Jurisprudencia nacional 4523
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3441 a 3460 de 4523
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-may-2016 | B, VP | La accionante inició una acción de amparo contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) a fin de que afiliara a su hermana con discapacidad. El juzgado de primera instancia rechazó el pedido. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la demanda. La obra social recurrió el fallo por considerarlo arbitrario. Además sostuvo que lo decidido contrariaba las previsiones en materia de afiliaciones contenidas en el Estatuto de la OSPJN (aprobado por acordada 5/2008) y que no se había determinado el cumplimiento del requisito estatutario para permitir la afiliación de parientes colaterales (deben estar "a exclusivo cargo del titular"). |
| 24-may-2016 | Stancatti, Oscar | Personal de inspección sanitaria abrió una encomienda remitida en un transporte de larga distancia. Así, se encontró un paquete con 800 grs. de marihuana. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó al imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló todo lo actuado por considerar inválida la apertura de encomienda sin la debida intervención de autoridad jurisdiccional. Contra esa resolución la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal que denegado motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 24-may-2016 | De Marchi, Juan Carlos | La defensa había solicitado la prisión domiciliaria de una persona condenada por delitos de lesa humanidad que contaba con 70 años y padecía cáncer de vejiga. |
| 24-may-2016 | B, MA | En el presente caso, el juez de instrucción procesó a M. A. B. por el delito de lesiones dolosas leves agravadas por el vínculo. La víctima había denunciado a su pareja en sede policial. Luego, concurrió a la División Medicina Legal de la PFA para ser examinada y, adicionalmente, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de apelación y cuestionó que no se había instado la acción penal. |
| 24-may-2016 | AHG | El Tribunal Oral había sobreseído a una persona. Adicionalmente, mantuvo como medida de seguridad terapéutica su internación en el Servicio Psiquiátrico del Complejo Penitenciario Federal I y dio intervención al juzgado de ejecución para que supervisara el tratamiento. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-may-2016 | Paz (reg. Nº 939 y causa Nº 5300) | Una persona fue condenada a la pena de seis años de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. Por tal razón, se ordenó a la unidad penitenciaria la elaboración de diversos informes. El penado había observado los reglamentos carcelarios, tenía conducta ejemplar y concepto bueno. El área laboral hizo saber que era impuntual, aunque destacó su aplicación e interés en la realización de las tareas encomendadas. Por su parte, personal de educación indicó que, aunque su asistencia a clases era irregular, no había cumplido los objetivos propuestos. Sobre la base de dichas consideraciones, el Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que la resolución carecía de fundamentación y que, en consecuencia, resultaba arbitraria. |
| 24-may-2016 | PAG | Una persona había sido condenada en noviembre de 2013 a la pena de seis años de prisión. Una vez cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. De acuerdo a los informes del Consejo Correccional (artículo 28 ley Nº 24.660), el detenido presentaba un pronóstico desfavorable de reinserción social. Para llegar a esa conclusión, basó su informe en las conclusiones de las distintas Divisiones dentro del penal. La División Trabajo señaló que si bien demostraba buena aplicación e interés en las tareas laborales, su puntualidad y desempeño eran regulares. A su vez, la División Educación indicó que su asistencia al ciclo de educación primaria era irregular. Por su parte, la División Seguridad Interna observó que no poseía sanciones y registraba una calificación de conducta ejemplar diez y concepto bueno cinco. El juez de ejecución no hizo lugar al pedido. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Consideró que el condenado cumplía con los requisitos del artículo 13 CP, y cuestionó la evaluación que el juez había realizado de los informes. En relación a la actividad laboral, argumentó que se había omitido considerar que el interés de su defendido en la realización de tareas encomendadas era buena al igual que su asistencia. Asimismo, sostuvo que, habida cuenta de que la educación es un deber del Estado o derecho del condenado, que no forma parte de los objetivos obligatorios del tratamiento penitenciario, no resultaba decisiva su irregularidad en la asistencia al ciclo primario. En este orden, afirmó que la sentencia era arbitraria. |
| 24-may-2016 | FNV c. OSDE | Los padres de un niño con discapacidad solicitaron a su empresa de medicina prepaga la cobertura completa del ciclo lectivo 2014 en una escuela. Ante la negativa de la empresa, los padres interpusieron una acción de amparo y solicitaron, como medida cautelar, la cobertura inmediata de esa prestación. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. Posteriormente, los padres denunciaron como hecho nuevo que el médico tratante del niño indicó que debía asistir a otra institución de educación especial. Por esa razón, solicitarón la ampliación de la medida cautelar. El juez de primera instancia hizo lugar a la petición y estableció una caución juratoria. La demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 24-may-2016 | PLP (Causa Nº 10322) | Una mujer procesada con prisión preventiva solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a su hija menor de edad (artículo 32 inciso f de la ley Nº 24.660). El Tribunal Oral rechazó la solicitud por considerar que podía cometer nuevos delitos y entorpecer la investigación del hecho que se le atribuía; esto, dado que restaba identificar a otros partícipes del hecho. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-may-2016 | ACE (Causa Nº13234) | Una mujer que se encontraba detenida con prisión preventiva solicitó que se le concediera la prisión domiciliario a fin de hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos, de 9, 6 y 2 años de edad. El asesor de menores consideró necesario, previo a pronunciarse, contar con una serie de informes. Una vez producida esa información, el Tribunal Oral omitió conferirle intervención y rechazó la petición. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-may-2016 | Coria (Causa N° 62768) | Coria fue imputado penalmente por un delito por el que, finalmente, resultó absuelto. Durante ese lapso permaneció privado de su libertad. Luego, se le atribuyó un hecho delictivo comentido con posterioridad a esa sentencia. Entonces, fue condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión. Una vez que adquirió firmeza esa decisión, se practicó el cómputo de pena. Esa decisión fue observada por la defensa, que pretendía que se modificara el cálculo y se adicionara el tiempo de prisión que había sufrido en el proceso que culminó con una sentencia absolutoria. El planteo fue rechazado por los jueces. Por ese motivo, se interpuso un recurso de casación. |
| 24-may-2016 | PPN (causa N° 3451) | La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Asociación por los Derechos Civiles iniciaron una acción de amparo contra la Dirección Nacional Electoral perteneciente al Ministerio del Interior del Estado Nacional en favor de todas las personas condenadas y detenidas con domicilio electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acción presentaba como finalidad la incorporación a los padrones correspondientes a las futuras elecciones en condiciones de igualdad. En ese sentido, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3, incisos e, f y g, del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19, inciso 2, del Código Penal de la Nación que inhabilitaba la participación electoral de personas condenadas. La jueza de primera instancia no hizo lugar a la acción. Para decidir de esa manera, señaló que la restricción resultaba razonable en función de la condena impuesta por un juez natural en el marco de un proceso penal que respetó las garantías del debido proceso. Contra esa resolución, la Procuración Penitenciaria presentó un recurso de apelación. |
| 23-may-2016 | MMDE | En 2011, el Tribunal Oral suspendió el proceso a prueba respecto del imputado por dos años. Luego, en 2013 se lo condenó en otra jurisdicción por sentencia no firme por un delito que habría cometido en 2012. En 2015, el Juzgado de Ejecución declaró extinguido el plazo de control. Sin embargo, el tribunal suspendió el pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal hasta que adquiriera firmeza la sentencia dictada en el marco de la otra causa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 23-may-2016 | Piedrabuena (reg. N° 389 y causa N° 64567) | Una persona había sido condenada en 2013 a la pena de tres años de prisión. En el marco de ese proceso se le había otorgado la libertad condicional. Luego cometió un nuevo delito y en 2015 fue condenada a la pena de tres años de prisión y a la pena única de seis años de prisión. Además, el tribunal declaró su reincidencia. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, impugnó la utilización del método aritmético para la fijación de la pena única. Por otro lado, sostuvo que no correspondía la declaración de reincidencia toda vez que la fiscalía no la había requerido ni su asistido había cumplido pena como condenado. |
| 20-may-2016 | Ocampo, Jorge Raúl | El imputado fue visto por la policía de la provincia de San Juan mientras retiraba un bolso de una vivienda y lo cargaba en un vehículo. Los agentes consideraron este accionar una “actitud sospechosa”. En consecuencia, lo siguieron y, finalmente, lo detuvieron con material estupefaciente en su poder. El nombrado fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En este marco, la defensa solicitó la nulidad de la requisa y de todo lo actuado con posterioridad. |
| 20-may-2016 | MJR (reg. 388 y causa N° 22028) | En julio de 2011 una persona fue condenada por un tribunal oral a la pena de veintitrés años de prisión (causa Nº 3363). En junio de 2013 otro tribunal la condenó a la pena de catorce años de prisión (causa Nº 3775). Finalmente, en junio de 2015 el Tribunal Oral (causa N° 3363), por mayoría, fijó la pena única de treinta y cinco años de prisión, comprensiva de las dos anteriores. Para decidir de esa manera sostuvo que en el caso había existido un concurso de delitos y que, para determinar el monto de la pena, correspondía utilizar el método composicional. El voto minoritario entendió que el máximo de la pena superaba el monto previsto como tope en el artículo 55 del Código Penal, por lo que resultaba adecuado imponer la pena de treinta años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-may-2016 | Iaccarino, Alejandro Rómulo y otros | En el presente caso, se investigaba la cesión coaccionada de bienes mientras sus legítimos tenedores se encontraban ilegítimamente privados de la libertad durante la última dictadura militar. En dicho marco, se consideró que esos hechos podrían ser configurar el delito de lavado de activos. Por tal razón, el juzgado de primera instancia dispuso la intervención de la Unidad de Información Financiera, a fin de colaborar con el trámite de la causa. Posteriormente, dicho organismo solicitó ser tenido como parte querellante. Tal petición fue rechazada por el juzgado instructor, cuya decisión fue confirmada por Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Contra dicha resolución, la UIF interpuso recurso de casación. |
| 19-may-2016 | Arrojo (reg. Nº 382 y causa Nº 69295) | Una persona había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Código Penal, el tribunal incorporó a la persona al régimen de libertad condicional. Durante ese período, fue imputada por la comisión de un nuevo delito. Una vez vencida la pena originalmente impuesta, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Nº 24 dictó una pena única. Entonces, el penado solicitó que se le volviera a conceder la libertad condicional. Por lo demás, la fiscalía dictaminó de modo favorable. Sin embargo, el juez de ejecución penal revocó la libertad condicional oportunamente concedida y rechazó la petición. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-may-2016 | SME | El Tribunal Oral en lo Criminal absolvió a una persona por el delito de sustracción de un menor de diez años. Para resolver de este modo, tomó en consideración que, de acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, el imputado era el padre del niño. Contra aquella decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación. Por un lado, alegó que el medio utilizado para probar la paternidad resultó insuficiente. Por otro, argumentó que el tribunal realizó una interpretación errónea del tipo penal, pues los padres de la víctima podían ser sujetos activos del delito de sustracción de menores. |
| 18-may-2016 | SFA c. LCL (dictamen PGN) | Los actores –un matrimonio de nacionalidad argentina– solicitaron el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia de adopción plena dictada por el Juzgado en Materia Familiar de la ciudad de Colima, Estados Unidos Mexicanos (cfr. arts. 517 y 518 CPCyCN y Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros). Previo a dictaminar, la Defensora Pública de Menores e Incapaces solicitó una serie de medidas preliminares. El fiscal de primera instancia se pronunció en el mismo sentido. El juez rechazó esas medidas por considerar que eran excesivas e inconducentes para resolver el proceso. La Defensora Pública de Menores e Incapaces apeló. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo resuelto en primera instancia. Luego, le reconoció fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por el juez mexicano. Contra ese pronunciamiento, la Defensora de Menores e Incapaces de segunda instancia interpuso recurso extraordinario federal. |