Jurisprudencia nacional 3843
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2061 a 2080 de 3843
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 1-feb-2018 | PEV (Causa Nº53884) | Una mujer, madre de una niña de tres años, se encontraba detenida preventivamente. La niña estaba a cargo de su abuela. La defensa solicitó se le concediera el arresto domiciliario a su representada para que pudiera cuidar a su hija. El Tribunal Oral rechazó el pedido por considerar que la niña no estaba en una situación de abandono y por el peligro de fuga que implicaría la detención en el domicilio. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 11-ene-2018 | BRH (causa N° 6356) | Una persona que circulaba a bordo de un vehículo fue interceptada por personal policial. De su bolso se secuestraron cuatro kilos de cocaína. Por tal razón, fue detenido e imputado por el delito de transporte de estupefacientes. En oportunidad de prestar declaración indagatoria, solicitó declarar como arrepentido. En dos ocasiones individualizó a las personas que le habrían entregado la droga y obligado a transportarla. Finalmente, el juzgado dictó su procesamiento con prisión preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, entendió que debía tenerse en cuenta el ánimo de colaboración demostrado por su asistido y solicitó su excarcelación. La fiscalía se opuso al planteo. |
| 3-ene-2018 | ANC (causa Nº 36015) | Una mujer que se encontraba afiliada a la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) fue trasplantada de los riñones con un donante vivo. Poco después, fue diagnosticada con necrosis avascular de cadera, secuela del trasplante realizado. En consecuencia, se le indicó un tratamiento con plaqueta de cédulas madres a realizarse de forma urgente. La obra social autorizó la cirugía. Sin embargo, cuando la amparista se hizo nuevos estudios se descartó la posibilidad de efectuar esa intervención debido a la necesidad incorporarle una prótesis. La obra social rechazó la autorización para realizar esta práctica por no tener convenio con la institución que la iba a llevar a cabo. En consecuencia, la mujer inició una acción de amparo contra la obra social con el objeto que se le cubriera el total de los costos de la cirugía. |
| 29-dic-2017 | HCA (Causa Nº 37.588) | Una mujer tuvo siete hijos; cinco permanecían bajo su cuidado y dos (LA y R de 8 y 13 años respectivamente) fueron dados en guarda. A partir de que distintos informes dieran cuenta de situaciones de abandono, violencia de la progenitora hacia los niños (castigos físicos y malas condiciones de higiene y aseo, ausencia de vacunación y ausentismo escolar injustificado) y denuncias por trabajo infantil; un juzgado dispuso institucionalizar a dos de ellos. Posteriormente, se declaró su situación de adoptabilidad. Contra esa decisión, la madre interpuso un recurso de apelación. |
| 29-dic-2017 | BFE (causa Nº 74181) | Una mujer privada de su libertad tenía un hijo de 4 años. Desde la detención de su madre, el niño estuvo al cuidado de distintas personas. Entonces, su abuela materna –que todavía no lo conocía– viajó al país desde Bolivia para encargarse de él. El niño lloraba de manera excesiva y tenía episodios de angustia en los que pedía por su madre. Por ese motivo, la defensa de la mujer solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. Del informe socio ambiental elaborado en el marco de la causa se desprendía que el niño poseía conductas regresivas desde la detención de su madre. Así, concluyó que el otorgamiento del instituto sería favorable para el desarrollo integral del niño. Por su parte, la defensoría de menores tuvo en consideración el interés superior del niño y dictaminó a favor de la medida solicitada. El Tribunal Oral rechazó el pedido por entender que el hijo de la imputada poseía un lazo afectivo con su abuela y que, por ese motivo, no se veía afectado el interés superior del niño. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-dic-2017 | NMN (causa N° 4025) | El 1° de junio del 2016, un micro que circulaba por una ruta nacional fue detenido por personal policial en el marco de un control rutinario. En el interior de una de las valijas se hallaron diez paquetes rectangulares que contenían marihuana. Por tal razón, el dueño del equipaje fue detenido e imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la instrucción, el imputado solicitó prestar declaración indagatoria y colaborar con la justicia. En esa oportunidad, describió a la persona que le había requerido el traslado de la droga y le había ofrecido, a cambio, la suma de dieciocho mil pesos. A partir de sus manifestaciones, se investigó y detuvo a la persona mencionada. |
| 27-dic-2017 | BN (Causa Nº 37.588) | El Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes adoptó medidas de protección excepcional respecto de dos niñas que habían sufrido situaciones de violencia por parte de su madre y, en consecuencia, dispuso su ingreso a un hogar convivencial. Posteriormente, promovió la revinculación de las niñas y la progenitora. Ante el fracaso de las medidas dispuestas, declaró el estado de adoptabilidad de las niñas. Contra esa decisión, su madre y su hermana mayor interpusieron un recurso de apelación. |
| 27-dic-2017 | SLC (causa Nº 73.877) | Una persona se comunicó con el servicio de emergencias médicas por la tarde y pidió una ambulancia. Al momento de indicar la dirección, cortó el teléfono. Luego, reiteró el llamado e informó que su madre tenía convulsiones. Una vez en el lugar, los médicos encontraron a la mujer muerta, con varios moretones. Su hijo comentó que eran producto de una caída. Sin embargo, los médicos dieron aviso a la policía, que consultó con la fiscalía. De ese modo, se dispuso el envío de la unidad criminalística al lugar del hecho y se dio intervención a la morgue judicial. De las investigaciones realizadas surgió que no se había forzado la puerta y que el lugar se encontraba limpio y ordenado. A su vez, la junta médica determinó que la muerte de la mujer había ocurrido durante la mañana del día en que su hijo se comunicó con el servicio de emergencias, y que en el interior de su cuerpo había fosfatasa ácida prostática (una enzima circulada por el líquido seminal). Según el estudio pericial, la enzima podía provenir de un hombre o de algún tipo de hongo vaginal. Asimismo, se detectó suciedad en los pies de la víctima. El hijo, imputado por el delito de abuso sexual y homicidio agravado por el vínculo, prestó declaración indagatoria en cinco oportunidades y presentó diversas contradicciones en su relato. Sin embargo, sus dichos no se incorporaron por lectura al debate. En el juicio, la defensa sostuvo la existencia de un abuso sexual previo o concomitante con el homicidio y señaló que pudo haberlo cometido una persona distinta al imputado. Además, consideró que la suciedad descubierta en los pies de la víctima daba cuenta de que los hechos se desarrollaron en un lugar diferente de aquel en el que apareció en cuerpo. En esa línea, cuestionó que no se hubiera investigado ese aspecto. El representante del Ministerio Público Fiscal, a su turno, acusó al imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Respecto del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, no mantuvo la acusación. El Tribunal Oral tuvo en cuenta que la cerradura no había sido forzada y sostuvo que el autor del hecho debía conocer a la mujer. Asimismo, consideró que cuando el imputado llamó a emergencias médicas su madre ya estaba muerta. Así, concluyó que había procedido de esta forma para encubrir lo que sucedido. A su vez, la enzima encontrada en el cuerpo de la víctima fue atribuida a la presencia de una infección vaginal. De esa manera, condenó al imputado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo a la pena de prisión perpetua y lo absolvió, por falta de acusación fiscal, respecto del delito de abuso sexual. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-dic-2017 | EMO (causa Nº 3993) | Una persona de 88 años había sido condenada por delitos de lesa humanidad. El imputado padecía severos problemas de salud. De los informes médicos practicados por el Cuerpo Médico Forense y por el hospital del Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, surgía que había sufrido un accidente cerebrovascular y poseía, entre otras cuestiones, hipertensión arterial y deterioro cognitivo irreversible. El hospital penitenciario carecía de la infraestructura necesaria para la realización del tratamiento de salud requerido por el imputado. Por ese motivo, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. |
| 27-dic-2017 | CA (causa Nº 131) | Una niña vivía en situación de calle desde los once años y consumía estupefacientes. Su madre la había expulsado de su hogar y con su padre se contactaba de manera intermitente. En ese contexto, a los dieciséis años fue procesada por el delito de robo cometido en poblado y en banda. A partir de ese momento, y por el período de dos años, recibió tratamiento tutelar. Posteriormente, fue procesada por dos nuevos hechos y fue derivada a una residencia educativa. De ese lugar se fugó en dos oportunidades. Distintos equipos técnicos intervinientes en el caso destacaron la extrema situación de vulnerabilidad de la imputada. El Tribunal Oral de Menores la condenó a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Para decidir de ese modo, consideró que el tratamiento tutelar había sido “pobre” y que la joven no había internalizado sus objetivos. Contra esa decisión, su defensa y la Defensoría de Menores e Incapaces interpusieron recursos de casación. Entre sus argumentos, señalaron que la sentencia no había considerado la historia de vida de la joven y, con base en el artículo 1° de la ley Nº 22.278, solicitaron su absolución. |
| 26-dic-2017 | CJA (causa Nº 30868) | Un hombre extranjero se encontraba imputado por el delito de hurto en grado de tentativa. Su situación migratoria era irregular y poseía antecedentes condenatorios. El imputado celebró un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó una pena de tres meses de prisión. La defensa solicitó la conversión de la condena por la realización de trabajos comunitarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 35, inciso f, y 50 de la ley Nº 24.660. La fiscalía se opuso al planteo, con base en su situación migratoria y sus antecedentes. En la audiencia de visu realizada en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el imputado ratificó el acuerdo. Por tal razón, el juzgado correccional lo condenó a la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento. Para decidir de esa manera, se remitió a las consideraciones expuestas por la fiscalía. Además, indicó que la solicitud de conversión de la pena había sido extemporánea, por haberse realizado luego del acuerdo de juicio abreviado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que la resolución se había fundamentado en requisitos formales no previstos por ley. |
| 22-dic-2017 | RRER (Causa Nº 13.322) | La niña E. se encontraba institucionalizada y fue declarada en situación de adoptabilidad. Su padre transitaba una situación de angustia que era transmitida a la niña y le provocaban conductas de retroceso. Dado que esa vinculación no permitía una interacción afectiva, el juez dispuso suspender el vínculo de la niña con sus progenitores. La decisión fue impugnada por ambos progenitores en lo que atañe al régimen de vinculación. |
| 22-dic-2017 | Comunidad Lof Campo Maripe | La comunidad indígena Lof Campo Maripe contaba con personería jurídica desde octubre de 2014. El yacimiento hidrocarburífero “Loma Campana” –explotado por la empresa YPF– era uno de los territorios por los que transitaba. En mayo de 2017, el apoderado de la empresa denunció a distintos miembros de la comunidad por amenazas e intimidaciones. A partir de ese momento, sin orden judicial, personal de Gendarmería Nacional y de la policía provincial comenzó a circular por la zona. En este marco, la defensa interpuso un hábeas corpus preventivo en favor de la comunidad y se sostuvo que se encontraban amenazadas su integridad personal y su libertad de circulación. El juzgado federal requirió una serie de informes y rechazó la acción sin llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley Nº 23.098. La defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la decisión. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. |
| 22-dic-2017 | AVH (causa N° 67844) | A través de una denuncia anónima, se informó a la Gendarmería Nacional acerca de un posible intercambio de estupefacientes. Los agentes de esa fuerza se presentaron en el domicilio y horario indicado y observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir. Por tal razón, se lo detuvo y requisó. De sus pertenencias se secuestraron dos bolsas de nylon que contenían novecientas pastillas de éxtasis. Por ese hecho, fue imputado por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia para comercialización. Durante la etapa de juicio, el imputado solicitó declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. A partir de sus declaraciones se dispuso la extracción de testimonios y se dictó el procesamiento de otras personas vinculadas al tráfico de estupefacientes. En oportunidad de celebrar un acuerdo de juicio abreviado, la defensa solicitó que se tuviera en cuenta la colaboración prestada por su asistido y que, en consecuencia, se redujera su pena. |
| 21-dic-2017 | HC – SPF. Trabajo y previsional (causa Nº 23527) | Un grupo de personas detenidas percibía beneficios previsionales. Ante la solicitud de alta laboral, el Servicio Penitenciario Federal les exigió optar entre la eventual remuneración o el cobro de los beneficios. Para decidir de ese modo, el ENCOPE consideró que regía el sistema de incompatibilidades propio de las relaciones del empleo público (artículo 5, inciso f, de la ley Nº 25.164). En este escenario, la Defensoría General de la Nación interpuso una acción de habeas corpus colectivo. Entre sus argumentos, sostuvo que las relaciones laborales entre el ENCOPE y las personas detenidas eran de naturaleza privada, por lo que debía aplicarse el régimen de compatibilidades para el empleo privado (artículo 34 de la ley N° 24.241 de jubilaciones y pensiones). El juzgado rechazó la acción. Por tal razón, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión impugnada y consideró que el accionar del ENCOPE constituía un agravamiento de las condiciones de detención. Vueltas las actuaciones al juzgado, se llevó a cabo la audiencia prevista en el procedimiento de habeas corpus. |
| 21-dic-2017 | AVE y otro (causa Nº 5103) | Una mujer, madre de una niña de dos años, convivía con su pareja. Ésta maltrataba a la niña y en diversas ocasiones encerraba a ambas bajo llave. Ante una presunta reacción alérgica, la menor fue asistida en el hospital de Oberá. En esa oportunidad, la médica detectó una serie de hematomas en su cuerpo y recomendó su internación. La madre explicó que los moretones eran producto de una caída y evaluó la propuesta de la médica. Sin embargo, luego de que su pareja la agrediera verbalmente, decidieron retirarla del establecimiento. Dos días después, la mujer regresó al hospital con su hija. La menor presentaba graves lesiones corporales y no contaba con signos vitales. La madre fue detenida, mientras que su pareja se retiró del lugar. Luego de contactar a un abogado, se presentó de manera espontánea ante la policía y también fue detenida. Al prestar declaración indagatoria, la mujer señaló que, durante la primera visita al hospital, su pareja la había amenazado y obligado a no manifestar nada sobre los golpes dados a la niña. A su vez, indicó que durante los días transcurridos, ella y su hija habían sido llevadas al lugar donde su pareja trabajaba. Allí las mantuvo encerradas hasta que, una madrugada, la mujer notó la ausencia de su hija. Luego de buscarla, encontró a su pareja con la niña golpeada y desmayada. Por su parte, la pareja declaró que las lesiones que la niña presentaba eran producto de una caída. El representante del Ministerio Público Fiscal imputó a ambos el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía. De la prueba obtenida en las actuaciones, la autopsia indicó que la niña había fallecido como consecuencia de golpes recibidos en su cuerpo y cabeza, dados con un elemento contundente. De esa manera, el informe concluyó que la gravedad de las lesiones no era compatible con una caída. Por otra parte, se analizaron las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del trabajo de la pareja. Allí se observó a la pareja entrar y salir reiteradas veces del lugar junto a la niña mientras su madre la buscaba. |
| 19-dic-2017 | VPVJ (causa Nº 30470) | Una mujer tuvo su tercer hijo mediante una operación de cesárea. Ese mismo día solicitó que se le practicara una ligadura de las trompas de Falopio y exteriorizó su consentimiento para el acto en un formulario que, inicialmente, se encontraba en blanco y fue completado con posterioridad. Tres meses más tarde de practicada la intervención, la mujer volvió a quedar embarazada. En consecuencia, inició –con su pareja– una demanda por mala praxis médica y por incumplimiento del deber de información contra el médico, el sanatorio y la obra social. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Contra dicha resolución, los actores interpusieron un recurso de apelación. |
| 19-dic-2017 | PDA (causa N° 41489) | Una persona formaba parte de una organización dedicada al comercio de estupefacientes. Los días 14 y 31 de octubre de 2016, declaró en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. Dicha norma autorizaba la reducción o eventual exención de la pena a quien aportara datos en carácter de arrepentido. Con fecha 2 de noviembre de 2016, entró en vigencia la ley Nº 27.304, que derogó ese artículo. La nueva ley sólo preveía la reducción de las penas a las escalas previstas para la tentativa. El 28 de marzo de 2017, la persona declaró nuevamente. Su declaración fue formalizada mediante el acuerdo de colaboración previsto en el artículo 7 de la ley Nº 27.304. A partir de la información aportada por el imputado, se dispusieron diversas medidas de investigación y se identificaron y detuvieron diversos miembros de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes. El juzgado dictó su procesamiento. Contra esa resolución, las defensas interpusieron sendos recursos de apelación. |
| 19-dic-2017 | ORA (causa Nº 70865 2015) | La madre y el padre de dos niñas con discapacidad solicitaron mediante prescripción médica al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISNN) la cobertura integral del costo real de una conjunto de prestaciones: acompañante terapéuticos, asistente domiciliario, transporte desde el domicilio hasta la escuela y el costo de las consultas del médico tratante de ambas hermanas. Ante la negativa del ISNN, iniciaron una acción de amparo y solicitaron como medida cautelar la cobertura inmediata del 100% de lo requerido. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y, posteriormente, a la acción de amparo. Contra dicha decisión, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 19-dic-2017 | CDI (causa N° 29779) | Un joven de diecisiete años y seis meses de edad fue imputado por el delito de secuestro extorsivo agravado por haber sido cometido contra una persona mayor de setenta años de edad y por el número de intervinientes, en concurso ideal con robo agravado por el empleo de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. El hecho tuvo lugar el 5 de junio de 2014. Los días 8 y 16 del mismo mes, cometió nuevos hechos por los que fue condenado por un juzgado provincial a la pena de 3 años y 6 meses de prisión. Durante el proceso, el joven fue sometido a un tratamiento tutelar. De los informes incorporados al expediente se desprendía que había tenido un avance favorable y demostrado la intención de cambiar y reinsertarse socialmente. Además, constituyó una familia propia y progresó a nivel escolar y personal. En la etapa de juicio, la fiscalía solicitó que se le impusiera una pena de 11 años de prisión, reducida por la aplicación de la escala correspondiente a la tentativa. En esa línea, requirió la imposición de una pena de 5 años y 6 meses. Además, consideró aplicable la pena única de 6 años y 1 mes de prisión. El 28 de abril de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín lo condenó a la pena de 5 años y 6 meses de prisión y le impuso la pena única de 8 años y 3 meses de prisión. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la pluralidad de delitos imputados, los medios empleados y el daño ocasionado a la víctima. Además, respecto de la unificación de condenas, consideró que debía aplicarse el |
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