Jurisprudencia nacional 4831
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 4831
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 12-nov-2026 | ALP (Causa N° 3313) | Una adolescente con discapacidad psicofísica finalizó sus estudios primarios en una escuela pública de Entre Ríos. Luego, completó el primer año del secundario en otro colegio. A comienzos de 2025, las autoridades de la institución escolar a la que asistía le sugirieron a su progenitora que la joven siguiera su formación en un establecimiento de educación especial integral. No obstante, la mujer no accedió a esa propuesta. Frente a esa situación, las autoridades le ofrecieron que su hija concurriera a cuatro materias, cuatro veces por semana. La mujer tampoco aceptó y la adolescente dejó de ir a clase. En ese marco, la Supervisora de Educación Especial zonal informó al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia que se habían efectuado todas las gestiones posibles, de acuerdo a las necesidades de la adolescente y que, pese a ello, su madre se había negado. Con posterioridad, la mujer –en representación de su hija– inició una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. En su presentación, solicitó que se ordenara al organismo la implementación de un proyecto pedagógico individual que garantizara una trayectoria educativa completa para la joven. En primera instancia, se admitió el reclamo. De esa manera, se obligó a la demandada a que, en el transcurso de veinte días corridos, elaborara el plan solicitado. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial revocó lo resuelto y rechazó la acción. Para decidir así, consideró que aún tramitaba un procedimiento administrativo que había promovido la Departamental de Escuelas de Rosario del Tala. En ese sentido, sostuvo que la actora había abandonado la vía administrativa y había optado por la del amparo, lo que vulneraba el artículo 3, inciso b) de la Ley provincial de Amparo N° 8369. La norma establecía que la acción de amparo y el proceso administrativo no podían transcurrir en simultáneo. Contra lo decidido, la actora interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó una queja. Entre sus argumentos, la mujer planteó que el Superior Tribunal había incurrido en un excesivo rigor formal. Por su parte, el Defensor General Adjunto ¬en carácter de representante complementario de la adolescente– emitió su dictamen. En esa oportunidad, hizo hincapié en la necesidad de implementar apoyos con el fin de asegurar el acceso de la joven a educación integral en condiciones de igualdad. |
| 5-nov-2026 | Müller (causa N° 4012) | Durante la última dictadura militar, veinticuatro trabajadores vinculados a la empresa Ford Motor Argentina S.A. fueron secuestrados y torturados en base a la información personal y laboral que algunos cargos jerárquicos proporcionaron a las autoridades militares. Varios de ellos fueron privados de su libertad y sometidos a tormentos en el predio de la fábrica en la que trabajaban. Por esos hechos, se investigó y condenó a gran parte del personal jerárquico; un gerente de manufactura fue condenado como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y de los tormentos agravados a la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta, y se calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Para decidir de esa manera, entre otras cuestiones, el tribunal tuvo en cuenta su particular relevancia entre las autoridades, ya que reemplazaba al presidente de la firma en su ausencia. La defensa del gerente de manufactura interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había acreditado su efectiva participación en los hechos y que su condena se basaba únicamente en el cargo jerárquico que ostentaba, lo que violaba los principios de culpabilidad e inocencia. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso. Entre sus argumentos, ponderó una gran cantidad de testimonios junto a que había sido correctamente descartada la hipótesis de la defensa respecto de que las Fuerzas Armadas pudieron haber obtenido esa información exclusivamente del sindicato. Por otro lado, resaltó que las críticas de la defensa se dirigían a extractos aislados de declaraciones testimoniales y no lograban desvirtuar el resto de la prueba de cargo. La defensa presentó un recurso extraordinario federal. Entre sus fundamentos, afirmó que no era cierto que se hubiera descartado la hipótesis de descargo de la defensa, lo que vulneraba el principio de inocencia. Asimismo, insistió en que no se había descrito con precisión el aporte personal que el hombre había hecho y que se había ponderado arbitrariamente la prueba de cargo. |
| 27-oct-2026 | CHF (Causa N° 56623) | La justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a un hombre. En esa ocasión, como medida de seguridad resolvió su internación por el plazo de tres meses. Además, le impuso una consigna policial y dispuso que el juzgado civil que interviniera en la causa debía controlar las medidas impuestas. Luego, la Asesoría Tutelar ante el Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 5 apeló esa sentencia. Mientras tramitaba el recurso, se remitieron las constancias del expediente a la justicia nacional en lo civil. Por su parte, el juzgado convalidó la internación involuntaria del hombre por el término de tres meses y mantuvo las medidas de seguridad vinculadas a la consigna policial fija y a las condiciones de control de la internación fijadas por el juzgado penal. Respecto a esto último, dispuso que durante ese período, el alta, la externación y/o los permisos de salida de la persona requerían resolución judicial previa, con dictamen de peritos y audiencia del Ministerio Público. Determinó que, transcurrido ese plazo, la medida de seguridad cesaría y el control de la internación sería facultad del equipo tratante. Asimismo, hizo saber a la comisaría de la Policía de la Ciudad interviniente que la consigna debía mantenerse durante la internación de la persona y que requería las medidas necesarias tanto para asegurar la permanencia del hombre en la institución como para prevenir su fuga.; En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) apeló la sentencia. En su presentación, cuestionó la imposición judicial de un régimen agravado de internamiento forzoso y de un sistema de alta restringido, ajeno a razones terapéuticas y discriminatorio en función de la discapacidad. También advirtió la incompetencia del fuero civil para decretar medidas de seguridad propias del ámbito penal. Por un lado, argumentó que la decisión se sustentó en una resolución penal previa que se encontraba recurrida, lo que privaba de sustento jurídico a las medidas dictadas en el fuero civil. Por el otro, señaló que esta superposición de resoluciones generaba confusión en los equipos de salud en cuanto a la interpretación del régimen legal aplicable y los criterios de externación. Postuló que, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, el rol del juez civil en el control de la internación debe ser activo, periódico e integral. Manifestó que ello abarca la revisión de las condiciones de encierro a fin de garantizar la protección de los derechos de la persona y la primacía del criterio terapéutico. |
| 19-oct-2026 | LGTB (Causa Nº 42360) | Un joven con una discapacidad psicosocial estaba afiliado a PAMI. Contaba con esa cobertura a través de su padre, quien era beneficiario de una jubilación por invalidez. Al cumplir veintiún años, la obra social dio de baja la cobertura. En ese contexto, el joven solicitó su reafiliación. En respuesta al pedido, PAMI le informó que nunca había estado afiliado en carácter de hijo con discapacidad, sino en virtud de su minoría de edad. Además, señaló que el actor había iniciado el trámite para obtener una pensión no contributiva e indicó los requisitos para tramitar la afiliación como hijo con discapacidad a través del progenitor. Con posterioridad, con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, el joven requirió que se dictara una medida cautelar autosatisfactiva urgente a fin de que se ordenara la su reafiliación. |
| 14-oct-2026 | IA (Causa N° 354) | Un hombre trabajaba en un sanatorio desde hacía más de dos años, sin que la relación laboral estuviera registrada. Por ese motivo, formuló un reclamo a su empleador. De manera previa a regularizar el vínculo, el sanatorio le solicitó que se realizara un examen preocupacional. Una vez efectuado, le comunicó los resultados del laboratorio, de los que surgía que era portador de HIV. A partir de ese momento, dejaron de asignarle tareas. Frente a esa situación, el trabajador cursó una intimación para que cesara el trato discriminatorio y, entonces, le otorgara tareas, registrara la relación laboral y le abonara la diferencia de haberes, bajo apercibimiento de considerarse despedido en caso de silencio o negativa. Ante el incumplimiento de lo requerido, el hombre se consideró despedido y demandó al sanatorio. En su presentación, solicitó el pago de una indemnización por despido injustificado, antigüedad y registración irregular, así como por el trato discriminatorio. Por su parte, tanto durante las intimaciones previas como a lo largo del proceso judicial, la demandada negó la existencia del vínculo. Si bien el tribunal consideró probada la relación de empleo y, por ende, el derecho del trabajador al cobro de los haberes adeudados, rechazó la indemnización por despido incausado. Fundó su conclusión en que el trabajador había dado por extinguida la relación laboral debido el silencio del sanatorio, cuando, en realidad, este había brindado respuesta a sus intimaciones. Contra esa resolución, el actor interpuso un recurso de casación, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. El Máximo Tribunal provincial compartió el criterio de la instancia anterior respecto a la finalización del vínculo laboral por despido indirecto, en razón del silencio de la demandada. Asimismo, entendió que la decisión de la cámara no resultaba arbitraria. En ese sentido, habiendo valorado de manera razonable los elementos probatorios, consideró que no estaba suficientemente demostrado el conocimiento previo y efectivo del empleador sobre la condición de portador de HIV del trabajador. En ese contexto, el actor interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de una queja. |
| 14-oct-2026 | FLB (Causa N° 84871) | Un hombre falleció en un siniestro vial. A raíz de ese hecho, su cónyuge, hijos y progenitores iniciaron una acción de daños y perjuicios. Si bien en primera instancia se admitió el reclamo, la cámara luego modificó lo resuelto. En ese sentido, redujo alrededor de un 60% las indemnizaciones por daño moral y valor vida. También modificó el régimen de intereses aplicables. Contra lo decidido, los actores presentaron un recurso extraordinario federal. Frente a su rechazo, interpusieron una queja. Entre sus argumentos, expusieron que el recorte de los montos indemnizatorios no había sido fundado de manera suficiente. Al respecto, destacaron que la cámara había utilizado fórmulas genéricas que no se ajustaban a las constancias de la causa, lo que vulneraba tanto el debido proceso como el principio de reparación plena. |
| 9-oct-2026 | Asociación Civil Árbol de Pie (Causa N° 20213) | Una legisladora provincial, junto a la Asociación Civil Árbol de Pie y a referentes de dos comunidades indígenas iniciaron un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo de la Nación. En su presentación, solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley N° 26737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Asimismo, requirieron que se dictara una medida cautelar para que se suspendieran los efectos del referido artículo. Sobre ese aspecto, señalaron que afectaba a los pueblos originarios, así como a la seguridad nacional y a la integridad territorial, dado que podía generar derechos adquiridos sobre grandes extensiones de tierra a favor de personas extranjeras. Luego, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche ordenó la remisión de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Para decidir así, advirtió que allí tramitaba otro proceso análogo –caratulado “C.E.C.I.M.”–, en el que se había resuelto la cuestión de fondo de manera favorable y se había admitido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional. Por su parte, la cámara consideró que ambas actuaciones eran análogas y que correspondía la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, el Máximo Tribunal en el expediente “C.E.C.I.M.” determinó la falta de legitimación activa y, ante la ausencia de caso, rechazó la demanda. En ese sentido, consideró que la soberanía no era un bien colectivo que justificara la legitimación invocada por los accionantes en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Al día siguiente, la parte actora en las actuaciones de referencia pidió que continuara el proceso y se pronunciara sobre la medida cautelar peticionada. A la vez, solicitó que se aclarara si el pronunciamiento en la causa “C.E.C.I.M.” incidía en su trámite. |
| 1-oct-2026 | Paz y otros (Causa N° 47823) | Tres adolescentes de trece, quince y dieciséis años habían sido imputados por el delito de hurto en grado de tentativa. Según la imputación, uno de ellos tomó cuatro envases de acondicionador de pelo en un supermercado y los guardó entre su ropa. Un empleado de seguridad del local observó la maniobra a través de las cámaras y luego, dentro del establecimiento, otro empleado les solicitó que devolvieran la mercadería. Los jóvenes la devolvieron y el empleado de seguridad avisó a un oficial de la Policía de la Ciudad. En consecuencia, los adolescentes fueron detenidos.; La investigación fue delegada en la fiscalía. Entonces, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de los imputados. Entre sus argumentos, sostuvo que la conducta no había superado la etapa de los actos preparatorios, ya que ninguno de los adolescentes había intentado retirarse sin pagar ni había pasado la línea de cajas. Además, señaló que los testimonios no permitían determinar cuántas personas intervinieron ni cuál de los tres jóvenes tomó los envases. Por último, destacó que el adolescente de trece años no era punible en razón de la edad, según el artículo 1 de la ley N° 27.801. |
| 1-oct-2026 | Rodriguez (causa N° 70858) | En el marco de una discusión entre personas que se encontraban detenidas, una persona recibió una sanción disciplinaria. Durante la sustanciación del sumario, las autoridades incorporaron declaraciones testimoniales de agentes penitenciarios sin dar intervención a la defensa técnica. Luego, la defensa se presentó y solicitó la declaración de otras personas detenidas y que se incorporaran registros fílmicos. Sin embargo, no se hizo lugar a lo solicitado. Frente a esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Ante el rechazo de la impugnación, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus planteos, sostuvo que se había afectado el derecho de defensa en tanto no había podido producir prueba ni controlar la prueba incorporada durante el procedimiento administrativo. |
| 1-oct-2026 | NN (Causa N° 2665) | Un hombre realizó una denuncia en sede judicial contra la progenitora de su hija menor de edad. En concreto, señaló que la mujer exponía la imagen de la niña con fines comerciales en las redes sociales de su empleadora. Indicó que él no había consentido esa difusión –la que se había prolongado en el tiempo– y que no era posible controlar el alcance y el destino de los archivos. En consecuencia, solicitó que se dictara una medida cautelar para que, por un lado, cesara el uso de la imagen de la niña y, por el otro, para que se inhibiera a la madre de subir publicaciones, historias, videos o fotografías que contuvieran datos identificatorios de la niña para su explotación comercial, laboral o bien para el rédito de terceros. En su contestación, la demandada pidió el rechazo de la acción y negó las afirmaciones del actor. Aclaró que solo había publicado tres fotos de la niña mientras jugaba en su lugar de trabajo. Al respecto, señaló que ese día había concurrido al local junto a la niña porque no tenía otra persona que pudiera ocuparse de su cuidado. Asimismo, sostuvo que la publicación del contenido cuestionado era un acto habitual propio de la responsabilidad parental que no requería autorización especial. No obstante, planteó que, en resguardo del bienestar de la niña, ya había quitado las fotos, por lo que la cuestión se había vuelto abstracta. También aseveró que en adelante compartiría las vivencias familiares con la niña en sus cuentas personales bajo perfil privado. En ese marco, la defensora de menores emitió su dictamen y no formuló objeciones al pedido del progenitor. |
| 29-sep-2026 | Hadebe (Causa N° 67420) | Una mujer de nacionalidad sudafricana ingresó al país en 2014 y contrajo matrimonio con una ciudadana argentina. Dos años después, se la condenó a cinco años y dos meses de prisión. Lo dispuesto fue notificado a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en octubre de 2016. En consecuencia, al año siguiente la Administración ordenó su expulsión y la prohibición de reingreso permanente. En ese sentido, consideró que se encontraba configurada la causal prevista en el artículo 29, inciso d) de la Ley Nacional de Migraciones N° 25871, cuyo texto fue modificado por el DNU N° 70/2017. Esa norma sostenía que haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o bien tener antecedentes o condena no firme para determinados delitos era una causal impediente de ingreso y permanencia. En esa oportunidad, la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteó un recurso jerárquico mediante el cual solicitó la dispensa por reunificación familiar, que fue rechazado. Para decidir así, la DNM estimó que la dispensa era improcedente en los términos del artículo 29 –que en la redacción vigente limitaba los supuestos para su otorgamiento– dada la causal por la cual se dispuso la expulsión de la persona migrante.; En virtud de ello, la mujer –con la asistencia de la defensa pública– interpuso un recurso judicial directo, que en primera instancia fue denegado. Con posterioridad, la decisión fue apelada. A su turno, la cámara revocó la sentencia de la anterior instancia y dejó sin efecto las disposiciones dictadas por la DNM. Para decidir de ese modo, el tribunal consideró que los actos cuestionados modificaron la situación migratoria de la mujer sobre la base de una norma que no era aplicable al caso. Sobre ese aspecto, para resolver el pedido de dispensa fundado en el matrimonio con una ciudadana argentina, estimó que la DNM debió aplicar el texto originario de la Ley N° 25871 dado que la condena penal que motivó la expulsión y su comunicación a la autoridad migratoria fueron anteriores a la sanción del DNU N° 70/2017. Por consiguiente, afirmó que los actos impugnados carecían de causa de acuerdo a lo previsto por el artículo 7°, inciso a, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549. Contra esta decisión, la DNM presentó un recurso extraordinario federal. |
| 29-sep-2026 | SC (Causa N° 21686) | Una mujer que se desenvolvía como influencer y comunicadora digital sufría acoso y hostigamiento cibernético continuo por parte de una colega y sus seguidores. En concreto, era víctima de publicaciones agresivas tanto en Instagram como en Twitter que contenían injurias y difamaciones sobre su persona. Asimismo, habían circulado fotos de ella y de su expareja con referencias que descalificaban su estilo de vida, ideología, forma de vestir y trabajar. En ese marco, la mujer pidió que se dictara una medida cautelar preventiva. En su presentación, reclamó que se ordenara a la demandada abstenerse y cesar por cualquier medio aquellas publicaciones en su contra, ya sea a través de su nombre o de seudónimos. También exigió la eliminación del contenido digital que la mencionara de manera directa o indirecta. Además, peticionó que se le impusiera a la demandada informar lo resuelto en sus cuentas. Entre sus argumentos, la actora expuso que la conducta de la accionada había dañado no solo su salud, su derecho al honor y a la imagen, sino además a su actividad comercial. Destacó que en el ámbito de las redes sociales los mensajes, información y discursos se proliferaban aún más, lo cual le generaba un daño mayor. Luego, el juzgado interviniente admitió la medida con el alcance en que fue solicitada y pidió al ENACOM que difundiera lo decidido en todos los medios de comunicación masiva. A su turno, la cámara confirmó la sentencia. Para resolver de ese modo, tuvo en cuenta que se trataba de una medida de tipo preventiva, por lo que la verosimilitud de los derechos afectados debía ser evaluada con un criterio amplio. En consecuencia, la demandada interpuso un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó una queja. Entre sus principales argumentos, señaló que la resolución había vulnerado su derecho a la libertad de expresión y que configuraba, por lo tanto, censura previa. En ese sentido, resaltó que la actora era una figura pública. Agregó que debía valorarse, entonces, que los comentarios cuestionados habían sido vertidos en redes sociales, caracterizadas por la frecuente confrontación. Concluyó que con el dictado de la medida autosatisfactiva se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión. |
| 29-sep-2026 | QHA (Causa N° 25923) | Un hombre inició una acción de hábeas data contra Facebook Argentina SRL. En esa oportunidad, solicitó que se eliminara una nota periodística que lo involucraba –disponible en una página anónima dentro de la red social– y una imagen suya vinculada a la nota. También requirió que se abstuvieran de realizar futuras publicaciones que lo afectaran. El juzgado interviniente hizo lugar a lo solicitado. En ese sentido, ordenó a la demandada que indicara tanto el usuario registrado detrás de la página como la localización del servidor, e informara la IP con localización de la ciudad de origen de la información, con la obligación de preservar la fuente periodística. Sin embargo, en lo referente a la eliminación de la publicación, sostuvo que no era clara ni concluyente la inexactitud o falsedad de la información, conforme la prueba presentada. Con respecto a la imagen, al ser un retrato del actor con el torso desnudo, concluyó que no guardaba vinculación con su desempeño público –ya que había sido diputado provincial– ni representaba un interés general, por lo que no podría publicarse sin el consentimiento del titular. Por último, entendió que el hábeas data informativo era el medio idóneo para conocer la identidad de los autores y rechazó el planteo de falta de legitimación pasiva formulado por Facebook Argentina SRL.; Por su parte, la demandada apeló la sentencia, pero la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia en cuanto a informar los datos de registro del usuario que había creado la publicación, así como la localización del servidor y la dirección IP. Sin embargo, revocó la condena a eliminar la imagen del actor, por considerar que ello vulneraba la libertad de expresión. Contra lo resuelto, la demandada interpuso un recurso extraordinario federal. En esa oportunidad, señaló que la sentencia era arbitraria por desconocer que Facebook Argentina SRL y Facebook Inc. tenían una personalidad jurídica diferente. Destacó que tampoco se había tenido en cuenta los diferentes objetos que persiguen ambas personas jurídicas. A su vez, alegó que la divulgación de información identificatoria de quien hizo la publicación vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, enfatizó que el tribunal había sostenido que tanto el texto como la imagen estaban protegidas por ese derecho. |
| 23-sep-2026 | Zabala ( causa 45162) | Una persona había sido condenada a una pena de prisión y declarada reincidente. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación, señaló que el fallo no había demostrado el tiempo cumplido como condenado en la condena anterior ni si había iniciado el período de prueba. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, con el voto de cinco jueces, rechazó la impugnación. Dos de los jueces intervinientes consideraron acreditado el requisito de cumplimiento parcial previsto en el artículo 50 del Código Penal para la declaración de reincidencia. Otro de los magistrados declaró la inconstitucionalidad de la declaración de reincidencia, un cuarto juez dispuso su absolución y un último integrante anuló la declaración de reincidencia en base a la falta de análisis en torno a la evolución de la persona imputada en el sistema de progresividad de la pena.; La defensa interpuso un recurso extraordinario federal. En ese sentido, sostuvo que la decisión no contaba con una mayoría sustancial de votos que permitiera calificarla como acto jurisdiccional válido. El mismo tribunal, conformado por cinco jueces, declaró inadmisible el recurso. Para decidir de ese modo, dos magistrados destacaron la coincidencia de los dos jueces que consideraron acreditado el cumplimiento de requisito parcial. Un tercer juez compartió ese criterio, mientras que un cuarto magistrado declaró admisible la impugnación por inexistencia de mayoría de fundamentos. Por último, el quinto juez interviniente se abstuvo de votar. Ante su denegatoria, la defensa presentó un recurso de queja. |
| 23-sep-2026 | CF (Causa N° 7640)- CSJN | Un hombre interpuso una acción de habeas data contra la red social Facebook Argentina. En su presentación, solicitó que se suprimieran las URL de una serie de publicaciones realizadas desde una cuenta que al parecer pertenecía a la comisión de género de la facultad a la que asistía como alumno. También requirió que se revelaran los datos de quienes fueran titulares de la cuenta para luego reclamar los daños correspondientes. En ese sentido, expuso que se habían incluido manifestaciones injuriantes que le adjudicaban una falsa relación sexoafectiva con una integrante de la agrupación cuyos datos no se precisaban. En ese marco, se lo acusaba de abuso sexual y manipulación psicológica, y se incorporaba una foto de su persona. Además, señaló que había participado como militante en agrupaciones estudiantiles en defensa de diversas causas feministas. Agregó que las autoridades universitarias no avalaban a la cuenta denunciada y desconocían quiénes eran los responsables de las publicaciones. Con posterioridad, el juzgado interviniente admitió el reclamo y, por lo tanto, dispuso la eliminación de las publicaciones cuestionadas. Para decidir de esa forma, entendió que no eran útiles o informativas para la sociedad. Sin embargo, la cámara después lo rechazó. A diferencia de la anterior instancia, consideró que la publicación era de interés público y no debía suprimirse, ya que gozaba de la protección constitucional a favor de la libertad de expresión. Al respecto, destacó que el actor no solo había reconocido ser un estudiante universitario sino también un militante social que defendía los derechos de las mujeres. Añadió que las mencionadas expresiones eran una denuncia política, no una descalificación personal hacia el actor. Concluyó, que, cuando existiera duda sobre el interés público de un discurso de género, debía inclinarse por su mantenimiento. Contra esa decisión, el accionante presentó un recurso extraordinario federal. Entre sus argumentos, cuestionó que se lo tratara como sujeto público y que no se le brindara el amparo de ciudadano común. |
| 23-sep-2026 | ACIJ (Causa N° 1465) | La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) promovió una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación, solicitó que se lo condenara a distribuir de manera equitativa la oferta educativa primaria estatal de jornada completa. En concreto, manifestó que la oferta educativa en los distritos 5, 19 y 21 –donde reside la población en situación socioeconómica más desventajada– resultaba insuficiente. En consecuencia, reclamó la creación de nuevos establecimientos escolares. En ese marco, el juzgado interviniente admitió la acción y condenó al GCBA a desarrollar un programa que garantizara el acceso como mínimo del 30% de los alumnos de nivel básico a escuelas de jornada extendida o completa, con prioridad a aquellos sectores sociales y zonas geográficas desfavorecidas, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 20675. A su vez, le impuso la implementación de políticas públicas tendientes a igualar la oferta educativa en la Ciudad. Con posterioridad, la Cámara confirmó esa decisión solo con relación a uno de los distritos educativos (el N° 21) y la modificó en cuanto obligó a la demandada a acompañar un programa de extensión de la modalidad para los otros dos distritos involucrados. Contra ese pronunciamiento, ACIJ presentó una queja y un recurso de inconstitucionalidad. A su turno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –por mayoría de votos concurrentes– hizo lugar a la primera y rechazó al segundo. De ese modo, dos de sus integrantes confirmaron la orden impuesta en la anterior instancia y aclararon que el GCBA podría cumplirla mediante la creación de vacantes tanto de jornada completa como extendida. En cambio, la ministra restante, si bien también confirmó la condena, no se expidió sobre la jornada extendida. En ese sentido, evaluó que no podía admitirse la apelación dado que la parte actora no había adjuntado la documentación exigida en su oportunidad. En ese contexto, ACIJ interpuso un recurso extraordinario, cuya desestimación dio origen a una queja. Entre sus principales argumentos, señaló la falta de fundamentación en el voto de la magistrada. Agregó que las condenas no lograban subsanar la discriminación por parte de las autoridades públicas, ya que la oferta educativa no quedaba equiparada, lo que constituía una práctica discriminatoria. |
| 22-sep-2026 | Lanoza | En el marco de dos causas por transporte de estupefacientes y en sus respectivas audiencias de formalización, entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para realizar pericias en los celulares secuestrados. Por su parte, la defensa de los hombres imputados requirió que el análisis de los datos obtenidos tuviera un límite temporal. En ese sentido, argumentó el pedido en función de los hechos bajo investigación y señaló que la ausencia de un recorte temporal equivalía a una carta abierta al Estado para indagar la privacidad de las personas más allá del objeto procesal. La fiscalía se opuso y alegó la imposibilidad técnica de fijar un plazo, además remitió a la etapa de control de acusación cualquier cuestionamiento sobre la prueba obtenida. |
| 22-sep-2026 | Riquelme | En el marco de dos causas por transporte de estupefacientes y en sus respectivas audiencias de formalización, entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para realizar pericias en los celulares secuestrados. Por su parte, la defensa de los hombres imputados requirió que el análisis de los datos obtenidos tuviera un límite temporal. En ese sentido, argumentó el pedido en función de los hechos bajo investigación y señaló que la ausencia de un recorte temporal equivalía a una carta abierta al Estado para indagar la privacidad de las personas más allá del objeto procesal. La fiscalía se opuso y alegó la imposibilidad técnica de fijar un plazo, además remitió a la etapa de control de acusación cualquier cuestionamiento sobre la prueba obtenida. |
| 18-sep-2026 | AGY (Causa N° 10434) | Un adolescente y un adulto sustrajeron con violencia el celular de una persona. Luego, intentaron fugarse pero el joven fue detenido por personal policial. Luego fue procesado por el delito de robo simple y se dictó su prisión preventiva. Durante la investigación, la defensa técnica del joven tomó contacto con su familia, que informó que no contaban con dinero para una reparación. En cambio, ofreció un pedido de disculpas por parte de su hijo. El equipo interdisciplinario del juzgado recomendó la implementación de una medida alternativa en el caso. Entonces, el fiscal presentó para su homologación el acta de conciliación. El damnificado manifestó su conformidad con el acuerdo y aceptó las disculpas. |
| 15-sep-2026 | Causa N° 47323/2026 | Dos adolescentes de catorce y quince años habían sido imputados por el delito de robo. La causa tramitó ante el Juzgado Penal Juvenil Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la Unidad de Defensa Penal Juvenil N° 1 de la Defensoría General de la Nación solicitó al fuero nacional de menores que asumiera la competencia. Entre sus argumentos, sostuvo que la única manera de que la justicia local asuma competencias que le pertenecen a la justicia nacional ordinaria es a través del correspondiente mecanismo de traspaso con participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el ámbito nacional y local. En ese sentido, explicó que, si bien el 3 de julio de 2026 se había firmado un convenio de transferencia, no había sido ratificado por las autoridades mencionadas. Así, concluyó que el caso le correspondía al fuero nacional en tanto la competencia para juzgar el delito imputado no había sido traspasada. El representante del Ministerio Público Fiscal coincidió con la postura de la defensa. Por su parte, añadió que el tipo penal de robo es preexistente a la Ley N° 24.588 (Ley Cafiero) que mantuvo la jurisdicción de la justicia nacional ordinaria en la Ciudad, así como a los tres convenios de transferencia progresiva de competencias penales celebrados posteriormente, y que no fue incluido en ninguno de ellos. En ese sentido, adujo que la fecha de relevancia jurídica para determinar el juez natural de una causa es la de creación del tipo penal y no la de una reforma posterior que modifique las condiciones de punibilidad del autor, como la edad según ley N° 27.801. |
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