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Título : SC (Causa N° 21686)
Fecha: 29-sep-2026
Resumen : Una mujer que se desenvolvía como influencer y comunicadora digital sufría acoso y hostigamiento cibernético continuo por parte de una colega y sus seguidores. En concreto, era víctima de publicaciones agresivas tanto en Instagram como en Twitter que contenían injurias y difamaciones sobre su persona. Asimismo, habían circulado fotos de ella y de su expareja con referencias que descalificaban su estilo de vida, ideología, forma de vestir y trabajar. En ese marco, la mujer pidió que se dictara una medida cautelar preventiva. En su presentación, reclamó que se ordenara a la demandada abstenerse y cesar por cualquier medio aquellas publicaciones en su contra, ya sea a través de su nombre o de seudónimos. También exigió la eliminación del contenido digital que la mencionara de manera directa o indirecta. Además, peticionó que se le impusiera a la demandada informar lo resuelto en sus cuentas. Entre sus argumentos, la actora expuso que la conducta de la accionada había dañado no solo su salud, su derecho al honor y a la imagen, sino además a su actividad comercial. Destacó que en el ámbito de las redes sociales los mensajes, información y discursos se proliferaban aún más, lo cual le generaba un daño mayor. Luego, el juzgado interviniente admitió la medida con el alcance en que fue solicitada y pidió al ENACOM que difundiera lo decidido en todos los medios de comunicación masiva. A su turno, la cámara confirmó la sentencia. Para resolver de ese modo, tuvo en cuenta que se trataba de una medida de tipo preventiva, por lo que la verosimilitud de los derechos afectados debía ser evaluada con un criterio amplio. En consecuencia, la demandada interpuso un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó una queja. Entre sus principales argumentos, señaló que la resolución había vulnerado su derecho a la libertad de expresión y que configuraba, por lo tanto, censura previa. En ese sentido, resaltó que la actora era una figura pública. Agregó que debía valorarse, entonces, que los comentarios cuestionados habían sido vertidos en redes sociales, caracterizadas por la frecuente confrontación. Concluyó que con el dictado de la medida autosatisfactiva se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión.
Decisión: La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja. Por consiguiente, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia recurrida. A su vez, dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para que dictara un nuevo fallo que se adecuara a lo resuelto. Para arribar a esa decisión, consideró que se había mantenido la medida preventiva pese a que no se había evaluado si el caso reunía las circunstancias excepcionales que ameritaran una severa restricción al derecho a la libertad de expresión (ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti).
Argumentos: 1. Libertad de expresión. Derecho a la intimidad. Internet. Medios de comunicación. Red social.
“[E]sta Corte ha destacado el carácter transformador de Internet como medio que fomenta el pluralismo al permitir que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones y que, a la vez, incrementa significativamente la posibilidad de acceder a todo tipo de información (Fallos: 337:1174, […]). No obstante, remarcó que el carácter masivo de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas –entre los que se puede incluir a las redes sociales en las que se divulgan los contenidos cuestionados en este caso– además de potenciar la trascendencia de la libertad de expresión y el rol que cumplen para el ejercicio del autogobierno colectivo, implica una mayor aptitud para causar daños, especialmente al honor y a la intimidad de las personas. En tal situación adquiere relevancia la afirmación de que, en un estado democrático y constitucional comprometido con el respeto del bienestar individual de sus ciudadanos, la importancia de la libertad de expresión hace necesario que se reconozca el máximo de libertad expresiva a todos, siempre que ello sea compatible con la protección a los derechos que pueden ser afectados por su ejercicio (Fallos: 340: 1364 […])…” (considerando 9°). “La protección constitucional de la intimidad implica que toda persona, por su condición de tal, tiene el derecho de preservar una esfera de reserva en el ámbito de su propia autonomía personal y no es admisible que el interés que la comunidad pudiera tener en ciertas informaciones justifique todo tipo de invasión en dicha esfera. Tal es así que esta Corte ha señalado que en el supuesto particular de los personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos a sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión (Fallos: 306:1892 y 348:662, […])…” (considerando 10°). “[A] los fines de decidir la cuestión planteada, cabe recordar que este Tribunal, con motivo de la importancia que tiene la libertad de expresión en nuestro sistema constitucional, ha destacado que toda restricción, sanción o limitación a dicha libertad que impida o dificulte el proceso comunicacional, debe ser de interpretación restrictiva y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Por tal motivo, la carga argumentativa –y, en principio, probatoria– de la necesidad de limitar el ejercicio de la libertad de expresión pesará sobre quien la invoca, y la medida que se adopte debe ser la estrictamente indispensable para satisfacer la finalidad perseguida (Fallos: 345:482, citado). En ese razonamiento, en los mencionados precedentes ‘Rodríguez, María Belén’ y ‘Paquez’, en oportunidad de examinar la cuestión referida a las medidas preventivas en Internet, como las de filtro o bloqueo de vinculaciones para el futuro, esta Corte consideró que la presunción de inconstitucionalidad de este tipo de medidas restrictivas de la libertad de expresión solo puede ceder frente a casos absolutamente excepcionales…” (considerando 12°).
2. Red social. Libertad de expresión. Derecho a la intimidad. Derecho a la privacidad. Medidas cautelares. Censura.
“[L]a admisión de una medida cautelar como la de autos, sin precisar cuáles contenidos vulnerarían los derechos a la intimidad y al honor invocados por la actora, además de afectar el derecho de defensa de la destinataria en punto a la posibilidad de alegar sobre la legalidad de dichos contenidos, configura una indebida restricción a la libertad susceptible de generar un efecto inhibitorio no solo en la demandada, sino también en otros usuarios de las redes sociales. Esos efectos no son compatibles con las doctrinas fuertemente tutelares del ejercicio de la libertad de expresión que esta Corte ha desarrollado a fin de establecer un espacio amplio para el desarrollo de un debate público robusto. Asimismo, la orden dispuesta con un alcance excesivamente amplio para que la demandada se abstenga en el futuro de aludir públicamente a la actora, importa una clara censura previa en los términos del referido artículo 14 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No surge de la sentencia que, tratándose de una medida cautelar como la de autos, se hubiera examinado de manera preliminar si en el caso concurre un supuesto excepcionalísimo susceptible de justificar dicha prohibición ni que la medida decretada fuera estrictamente necesaria e indispensable para satisfacer su finalidad tuitiva (doctrina de Fallos: 324:975 y 345:482)…” (considerando 14°). [L]a protección constitucional del derecho a la intimidad […] no alcanza a aquellos aspectos de la vida personal que el titular consiente revelar al público (Fallos: 345:482, citado, considerando 20). Además, se ha señalado que, como todo derecho, el de la intimidad no es absoluto, de modo que no todo avance sobre ella es antijurídico. Deberá examinarse si existe una causa de justificación de ese obrar, dado que la conformidad o concesión, ya sea previa o posterior, a la difusión, molestia, injerencia, entrometimiento o perturbación determinada dan el salvoconducto al acto en cuestión […]. “[A]mbas partes tienen una alta exposición pública en las redes sociales. De las constancias de la causa surge que la demandante expone abiertamente en Instagram distintas facetas de su vida –junto con actividades comerciales–, interactúa con otras personas y, por lo tanto, habilita comentarios y críticas acerca del contenido de las publicaciones que comparte en dichos medios. Desde esta perspectiva, la cámara confirmó la admisión de una medida que interrumpe el proceso comunicacional en las redes sociales sin hacer ponderación alguna de las referidas circunstancias y sin precisar cuáles de los contenidos publicados serían ajenos a la exposición pública que la actora voluntaria y libremente ha elegido tener en ese ámbito. Al decidir de ese modo restringió el derecho a la libertad de expresión sin un análisis que así lo autorizara…” (considerando 15°). “[E]n cuanto al derecho al honor y su vinculación con la libertad de expresión, esta Corte ha establecido en el citado fallo ‘Denegri’ que la divulgación de hechos relativos a la vida de una persona o de su familia sin su consentimiento que afecten su reputación y buen nombre, así como la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación pueden, según las circunstancias particulares de cada caso, configurar un ataque al honor que merece tutela constitucional ante una agresión ilegítima. Sin embargo, ha precisado que, en principio, dicha salvaguarda no comprende aquellos supuestos en que la lesión invocada es consecuencia de las acciones libres adoptadas por el propio individuo en el desarrollo de su personalidad. Asimismo, ha destacado que cuando hay una tensión entre ese derecho y la libertad de expresión, esta última goza de una protección más intensa si se trata de publicaciones referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público por el prioritario valor constitucional que busca resguardar –como garantía esencial del sistema republicano– el más amplio debate respecto de las cuestiones que tengan relevancia pública. Ello es así pues el derecho a la crítica forma parte de la libertad de expresión, por lo que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones expuestas. Es decir, la protección del honor implica que no hay un derecho al insulto o a la vejación gratuita e injustificada…” (considerando 16°). “[La cámara] no individualizó cuáles de las expresiones de la demandada, realizadas en el contexto propio de las redes sociales, resultan –analizadas en su conjunto– estricta e indudablemente injuriantes y carentes de relación con la información, las ideas o las opiniones que expone públicamente la actora en dicho medio. Las redes sociales se caracterizan por ser un espacio de expresión abiertamente participativo en el que interactúan distintos usuarios y por tener un estilo de comunicación, un lenguaje y unos modos de expresión propios que se deben considerar conocidos por sus participantes. Ese contexto particular en el que tuvieron lugar las expresiones que se han reputado lesivas del honor de la actora, debió ser motivo de ponderación por los jueces de la causa a fin de emitir un juicio –aunque fuera provisional– sobre su licitud…” (considerando 17°). “La medida cautelar, que debe analizar esta Corte, es una tutela provisoria (artículo 1713, Código Civil y Comercial de la Nación) en la que se debe demostrar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora del proceso sustantivo. La tutela final está relacionada con la amenaza de daño, mientras que la cautelar se vincula con un perjuicio derivado del transcurso del tiempo del proceso. [L]a tipicidad característica de la medida cautelar la hace provisoria y por lo tanto modificable. [L]a falta de distinción entre ambos aspectos ha motivado una medida cautelar que por su contenido y alcance se transforma en definitiva, que no pondera adecuadamente los valores en conflicto, no utiliza el criterio de la menor restricción posible ni se inclina por el medio más idóneo, apartándose de la ley (artículo 1713, Código Civil y Comercial de la Nación)…” (considerando 5° del voto del ministro Lorenzetti). “[L]a libertad de expresión tutela el mensaje humano, que es distinto de la acción automatizada del sistema tecnológico que lo excede y actúa por sí misma. Por esta razón, corresponde distinguir el mensaje humano protegido por la libertad de expresión, y una protección más fuerte de la privacidad afectada cuando se lanza al mundo incontrolable de los ecosistemas tecnológicos. Este sistema incluye una gran cantidad de tecnologías que interactúan entre sí en el ámbito digital y que tienen la capacidad de amplificar la potencialidad de todo tipo de textos e imágenes. El mensaje humano está protegido porque es la expresión de la libertad de una persona que lo emite con una dirección determinada hacia un sujeto o una comunidad específica y en un contexto. Los algoritmos lo difunden en todas direcciones y llega incluso a los ámbitos a los que el emisor no desearía que lleguen. El significado de un texto depende también del contexto de la emisión, lo que, en el ámbito digital puede ser totalmente desajustado, ya que se envía a miles de personas que lo pueden asociar a otros entornos que cambian su sentido inicial. El tiempo en que permanece vigente el mensaje humano generalmente es limitado, mientras que en el mundo digital tiene una vocación de permanencia que lo despega de la voluntad que le dio origen. De tal modo, la automatización algorítmica excede la intención del autor inicial en todo sentido. Este aspecto cambia la interpretación de los aspectos tradicionales porque, ignorarlos, puede llevar a la irrelevancia de lo humano. Es por esa razón que, si bien hay reglas adaptables al mundo digital que son diferentes de las del mundo físico, es esencial comprender que los principios no cambian. Hay diversidad de reglas pero identidad de principios…” (considerando 6° del voto del ministro Lorenzetti).
Tribunal : Corte Suprema de Justicia de la Nación
Voces: CENSURA
DERECHO A LA INTIMIDAD
DERECHO A LA PRIVACIDAD
INTERNET
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MEDIDAS CAUTELARES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RED SOCIAL
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia nacional

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