Jurisprudencia nacional 4620
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 4481 a 4500 de 4620
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 4-sep-2013 | RDN (Causa N° 18135) | Un agente de la policía de la provincia de La Pampa estaba casado con una mujer y tenían dos hijos. Durante su actividad como policía el hombre estuvo involucrado en dos situaciones de gatillo fácil que repercutieron en su salud mental. Además, en otra oportunidad, el hombre había intentado chocar el auto en el que viajaba la familia contra un camión. En enero de 2007, el hombre entregó de manera voluntaria el arma. En marzo del mismo año, su médico tratante informó que se encontraba en condiciones de volver a trabajar y de portar su arma reglamentaria, la que le fue restituida. En octubre de 2008, el hombre mató a su esposa con un disparo con el arma reglamentaria, en el hogar que vivían y frente a sus hijos. Luego, se suicidó. Los familiares de la mujer iniciaron una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Provincial. En su contestación, el Estado negó su responsabilidad ya que el hombre no estaba prestando servicios cuando mató a su esposa. |
| 2-sep-2013 | PLD (causa Nº 62) | Una persona travesti, PLD, cumplía una pena en una cárcel de hombres. En ese marco, solicitó su traslado a una cárcel de mujeres y que se recaratulara el expediente, ya que aparecía el nombre masculino que utilizaba en el pasado. El juzgado de ejecución ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario “acorde con su condición físico-anatómica” y agregó su nombre actual a la carátula del expediente. PLD impugnó la decisión. |
| 30-ago-2013 | C, LA | En el mes de febrero del año 2009, el tribunal oral le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años. En julio del año 2012, el juzgado de ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta. En mayo de 2012, un Juzgado Correccional condenó a la misma persona a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional por un hecho cometido en el año 2010. Frente a esa situación, el tribunal le revocó la probation. Contra esa resolución, la defensa un interpuso recurso de casación. |
| 21-ago-2013 | Lorenzo, Ernesto | El tribunal oral rechazó el pedido de excarcelación formulado por la defensa en términos del artículo 317 inciso 5º del CPPN. Ello, toda vez que, a su criterio, no correspondía contabilizar el tiempo que el imputado sufrió en detención en otro proceso que culminó con el dictado de una pena única que aun no había adquirido firmeza y que comprendía la sanción que ejecutaba el tribunal. Contra esa decisión se interpuso recurso de casación. |
| 13-ago-2013 | Dione de la Colina, Marcelo | El Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 14 de la CABA declaró parcialmente extinguida la acción penal por prescripción en favor del imputado y lo sobreseyó en orden al delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en relación a dos de sus hijos que ya habían cumplido 18 años. El Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión. |
| 8-ago-2013 | Renzi, Walter Gabriel | La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la CABA revocó parcialmente la decisión del juez de instrucción por la que se dispuso la falta de mérito del imputado y lo procesó sin prisión preventiva. Contra esa decisión interpuso recurso de casación la defensa. |
| 29-jul-2013 | SML (causa Nº 1496) | Una adolescente de diecisiete años fue hallada en la vía pública con veintisiete envoltorios de cocaína. Por ese hecho, fue imputada por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Durante seis meses y hasta alcanzar la mayoría de edad, se la sometió a un tratamiento tutelar. En la etapa de juicio, se celebró un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó la declaración de la responsabilidad penal y la absolución de la imputada. |
| 12-jul-2013 | Secretario de derechos humanos de la provincia de Salta | Se inició una acción colectiva de habeas corpus en razón de las condiciones de detención del Centro de Detención de Contraventores dependiente de la Policía de Salta y Guardia de Tribunales. El planteo involucraba a cincuenta y siete personas alojadas en tres habitaciones, motivo por el cual debían turnarse para dormir y no contaban con actividades de recreación. El juez de primera instancia rechazó el pedido de clausura de las celdas en cuestión. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la decisión. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución y dispuso provisoriamente la prohibición de alojamiento de personas detenidas en el Centro de Contraventores y en la Guardia Judicial de Salta. |
| 19-jun-2013 | Vidal Valenzuela, Marcos Esteban y otros | Cuatro personas fueron imputadas por dos hechos. En el marco del primero, se les imputó la tenencia de estupefacientes que les fueron secuestrados dentro de un automóvil en el que circulaban en el mes de octubre de 2010. Asimismo, se les imputó el delito de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de dos o más personas, llevado a cabo entre el 31 de mayo y el 18 de octubre del mismo año. Sin embargo, la defensa planteó la nulidad de los procedimientos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal rechazó la presentación y condenó a los imputados. Contra esa resolución, la defensoría interpuso un recurso de casación. |
| 17-jun-2013 | Favale y otros (causa N° 3772) | Un grupo de trabajadores tercerizados del ferrocarril ex línea Roca reclamaba su incorporación a planta permanente. Por ese motivo, había realizado un corte de boleterías que generó peleas con empleados ferroviarios sindicalizados. En esa ocasión las fuerzas de seguridad intervinieron y controlaron la situación. Un mes después, los trabajadores tercerizados realizaron una movilización que pretendía subir a las vías del tren y cortar la circulación junto a agrupaciones sociales. En ese contexto, fueron enfrentados por empleados ferroviarios miembros del sindicato que habían decidido impedir los cortes. La movilización finalizó con disparos de arma de fuego efectuados por dos sindicalistas que ocasionaron la muerte de un joven militante. Además, otras dos personas resultaron lesionadas con heridas de bala en sus cuerpos y siete personas más fueron heridas por impactos de elementos contundentes. Los agentes policiales que estuvieron el día del hecho a cargo del operativo tenían conocimiento de la realización de la movilización. Por esa razón, se había conformado un operativo dispuesto por noventa efectivos policiales con el fin de evitar desmanes. Sin embargo, durante el enfrentamiento sucedido, el Comisario fiscalizador del operativo policial no dio aviso a los cuerpos de seguridad sobre la magnitud de la situación. Incluso emitió una comunicación en la que aclaraba que los manifestantes estaban bajando de las vías sin que se presentaran enfrentamientos entre los grupos. Por esos hechos fueron procesadas diez personas: dos en carácter de autores, cinco en carácter de partícipes y tres como instigadores del delito de homicidio agravado en concurso real con el delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, un grupo de integrantes de la Policía Federal Argentina fue imputado por haber omitido ilegalmente los deberes propios de funcionarios policiales. En ese sentido, se tuvo en cuenta que no habían adoptado las medidas de seguridad y prevención idóneas cuando tenían los medios necesarios para realizarlo y evitar la muerte y las lesiones de los manifestantes. Dentro del grupo de agentes policiales se encontraba un Comisario Inspector (fiscalizador del operativo policial), un Comisario (jefe y fiscalizador), un Principal (operador del radio de la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones - DGO), un Subcomisario (a cargo de la guardia de la Sala de Situación de la DGO), un Comisario Mayor (Director General de Operaciones) y un Agente (camarógrafo). Durante el debate oral, distintos testimonios señalaron que existían vínculos entre los jefes de la policía y los dirigentes sindicales ferroviarios. Asimismo, se examinó el registro en video de los hechos a cargo de la policía. De la filmación surgía una preponderancia en el enfoque sobre las manifestantes de las agrupaciones sociales y su accionar. |
| 28-may-2013 | Romano (causa N° 48003) | Dos personas fueron imputadas por la comisión del delito de defraudación a la administración pública. CB cesó en su función como interventor del INSSJP en enero de 2003. La otra persona, Romano, no fue llamada a prestar declaración indagatoria. Transcurridos seis años, su defensa planteó que la acción penal se encontraba prescripta. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación y señaló que no se encontraba acreditado que la participación de un funcionario público en los hechos hubiera tenido virtualidad suficiente para obstruir o impedir la persecusión penal. |
| 7-may-2013 | MLP c OSDE | Los padres de una niña con discapacidad solicitaron a una empresa de medicina prepaga las siguientes prestaciones: una maestra integradora, educación en un instituto de gestión privada y tratamiento psicológico. Frente a la negativa, iniciaron una acción de amparo. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra dicha resolución, tanto la parte actora como la demandada, interpusieron un recurso de apelación. |
| 29-abr-2013 | SMD (causa Nº 25273) | Dos personas del mismo sexo que trabajaban en el Ministerio de Salud de la Nación y se encontraban en pareja, contrajeron matrimonio. Posteriormente, se decidió no renovarles los contratos. En consecuencia promovieron una demanda por despido contra el Estado nacional por haber sido discriminados por su orientación sexual. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó al pago de una suma de dinero. Ambas partes apelaron la sentencia. |
| 23-abr-2013 | G, GA | Una persona imputada por un delito de violencia de género solicitó la suspensión de juicio a prueba. La solicitud fue rechazada por el Tribunal Oral. Esa resolución motivó la interposición de un recurso de casación. La Sala IV de la CFCP hizo lugar a la impugnación y revocó la decisión recurrida. Por esa razón, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 1-abr-2013 | Aparicio (reg. N° 349 y causa Nº 15792) | A través de una denuncia anónima se informó que una pareja de Tartagal enviaba estupefacientes a una persona de Salta y utilizaba un teléfono celular para coordinar la organización. Una vez allí, la sustancia se enviaba a la ciudad de Córdoba. Con el objeto de corroborar los datos, personal policial realizó tareas de investigación y vigilancias sobre un domicilio. Allí, se observó que arribaban personas y que, en una oportunidad, se cargó una caja de cartón en una camioneta que luego se dirigió al centro de la ciudad. A partir de la información recabada, y teniendo en consideración que “posibles clientes” se acercaban a la casa, la policía solicitó que se dispusiera la intervención de la línea telefónica informada. El juzgado hizo lugar a la solicitud por considerar que era la única vía idónea para profundizar en la investigación y establecer la posible vinculación entre las personas indicadas en la denuncia y los hechos denunciados. A partir de sus resultados, se ordenó el allanamiento de un domicilio y se detuvo a tres personas. El Tribunal Oral las condenó a la pena de seis años y diez meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de personas intervinientes. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-mar-2013 | ALD (causa Nº 5613) | Una persona que trabajaba en un supermercado como supervisora de caja sufrió malos tratos de parte de sus compañeros debido a su orientación sexual. En consecuencia, fue asignada a tareas que aumentaron su responsabilidad y excedían su función. Entonces, inició una acción civil contra el supermercado y la ART. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley Nº 24.557 y condenó a la sociedad titular del supermercado y a la ART –en los términos de la póliza– al pago de una suma de dinero en concepto de reparación. En consecuencia, la parte actora y las demandadas interpusieron un recurso de apelación. |
| 27-mar-2013 | Brizuela, Juan Carlos | Una persona había sido condenada por el delito de robo agravado por su comisión con un arma cuya aptitud no pudo tenerse por acreditada. Dicha sanción motivó la imposición de una pena única y la revocación la a libertad condicional concedida en un proceso anterior. La decisión fue impugnada por su defensa. Este recurso dio lugar a que la Sala II de la CFCP anulara parcialmente el pronunciamiento en lo relativo a la pena impuesta y a la declaración de reincidencia. Con anterioridad a la adopción de esa determinación, la defensa había requerido la excarcelación de su representado por cumplir el requisito temporal previsto para la concesión de la libertad condicional (art. 317, inc. 5º CPPN). El tribunal, sin embargo, rechazó la petición por considerar constitucional el instituto de la reincidencia. Frente a esto, se interpuso un recurso de casación. |
| 20-ene-2013 | Fredes (reg. Nº 2060 y causa Nº 13.904) | Personal policial del área de Drogas Peligrosas de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, informó que en distintas recorridas con autos policiales no identificables, se habían observa-do tres personas con actitud sospechosa. Asimismo, dio cuenta de que las personas tenían antecedentes condenatorios por infracciones a la Ley de Estupefacientes y sugirió que podían haber mantenido reuniones para establecer una organización para su comercio. Sobre la base de esos informes, la fiscalía requirió la instrucción de la causa. Luego de unas semanas de tareas de investigación, la policía solicitó la intervención de las líneas telefónicas de los integrantes de la organización. El juzgado hizo lugar al pedido y la medida se hizo efectiva después de haber transcurrido dos meses y medio. La policía requirió que la prórroga de la intervención para “continuar reuniendo elementos de prueba para la investigación”. El juzgado hizo lugar al planteo. Tras meses de escuchas y tareas de vigilancia, se dispuso el allanamiento de once domicilios y la detención de ocho personas. Finalmente, el Tribunal Oral condenó a los imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, comercio y distribución de estupefacientes a penas de cuatro a trece años de prisión. Contra esa sentencia, las defensas interpusieron recursos de casación. Entre otras cuestiones, sostuvieron que los primeros informes policiales se habían limitado a relatar encuentros entre personas con antecedentes condenatorios vinculados a la ley N° 23.737, los que no resultaban suficientes para que se dispusiera la investigación ni las intervenciones telefónicas. |
| 24-dic-2012 | Informe preliminar | En 2012, el Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible emitió su primer informe. En este documento, realizó un recorrido histórico de los desarrollos en materia de derechos humanos y ambiente. A su vez, informó sobre su planificación de actividades en el marco del mandato. Por último, explicó cómo impactan los daños ambientales en los derechos humanos. |
| 19-dic-2012 | Fernández, Carlos y otros | El tribunal oral había condenado a una persona como coautora del delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas y en lugar poblado y en banda, y a otras dos como autoras del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización, agravada en un caso por el goce de una excarcelación y en el otro por registrar antecedentes penales en un delito doloso, por el que el imputado fue declarado reincidente. Frente a esta resolución, la defensa interpuso recursos de casación. |
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