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https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6804| Título : | ALP (Causa N° 3313) |
| Fecha: | 12-nov-2026 |
| Resumen : | Una adolescente con discapacidad psicofísica finalizó sus estudios primarios en una escuela pública de Entre Ríos. Luego, completó el primer año del secundario en otro colegio. A comienzos de 2025, las autoridades de la institución escolar a la que asistía le sugirieron a su progenitora que la joven siguiera su formación en un establecimiento de educación especial integral. No obstante, la mujer no accedió a esa propuesta. Frente a esa situación, las autoridades le ofrecieron que su hija concurriera a cuatro materias, cuatro veces por semana. La mujer tampoco aceptó y la adolescente dejó de ir a clase. En ese marco, la Supervisora de Educación Especial zonal informó al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia que se habían efectuado todas las gestiones posibles, de acuerdo a las necesidades de la adolescente y que, pese a ello, su madre se había negado. Con posterioridad, la mujer –en representación de su hija– inició una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. En su presentación, solicitó que se ordenara al organismo la implementación de un proyecto pedagógico individual que garantizara una trayectoria educativa completa para la joven. En primera instancia, se admitió el reclamo. De esa manera, se obligó a la demandada a que, en el transcurso de veinte días corridos, elaborara el plan solicitado. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial revocó lo resuelto y rechazó la acción. Para decidir así, consideró que aún tramitaba un procedimiento administrativo que había promovido la Departamental de Escuelas de Rosario del Tala. En ese sentido, sostuvo que la actora había abandonado la vía administrativa y había optado por la del amparo, lo que vulneraba el artículo 3, inciso b) de la Ley provincial de Amparo N° 8369. La norma establecía que la acción de amparo y el proceso administrativo no podían transcurrir en simultáneo. Contra lo decidido, la actora interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó una queja. Entre sus argumentos, la mujer planteó que el Superior Tribunal había incurrido en un excesivo rigor formal. Por su parte, el Defensor General Adjunto ¬en carácter de representante complementario de la adolescente– emitió su dictamen. En esa oportunidad, hizo hincapié en la necesidad de implementar apoyos con el fin de asegurar el acceso de la joven a educación integral en condiciones de igualdad. |
| Decisión: | La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y, por consiguiente, dejó sin efecto la sentencia recurrida. Para decidir de ese modo, consideró que el Tribunal Superior provincial había incurrido en un excesivo rigor formal, en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de la persona menor de edad involucrada (ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti). |
| Argumentos: | 1. Acción de amparo. Procedimiento administrativo. Excesivo rigor formal. Tutela judicial efectiva. “[C]omo expuso esta Corte en un precedente en el que el Superior Tribunal de Entre Ríos desestimó una acción de amparo iniciada por una persona con discapacidad por aplicación de la causal del art. 3°, inciso b, de la ley provincial 8369, la admisibilidad de esta acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (conf. Fallos: 330:4647 y sus citas). Allí también precisó que la existencia de otras vías procesales que obstan a su procedencia no puede formularse en abstracto, sino que depende de la situación concreta a examinar…” (considerando 6°). “[L]a sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados. El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a [la tutora de la menor] las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala’ (sic). Esta aseveración, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que el mencionado procedimiento se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto. Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que –atendiendo a los derechos involucrados– no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción. Por lo tanto, asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (Fallos: 330:4647, citado)…” (considerando 8°). 2. Personas con discapacidad. Niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad. Derecho a la educación. “[E]l derecho a la educación tiene una especial calificación en relación a personas vulnerables, como los niños y personas con capacidad diferente, lo que se aplica al presente caso. La Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849) reconoce el derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades (art. 28) ‘encaminada a ... desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades’ (art. 29, inc. a). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 27.044) reconoce el derecho de estas personas a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades (art. 24). Por su parte, la Ley de Educación Nacional (ley 26.206) también consagra el derecho constitucional de aprender (art. 6°)…” (considerando 6° del voto del ministro Lorenzetti). “[L]a claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración. Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada. Que, por esta razón el derecho a la educación es operativo y confiere a su titular una pretensión jurídica de implementación. En este sentido en esta Corte Suprema se ha señalado que ‘El bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona’ (Fallos: 344:809, voto del juez Lorenzetti, considerando 3°)…” (considerando 7° del voto del ministro Lorenzetti). “[H]abiendo señalado que existe un derecho a la educación que confiere a su titular una pretensión de implementación efectiva, de mayor intensidad cuando se trata de una persona vulnerable por ser menor y de capacidad diferente, cabe señalar que la decisión en recurso debe ser descalificada, porque, al rechazar el amparo ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior. [E]llo es así porque está admitido en el expediente que la joven requiere apoyos específicos para que pueda gozar de su derecho a la educación en condiciones de igualdad con los demás alumnos…” (considerando 8° del voto del ministro Lorenzetti). “[A]l decidir como lo hizo, el tribunal superior provincial vulneró el derecho de la joven, haciendo caso omiso de consolidados criterios hermenéuticos trazados por este Tribunal en materia de acción de amparo, derecho a la educación y discapacidad (Fallos: 336:2333; 347:1218, entre otros), y sin tener en cuenta que en la instancia de grado se había establecido que el ofrecimiento de un programa educativo adaptado […], que excluía los principales ejes educativos, no cumplía con el estándar mínimo de la propia regulación provincial…” (considerando 10° del voto del ministro Lorenzetti). |
| Presentación de la Defensa: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6805 |
| Tribunal : | Corte Suprema de Justicia de la Nación |
| Voces: | ACCION DE AMPARO DERECHO A LA EDUCACIÓN EXCESIVO RIGOR FORMAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TUTELA JUDICIAL EFECTIVA VULNERABILIDAD |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6441 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4710 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
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| ALP (Causa N° 3313).pdf | Sentencia completa | 177.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
