Jurisprudencia nacional 4523
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3181 a 3200 de 4523
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 21-dic-2016 | NBA Y ARF | Dos hermanos escuchaban música en su casa con amigos. El padre se enojó con ellos por el género musical y comenzó a golpear a su hijo de quince años, que se recuperaba de una reciente operación. Mientras lo golpeaba blandía una cuchilla. En ese contexto, intervino su esposa para detener la agresión, le tiró de los pelos al hombre, pero como continuaba golpeando al joven, ella tomó una chaira y lo golpeó en la cabeza. Entonces, su esposo se dio vuelta y comenzó a golpear a la mujer. Ante esta situación, el otro hijo de la pareja, mayor de edad, le asestó varias puñaladas a su padre con la cuchilla que éste tenía en la mano, mientras la mujer le pegaba. El hombre murió en el momento. En la etapa de juicio oral, uno de los testigos declaró que la víctima siempre golpeaba a su familia. Por su parte, la madre y su hijo mayor explicaron que temían por la vida del joven. El Tribunal Oral condenó a ambos a la pena de doce años de prisión como coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, planteó que el tribunal no había tenido en cuenta el contexto de violencia de género en el que estaban inmersos los imputados. |
| 21-dic-2016 | Retamozo, Matías Gabriel | Una persona había sido imputada por el delito de robo en grado de tentativa. La causa se sustanció de acuerdo al procedimiento de flagrancia (ley 22.272, modificatoria del CPPN). El Código de procedimientos prevé en el art. 353 sexies que los acuerdos de juicio abreviado y/o pedidos de suspensión del juicio a prueba sólo podrán ser presentados, bajo pena de caducidad, hasta el momento que se celebre la audiencia de clausura (regulada en el art. 353 quinquies). Sin embargo, antes de dar inicio a la audiencia de ofrecimiento de prueba y constitución del tribunal (art. 353 septies), el juez del Tribunal Oral informó que había recibido un acuerdo de juicio abreviado, en los términos del art. 431 bis CPPN. |
| 21-dic-2016 | Castro Berrios (causa N° 3004) | En 2014 una persona fue condenada a la pena única de cinco años de prisión. La condena comprendía los delitos de robo e infracciones a la Ley de Estupefacientes. En el marco de ese proceso se le concedió la libertad asistida. La pena venció en febrero del 2016. Ese año fue juzgada por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se la condenara a la pena de un año y seis meses de prisión y a la pena única de seis años de prisión, se le revocara la libertad asistida y se la declarara reincidente. |
| 20-dic-2016 | Ocampo, Jonathan Oscar | Una persona fue detenida por la presunta comisión del delito de robo con arma de utilería y se le aplicó el procedimiento previsto en el art. 353 bis y siguientes del CPPN, modificados por la ley 27.272. Entre otras cuestiones, esta norma establece la instrucción mediante dos audiencias orales multipropósito, una de inicio y una de clausura. Asimismo, el art. 353 sexies establece que en esa instancia –bajo pena de caducidad– se puede solicitar la suspensión del proceso a prueba o realizar un acuerdo de juicio abreviado. En este caso, durante la instrucción, el juez había decidido unificar ambas audiencias en una sola. En esta oportunidad, la defensa no solicitó la suspensión del proceso a prueba. Sin embargo, lo hizo en la etapa de juicio. El fiscal se opuso al pedido, pues entendió que, en su interpretación literal, la oportunidad para solicitarla se limita únicamente a las audiencias inicial y de clausura. |
| 20-dic-2016 | C, C A | Una persona se encontraba imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y, de manera alternativa, por el delito de encubrimiento. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de San Isidro la condenó a la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Contra ese pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal y la defensa interpusieron recursos de casación. La Sala I del Tribunal de Casación Penal provincial rechazó el recurso presentado por la defensa e hizo lugar al de la fiscalía y condenó al imputado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires rechazó las impugnaciones de la defensa. Esto motivó la interposición de un recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el rechazo no había sido suficientemente fundado y afectaba el derecho al recurso. Por esa razón, revocó la decisión de la Corte provincial y –por aplicación de la doctrina del caso “Mohamed”, de la CIDH– devolvió las actuaciones. A su vez, la Corte provincial –por aplicación de la doctrina del caso “Duarte”, de la CSJN– remitió el caso al Tribunal de Casación Penal a fin de que revisara la sentencia condenatoria. En esta instancia, la defensa interpuso un nuevo recurso de casación. |
| 20-dic-2016 | L, DD | Una persona detenida padecía diversas afectaciones a su salud: tuvo un ACV y sufrió un ataque de epilepsia que derivó en una caída sobre su brazo izquierdo. Estos problemas generaron dificultades motrices que lo hacían requerir ayuda para cuestiones básicas. La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró un informe en el que hizo referencia a la dificultad para implementar, en contexto carcelario, el tratamiento médico con la continuidad y frecuencia adecuadas. Frente a la ausencia de evolución en su rehabilitación, la defensa presentó una acción de habeas corpus por agravación ilegítima de las condiciones de detención. A su vez, solicitó la prisión domiciliaria para que el defendido pudiera tener la atención médica requerida. Acompañó su pedido con un informe realizado por el Programa Contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el fiscal sostuvo en su dictamen que si bien no existía ninguna acción u omisión ilegítima que empeorara las condiciones de detención, éstas se encontraban agravadas por el tenor de las patologías sufridas por el detenido, por lo que debían ser tenidas en cuenta. |
| 20-dic-2016 | A, BP y otro | Dos personas fueron detenidas por personal de la Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, se los requisó a ambos y se les secuestró dinero en efectivo, cinta de embalar y envoltorios de cocaína. Según el acta de procedimiento labrada por esa fuerza, la detención se había llevado a cabo en la vía pública, donde se habría observado un “pasamanos” entre los imputados. Sin embargo, en oportunidad de prestar declaración indagatoria, los nombrados manifestaron que los agentes policiales habían ingresado de manera violenta al domicilio de uno de ellos, donde hallaron los objetos secuestrados. Dicho material, explicaron, habría sido dejado por un tercero. Por este motivo, la defensa planteó la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado con posterioridad. Junto con la presentación, ofreció declaraciones testimoniales de los vecinos prestadas en la sede de la defensoría y fotografías que avalaban las declaraciones de los imputados. |
| 20-dic-2016 | CJA (reg. N° 1031 y causa Nº 247) | Un individuo que se encontraba detenido en una unidad penitenciaria solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a su hijo de 15 años de edad. El adolescente tenía autismo y estaba a cargo del cuidado de su madre, que cursaba un embarazo con fecha de parto próxima. El juez de Ejecución –sin conferirle intervención del asesor de menores– rechazó el pedido de arresto domiciliario. Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 20-dic-2016 | Rebollo y otros (causa Nº 25170) | En el marco de una investigación sobre venta de estupefacientes, se procedió a allanar un domicilio. En ese procedimiento se secuestró un revólver calibre 32 largo con numeración limada, cargado con seis cartuchos que se encontraba debajo de la almohada de la cama matrimonial de M y C. Asimismo, se secuestró un revólver descargado Smith Wesson calibre 32 largo que se encontraba en el interior de una caja fuerte junto catorce cartuchos del mismo calibre. Ninguno de los dos revólveres contaba con la documentación respaldatoria. |
| 16-dic-2016 | PDN (causa Nº 35876) | Un hombre reservó una suite en un hotel y abonó la totalidad de la tarifa. Al presentarse en el establecimiento con una persona del mismo sexo le prohibieron ingresar. En consecuencia, inició una acción de daños y perjuicios. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra dicha resolución, ambas partes interpusieron un recurso de apelación. |
| 15-dic-2016 | B, FF | Una persona se encontraba imputada por la comisión del delito de robo agravado por el uso de un arma. El Tribunal Oral en lo Criminal la absolvió. Contra ese pronunciamiento, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y condenó al imputado a la pena de siete años de prisión. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación –por aplicación de la doctrina del caso “Duarte”– declaró procedente la impugnación y devolvió el caso a la Cámara a fin de que revisara la sentencia. |
| 14-dic-2016 | AV, D | Una mujer detenida había realizado cuatro cursos de formación profesional. El primero contó con una carga horaria de 150 hs.; el segundo, 45 hs.; el tercero consistió en una jornada de un día y el último, de dos días. La defensa solicitó la aplicación del régimen de estímulo educativo. De acuerdo con este régimen, solicitó la reducción de los plazos a razón de dos meses por cada curso. El Tribunal Oral no hizo lugar a la solicitud. Para llegar a esa decisión, tuvo en cuenta que el art. 140 de la ley 24.660 establece la reducción de “dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente”. En ese sentido, consideró que el término “equivalente” refería a la extensión y no al contenido del curso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 13-dic-2016 | A,VM c. OSFGPIC y D (PGN) | Una persona no vidente inició una acción de amparo contra su obra social a fin de solicitar la cobertura de las prestaciones de rehabilitación y apoyo necesarias para su proceso de formación laboral. El Juzgado Federal de Villa María hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y exigió previamente la prestación de una caución personal de dos letrados de la matrícula federal. El amparista interpuso recurso de apelación. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia e interpretó que el artículo 200, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prevé la exención de contracautela para quien actuare con beneficio de litigar sin gastos, no alcanza a quien tiene ese beneficio en trámite. El actor interpuso recurso extraordinario federal y, ante su negativa, recurso de queja. |
| 13-dic-2016 | R, SA c. A. SA | Una persona celebró un contrato asociativo de explotación tambera con una empresa por una duración de dos años. A los pocos meses, la empresa rescindió unilateralmente el vínculo a raíz de que su pareja denunciara haber sido víctima de violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Tandil. A raíz de esto, el actor interpuso una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la acción. A tal fin, consideró que los actos de violencia se desarrollaron en el ámbito de la vida privada del actor y que no se acreditó que afectaran el normal desenvolvimiento del trabajo. La empresa demandada impugnó la decisión. |
| 13-dic-2016 | R, MA | El Tribunal Oral condenó a un hombre a la pena de siete años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal en tres oportunidades y privación ilegítima de la libertad. Para llegar a esa decisión, valoró el testimonio de la víctima, concubina del condenado, lo declarado por otros testigos, vecinos del barrio, y la historia clínica de la damnificada. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. Argumentó, entre otras razones, una errónea valoración de la prueba. |
| 13-dic-2016 | RMA (causa Nº 39411) | Una mujer denunció a su pareja por una serie de episodios de violencia de género. Los hechos incluían abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y oral en, al menos, tres oportunidades, todos en el interior de su casa. La víctima declaró que, luego del primer hecho, quedó embarazada; no obstante, el embarazo no llegó a término. El segundo evento tuvo lugar algunos días después de esta pérdida; entonces, volvió a quedar embarazada. El tercer hecho, sucedió una noche que su pareja regresó alcoholizado a su domicilio, le arrancó las prendas de vestir y la forzó a tener relaciones sexuales por vía oral y vaginal. En ese contexto, además, el hombre ejerció violencia física (golpes, zamarreos, tiradas de pelo) en su contra. La mujer había denunciado a su pareja con anterioridad por haberla dejado encerrada en su domicilio, oportunidad en la que se comunicó con sus vecinos a través de la puerta. Durante el debate oral, declaró la madre de la víctima. Manifestó que su hija le había dejado entrever la existencia de violencia económica, pero no física. Además, explicó que había convivido con la pareja durante el embarazo y que no había presenciado hechos de violencia física, aunque sí verbal. Asimismo, una vecina declaró que estaba sorprendida porque nunca había visto a la denunciante lastimada y agregó que escuchó discusiones en las que el hombre gritaba que la iba a matar. Por su parte, el psiquiatra que atendió a la mujer a lo largo de esos años explicó que vivía una situación de temor, pero que no había ningún dato que indicara un cuadro de mayor gravedad. De la historia clínica surgía que la mujer efectuó diversas consultas médicas; sin embargo, no registraron lesiones o indicios de haber sido abusada sexualmente. De la misma forma, la paciente no había realizado ninguna manifestación sobre este punto. Además, de los controles ginecológicos surgía que buscaba un embarazo. Por otro lado, los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Violencia Doméstica determinaron la existencia de diversas manifestaciones de violencia generadas por un vínculo disfuncional con violencia doméstica que derivó en una situación de riesgo para la víctima. El Tribunal Oral condenó a RMA a la pena de siete años y seis meses de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal reiterado al menos en tres oportunidades, y privación ilegítima de la libertad. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-dic-2016 | T, CA | Un grupo de personas se había apoderado de un teléfono celular, zapatillas y otros elementos que eran propiedad de otro individuo. Para eso se valieron de un cuchillo y pinches de cocina con punta filosa. El Tribunal Oral condenó a T. a la pena de seis años de prisión por ese episodio y lo calificó como robo con armas en concurso real con robo en grado de tentativa. A ese fin, valoró la declaración de la víctima, que refirió durante la audiencia de debate oral que el imputado se le presentó acelerado y le preguntó si podía prestarle plata para consumir algo. Luego, cuatro personas “se le vinieron encima” y “le empezaron a pegar y a bolsijear”. Cuando se levantó, el imputado, que se había quedado al lado suyo, le dijo que él no había hecho nada y se fue. Posteriormente, la víctima explicó el hecho de modo diferente: sostuvo que uno de los muchachos (“flaco alto con los pelos sucios”) lo atacó con un cuchillo y, luego, lo “tiraron para atrás” y le pegaron. El imputado –agregó– estaba “ahí al lado suyo” y lo pudo ver en ese grupo que “se le tiró encima” y le arrebató sus pertenencias. A su vez, admitió que, al momento de los hechos, se encontraba en estado de ebriedad. La sentencia fue recurrida por la defensa. Entre otros argumentos, planteó que el tribunal había valorado de modo incorrecto el testimonio del damnificado y cuestionó su credibilidad. Además, de modo subsidiario, objetó la calificación legal asignada al primer hecho. |
| 7-dic-2016 | PGJA | Una persona imputada por el delito de coacción –constitutivo de violencia de género– solicitó la suspensión del juicio a prueba. Sólo dos miembros del tribunal estuvieron presentes durante la audiencia prevista en el art. 293 CPPN. El órgano judicial rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En oportunidad de la audiencia ante la Cámara, el defensor solicitó la nulidad de la audiencia por falta de integración del TOC. |
| 6-dic-2016 | B, MA c OSPJ | Una mujer que padecía una deficiencia en la reserva ovárica (contaba con menos óvulos y de inferior calidad en comparación con otras mujeres) solicitó a su obra social la cobertura integral del tratamiento de congelamiento de sus óvulos según lo que le había prescripto su médico. La obra social negó el pedido y alegó que la técnica de criopreservación aún no había sido reglamentada. La afiliada interpuso una acción de amparo. El Juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a la acción y ordenó cubrir integralmente el tratamiento indicado. La obra social interpuso un recurso de apelación contra esa determinación. |
| 6-dic-2016 | G R, O | Una persona había sido excarcelada en términos de libertad condicional (artículo 317, inciso 5, del CPPN). Luego fue condenada y el Tribunal Oral convirtió la excarcelación en libertad condicional. Al realizar el cómputo de pena, los jueces no tuvieron en cuenta el tiempo en que el imputado estuvo en libertad. Por esa razón, la defensa lo impugnó. El tribunal rechazó la presentación. A tal fin, entendió que la libertad obtenida en el marco de una excarcelación y la libertad condicional resultaban de imposible equiparación. En ese sentido, argumentó que sólo debía tenerse en cuenta el plazo en que el imputado estuvo detenido y el transcurrido en libertad a partir de que la sentencia adquiriera firmeza. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |