Jurisprudencia nacional 4130
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1361 a 1380 de 4130
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 1-jul-2020 | Flores (causa N° 2371) | Una persona con asma se encontraba detenida en prisión preventiva. La defensa había solicitado su excarcelación y, en subsidio, su incorporación a la modalidad domiciliaria de la detención. El tribunal rechazó la solicitud. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había constatado el domicilio en el que hubiera cumplido la detención. Ante una nueva solicitud de la defensa para que se le concediera el arresto domiciliario, el Cuerpo Médico Forense informó que la persona se hallaba compensada y su situación era leve. A su vez, le sugirió determinada medicación y señaló que el tratamiento se podía realizar intramuros. Entonces, el tribunal rechazó el pedido. Para decidir de ese modo, señaló que lo solicitado no encuadraba en ninguna de las causales contempladas en los arts. 10 del Código Penal y 32 y 33 de la ley N° 24.660 para la concesión del instituto requerido. Asimismo, consideró que no habían variado las razones invocadas en su intervención previa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que el tribunal se había apartado de lo establecido en los arts. 2, 210 y 221 del Código Procesal Penal Federal y que, hasta el momento, su asistido no había recibido la medicación indicada por el Cuerpo Médico Forense. |
| 1-jul-2020 | Ancarola (causa N° 35421) | Una niña de dos años fue abusada sexualmente por un trabajador del jardín de infantes al que asistía. El hombre fue condenado en sede penal. Los padres, en representación de la niña, iniciaron una acción de daños y perjuicios contra la institución educativa. En la demanda sostuvieron que las autoridades del establecimiento habían tratado de entorpecer y desviar la investigación y proteger al hombre insinuando que el autor del abuso se encontraba en el entorno familiar. Por ese motivo, solicitaron que se la condenase al pago de una suma en concepto de daño punitivo. El juzgado condenó al establecimiento, reconoció el daño punitivo a favor de la niña y lo rechazó en relación con los progenitores. Contra esa decisión, ambas partes interpusieron recursos de apelación. |
| 1-jul-2020 | CYI (Causa N° 100663) | Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus dos hijas. El progenitor de las niñas estaba cumpliendo una condena penal y habían perdido todo tipo de contacto. En ese contexto, la mujer estaba desempleada y percibía la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la cual le había sido otorgada por una medida cautelar en el año 2016. Sin embargo, en agosto de 2019 la ANSES comenzó a incumplir con la medida judicial. En esa oportunidad, la ANSES le informó que el cese del pago se debía a que el progenitor seguía registrado en su antiguo empleo. En consecuencia, la mujer con representación de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social inició una acción de amparo para que se reanudara el pago de la asignación y se le abonara el retroactivo por los meses que no percibió. Por su parte, la ANSES consideró que la vía del amparo era improcedente. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo peticionado. Contra esa decisión, la ANSES apeló. |
| 30-jun-2020 | Mendez (causa N° 11112557) | Una mujer de 97 años que tenía una discapacidad motriz crónica y deterioro cognitivo se encontraba alojada en un hogar geriátrico desde septiembre de 2018. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria, su hijo solicitó a las autoridades del hogar que se le realizase el test de COVID y suministrase insumos sanitarios para prevenir la introducción del virus en el hogar. El pedido fue denegado. Por esa razón, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la presentación solicitó, como medida cautelar, que se ordenase el suministro al hogar de test rápidos de serología covid-19 y los exámenes por PCR (hisopado) que fueran necesarios según el resultado del primero. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 30-jun-2020 | Asociación Civil Protecc. Ambiental del Río Paraná (causa N° 3570) | Una empresa industrial emanaba efluentes gaseosos, vertía líquidos sobre el río Paraná y enterraba residuos peligrosos. Por ese motivo, una asociación civil de protección ambiental interpuso una demanda contra la empresa y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) con el objeto de que se ordenase el cese de la contaminación y la recomposición del daño ambiental o se la condenase a pagar una indemnización sustitutiva. Además, solicitó como medida cautelar que se suspendiese la actividad industrial hasta que se resolviese el fondo de la cuestión. El juzgado concedió la medida. La Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la resolución. Para decidir de ese modo consideró que, en razón de la detección de incumplimientos de la normativa ambiental, el OPDS había dispuesto la clausura preventiva del establecimiento y prohibido la generación de residuos de cualquier tipo. Luego de realizadas determinadas tareas de saneamiento, el organismo había ordenado su levantamiento. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 30-jun-2020 | Malier (Causa N° 22069) | Cuatro individuos se acercaron a un jóven que estaba sentado en la calle. Allí, lo golpearon y le sustrajeron un celular del bolsillo del pantalón. Luego, huyeron del lugar. En ese momento, personal policial advirtió el hecho y persiguió a los atacantes. Minutos más tarde, los detuvieron. A continuación, entre las pertenencias de uno de ellos encontraron la campera del jóven. Por ese hecho, fue condenado por el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió por la errónea aplicación del agravante previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. |
| 30-jun-2020 | Gamarra (causa N° 5606) | En el marco de una investigación, el domicilio de una mujer fue allanado. La mujer fue detenida e imputada por formar parte de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. La imputada era madre de dos niños de 7 y 17 años de edad y de una joven de 20 años que tenía hipoacusia bilateral, retraso madurativo y una discapacidad motriz en sus piernas. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que de acuerdo al interés superior del niño, correspondía que se hiciera lugar a la medida dado que los hijos de su asistida se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El representante del Ministerio Público Especializado en Minoridad destacó que los menores de edad vivían solos al cuidado de su hermana mayor de veinte años y se encontraban sin un adulto que pudiera contenerlos de manera emocional. En ese sentido, se expidió de modo favorable al planteo. Por otra parte, la fiscalía se opuso a su concesión. Entre sus argumentos señaló que la mujer debía haber protegido el interés superior del niño y evitar la venta de estupefacientes en su domicilio. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 29-jun-2020 | BLA (causa N° 16312) | El 9 de marzo del 2020 un hombre dio de baja de su obra social a su pareja. La mujer tenía una discapacidad, se encontraba internada y lo había denunciado por violencia familiar. El 13 de marzo el juzgado dispuso que el hombre cumpliera con una cuota de alimentos provisoria que consistía en mantener la afiliación de la mujer. Con posterioridad, se realizó un proceso de control de internación. El juzgado ordenó a la obra social que tomase los recaudos que resultasen necesarios para hacer efectiva la afiliación bajo apercibimiento de considerarla solidariamente responsable por el incumplimiento de la cuota alimentaria y de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la mujer. Contra esa decisión, la entidad interpuso un recurso de apelación. |
| 29-jun-2020 | Barone (causa Nº 61822) | Una mujer con discapacidad motriz (encefalopatía crónica no evolutiva con diparesia espástica) concurrió a un restaurant. El lugar no tenía rampa de acceso, carecía de baños adaptados para personas con discapacidad y los sanitarios se encontraban en el primer piso del local. Por ese motivo, la mujer interpuso una acción de amparo contra el establecimiento con el objeto de que implementasen, con carácter urgente, medidas para garantizar la accesibilidad adecuada de personas con discapacidad motriz. El juzgado hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus agravios expresó que no contaba con las adaptaciones solicitadas porque se encontraba exceptuado de conformidad con la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| 25-jun-2020 | Aybar (causa N° 1581) | Durante la vigencia del DNU que dispuso el aislamiento social, preventivo y solidario, una persona fue detenida por miembros de la Gendarmería Nacional en un puesto de control fronterizo. La persona manifestó que regresaba a su domicilio en Montevideo, Uruguay. A su vez, sostuvo que había ingresado al territorio argentino cinco días antes debido a que su madre había fallecido. Los miembros de seguridad notaron que no había cumplido con los catorce días de aislamiento que el decreto establecía. Por ese hecho, fue imputada por el delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal. Luego, suscribió un acuerdo de reparación integral junto a su defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal, en el que se comprometió a donar cincuenta mil pesos. El acuerdo fue presentado ante el juzgado para su homologación. |
| 25-jun-2020 | Ortiz (causa n°22050) | Una persona fue imputada por el delito de hurto. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria, en marzo de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la feria judicial extraordinaria. En mayo del mismo año, el juzgado habilitó de oficio la feria judicial extraordinaria para la tramitación remota de la causa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 25-jun-2020 | Balgoczki (Causa N° 402) | En Hungría un hombre se encontraba imputado por integrar una asociación ilícita conformada con el fin de de cometer fraudes en bancos de ahorro. El imputado se encontraba en Argentina. Entonces, la justicia húngara requirió su extradición. En su presentación hizo saber que, de acuerdo a la normativa de su Código Penal, la punibilidad prescribía en enero del 2021. El juzgado declaró procedente el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Defensoría General sostuvo, entre otras cuestiones, que el Estado requirente había omitido acompañar las normas relativas a la vigencia de la acción penal, lo que impedía el análisis previsto por el artículo 13, incisos c y e, de la ley N° 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. En ese sentido, señaló que la sola afirmación de que la acción penal no había prescripto no satisfacía dicha exigencia legal. En consecuencia, solicitó que se declarase improcedente la extradición. Por su parte, el Procurador General consideró que la subsistencia de la acción penal podía corroborarse a través de la lectura de los textos legales disponibles en el sitio oficial de la Comisión Europea. |
| 24-jun-2020 | Gordillo (causa N° 275) | Una persona había sido condenada a la pena de cuatro años de prisión. En julio de 2019, luego de que cumpliera tres años y veinticuatro días de detención, el tribunal dispuso su libertad condicional. En enero de 2020 fue detenido por la comisión de un nuevo delito. En mayo de 2020 fue condenado a la pena única de cuatro años y diez meses de prisión. En el cómputo de detención se consideró que la persona llevaba detenida tres años, cuatro meses y veinticuatro días. La defensa impugnó la decisión y sostuvo que debía computarse el tiempo en el que la persona había permanecido bajo el régimen de libertad condicional. |
| 24-jun-2020 | Browne (Causa n°36020) | Un hombre fue detenido y procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación agravada de documentos públicos y usurpación de la autoridad, título y honor calificado por ser de un mando militar. Luego de cuarenta días de detención, fue excarcelado. Contra el procesamiento, su defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la resolución de manera parcial y modificó la calificación del delito de usurpación de autoridad, título y honor por la de ejercicio de funciones públicas sin título o nombramiento. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. Entre otras cuestiones planteó que, ante la emergencia sanitaria, su asistido se había inscripto como colaborador en la Cruz Roja. La fiscalía se opuso a la solicitud, por considerar que la escala penal de los delitos imputados excedía la pena en abstracto de los tres años de prisión. |
| 22-jun-2020 | M. H. S. A. | Una persona de carácter ideal fue imputada por la falta de depósito, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencidos los plazos de ingreso, de los importes retenidos correspondientes a los períodos fiscales 2/2017 en concepto de Impuesto a las Ganancias y 3/2017 en concepto de Impues-to a las Ganancias y de Impuesto al Valor Agregado. El total de la deuda ascendía a $817.393,82. Durante la instrucción, el representante legal de la empresa informó que los montos adeudados a la AFIP habían sido abonados en su totalidad. Por esa razón, formuló un planteo de extinción de la acción penal por reparación integral del daño. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. Entonces, el juzgado interviniente rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa in-terpuso un recurso de apelación. |
| 19-jun-2020 | Mastrostefano (causa N° 32109) | Tres personas libraron cheques sin fondo. Por ese hecho fueron imputadas por el delito de defraudación. La defensa solicitó la celebración de una audiencia de conciliación en los términos del artículo 59, inciso 6° del Código Penal y ofreció una reparación. La empresa damnificada prestó su consentimiento. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo. En ese sentido, sostuvo que en la maniobra había existido un concurso de delitos y que una de las imputadas tenía una causa en trámite por el delito de asociación ilícita. Por esa razón, el juzgado rechazó el acuerdo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 19-jun-2020 | CPM | Una mujer se presentó en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la P.F.A. y entregó un certificado de supervivencia a nombre de su madre, que había fallecido. De esta manera, percibió indebidamente el haber jubilatorio durante diez meses. Por tal motivo, se inició una causa penal. En ese marco, se decretó su falta de mérito y se ordenaron distintas medidas de prueba. Sin perjuicio de ello, la defensa de la imputada solicitó la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio (art. 59, inc. 6 CP y arts. 22, 30, 31 y 34 CPPF). A ese fin, hizo saber que existía un expediente en trámite ante la justicia civil y comercial federal en donde se presentó un acuerdo de reparación que fue aceptado por la actora –la misma Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la P.F.A.–. El juzgado actuante corrió traslado del pedido al representante del Ministerio Público Fiscal y a la querella. A la hora de contestar la vista, el fiscal solicitó que se convocara a las partes a una audiencia para que se expidieran sobre la pretensión, el daño y la proporcionalidad de la reparación. Afirmó que la mujer había vulnerado la fe pública y el patrimonio del Estado por lo que debía ofrecer un método de composición más allá del acuerdo arribado en la otra sede. Por su parte, la querella se opuso a la solicitud. Sostuvo que el convenio aludía a una deuda que pertenecía a otro litigio. Convocada una audiencia por el juzgado interviniente, la imputada ofreció un monto dinerario extra para cerrar un nuevo acuerdo. Ante la negativa del Fiscal y la querella, el juez declaró extinta la acción penal por conciliación y sobreseyó a la mujer. Para así decidir, sostuvo que las características de este suceso se adecuan a los institutos invocados. Asimismo, afirmó que el acuerdo al que se arribó en la otra sede había cancelado los efectos del accionar delictivo. Contra esta decisión, el fiscal y la querella interpusieron recursos de apelación. |
| 18-jun-2020 | Pasten (causa N° 400) | Una persona había sido procesada con prisión preventiva. Su defensa fue notificada el jueves 26 de diciembre de 2019. Durante la feria judicial de enero de 2020 interpuso un recurso de apelación contra el procesamiento. El juzgado no hizo lugar a la impugnación por considerarla extemporánea, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 450 del CPPN. Además, sostuvo que el estado de habilitación de la causa surgía de modo implícito a pesar de que no se había dictado un decreto o resolución que lo dispusiera. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de queja. La presentación señaló que el mes de enero era considerado como días inhábiles judiciales en los que quedaba suspendido el cómputo del plazo citado y que, en este caso, el término para impugnar vencía el día 3 de febrero de 2020. En consecuencia, solicitó que la decisión que había declarado extemporáneo su recurso fuera revocada. |
| 17-jun-2020 | Anzorreguy (reg. N° 1551 y causa N° 41669) | Un hombre circulaba en su vehículo por una avenida a las 5.30 horas y atropelló a dos peatones. Por ese hecho fue imputado por el delito de lesiones culposas graves y gravísimas, en concurso ideal entre sí. Durante la instrucción, se efectuaron exámenes de sangre sobre las víctimas que dieron resultados positivos para alcoholemia. El imputado se negó a realizarse el examen. El juzgado dictó su procesamiento por considerar que circulaba a una velocidad que no le había permitido mantener el control del rodado y frenar ante la presencia de los damnificados. En esa dirección, valoró la escasa iluminación artificial, el horario y el lugar en donde se había producido el hecho y sostuvo que el conductor debía haber obrado con un cuidado mayor que el requerido de manera ordinaria. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el auto de procesamiento y sobreseyó al imputado. Para decidir de esa manera sostuvo que, conforme las circunstancias obrantes en la causa, no se había logrado establecer la velocidad del vehículo, ni antes ni al momento del impacto. Además, determinó que las víctimas habían intentado cruzar una avenida de grandes dimensiones por un lugar prohibido, de noche, distraídas y habiendo consumido alcohol. En ese sentido concluyó que la persona imputada no debía obrar con un cuidado mayor que el normalmente requerido y que las damnificadas se habían expuesto por propia decisión a una situación peligrosa que ellas mismas habían provocado. Entonces, las partes querellantes interpusieron sendos recursos de casación. Entre otras cuestiones, plantearon que la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas surgía de la ley extrapenal como presunción legal frente a la negativa a someterse a la extracción de sangre. Así, sostuvieron que el imputado, si hubiera conducido a la velocidad permitida, habría tenido visión y tiempo suficiente para evitar el resultado. Por otro lado, cuestionó que la Cámara había desconocido las normas sustanciales del proceso y había desconocido el derecho a ser oído de sus asistidos cuando revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento de la persona imputada. |
| 17-jun-2020 | Lescano (causa N° 387) | Una mujer sufría violencia de género por parte de su expareja, con quien había tenido cinco hijos. Debido a los hechos de violencia, tuvo que mudarse a la casa de su familia de origen. En una oportunidad, la familia había organizado una fiesta. El hombre se dirigió en bicicleta hacia allí y esperó en la esquina hasta que la mujer se quedó sola. Entonces, ingresó al domicilio, la tomó del brazo y la llevó a una pieza que estaba en construcción en la parte delantera de la vivienda. En ese momento, le pidió que tuvieran relaciones sexuales mientras intentaba bajarle la calza. La mujer se negó y el hombre sacó un cuchillo de entre sus ropas e intentó agredirla. Forcejearon y la mujer le clavó el arma en el pecho. El hombre salió a la calle herido y comenzó a arrojarle piedras a la mujer, que respondió del mismo modo. Posteriormente, cayó al piso y fue trasladado a un hospital, donde falleció. Por ese hecho, la mujer fue imputada por el delito de homicidio. En la etapa de juicio oral, la imputada relató lo sucedido y manifestó que no había tenido intenciones de matarlo. Agregó que tenía miedo por los abusos sexuales y agresiones físicas que había sufrido con anterioridad. Además, relató que había denunciado algunos de esos hechos, pero no todos porque no tenía dinero para dirigirse hasta las comisarías. Por otra parte, la madre y la hermana del varón declararon que la pareja a menudo tenía peleas, que la mujer lo golpeaba y que una vez lo había herido con un cuchillo en los testículos. En particular, la hermana relató que el día anterior al hecho la imputada le había mandado mensajes para pedirle que le llevara una bicicleta. Otro testigo contó que, momentos antes del hecho, se encontraba con el hombre y que éste había manifestado “esta noche es ella o yo”, mientras le mostraba un cuchillo. El informe de la autopsia concluyó que el fallecimiento se había producido por un shock hipovolémico causado por una herida de arma blanca. Por otro lado, no se constataron lesiones recientes en los testículos. El Tribunal Oral condenó a la mujer a la pena de trece años de prisión por el delito de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima con circunstancias extraordinarias de atenuación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que la mujer había actuado en legítima defensa y que el tribunal había invisibilizado la situación de violencia de género sufrida por la imputada. A su vez, la fiscalía y la querella se agraviaron por la aplicación del atenuante. |
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