Jurisprudencia nacional 3846
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3461 a 3480 de 3846
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-feb-2015 | AP, MA | El Juzgado de instrucción había rechazado el pedido de excarcelación formulado por la defensa en el marco de un proceso de extradición. En virtud de ello, se interpuso recurso de apelación. |
| 24-feb-2015 | Martínez Pérez, José Luis -PGN | En el año 2000, el actor compró una parcela ubicada en Bariloche, provincia de Río Negro, a la Empresa Forestal Rionegrina SA. Sin embargo, la comunidad Las Huaytekas, integrante del pueblo mapuche, ejercía en esas tierras la ocupación tradicional indígena, tal como quedó acreditado mediante un informe realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de lo dispuesto por la ley 26.160. El actor inició una denuncia penal y un interdicto de recobrar la posesión, invocando el título de propiedad inscripto a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble y logró en primera instancia una medida cautelar que ordenaba el desalojo de las familias de la comunidad. La Comunidad apeló el pronunciamiento. |
| 23-feb-2015 | VH, CM | En el caso, los accionantes contrajeron matrimonio en la República de Bolivia, durante la vigencia de la ley argentina 2393. En dicha oportunidad, uno de los contrayentes declaró ser divorciado cuando –en dicho momento- ese estado civil no le otorgaba nuevamente la aptitud nupcial. Sin embargo, con posterioridad, el contrayente solicitó la conversión de la sentencia de divorcio dictada conf. la ley 2393 (que habilitaba el art. 8 de la ley 23.515) por lo que recobró, finalmente, su aptitud nupcial. Luego de ello, los accionantes solicitaron judicialmente la inscripción de ese matrimonio celebrado en el extranjero. El juez de grado ordenó la inscripción e indicó que los efectos del matrimonio se reconocían a partir del 27 de abril de 1989, fecha en que el contrayente recobró su aptitud nupcial. Contra dicha resolución, el Fiscal General interpuso recurso de apelación. |
| 23-feb-2015 | Benítez Andrés c. Eriday UTE (dictamen PGN) | El actor inició una demanda a fin de obtener una indemnización sustentada en lo dispuesto por los artículos 512, 1.109 Y 1.113 del Código Civil -conforme la opción establecida en el artículo 16 de la ley 24.028- con motivo del accidente de trabajo sufrido mientras prestaba servicios en la obra de Yaciretá. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó la sentencia del juez de grado que decidió rechazar la demanda, por cuanto, si bien el accidente había ocurrido, la causa del daño se encontraba en el factor humano, circunstancia que consideró reconocida por la víctima en la audiencia de absolución de posiciones. |
| 20-feb-2015 | CCA (causa N° 11750) | Una niña sufrió actos de abuso sexual por parte de la pareja de su madre desde el año 1993 hasta el 2000. A la edad de 27 años, en febrero del 2014, lo denunció. El juzgado declaró extinguida la acción penal por prescripción y lo sobreseyó. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En particular, sostuvo que de acuerdo a la ley 26.705, la acción penal no se encontraba extinguida ya que el plazo de prescripción había comenzado a correr a partir de que la denunciante había alcanzado la mayoría de edad, en el año 2004. |
| 19-feb-2015 | Mendoza, Beatriz c. Estado nacional | En la causa Mendoza (por los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo), varios de los demandados –Estado, industrias y empresas de servicio– interpusieron una excepción de defecto legal. |
| 19-feb-2015 | Gutiérrez, Alejandro | Una persona privada de la libertad presentó un habeas corpus preventivo por considerar que se advertía un agravamiento en sus condiciones de detención en virtud de la demora en los mecanismos de apertura de las puertas del Módulo V del celular 2 del CPF de la CABA. Dicha deficiencia, alegó, comprometía negativamente la capacidad de actuar en caso de emergencia. Además, puso de manifiesto la inexistencia de un sistema de seguridad elaborado para cumplir satisfactoriamente con los traslados diarios de los internos. En el marco de este proceso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso interpuesto por la representación del Estado Nacional y revocó la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmó la sentencia del Juzgado de Instrucción Nº 38 que hizo lugar al habeas corpus presentado por Gutiérrez. Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario y, frente a su rechazo, recurso de queja. |
| 19-feb-2015 | MDC y BD (causa Nº 22038) | Los actores, un matrimonio conformado por dos personas del mismo sexo, solicitaron que se les otorgara la adopción plena de dos niños hermanos. Los actores manifestaron que cumplían con todos los requisitos legales, entre ellos, el hecho de haberse inscripto en el Registro Único Nacional de Adoptantes; así conocieron a los niños, quienes debían permanecer juntos según la consideración del tribunal. En septiembre de 2013 se les había otorgado la guarda pre-adoptiva de los niños. |
| 19-feb-2015 | B, NNV c. R, CH | En este caso, la parte actora inició una demanda por aumento de cuota alimentaria contra el padre de su hijo y solicitó una cuota mensual de $3.500. La jueza de grado fijó como cuota alimentaria la suma de $2.000. Contra dicha resolución, apelaron tanto la accionante como la Defensora de menores –recurso que fue mantenido por la Defensora de menores ante los tribunales de segunda instancia-. |
| 19-feb-2015 | Luis, Valeria Elizabeth c. Banco Santander Río SA | En el caso, la actora interpuso una acción en los términos de la ley 24.240, por violación de normas de orden público por parte del banco demandado en el marco de una relación de consumo y solicitó la aplicación de una multa. La accionante había sido titular de distintas tarjetas, dadas baja en forma unilateral por parte del demandado a pesar de que la actora nunca dejó de pagar los mínimos requeridos. Asimismo, el banco le debitó mes a mes distintas sumas de dinero correspondientes al salario que se le depositó en su cuenta sueldo y a las asignaciones familiares depositadas por ANSES. El juez de primera instancia desestimó la medida cautelar solicitada por la actora, que consistía en una medida de innovar contra el banco y la intangibilidad absoluta por parte de la demandada del salario que su empleadora le deposita en la entidad. Asimismo, el juez de grado desestimó el inmediato reintegro de los salarios retenidos por el banco. Contra lo decidido, la actora interpuso recurso de apelación. |
| 19-feb-2015 | Cairone, Mirta G. c. Soc. Italiana de Beneficencia en Bs. As.-Hospital Italiano (PGN) | En este caso, los herederos de un médico anestesiólogo iniciaron una demanda de despido contra un hospital en tanto entendió que existió un contrato de trabajo entre ambos y consideró que la prestación personal de servicios por parte de aquél tornaba operativa la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El juez de grado hizo lugar al pedido. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó –en lo principal– esa resolución. |
| 19-feb-2015 | MMY (Causa Nº 965) | Una persona vivía con VIH y no podía incorporarse en el mercado laboral por la marginación y discriminación que sufría con motivo de su identidad y expresión de género. En con-secuencia, inició una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la CABA contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se le asigne un subsidio extraordinario y reparatorio equivalente al salario mínimo vital y móvil para dar respuesta a su necesidad de supervivencia. El GCBA contestó la de-manda y manifestó que la situación denunciada involucraba una problemática de naturaleza federal e incumbe a instituciones que funcionan bajo la órbita del Estado Nacional y solicitó que se cite como tercero al Estado Nacional. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la excepción opuesta por el Estado Nacional con sustento en lo prescripto en el artículo 116 de la Constitución Nacional y se declaró incompetente por considerar que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser partes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. |
| 18-feb-2015 | López Brez, Javier Antonio y otros | La presente causa se inició a raíz del hallazgo de marihuana y cocaína en poder de dos internos de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal. Sin perjuicio de ello, ambas personas fueron sobreseídas por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que –por mayoría– declaró la inconstitucionalidad del delito de tenencia de estupefacientes para uso personal por aplicación de la doctrina del caso “Arriola” de la CSJN. El representante del Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación contra esa decisión en el entendimiento de que la conducta en cuestión había trascendido a terceros. |
| 18-feb-2015 | Laura Sánchez, Yassir Ahmed | El Tribunal Oral rechazó -con fundamento en la situación migratoria irregular del requirente- una solicitud de libertad condicional. Frente al recurso de casación de la defensa, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia. |
| 16-feb-2015 | Perona, Mauricio Iván y otro (CSJN) | El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba denegó, por defectos formales, la solicitud de extradición formulada por la República de Portugal. Ello dado que la fiscal del país requirente había dispuesto librar las correspondientes órdenes europea e internacional de detención en perjuicio de las personas requeridas sin que surja del legajo una decisión judicial ligada a la detención y a la solicitud de extradición. Contra esa decisión, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso ordinario de apelación. |
| 13-feb-2015 | AMI c. Google | En el marco de una acción de amparo, una mujer solicitó el dictado de una medida cautelar en contra de Google Inc. y Yahoo Argentina S.R.L a fin de que bloquearan de sus buscadores los resultados vinculados con el hecho de su desaparición tres años atrás, producto de una crisis producida por una enfermedad psiquiátrica que terminó con la intervención de la policía y de los medios de comunicación. El juez de grado hizo lugar a la petición por considerar que la exposición del hecho mencionado en las redes sociales ocasionaba perjuicios a la peticionaria en el tratamiento de su salud, en clara violación con las disposiciones de la ley de salud mental Nº 26.657. Contra esa resolución las demandadas apelaron la medida cautelar decretada. |
| 13-feb-2015 | B, V c. G, JG | La parte actora –en representación de su hija– solicitó alimentos provisorios contra el padre y el abuelo paterno de la niña. La jueza de grado desestimó la pretensión deducida contra el abuelo pero la admitió contra el padre. La prestación alimentaria se fijó en la suma de $2.500. Contra dicha decisión, la accionante interpuso recurso de apelación tanto en razón del monto como por el rechazo del reclamo contra el abuelo. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la resolución recurrida, hizo extensiva al abuelo paterno de la niña la obligación alimentaria y estableció que el mero incumplimiento –total o parcial– de la cuota alimentaria por parte del progenitor habilitaría automáticamente a ejecutar la prestación contra el abuelo codemandado, sin necesidad de cumplir con ningún requerimiento ni otro recaudo previo. Asimismo, dispuso aumentos escalonados de la cuota alimentaria hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. |
| 13-feb-2015 | Paladino, Marta Amelia c. ANSES | En el caso, el organismo administrativo rectificó el haber jubilatorio de la parte actora –que había sido calculado erróneamente por la ANSES– y comenzó a descontarle un monto determinado, en concepto de “devolución por pago indebido”. En virtud de ello, la parte actora inició una acción de amparo para obtener la continuidad de la percepción del haber en su monto anterior al mes de octubre de 2010. El juez de grado rechazó la acción. No obstante ello, ordenó a la ANSES que cese en el futuro de practicar el descuento que efectuaba sobre el haber de la actora en concepto de devolución por pago indebido. Ambas partes apelaron la resolución. La accionante se agravió de que la demandada nunca la notificó el cargo que habría de formularle, en violación a su derecho al debido proceso administrativo y su derecho de defensa, máxime cuando no le fue permitido tomar vista del expediente. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social revocó la decisión de grado; hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la ANSES a que cese en el descuento sobre el haber de la accionante y supeditó la devolución a lo que surja en el desarrollo del procedimiento administrativo. |
| 12-feb-2015 | G, JS | El juez de grado declaró el estado de adoptabilidad de las niñas con fundamento en situaciones de maltrato infantil, descuido, abandono y desnutrición. Tanto la madre como el padre de las niñas apelaron dicha resolución. |
| 12-feb-2015 | H, NI | En el caso, IEC –de 24 años– padecía una insuficiencia renal crónica y su madre –de 52 años– era su potencial donante. Por su parte, JEL –de 52 años–padecía una insuficiencia renal crónica y su esposa –de 39 años– era su potencial donante. Todos ellos participaron del “Programa de optimización de donante” de la Fundación Favaloro. De allí surgió que tanto IEC como JEL podían recibir un trasplante más compatible que el de sus potenciales donantes actuales (madre y esposa respectivamente), lo cual mejoraría en los dos casos su tolerancia al trasplante y su efectividad, resultando muy beneficioso para ambos receptores al disminuir en forma sustancial los riesgos de rechazo. En virtud de ello, solicitaron que se autorice judicialmente el trasplante renal cruzado. Así, IEC recibiría el riñón de la esposa de JEL y éste el de la madre del primero. |
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