CHF (Causa N° 56623)

Abstract

La justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a un hombre. En esa ocasión, como medida de seguridad resolvió su internación por el plazo de tres meses. Además, le impuso una consigna policial y dispuso que el juzgado civil que interviniera en la causa debía controlar las medidas impuestas. Luego, la Asesoría Tutelar ante el Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 5 apeló esa sentencia. Mientras tramitaba el recurso, se remitieron las constancias del expediente a la justicia nacional en lo civil. Por su parte, el juzgado convalidó la internación involuntaria del hombre por el término de tres meses y mantuvo las medidas de seguridad vinculadas a la consigna policial fija y a las condiciones de control de la internación fijadas por el juzgado penal. Respecto a esto último, dispuso que durante ese período, el alta, la externación y/o los permisos de salida de la persona requerían resolución judicial previa, con dictamen de peritos y audiencia del Ministerio Público. Determinó que, transcurrido ese plazo, la medida de seguridad cesaría y el control de la internación sería facultad del equipo tratante. Asimismo, hizo saber a la comisaría de la Policía de la Ciudad interviniente que la consigna debía mantenerse durante la internación de la persona y que requería las medidas necesarias tanto para asegurar la permanencia del hombre en la institución como para prevenir su fuga.

En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) apeló la sentencia. En su presentación, cuestionó la imposición judicial de un régimen agravado de internamiento forzoso y de un sistema de alta restringido, ajeno a razones terapéuticas y discriminatorio en función de la discapacidad. También advirtió la incompetencia del fuero civil para decretar medidas de seguridad propias del ámbito penal. Por un lado, argumentó que la decisión se sustentó en una resolución penal previa que se encontraba recurrida, lo que privaba de sustento jurídico a las medidas dictadas en el fuero civil. Por el otro, señaló que esta superposición de resoluciones generaba confusión en los equipos de salud en cuanto a la interpretación del régimen legal aplicable y los criterios de externación. Postuló que, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, el rol del juez civil en el control de la internación debe ser activo, periódico e integral. Manifestó que ello abarca la revisión de las condiciones de encierro a fin de garantizar la protección de los derechos de la persona y la primacía del criterio terapéutico.