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Título : Müller (causa N° 4012)
Fecha: 5-nov-2026
Resumen : Durante la última dictadura militar, veinticuatro trabajadores vinculados a la empresa Ford Motor Argentina S.A. fueron secuestrados y torturados en base a la información personal y laboral que algunos cargos jerárquicos proporcionaron a las autoridades militares. Varios de ellos fueron privados de su libertad y sometidos a tormentos en el predio de la fábrica en la que trabajaban. Por esos hechos, se investigó y condenó a gran parte del personal jerárquico; un gerente de manufactura fue condenado como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y de los tormentos agravados a la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta, y se calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Para decidir de esa manera, entre otras cuestiones, el tribunal tuvo en cuenta su particular relevancia entre las autoridades, ya que reemplazaba al presidente de la firma en su ausencia. La defensa del gerente de manufactura interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había acreditado su efectiva participación en los hechos y que su condena se basaba únicamente en el cargo jerárquico que ostentaba, lo que violaba los principios de culpabilidad e inocencia. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso. Entre sus argumentos, ponderó una gran cantidad de testimonios junto a que había sido correctamente descartada la hipótesis de la defensa respecto de que las Fuerzas Armadas pudieron haber obtenido esa información exclusivamente del sindicato. Por otro lado, resaltó que las críticas de la defensa se dirigían a extractos aislados de declaraciones testimoniales y no lograban desvirtuar el resto de la prueba de cargo. La defensa presentó un recurso extraordinario federal. Entre sus fundamentos, afirmó que no era cierto que se hubiera descartado la hipótesis de descargo de la defensa, lo que vulneraba el principio de inocencia. Asimismo, insistió en que no se había descrito con precisión el aporte personal que el hombre había hecho y que se había ponderado arbitrariamente la prueba de cargo.
Decisión: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró mal concedido el recurso extraordinario (ministro Rosatti y conjueces Perez Curci y Poviña). En disidencia, el ministro Rosenkrantz propuso hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada.
Argumentos: 1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Fundamento del recurso. Prueba. Cuestiones de hecho y prueba. Apreciación de la prueba.
“[Y]a se ha dicho que no vale insistir en objeciones puntuales que dejan incólumes otros elementos que sustentan el pronunciamiento apelado o que prescinden de las respuestas que este brinda, pues resulta exigible refutar todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones que agravian al apelante (Fallos: 311:542; 328:4605; 343:1277; 344:81, entre otros)” (considerando 4°). “[A]l revisitar la sentencia impugnada, el planteo carece de una argumentación bastante y se presenta solo como una insistencia que se desentiende de los distintos testimonios y elementos probatorios tenidos en cuenta para concluir que ‘el personal jerárquico de la empresa Ford’ efectivamente contribuyó en la confección de los listados de las víctimas; incluso si las Fuerzas Armadas hubieran contado con fuentes alternativas como postula la defensa ello no refutaría a la sentencia impugnada cuando consideró que ‘esa información no pudieron haberla obtenido las fuerzas represivas solamente a partir de la información de SMATA’ […]. Este vicio afecta la fundamentación del recurso respecto de que la cámara no hubiera contemplado la ‘alternativa de inocencia seriamente’ en los términos del precedente ‘Carrera’ (Fallos: 339:1493)” (considerando 9°). “En relación con el agravio identificado como (i.b del considerando 2°), la defensa cuestiona que la cámara de casación no haya desestimado una serie de elementos de cargo pero no explica cómo ─incluso si le asistiera razón─ ellos alcanzarían para enervar la decisión que la agravia. [L]a defensa no discute los demás elementos de cargo ponderados, concomitantes con los hechos, y por ende deja incólume la afirmación de la cámara respecto de que ellos fueron suficientes para fundar la relevante autoridad que detentaba Müller en la compañía en ese entonces […]. En otros términos, el recurso de la defensa no puso en crisis el resto de los indicios que sirvieron para fundar su especial relevancia jerárquica y efectivo rol como ‘autoridad de fábrica’ durante una serie de secuestros producidos en diferentes momentos del año 1976 y que en gran parte ‘fueron realizados en la misma planta, a plena luz del día’. Frente a esta respuesta de la cámara de casación, el artículo 15 de la ley 48 le imponía al apelante el deber de rebatir esos otros indicios probatorios que, en cambio, permanecen incontrovertidos” (considerando 9°). “Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde también desestimar el resto de los agravios vinculados a la falta de descripción de la conducta concreta reprochada a Müller y a la forma en que se fundó su dolo (agravios identificados como ii y iii en el considerando 2°). El apelante esgrime que se infirió su participación dolosa únicamente a partir de su cargo como gerente de manufactura de Ford, endilgándole por ese solo cargo hechos que le fueron ajenos. Sin embargo, tales planteos del recurrente omiten refutar las pruebas que tuvo en cuenta la sentencia recurrida para convalidar la participación personal de Müller en los hechos. [A] diferencia de lo ocurrido en el caso resuelto por el precedente ‘Tommasi’ (Fallos: 343:2280), el recurrente no rebate los indicios revisados por la cámara para tener por acreditada su participación dolosa. En concreto, el apelante insiste en agraviarse de una condena fundada en el cargo que ostentaba sin criticar los otros elementos considerados, esto es, su especial relevancia entre las autoridades de Ford y su efectivo control de la planta en la que se desplegaron visiblemente muchos de los hechos en distintas oportunidades en 1976” (considerando 10°).
2. Delitos de lesa humanidad. Autoría. Participación.
“[E]l juicio sobre la eventual participación de civiles en delitos de lesa humanidad requiere tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló. Esta Corte ya ha afirmado que el solo hecho de que una persona pertenezca a la categoría de civil no impide, anticipadamente ni por sí mismo, examinar su responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad, ya sea como autores o partícipes (‘Tommasi’, Fallos: 343:2280, y su cita de ‘Menéndez’, Fallos: 335:1876)” (considerando 5°).
Voto en disidencia del ministro Rosenkrantz
1. Recurso extraordinario. Admisibilidad. Arbitrariedad. Derecho de defensa. Cuestiones de hecho y prueba. In dubio pro reo.
“Que el recurso extraordinario es admisible en tanto se dirige contra la sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa y suscita cuestión federal suficiente. Frente a la ambigüedad del auto de concesión que no se expidió expresamente sobre la admisibilidad de todos los agravios introducidos en el remedio federal, la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio justifica la consideración de los agravios fundados en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y vinculados con la regla in dubio pro reo, pues la deficiencia mencionada no puede tener por efecto restringir el derecho del recurrente (Fallos: 327:4227; 328:1390; 329:4044; 330:289). Asimismo, cabe recordar que, si bien esta Corte tiene dicho reiteradamente que la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria (Fallos: 264:301; 292:564; 294:331; 301:909; 344:81), tal regla no es óbice para que el Tribunal conozca en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con esta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 329:5628; 331:1090; 339:1493; 343:2280, voto concurrente del suscripto)” (considerando 4°). “Que el tribunal fundó su conclusión en suposiciones que, a pesar de no ser lógicamente imposibles, no son en modo alguno suficientes para fundar la certeza positiva que exige una condena penal pues no pueden suplir el valor procesal de elementos probatorios contundentes acerca de la presencia de los hechos o datos que denoten la realización de una conducta o de una omisión concretas que se encuentren penadas por nuestro ordenamiento legal. [E]sta conclusión está injustificada, pues del mero hecho de que Müller hubiera sido gerente de manufactura de la empresa no se sigue que hubiese incurrido en ninguna de las conductas cuya comisión constituye la base del reproche penal que se le endilga. En efecto, más allá del desempeño de Müller como gerente de manufactura de Ford, circunstancia que no tiene ninguna virtualidad probatoria de su participación criminal, el a quo no indicó ninguna prueba que lo involucrara personalmente con los delitos imputados. De las constancias de la causa no surge que Müller tuviera dentro de sus competencias o funciones asignadas, de iure o de facto, la custodia de la información privada de los empleados a su cargo, ni el control sobre el ingreso y egreso del predio, ni la posibilidad de disponer de sectores específicos de la fábrica por fuera de las áreas de producción, ni la posibilidad de brindar asistencia logística a fin de que los militares desplegaran sus operaciones dentro de la factoría. Tampoco se ha citado ningún testimonio de alguna víctima o testigo que hubiera indicado que Müller se encontraba presente en el momento de las detenciones o torturas, ni que las hubiera conocido o prohijado” (considerando 7).
2. Delitos de lesa humanidad. Principio de inocencia. Duda razonable. In dubio pro reo.
“Así entonces, la mayoría del tribunal a quo eligió interpretar en perjuicio del imputado como evidencia de cargo las pruebas referidas a su participación en la dirección de la empresa, las que, cabe insistir, no tienen relevancia para probar la culpabilidad. La regla constitucional in dubio pro reo prohíbe que, a partir de la acreditación de la posibilidad o mera probabilidad de la comisión de un ilícito, una persona sea hallada penalmente responsable por un delito. De lo contrario, los jueces podrían imponer penas ante pruebas que también sean perfectamente consistentes con explicaciones de la inocencia de una persona, lo que se evidencia como manifiestamente contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional. Estas exigencias no fueron satisfechas en el fallo apelado, pues la existencia de una duda razonable en torno a los hechos (arg. Fallos: 341:161; entre otros), por imperativo legal y constitucional como corolario de la presunción de inocencia, imponía al tribunal absolver al imputado por el beneficio de la duda (artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 3° del Código Procesal Penal de la Nación; Fallos: 339:1493; 342:2319; 343:2280, voto del suscripto, entre muchos otros)” (considerando 7°). “El hecho de que esa tarea deba ser seria supone que los jueces deben analizar y refutar la versión de los hechos presentada por la defensa en el juicio, siempre que esta no sea por su naturaleza imposible de comprobar, o disparatada. Ello es indispensable para que el proceso penal observe las formas sustanciales del juicio delineadas por este Tribunal, consistentes en la acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos: 125:10; 127:36; 308:1557; 342:1501, entre muchos otros). [Q]ue, por lo demás, cabe aclarar que la gravedad de los delitos de lesa humanidad atribuidos al recurrente y la indignación moral que causa el uso de la fuerza estatal al servicio de un plan de atroz criminalidad no pueden justificar que las condenas por tales hechos se impongan prescindiendo de la exigencia de demostrar, más allá de toda duda razonable, que los hechos juzgados fueron cometidos por los acusados. Los casos de lesa humanidad deben regirse por las mismas reglas de prueba que las aplicables respecto de todos los demás delitos, pues la eventual violación del derecho por parte de los imputados no justifica la violación del Derecho por los jueces que tienen el deber constitucional de juzgarlos. En ese sentido, los imputados no deben ser perjudicados por las dificultades probatorias que pudiesen haber surgido por el paso del tiempo, pues dichas dificultades no pueden ser la justificación para relajar el estándar probatorio requerido para dictar una condena penal, ni para violar la presunción de inocencia. No debemos olvidar que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad ‘…no puede acarrear la consecuencia adicional de que las condenas por tales delitos no deban estar regidas por las mismas reglas de certeza que la que se exige respecto de los demás’ (Fallos: 328:341, considerando 8° de la disidencia del juez Petracchi)” (considerandos 8° y 9°).
Tribunal : Corte Suprema de Justicia de la Nación
Juez/a: Fernando Luis Rodolfo Poviña
Juan Ignacio Pérez Curci
Horacio Daniel Rosatti
Carlos Fernando Rosenkrantz
Voces: ADMISIBILIDAD
APRECIACION DE LA PRUEBA
ARBITRARIEDAD
AUTORÍA
CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
DERECHO DE DEFENSA
FUNDAMENTO DEL RECURSO
IN DUBIO PRO REO
PARTICIPACIÓN CRIMINAL
PRINCIPIO DE INOCENCIA
PRUEBA
RECURSO EXTRAORDINARIO
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia nacional

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