PAM (Causa N° 5184)

Abstract

Una mujer residía junto a sus tres hijos menores de edad en Tartagal, provincia de Salta. Allí, se desempeñaba como gendarme. En ese marco, Gendarmería Nacional dispuso su traslado a la provincia de Chubut. Ante esa decisión, le comunicó a su ex pareja y progenitor de sus hijos que debían mudarse. Frente a ello, el hombre inició una medida cautelar a fin de que se impida cambiar el centro de vida de los niños. El juzgado de familia de Tartagal hizo lugar al planteo. En consecuencia, la mujer informó a su empleador la imposibilidad de trasladarse a Chubut. Para ello, remitió copia de la medida cautelar dictada y acompañó un certificado médico respecto de su bebé lactante. Con posterioridad, Gendarmería dispuso la apertura de un sumario disciplinario en su contra por la presunta comisión de una falta grave. A raíz de esa medida, la mujer, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, promovió una acción de amparo para que se declare la nulidad del acto administrativo que ordenó el sumario. Además, solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordene a Gendarmería que se abstenga de efectivizar el traslado. En su presentación, alegó que se trataba de un acto discriminatorio por razones de género y que configuraba violencia laboral. Más tarde, el área de recursos humanos de Gendarmería resolvió su pase a disponibilidad. Ante esa nueva disposición, la mujer amplió la demanda y requirió que se declare su nulidad por carecer de motivación y fundamento. Asimismo, pidió su pase definitivo a la delegación de Tartagal, donde prestaba funciones. El juzgado de primera instancia rechazó la medida cautelar. Como fundamento, señaló que el acto administrativo cuestionado había sido dictado por autoridad competente en el marco de sus facultades legales. Además, sostuvo que el cambio de destino de la actora se ajustaba a las normas reglamentarias vigentes, cuyo régimen fue aceptado de manera voluntaria y expresa por todo el personal al incorporarse a la institución. Por último, entendió que en el caso no se verificaban la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora. Contra esa decisión, la Unidad de defensa pública de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en su carácter de Defensoría de Menores e Incapaces interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Al respecto, destacó que, al contestar la vista en representación de los hijos menores de la actora, había indicado que antes de emitir opinión sobre el interés superior de los niños era necesario la producción de medidas probatorias, entre ellas informes socio-ambientales y psicológicos, así como solicitar al juzgado de familia de Tartagal información sobre el estado de la medida cautelar dictada. Consideró que la resolución judicial era nula y debía ser revocada por haberse dictado sin que se hubieran producido las pruebas solicitadas y sin contar con su dictamen. Por último, indicó que, de no hacerse lugar a esa nulidad, debía concederse el recurso de apelación interpuesto en subsidio. En segunda instancia intervino la Unidad de defensa en materia no penal de la ciudad de Salta, en representación de los niños y niñas involucrados en el expediente. En su presentación, solicitó que se hiciera lugar a la medida cautelar requerida y se declarara la nulidad de la resolución judicial impugnada. Entre otras cuestiones, sostuvo que la Convención sobre los Derechos del Niño consagra la tutela del interés superior del niño, principio que debe guiar las decisiones judiciales.