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https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6810| Título : | QHA (Causa N° 25923) |
| Fecha: | 29-sep-2026 |
| Resumen : | Un hombre inició una acción de hábeas data contra Facebook Argentina SRL. En esa oportunidad, solicitó que se eliminara una nota periodística que lo involucraba –disponible en una página anónima dentro de la red social– y una imagen suya vinculada a la nota. También requirió que se abstuvieran de realizar futuras publicaciones que lo afectaran. El juzgado interviniente hizo lugar a lo solicitado. En ese sentido, ordenó a la demandada que indicara tanto el usuario registrado detrás de la página como la localización del servidor, e informara la IP con localización de la ciudad de origen de la información, con la obligación de preservar la fuente periodística. Sin embargo, en lo referente a la eliminación de la publicación, sostuvo que no era clara ni concluyente la inexactitud o falsedad de la información, conforme la prueba presentada. Con respecto a la imagen, al ser un retrato del actor con el torso desnudo, concluyó que no guardaba vinculación con su desempeño público –ya que había sido diputado provincial– ni representaba un interés general, por lo que no podría publicarse sin el consentimiento del titular. Por último, entendió que el hábeas data informativo era el medio idóneo para conocer la identidad de los autores y rechazó el planteo de falta de legitimación pasiva formulado por Facebook Argentina SRL. Por su parte, la demandada apeló la sentencia, pero la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia en cuanto a informar los datos de registro del usuario que había creado la publicación, así como la localización del servidor y la dirección IP. Sin embargo, revocó la condena a eliminar la imagen del actor, por considerar que ello vulneraba la libertad de expresión. Contra lo resuelto, la demandada interpuso un recurso extraordinario federal. En esa oportunidad, señaló que la sentencia era arbitraria por desconocer que Facebook Argentina SRL y Facebook Inc. tenían una personalidad jurídica diferente. Destacó que tampoco se había tenido en cuenta los diferentes objetos que persiguen ambas personas jurídicas. A su vez, alegó que la divulgación de información identificatoria de quien hizo la publicación vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, enfatizó que el tribunal había sostenido que tanto el texto como la imagen estaban protegidas por ese derecho. |
| Decisión: | La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente en forma parcial el recurso extraordinario federal. Por lo tanto, revocó la sentencia apelada en lo referente a develar la información que permitiera identificar al usuario que creó la publicación cuestionada (ministros Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz). |
| Argumentos: | 1. Libertad de expresión. Internet. Red social. “[L]as empresas Facebook Argentina SRL y Facebook Inc. realizan una actividad que se encuentra protegida por la libertad de expresión […]. Respecto de este aspecto cabe efectuar las siguientes distinciones: La libertad de expresión es un valor para el sistema democrático, lo que permite calificarlo como un bien de incidencia colectiva que habilita una legitimación amplia para su defensa, en tanto resulta esencial para la subsistencia del Estado de Derecho. Esta calificación, como valor del sistema constitucional, le confiere una protección máxima. Es un derecho subjetivo de titularidad individual, que puede ser ejercido regularmente o bien contrariando los fines del ordenamiento jurídico o los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10, Código Civil y Comercial de la Nación), y, en este supuesto, puede generar responsabilidad civil. Es un principio jurídico, y como tal es un mandato de maximización que debe ser satisfecho en la mayor medida posible compatible con la mínima lesión de derechos individuales jurídicamente tutelados. Por esa razón, no cabe la censura previa, que sería una limitación inadmisible en términos constitucionales, sino solo la responsabilidad civil. La acción de responsabilidad civil permite la prevención y la reparación. En este sentido, cabe aclarar que la prevención no implica censura, porque la decisión debe ponderar los criterios de menor restricción posible y el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad (art. 1713, Código Civil y Comercial de la Nación). Estas reglas se aplican tanto en el mundo físico, como en el ámbito digital, porque en ambos es necesario promover el debate de ideas y el entrecruzamiento de posiciones diferentes, así como la protección de los derechos individuales. En el juicio de ponderación, cabe considerar que la libertad de expresión tutela el mensaje humano, que es distinto de la acción automatizada del sistema tecnológico que lo excede y actúa por sí misma. Por esta razón, corresponde distinguir el mensaje humano protegido por la libertad de expresión, y una protección más fuerte de la privacidad afectada cuando se lanza al mundo incontrolable de los ecosistemas tecnológicos…” (considerando 3° del voto del ministro Lorenzetti). 2. Derecho a la privacidad. Derecho a la imagen. Derechos personalísimos. “[C]on relación a la privacidad, corresponde señalar que la Constitución Nacional (art. 19) protege de modo relevante la esfera de la individualidad personal, y no se trata solo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea, y de un derecho a la protección de sus derechos personalísimos. Esa frontera ha sido construida sobre las bases históricas más memorables de la libertad humana, y ha sido receptada en el plano legal de modo muy claro. Estos derechos personalísimos han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 306:1892, considerando 8°) y en numerosos precedentes (Fallos: 344:1481, disidencia parcial de los jueces Lorenzetti y Maqueda), y actualmente por los artículos 52 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. El contenido de estos derechos es amplio e incluye la inviolabilidad de la persona, la tutela de su intimidad personal o familiar, su honra, su imagen, su identidad estática y dinámica, su proyecto de vida y sus relaciones sociales…” (considerando 4° del voto del ministro Lorenzetti). “[L]os derechos personalísimos son protegidos mediante una acción preventiva que procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento (art. 1711, Código Civil y Comercial de la Nación).En el presente caso se trata de evitar la continuación y agravamiento de la lesión que, según el actor, produce la imagen difundida. En particular, la remoción del anonimato, que impide determinar quiénes fueron sus autores, permite individualizar a quien eventualmente resulte responsable de la lesión invocada. Sobre esa base, esta Corte se ha pronunciado acerca de la posibilidad de admitir solicitudes de supresión o bloqueo de información en páginas de Internet cuando se encuentra acreditada la afectación de derechos personalísimos que gozan de protección constitucional, en un contexto en el que el daño, una vez producido, continúa generándose (Fallos: 345:482). Una solución que solo admitiese la responsabilidad ulterior llevaría al absurdo de pretender que la persona que probó la afectación de sus derechos constitucionales deba iniciar constantemente nuevos reclamos para reparar el daño (doctrina de Fallos: 345:482, considerando 12). Tal posición no sería razonable en un ámbito como el de Internet, ya que, de permanecer disponible la información en ese medio no solo se continuaría generando el daño al honor, la imagen o la intimidad de la persona, sino también amplificándose ese daño con motivo de que Internet facilita el acceso a esa información de un importante número de personas […]. Desde esta perspectiva, cuando la difusión de determinados contenidos afecta derechos personalísimos y la identidad de quienes los produjeron o administraron permanece oculta, el acceso a los datos disponibles que permitan su identificación puede constituir un medio necesario para el ejercicio efectivo de los derechos que el ordenamiento reconoce al afectado…” (considerando 5° del voto del ministro Lorenzetti). 3. Tutela anticipada. Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. “[D]e lo dicho en los considerandos anteriores, surge que no está en juego la libertad de expresión como valor del sistema democrático, sino el ejercicio individual que hacen las empresas demandadas [...]. Asimismo, la tutela preventiva puede articularse mediante un proceso autónomo, dentro del cual pueden adoptarse las medidas cautelares que resulten necesarias. Sobre esa base, la solución del caso exige ponderar el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la privacidad. En ese marco, incumbe a las empresas demandadas adoptar las medidas necesarias para prevenir un daño, su continuación o agravamiento y entre ellas cuando corresponda, la identificación del responsable, quien es un tercero contra el cual pueden, a su vez, accionar. La actividad de la demandada no es asimilable a la profesión de periodista y por lo tanto, no puede invocar, por esa sola condición, la protección respecto de la fuente de la información que publica. La empresa accionada es, jurídicamente, una prestadora de servicios a los usuarios y consumidores, y se aplican las leyes que regulan esa actividad…” (considerando 7° del voto del ministro Lorenzetti). 4. Sociedades comerciales. Relación de consumo. Legitimación procesal. “[R]esulta correcto señalar que [Facebook Argentina SRL y Facebook Inc.] se trata de dos sociedades distintas y que la regla en el derecho argentino es que no hay una responsabilidad trasladable. En efecto, de las constancias agregadas a la causa surge acreditado que Facebook Argentina SRL es una persona jurídica distinta a Facebook Inc. y que su objeto social consiste en brindar servicios relacionados con soportes de ventas para publicidad, marketing y relaciones públicas y no se refiere a la operación de la red social. En consecuencia, tal como lo señala la recurrente, resultan de aplicación los arts. 11, inc. 3°, 58 y 118 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. [E]n ese marco, no resulta jurídicamente correcto afirmar que son una misma sociedad sin haber probado ese hecho mediante el descorrimiento del velo societario…” (considerandos 8° y 9°). “[D]istinto análisis merece el argumento para fundar la legitimación pasiva en la denominada ‘apariencia jurídica’ […]. En este aspecto, cabe efectuar algunas precisiones en relación con la apariencia jurídica. La oferta basada en la apariencia y la aceptación sustentada en la confianza son elementos de relevancia jurídica en el derecho del consumidor, aunque difieren en la forma en que se los describe en la sentencia recurrida. Los consumidores utilizan Internet sin hacer una indagación sobre el oferente, debido a que el sistema es complejo, abrumador e incomprensible para una persona que actúe con una diligencia razonable. Los oferentes, por su parte, generan una apariencia a través de su funcionamiento reiterado, respaldado por las marcas y otros símbolos distintivos. Por esta razón es que se altera la carga informativa y no resulta aplicable el error culpable. La confianza es necesaria porque constituye la base del funcionamiento del sistema experto, inextricable y anónimo; y es el lubricante de las relaciones sociales. En ese sentido, debe ser jurídicamente respaldada, tanto en el establecimiento de presunciones como en la atribución de responsabilidades, utilizando para ello la regla de la apariencia jurídica. Si cada usuario o consumidor requiriera a una red social toda la información que se exige a un contratante que celebra un vínculo en condiciones de igualdad, los costos de transacción resultarían altísimos e imposibles. Por ello resulta razonable que no se le exija al reclamante distinguir con claridad las diferencias societarias y que confíe en la apariencia. Esta regla del derecho del consumidor es aplicable en general a los sistemas tecnológicamente complejos…” (considerando 10° del voto del ministro Lorenzetti). “[C]orresponde examinar la legitimación pasiva desde la perspectiva específica de la acción de hábeas data promovida en autos. La ley 25.326 regula la legitimación pasiva (art. 35) señalando que ‘la acción procederá respecto de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes’. Es decir, que la ley reconoce la pluralidad de sujetos responsables, no porque sean representantes unos de otros o porque sean una sola sociedad, sino porque son obligados concurrentes. [A] ello cabe agregar que hay una relación de consumo, en tanto se trata de servicios ofrecidos a un destinatario final, conforme a la jurisprudencia y doctrina reiteradas, receptadas actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1092)…” (considerando 12° del voto del ministro Lorenzetti). En virtud de lo señalado, Facebook Argentina SRL resulta obligada concurrente en la relación de consumo frente al destinatario final. En particular, Facebook Inc. se sirve y obtiene un provecho económico, por sí o por terceros, de dicha actividad y existe una apariencia jurídica relevante respecto del usuario…” (considerando 13° del voto del ministro Lorenzetti). |
| Tribunal : | Corte Suprema de Justicia de la Nación |
| Voces: | DERECHO A LA IMAGEN DERECHO A LA PRIVACIDAD DERECHOS PERSONALÍSIMOS INTERNET LEGITIMACIÓN PROCESAL LIBERTAD DE EXPRESIÓN RED SOCIAL RELACIÓN DE CONSUMO SOCIEDADES COMERCIALES TUTELA ANTICIPADA |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
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