dar respuesta en el contexto de pandemia. Por otra parte, el director del Área Judiciales de la Unidad 21 indicó que ese establecimiento no funcionaba como un lugar de ingreso, sino que recibía pacientes a partir de derivaciones de otros establecimientos. Además, sostuvo que la problemática era objeto de un habeas corpus que tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3. En el marco de esa causa, se conformó una mesa de diálogo que había establecido como solución, entre otras cosas, el desalojo de las alcaidías de la ciudad. El juzgado rechazó la presentación. Luego, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la resolución e hizo lugar al habeas corpus. En esa línea, ordenó el traslado de las personas a la Unidad 21 o a los complejos del Servicio Penitenciario Federal que tuvieran plazas. Para decidir de ese modo consideró que más allá de la causa que tramitaba en el juzgado del fuero contravencional, el habeas corpus aludía a la situación específica de los detenidos que padecían COVID19, lo que requería una solución pronta. Contra esa decisión, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que los beneficiarios de la acción se encontraban comprendidos por la causa en trámite en el fuero de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, señaló que correspondía que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se declarase incompetente y remitiera el proceso a ese fuero. Asimismo señaló que, de intervenir, podía dar lugar a soluciones contradictorias a un problema común y, por último, que un eventual traslado a unidades fuera del área metropolitana podía generar una propagación del virus. |
| 25-ago-2020 | San Martín (reg. Nº 1500 y causa Nº 20290) | Una agente policial observó a un hombre que salía de una galería de locales comerciales que vendían celulares usados. Entonces, lo interceptó y le solicitó que acreditara su identidad y exhibiera sus pertenencias. El hombre tenía tres dispositivos de telefonía celular. Por ese hecho, fue detenido y procesado por el delito de adquisición de celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de apelación y planteó además la nulidad de la detención y la requisa de su asistido. En ese sentido, sostuvo que no había sido una aprehensión in fraganti ni habían existido indicios vehementes de culpabilidad. El representante del Ministerio Público Fiscal de la Cámara de Apelaciones dictaminó a favor del planteo y explicó que la única conducta del imputado había sido retirarse de una galería comercial, lo que constituía un comportamiento de por sí inocuo. Además, refirió que no se le había atribuido ninguna infracción que justificara su detención y que tampoco había demostrado una actitud evasiva que permitiera inferir la presencia de algún indicio que habilitara esa medida. La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de nulidad por considerarlo prematuro. Para decidir de esa manera sostuvo que no se contaba con la declaración testimonial de la preventora, quien podía aportar detalles sobre el hecho. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. El representante del Ministerio Público Fiscal coincidió con la postura del fiscal de la instancia anterior y solicitó que se hiciera lugar a la impugnación de la defensa. En ese sentido, refirió que el argumento de la necesidad de procurar la declaración de la policía no se ajustaba al estándar constitucional de la garantía contra arrestos y requisas arbitrarias que exigía la existencia de una causa probable de la comisión de un delito antes de iniciarse el procedimiento. En esa dirección, enfatizó que luego de la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones, la oficial había prestado declaración y de allí surgía que sólo había podido conocerse la actividad ilícita del imputado con posterioridad a los informes de los celulares secuestrados y que ningún otro dato podría haber constituido la existencia de indicios vehementes de culpabilidad. |
| 24-ago-2020 | Bañes Sigüeñas (causa n° 1368) | Una mujer trans, portadora de HIV, se encontraba procesada y detenida con prisión preventiva en un centropenitenciario. En el marco de la pandemia por el virus Covid-19, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El tribunal oral interviniente rechazó el pedido de la defensa y, además, declaró la inconstitucionalidad de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta Acordada, dictada en el marco de la emergencia sanitaria, recomendaba a los tribunales la adopción de medidas alternativas al encierro respecto de determinadas personas en prisión preventiva en situación de vulnerabilidad. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |