Jurisprudencia nacional 3846
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3481 a 3500 de 3846
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-feb-2015 | Incidente Nº 2 | El imputado sufría tuberculosis y era portador de HIV y se encontraba privado de su libertad en un establecimiento carcelario. La defensa solicitó su excarcelación bajo caución juratoria y, en subsidio, la prisión domiciliaria. El juez actuante resolvió concederle la excarcelación en los términos requeridos. |
| 11-feb-2015 | De la Iglesia Rubén Héctor c. ANSES | Un jubilado inició una demanda de amparo contra el Estado nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 6, 7 y cc. de la ley 26.425, de los decretos N° 897/07 y 2104/2008, con la finalidad de obtener la restitución de la totalidad de los aportes individuales voluntarios y/o convenidos que el amparista poseía en una AFJP, más la rentabilidad obtenida hasta el momento de su transferencia a la ANSES. La jueza de primera instancia rechazó in límine la acción por considerar que no se daban los presupuestos para la procedencia de la vía del amparo. |
| 11-feb-2015 | Imbroglio, Hernán Javier | La defensa de una persona procesada con prisión preventiva por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa presentó un recurso de apelación frente a la decisión del Juzgado de Instrucción que le denegó la excarcelación. Dicha determinación se había fundado en la presunción de riesgos procesales en base a las características del hecho investigado y a la circunstancia de que el imputado registrara una probation concedida con anterioridad y otro proceso en trámite. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso y concedió la excarcelación. |
| 11-feb-2015 | CNJA | La Cámara Penal del Centro Judicial Concepción había rechazado el pedido formulado por la Defensora de Menores e Incapaces del Centro Judicial Monteros de continuar en la representación de N.C. Ello, con fundamento en que el imputado había adquirido la mayoría de edad, motivo por el cual, a su criterio, debía cesar la intervención promiscua de la asesora. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al recurso y revocó la resolución. |
| 10-feb-2015 | Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c. INSSJP. | La Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos (Asociación DE.FE.IN.DER.) y la Asociación Civil "Pequeña Obra de la Divina Providencia" iniciaron acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con el objeto de que se reconociera el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas de acuerdo a lo establecido en las leyes 22.431 y 24.901. La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que rechazó in limine el amparo por falta de legitimación de los actores. Contra esta decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario federal, en el que sostuvo esencialmente que en el caso se encontraban comprometidos derechos de incidencia colectiva relacionados con la salud pública en la medida en que se buscaba una adecuada prestación de ciertos servicios sanitarios. |
| 10-feb-2015 | Villagra, Elizabeth Patricia | El tribunal oral había condenado a los imputados a la pena de 15 años de prisión, por resultar coautores responsables del delito de robo calificado por el uso de arma. La defensa interpuso recurso de casación contra dicho pronunciamiento. Se centró en la afectación del derecho de defensa y del principio de igualdad de armas, por haberse visto limitada en la formulación de preguntas a su asistido. |
| 10-feb-2015 | F, HM | El tribunal había condenado al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La defensa presentó recurso de casación contra esa sentencia y postuló la absolución de su asistido en razón de que la víctima había manifestado su voluntad de desistir de su pretensión. |
| 10-feb-2015 | Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c. Loma Negra Cía Industrial Argentina SA | La Asociación actora inició un amparo colectivo en representación de consumidores –personas físicas o jurídicas– contra las empresas demandadas. Solicitó una reparación pecuniaria por el cobro de sobreprecio en la venta de cemento portland. El tribunal de primera rechazó la legitimación de la accionante para representar a los consumidores. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó esa decisión. |
| 9-feb-2015 | Larroza Garcete, Silveiro y Gilberto | El tribunal oral había condenado a dos personas a la pena de cinco años y seis meses de prisión por considerarlos coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, acopio de armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad. La defensa interpuso un recurso de revisión contra dicha sentencia con fundamento en nuevos hechos sobrevinientes, obtenidos de los dichos de los imputados en el marco del art. 29 ter de la ley 23.737. Solicitó, entre otras cuestiones, que se eximiera a sus asistidos de la pena impuesta o, en su defecto, se les redujera. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y remitió la sentencia para que se dictara un nuevo pronunciamiento de acuerdo a su decisión. |
| 9-feb-2015 | Dominguez, Lucía Belén | Una persona con discapacidad solicitó la cobertura de un tratamiento interdisciplinario por parte de la obra social. La jueza federal hizo lugar al amparo y, si bien ordenó su cobertura total e integral, la limitó a los valores que establece la Res. 1151/2014 del Ministerio de Salud, que impone los montos que deben abonarse a los profesionales de la salud. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación la parte actora. |
| 9-feb-2015 | T, M F c. C B | El actor solicitó que se establezca un régimen comunicacional con la niña A.C., de seis años de edad, con quien convivió desde que tenía un año y tres meses de edad hasta la separación de pareja con la madre de la niña, construyendo un auténtico vínculo paterno-filial. La madre de la niña no se opuso a la fijación de un régimen de visitas entre su hija y el actor, pero sí lo hizo respecto de la modalidad propuesta en el escrito de inicio. |
| 9-feb-2015 | S, FH - L, IR y otro c. PAMI | En este caso, los actores –en representación de su hijo con discapacidad– iniciaron acción de amparo contra PAMI y solicitaron la cobertura del 100% del tratamiento farmacológico necesario para afrontar la enfermedad de su hijo. El apoderado de PAMI solicitó el rechazo de la demanda y denunció como hecho nuevo que, durante el trámite de las actuaciones, el hijo de los amparistas cumplió 21 años de edad por lo que, argumentó, la cobertura médica de su mandante había cesado. Por lo demás, agregó, el beneficio social que percibe el accionante impone que la cobertura sea brindada por el Programa Federal de Salud. |
| 6-feb-2015 | G, CA | Una persona tenía aproximadamente 75 gramos de marihuana en un envoltorio en su celda. El fiscal encuadró los hechos en el art. 14 inc. 2 de la ley Nº 23.737, y solicitó el sobreseimiento del imputado de acuerdo a la doctrina del fallo “Arriola” (CSJN). EL Juzgado Federal rechazó el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la resolución. El fiscal de cámara compartió los argumentos del representante del ministerio público fiscal en la anterior instancia y coincidió con los argumentos del recurso de casación presentado por la defensa. |
| 5-feb-2015 | Torres Castañeda, Fredy Eduardo (resolución de la Cámara de apelaciones) | En el marco de un expediente sobre curatela (conf. Art. 12 CP), la Defensora de Menores e Incapaces antes los tribunales de Primera Instancia solicitó: 1) el levantamiento de la inhibición general de bienes; 2) se deje sin efecto la comunicación del penado al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas; 3) la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. 3 y 15 inc. 4 del Código Electoral (que excluye a las personas condenadas a ejercer el derecho a voto). El juez de grado, aunque desestimó el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes, hizo lugar al planteo sobre la comunicación del penado al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. 3 y 15 inc. 4 del Código Electoral. En virtud de ello, la Defensora de Menores e Incapaces de Primera Instancia apeló el punto de dicha resolución que desestimó el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes. Por su parte, la Defensora de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda instancia mantuvo el recurso interpuesto y expresó los agravios. |
| 5-feb-2015 | C, CC y otros c. S, FE | En este caso, el juez de primera instancia hizo lugar al pedido de la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces y ordenó dos operatorias al Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en su carácter de depositario judicial de los fondos pertenecientes a dos adolescentes: un lado, la adquisición de dólares estadounidenses con el dinero depositado y, por el otro, la inversión de esa moneda extranjera en una cuenta a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días. El Banco recurrió y la decisión fue dejada sin efecto. En consecuencia, la Defensora Pública de Menores e Incapaces interpuso recursos de revocatoria y apelación. |
| 4-feb-2015 | Laguzzi c. De Petra | La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el accionante contra un vecino que lo había golpeado en diversas partes del cuerpo, ocasionándole lesiones de carácter leve, tras una discusión ocurrida en la entrada del domicilio del damnificado. El demandado reconoció su participación en los hechos dando una versión distinta a la expuesta por el actor. Asimismo, como consecuencia de los hechos descriptos, tramitó una causa penal en la que se le concedió al demandado la suspensión del juicio a prueba. Cumplidas las reglas de conducta impuestas en la causa, el imputado fue sobreseído. |
| 4-feb-2015 | Bifano, Romina c. Obra social de petroleros | En este caso, los actores reclamaron los daños y perjuicios por mala praxis contra una obra social, una compañía aseguradora, la clínica en la que fue atendida y el médico. Ello con base en la negligencia en la que incurrió el galeno que le realizó una cesárea programada en la que la paciente tuvo una hemorragia interna y debió ser intervenida quirúrgicamente de nuevo. Es así que se le realizó una histerectomía y, debido a ello, perdió por completo su capacidad reproductiva. El juez de grado hizo lugar a la demanda. Todas las partes apelaron la resolución. |
| 3-feb-2015 | Iluminati (causa N° 5757) | A través de una denuncia anónima, se informó que una persona comercializaba estupefacientes. Por esa razón, se ordenó la realización de tareas de investigación. Luego, personal policial remitió un informe mediante el cual sostuvo que a partir de “versiones recogidas en la vía pública” se habían obtenido datos y solicitó la intervención de su línea telefónica. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado hizo lugar al pedido. Los resultados de la medida hicieron que los agentes policiales concluyeran que el tío de la persona sospechada y su hermano se encargaban del acopio de la droga y comendarían la organización. Con dicho fundamento, el juzgado ordenó la intervención de sus teléfonos. La defensa planteó la nulidad de las resoluciones que dispusieron la interceptación de los teléfonos y de todos los actos dictados en consecuencia. En particular, consideró que no existía motivo suficiente para dictarlas. Además, señaló que no era correcto sostener la legitimidad de las medidas en virtud de los resultados obtenidos, ya que la verificación de los motivos debía preexistir a la realización de la medida y no valorarse ex post. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 2-feb-2015 | Caragiulo, Marcelo Fabián | La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín revocó la resolución dictada por la jueza de Ejecución Penal por la que hizo cesar una medida de seguridad impuesta de conformidad con el artículo 34 del Código Penal. La defensa recurrió la decisión dado que su asistido fue sobreseído por la comisión del delito lesiones graves y, no obstante ello, desde el año 1988 cumplía una medida de seguridad manicomial |
| 2-feb-2015 | Aragonés (causa N° 64989) | En el marco de un operativo de control vehicular, dos funcionarios policiales habían interceptado a un hombre que conducía una moto. Ante la negativa de entregar el vehículo, los agentes lo trasladaron a la dependencia policial. Luego de que se le efectuara un chequeo médico en el hospital municipal, el hombre fue detenido y alojado en el sector de los calabozos. En ese momento, los policías le dijeron que debía firmar unos papeles para obtener la libertad. El hombre se negó y fue trasladado en diversas oportunidades desde el calabozo hacia la oficina del Oficial de Servicio con el fin de persuadirlo. Sin embargo, continuó negándose a firmar. Tres agentes policiales lo llevaron de nuevo al calabozo y le aplicaron una serie de golpes en distintas partes del cuerpo. Le dieron puñetazos, puntapiés y bastonazos. Además, intentaron suministrarle en su boca un líquido extraño y amargo. Finalmente, perdió la conciencia y fue trasladado al hospital. Por esos hechos, los agentes policiales fueron imputados por el delito de apremios ilegales. En la etapa de juicio oral, se incorporaron diversos informes médicos que descartaron que las lesiones fueran autoinfligidas o compatibles con un episodio de epilepsia o crisis nerviosa. Asimismo, la instructora judicial que durante el debate entrevistó a la víctima en tres oportunidades señaló que no había vacilado en referir que habían sido tres personas las que intervinieron en la golpiza y aportó sus descripciones físicas. El tribunal oral condenó a los imputados a penas de entre cuatro años y cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitaciones especiales de entre ocho y nueve años por el delito de apremios ilegales. Contra esa decisión, las defensas particulares y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación. Entre otras cuestiones, las defensas plantearon que los dichos de la víctima resultaban insuficientes para tener por probada la materialidad y la coautoría. Por su parte, el fiscal se agravió contra la calificación atribuida y explicó que se debía condenar a los imputados a la pena de catorce años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en orden al delito de torturas. |
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