Jurisprudencia nacional 4820
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1141 a 1160 de 4820
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-nov-2022 | CF (Causa N° 18561) | Una niña sufrió reiterados episodios de abuso sexual por parte de su padre. Cuando tenía 10 años le contó a su madre lo que había padecido. En consecuencia, se inició una causa penal en la que el progenitor fue condenado a la pena de 10 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. Con posterioridad, la madre –en representación de la niña– inició una demanda en sede civil. En su presentación, reclamó al hombre una indemnización por el daño material, psicológico y moral que la violencia sexual le había ocasionado a su hija. A su vez, la progenitora demandó un resarcimiento en el carácter de damnificada directa debido al daño psicológico y moral que los abusos hacia su hija le habían causado. En ese contexto, el juez hizo lugar al planteo de forma parcial. En ese sentido, condenó al hombre a abonar a su hija y a la madre una indemnización. No obstante, rechazó el daño moral solicitado por la progenitora. Para decidir de esa manera, indicó que el artículo 1078 del Código Civil de la Nación –que estaba vigente al momento de los hechos– sólo permitía a la víctima formular su reclamo por daño moral. Luego del dictado de la sentencia, la joven alcanzó la mayoría de edad. Contra lo decidido, las actoras interpusieron un recurso de apelación. En esa oportunidad, consideraron que los montos que se habían fijado eran bajos, por lo que solicitaron su elevación. Por su parte, la progenitora requirió que se hiciera lugar al daño moral a su favor. En ese sentido, cuestionó la constitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil. |
| 24-nov-2022 | Silva (causa Nº 12000366) | En diciembre de 2012, personal de Gendarmería Nacional que realizaba tareas de control poblacional secuestró catorce kilos de marihuana del equipaje de un joven de 16 años que viajaba en ómnibus. Por este hecho, el adolescente fue imputado como autor del delito de transporte de estupefacientes. En abril de 2016, el juez interviniente dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva, lo que motivó que su defensa interpusiera un recurso de apelación. Cinco meses después, el juez ordenó la comparecencia del joven al tribunal. En esa oportunidad, se presentó su madre y expresó que desconocía el paradero de su hijo. En febrero de 2017, el juzgado envió un oficio reiterando la citación. En agosto de 2022, el tribunal ordenó elevar la causa a juicio. . En noviembre de 2022, la defensa ratificó los agravios planteados en el recurso de apelación de 2016 y, de manera subsidiaria, planteó la insubsistencia de la acción por la prolongada duración del proceso. |
| 23-nov-2022 | Fabbro (Causa N° 20622) | En una audiencia de fijación de pena, un hombre había sido condenado a la pena de dieciséis años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal —reiterado en cinco hechos, en concurso real—, uno de ellos agravado por estar el imputado encargado de la guarda de la damnificada, en concurso ideal con el de promoción a la corrupción de un menor de edad, agravado por la minoría de trece años de la víctima. La defensa había planteado la nulidad de dicha audiencia porque no había estado presente la defensora de menores. Sin embargo, el tribunal oral interviniente rechazó el planteo. Entre sus argumentos, sostuvo que en modo alguno la defensa ejerce el rol de velar por los intereses y derechos de la menor, que la progenitora de la víctima se había constituido como parte querellante en su representación y que la defensora de menores había sido notificada de la celebración de la audiencia, pero decidió no estar presente. Además, agregó que la funcionaria no había considerado necesaria su presencia y que no estaba habilitada a requerir pena. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-nov-2022 | Igarabide (causa N° 30295) | En 2016 una persona fue detenida e imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En 2017, mediante la sanción de la ley N° 27.375, se reformó la ley N° 24.660. Entre los aspectos reformados, se excluyó la posibilidad de que las personas condenadas por determinados delitos –entre ellos, los delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley de Estupefacientes– accedieran a los institutos previstos en el periodo de prueba. Con posterioridad, la persona fue imputada por otro delito y se le impuso, en 2020, una pena única. Una vez cumplidos los requisitos temporales, la defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de salidas transitorias. El tribunal interviniente consideró que el caso se encontraba comprendido en las exclusiones establecidas por la ley N° 27.375 y no hizo lugar al planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, destacó que correspondía tener en cuenta que uno de los hechos abarcados por la pena única había tenido lugar con anterioridad a la reforma. |
| 22-nov-2022 | SCN (Causa N° 62173) | Una mujer mantenía un vínculo de pareja con un hombre que se encontraba procesado y privado de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Durante los años 2013, 2014 y 2015 la mujer había realizado llamados al 911 manifestando situaciones de violencia doméstica. En marzo de 2016, la mujer visitó al hombre y tuvieron un encuentro conyugal. Allí la mujer manifestó su intención de terminar la relación. Al recibir la noticia, el hombre sacó un bisturí y abusó sexualmente de la mujer. Luego le dio varios cortes en el cuello, abdomen, mentón y extremidades para matarla. La mujer intentó alertar al personal policial pero el dispositivo instalado en la habitación no funcionó. A raíz de estos hechos, el hombre fue condenado a quince años de prisión. La mujer ¬—patrocinada por la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– inició una acción judicial contra el Estado Nacional por los daños sufridos. |
| 22-nov-2022 | Lois (causa Nº 16707) | Un hombre había sido condenado a una pena de efectivo cumplimiento. Una noche volvía de una de sus salidas por estudio cuando dos agentes del servicio penitenciario lo retuvieron y lo llevaron dentro del edificio del penal bajo el pretexto de que se encontraba merodeando. Antes de ingresar al establecimiento, un médico lo había revisado y había concluido que el interno estaba "apto ingreso". Acto seguido, fue alojado en aislamiento. Una vez allí, uno de los agentes penitenciarios le propinó golpes en el abdomen y en la pelvis. En paralelo, el juzgado a cargo de la ejecución recibió una presentación de habeas corpus. A la mañana siguiente, fue revisado por dos médicos distintos. Ambos coincidieron en la descripción de las lesiones en el cuerpo del hombre e indicaron que su antigüedad no superaba las 24 horas previas. El detenido fue citado por el juzgado interviniente y describió lo ocurrido. Fue así que se abrieron varias causas. En todas ellas, el detenido fue llamado a declarar. Por el hecho, uno de los agentes penitenciarios fue procesado como autor del delito de vejaciones (artículo 144 bis inciso 3 del Código Penal y último párrafo). |
| 17-nov-2022 | Florit (Causa N° 55626) | Una persona conducía un automóvil por el segundo carril de una avenida. En un momento, frenó porque creyó que había algo en su camino. En ese contexto, un auto la impactó por detrás. Ambos vehículos quedaron detenidos en la autopista. Luego, un vehículo que iba por el mismo carril a alta velocidad colisionó de manera violenta con el segundo auto. Como consecuencia del siniestro, su chofer sufrió múltiples traumatismos, hemorragias internas y murió. La víctima no llevaba el cinturón de seguridad. Por su parte, el conductor del segundo vehículo sufrió lesiones graves. Por ese hecho, la persona que conducía el primer vehículo fue imputada por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo con motor, en concurso real con lesiones culposas. En ese marco, celebró un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el tribunal interviniente la absolvió. Contra esa decisión, el fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 15-nov-2022 | HMR (Causa N° 9784) | Un hombre y una mujer vivían en Viedma con sus tres hijas menores de edad. Con posterioridad la pareja se separó, el hombre se quedó al cuidado de las niñas, y la mujer se mudó a General Conesa. Asimismo, el grupo familiar se encontraba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica dado que el progenitor no tenía empleo estable y realizaba trabajos informales vendiendo empanadas. En ese contexto, el hombre se presentó ante la ANSES para solicitar el pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) por sus tres hijas. No obstante, la entidad rechazó su pedido dado que la madre de las niñas cobraba la pensión para madre de siete hijos y eso generaba una incompatibilidad para percibir la AUH. Por ese motivo, el hombre con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial de Viedma interpuso una acción de amparo contra la ANSES. En esa oportunidad, resaltó la necesidad de percibir la asignación solicitada, atento a la situación socioeconómica que vivía el grupo familiar. En consecuencia, sostuvo que la percepción de la AUH era indispensable para que no se dejara a las niñas en una situación de desamparo y mayor vulnerabilidad. Por último, destacó que ambas prestaciones tenían distinta finalidad de modo tal que no había yuxtaposición de cobertura de las contingencias sociales. Asimismo, solicitó una medida cautelar innovativa a fin de que se incorporara a las niñas al régimen de asignaciones familiares hasta el dictado de la sentencia definitiva. El juzgado hizo lugar a la medida solicitada. Por su parte, la demandada consideró que el artículo 9 del Decreto 1602/09 que regulaba las incompatibilidades de la AUH justificaba la negativa de la ANSES de incluir a las niñas debido a que la progenitora percibía una pensión no contributiva. Además, sostuvo que la vía del amparo era improcedente. |
| 15-nov-2022 | AS (Causa N° 35569) | Una mujer convivía con un hombre, con quien tuvo un hijo. El hombre la golpeaba, la insultaba y la amenazaba de manera constante. En ese contexto, se separaron. Sin embargo, las agresiones contra ella y su hijo continuaron. Por ese motivo, la mujer lo denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). En esa oportunidad, manifestó que buscaba una medida de protección que le prohibiera al denunciado tomar contacto y acercarse al niño y a ella. Además, pidió que se obligara al hombre al pago de los alimentos para la manutención de su hijo. El equipo interdisciplinario de la OVD consideró que el nivel de riesgo era moderado. Luego, la mujer requirió el patrocinio del Programa de Asistencia y Patrocinio Especializado en Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación. En ese marco, el juzgado hizo lugar a las medidas solicitadas y fijó una cuota alimentaria provisoria a favor del niño. Además, dispuso la intervención del Cuerpo Interdisciplinario contra la Violencia Familiar para que evaluara la situación y el riesgo en el que se encontraban expuestos la mujer y su hijo. Si bien el hombre había sido notificado de la resolución judicial, siguió con las amenazas hacia la mujer y su entorno familiar. A raíz de los hechos denunciados, se inició una causa penal. Con posterioridad, la jueza en lo civil prorrogó las medidas de prohibición de contacto y acercamiento por cuatro meses. Además, ordenó al demandado que abonara los alimentos provisorios que adeudaba. Contra esa decisión, el accionado interpuso un recurso de apelación. |
| 14-nov-2022 | Rivera (Causa N°9954) | Dos hombres fueron acusados por el delito de transporte de estupefacientes. En la audiencia de control de acusación, entre otras cosas, la defensa oficial de uno de los acusados, solicitó que el acta de pesaje, el narcotest, la extracción de muestras y la descripción de elementos incautados fueron reproducidas en el marco del debate a través de la declaración testimonial de quienes las confeccionaron. Además, se opuso a la incorporación de la planilla en la que se determinaba el valor correspondiente al estupefaciente secuestrado porque consideró que era impertinente. También se opuso a la exhibición de la videograbación de la declaración de su defendido en el marco de la audiencia de formalización celebrada en el caso. Finalmente, solicitó que se incorpore la sentencia que recaiga eventualmente sobre el coimputado y su declaración en el debate como testigo. |
| 11-nov-2022 | LBG (causa N° 16743) | Una mujer que carecía de recursos socio–económicos y que no sabía leer ni escribir había sido imputada por el delito de contrabando de mercadería. La defensa solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 bis del Código Penal y la suspensión del juicio a prueba para su asistida. Asimismo, indicó que debía valorarse su situación de vulnerabilidad. Además, requirió que se la eximiera de realizar tareas comunitarias porque debía encargarse del cuidado de sus seis hijos menores de edad. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad y solicitó que el caso se resolviera con perspectiva de género. Sin embargo, el juzgado interviniente rechazó el planteo de inconstitucionalidad y negó la suspensión del juicio a prueba. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, indicó que el artículo 76 bis del Código Penal vulneraba el derecho de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad. |
| 11-nov-2022 | VGMA (Causa Nº 10994016) | Un hombre y una mujer se separaron cuando su hija tenía cinco años. Con posterioridad, la mujer comenzó una relación con otro hombre e iniciaron una convivencia. Con el paso del tiempo, se consolidó un fuerte lazo afectivo entre el hombre y la joven. Una vez que ésta alcanzó la mayoría de edad, la familia planeó mudarse a España. Sin embargo, antes de concretar ese proyecto, el progenitor socioafectivo solicitó en sede judicial que se le otorgara la adopción por integración de la joven. En su primera intervención, la Fiscal pidió al actor que aclarara si pretendía el desplazamiento del progenitor biológico, o bien el reconocimiento de la triple filiación. En consecuencia, el accionante readecuó su presentación e indicó que pretendía la triple filiación y, de ser necesario, que se declarara la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ambos progenitores biológicos consintieron el planteo. Por su parte, la joven fue convocada a una audiencia y también prestó su conformidad con lo solicitado. |
| 10-nov-2022 | Delgado (causa N° 21662) | Una persona menor de edad fue detenida e imputada con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego. Luego de un juicio oral, el Tribunal Oral de Menores N° 2 lo absolvió y ordenó su libertad. Esa decisión fue recurrida por la acusación y finalmente la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional condenó al imputado a la pena de doce años de prisión, por el delito de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego. Dicha situación motivó la intervención nuevamente del Tribunal Oral de Menores que decidió ordenar la detención de la persona en virtud de la gravedad del hecho por el cual había sido condenado, la calificación legal asignada, el monto de pena impuesto, el tiempo transcurrido en prisión preventiva y que el padre de la víctima fallecida se opuso al egreso del imputado. Debido al resultado negativo de los intentos de concretar su detención, el Tribunal ordenó su captura y rechazó el pedido de exención de prisión. Tras ello, el imputado se presentó ante el Tribunal y fue detenido. Entonces, su defensa solicitó la excarcelación y la prisión domiciliaria en subsidio. El Tribunal Oral de Menores N° 2 rechazó ambos pedidos por considerar, entre otras cuestiones, que no se había cumplido ningún plazo temporal que permita acceder a la excarcelación. Además, afirmó que existía peligro de fuga debido a la elevada expectativa de pena, a que la sentencia dictada contaba con una presunción de acierto que incidía en el riesgo de elusión y a que en un allanamiento en el domicilio denunciado por el imputado se informó que él ya no residía en dicho lugar y las explicaciones de la defensa al respecto no fueron suficientemente corroboradas. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-nov-2022 | CML (causa N° 5215) | En 2011, en el marco de una causa, se encontraron dos formularios de adhesión que contenían datos de personas fallecidas con anterioridad a la fecha de afiliación y un formulario firmado por una persona que había negado su suscripción. Por esa razón, una jueza federal con competencia electoral advirtió la posible existencia de un delito de acción pública. Así, dispuso la extracción de testimonios. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción de la causa e identificó como posibles responsables a dos personas que figuraban como certificantes de las firmas cuestionadas. Luego, se agregaron otros expedientes similares porque las fichas de adhesión contenían firmas de personas fallecidas, se encontraban duplicadas o habían negado la afiliación desconociendo la signatura. Además, se efectuaron peritajes que permitieron corroborar la falsedad de las firmas insertas. Por ese motivo, se dispuso el procesamiento de las personas imputadas por el delito previsto en el artículo 293 del Código Penal y su elevación a juicio. Tanto el MPF como la parte querellante se expidieron de manera favorable.; Por su parte, la defensa se opuso a la elevación e instó el sobreseimiento de sus asistidas. Además, promovió la excepción de falta de competencia por considerar que correspondía la intervención de la justicia electoral. En mayo de 2019, se había publicado la ley N° 27.504 que había modificado aspectos de diversas normativas que regulaban la materia electoral. Corrida vista al representante del MPF, en junio de 2019, dictaminó que correspondía rechazar la excepción articulada. El expediente se mantuvo sin movimiento hasta abril de 2021, cuando la querella desistió de la continuidad de la acción. En noviembre de ese año, el juzgado interviniente rechazó el pedido de la defensa. Para decidir de esa manera, sostuvo que se investigaba la comisión de un delito de competencia federal y que la falsificación de fichas de afiliación a partidos políticos no debía ser instruida por la justicia electoral. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. La cámara interviniente indicó que no se habían tenido en cuenta las modificaciones introducidas por ley N° 27.504 para resolver la cuestión. Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, la jueza renovó su postura contraria al pedido de la defensa. Así, dispuso que la nueva redacción del artículo 146 del Código Electoral, pese a su ambigüedad, limitaba la competencia del juez federal electoral a delitos cometidos en procesos electorales vinculados específicamente al financiamiento partidario y de campañas. La defensa impugnó ese pronunciamiento. |
| 9-nov-2022 | SRM (Causa N° 5848) | Un grupo de hermanos atravesaba una situación de vulneración de sus derechos. En consecuencia, se tomó una medida excepcional, que consistió en la separación de su familia de origen y en la convivencia en un hogar. En este marco, se declaró la situación de adoptabilidad de dos de las hermanas. Sin embargo, no hubo postulantes del Registro Central de Adopción que resultaran viables para el proyecto adoptivo de las adolescentes. Por ese motivo, el juzgado interviniente solicitó al Registro de Cuidadores Familiares de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires un listado de postulantes. El Registro de Cuidadores Familiares se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años alojados en instituciones y para quienes la adopción no resulta una alternativa posible.; En abril de 2022, el juzgado recibió ese listado y, tras las evaluaciones del equipo técnico, se sugirió iniciar un proceso de vinculación con un matrimonio. Así, el juez mantuvo una entrevista con la pareja en mayo de 2022, en la cual manifestaron su voluntad de postularse como figuras de cuidado y referentes afectivos de las jóvenes. Ese mismo mes se los seleccionó para iniciar la vinculación. También se encomendó al equipo técnico del juzgado y al hogar donde estaban alojadas las adolescentes la supervisión de dicho proceso. Durante el seguimiento, se emitieron varios informes. En ellos se señaló el vínculo positivo con los cuidadores, quienes respondían de forma adecuada a sus necesidades emocionales y materiales. En virtud de ello, el juzgado amplió las autorizaciones para la permanencia de las adolescentes en el domicilio del matrimonio. |
| 8-nov-2022 | NPAR (Causa N° 6767) | Una adolescente se acercó a una joven y le exigió que le entregara su dinero. La víctima se negó y la adolescente la empujó. La situación fue advertida por algunos peatones y la policía la detuvo. Fue imputada por el delito de robo en grado de tentativa. Durante la investigación, el juzgado advirtió que la detenida tenía dos causas en trámite por hechos similares. Luego, la defensa técnica de la adolescente y la víctima presentaron un acuerdo conciliatorio con un pedido de disculpas. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa. Entonces, el tribunal interviniente resolvió la presentación como cuestión preliminar en la audiencia de juicio. |
| 7-nov-2022 | Maza (Causa N° 24000934) | En marzo de 1975 un hombre fue detenido y trasladado a un escuadrón de Gendarmería Nacional. Allí fue torturado y, luego de un mes, recuperó su libertad. Por esos hechos, en el año 2010, la víctima formuló una denuncia y desde aquél momento intentó constituirse en el proceso como querellante. Sin embargo, obtuvo un resultado negativo. En 2017, se promulgó la Ley de Víctimas y en 2020 se puso en funcionamiento la Defensoría Pública de Víctimas de la provincia de Salta. En 2022, el defensor oficial a cargo de la dependencia solicitó que se constituya al hombre como querellante. En su presentación, argumentó que la víctima había intentado mantener un rol activo en la acusación desde que formuló su denuncia. El tribunal oral interviniente hizo lugar al pedido. Contra esta decisión, la defensa del imputado interpuso un recurso de casación. Entre otros argumentos, sostuvo que la víctima había tenido oportunidad de constituirse como querellante y que no lo había hecho. |
| 4-nov-2022 | VBC (Causa N° 18249) | Un matrimonio con tres hijas menores de edad decidió separarse. En el marco de una mediación acordaron que las niñas convivirían con la progenitora y mantendrían un régimen de comunicación con el progenitor. Sin embrago, la mujer no cumplió con lo pactado, y el progenitor dejó de ver a sus hijas. Con posterioridad, la progenitora decidió irse a vivir a Buenos Aires dejando a las niñas en un estado de desprotección. En ese contexto, el progenitor inició una demanda solicitando el cuidado personal unilateral de sus tres hijas. El juzgado de familia que intervino hizo lugar a la petición. Además, dispuso que se librara un oficio a la ANSES para que se le brindara al progenitor las asignaciones universales (AUH) correspondientes por sus hijas, ya que el hombre no tenía un trabajo estable y sus únicos ingresos provenían de trabajos informales que realizaba. No obstante, la ANSES no otorgó las prestaciones dado que la madre de las niñas cobraba la pensión para madre de siete hijos y eso generaba una incompatibilidad para percibir la AUH. Por ese motivo, el hombre con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial de Viedma interpuso una acción de amparo contra la ANSES a fin de que se cumpliera con lo dispuesto por el juzgado de familia. Asimismo, solicitó que se dictara una medida cautelar innovativa para que se abonara la AUH hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Entre sus argumentos, expuso que la percepción de las asignaciones se tornaba indispensable para que no se generara un desamparo económico y asistencial de las niñas en virtud de la situación de vulnerabilidad social y económica en que se encontraba el grupo familiar. |
| 4-nov-2022 | Galarza (causa N° 6160) | Una persona se encontraba imputada por el delito de transporte de estupefacientes. Durante el proceso, declaró que su madre tenía diversos problemas médicos y estaba en un estado de semi-postración. Asimismo, señaló que desde su infancia tuvo carencias económicas y había atravesado situaciones de violencia intrafamiliar. |
| 3-nov-2022 | Almeida (reg. N° 1851 y causa N° 72820) | En julio de 2002, un tribunal condenó a una mujer a la pena de veinte años de reclu-sión. Posteriormente, en 2007, durante la tramitación del recurso de casación, fue ex-carcelada por aplicación del art. 317, inc. 5, CPPN, con la imposición de las obligacio-nes establecidas en el art. 13 CP. En agosto de ese año, la Cámara Federal de Casación Penal casó parcialmente la sentencia y la condenó a la pena de 17 años de prisión. Esa condena adquirió firmeza en agosto de 2010. En noviembre de ese año el tribunal oral revocó la excarcelación que se le había concedido en términos de libertad condicional, la declaró rebelde y ordenó su captura. En febrero de 2021 fue detenida. La defensa cuestionó la declaración de rebeldía, solicitó que se tuvieron por cumplida la pena y que se ordene su libertad. El tribunal rechazó el planteó y estableció que le restaban cumplir 3 años, 7 meses y 17 días. Dicho cómputo fue observado debido a que, desde la perspectiva de la defensa, debía contabilizarse el lapso que la imputado permaneció excarcelada en términos del art. 317, inc. 5, CPPN. Sin embargo, el tribunal denegó la petición, lo que dio lugar a la interposición de un recurso de casación. |
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