Jurisprudencia nacional 4522
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3001 a 3020 de 4522
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-may-2017 | EJA | En un procedimiento de flagrancia, en el marco de la audiencia inicial, el tribunal rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por la defensa con acuerdo de la fiscalía. Contra esta decisión, se interpuso un recurso de apelación. |
| 10-may-2017 | LRVR | En 2010, una persona fue imputada por haberse apropiado de la suma de $2.500 en el ámbito de su trabajo mediante maniobras fraudulentas. En 2012, un juzgado laboral le otorgó la suma de $ 19.807,82 e intereses en concepto de indemnización por despido. Para resolver la causa penal, la imputada solicitó la suspensión del juicio a prueba en 2013. Durante la audiencia indicó que tenía trabajo nuevamente y que cobraba $5.500, por lo que ofreció $300 en concepto de reparación. La querella rechazó la propuesta, pues le resultaba insuficiente frente al daño ocasionado. En consecuencia, se opuso a la concesión del instituto. El tribunal no hizo lugar la probation. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación y, por esa vía, ofreció $2.500. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y reenvió las actuaciones para que se sustanciara una nueva audiencia. Argumentó que la nueva suma ofrecida demostraba la vocación de la imputada por resolver el conflicto y, además, que el fiscal la había considerado razonable. En 2016 el Tribunal Oral realizó una nueva audiencia de probation. La imputada ofreció la suma de $2.500 a descontar de la deuda de la querellante con motivo del juicio laboral. La querellante aceptó la suma y reservó su derecho a accionar por la vía civil. Sin embargo, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, señaló que “degradar al delito en un conflicto de partes era propio de la Edad Media, donde se regía la vida social por cuestiones vinculadas a relaciones entre privados sin existencia del Estado”. A su vez, indicó que, en el caso, “no había un conflicto, sino una hipótesis delictiva, conforme el requerimiento de elevación a juicio”, cuestión que tornaba necesaria la realización del debate oral. El tribunal, nuevamente, rechazó la probation. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-may-2017 | MA y otros | Dos personas fueron revisadas por agentes de seguridad cuando se disponían a viajar al extranjero. En sus bolsillos se hallaron varios fajos de dinero. Las personas informaron que llevaban cuarenta y nueve mil novecientos dólares. El juzgado los sobreseyó por considerar que no habían ocultado el dinero. Sin embargo, dispuso la extracción de testimonios a la Dirección General de Aduanas, con el objeto de que se investigara la posible comisión de una infracción aduanera y puso el dinero a disposición de ese organismo. Contra esa resolución, la fiscalía y la defensa interpusieron recursos de apelación. |
| 10-may-2017 | GSB (Causa Nº 121.070) | LJG y PB, ambos con discapacidad mental y supuestas conductas abandónicas respecto de sus hijas MJ y SB, fueron privados de responsabilidad parental por un juzgado de familia de primera instancia. La guarda integral de las niñas fue otorgada a una de sus hermanas, BB, y a la señora ALM. Contra dicha decisión, la progenitora de las niñas interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó la decisión. En consecuencia, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. |
| 9-may-2017 | T, AN | Una persona sufrió lesiones en su mano derecha mientras trabajaba en un hospital. A raíz de ese accidente presentó una incapacidad del 79% de la T.O. En consecuencia, inició una acción civil contra la institución que la empleaba. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y otorgó la suma total de $960.000 en concepto de indemnización. Llegado el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala X redujo el monto a $435.040. Contra dicha decisión, interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| 9-may-2017 | MRM y otros | En el marco de una investigación iniciada en el año 2013, varias personas habían sido identificadas como miembros de una asociación que se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Entre otras medidas de prueba, se habían ordenado intervenciones telefónicas. Como conclusión de aquellas, se indicó que el líder de la organización había tenido conversaciones sospechosas con su primo, M., que hasta el momento no había sido individualizado como parte de la organización. El juez dispuso la intervención de su línea telefónica, pero no se hallaron conversaciones que guardaran relación con el delito investigado. Sin embargo, el magistrado federal ordenó la realización de allanamientos a varios domicilios, entre los que se encontraba el que M. compartía con su pareja. Como resultado de la medida, se secuestraron una granada explosiva de mano, una escopeta, un kilo y medio de pasta base de cocaína, cinco celulares y doce chips. El Juzgado Federal procesó a M. como partícipe primario del delito de almacenamiento de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, y como autor del delito de tenencia de material explosivo y armas de fuego y por ser miembro de una asociación ilícita, todos en concurso real. Por otra parte, procesó a su pareja como partícipe secundaria del delito de almacenamiento de estupefacientes, también agravado. Para llegar a esa conclusión, el juez consideró que resultaba poco creíble que la mujer desconociera la utilización de su domicilio para el acopio de la droga, especialmente cuando su esposo era pariente del líder de la organización investigada. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 9-may-2017 | FJR | Un afiliado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) tenía programada una cirugía en un sanatorio de la CABA. Sin embargo, la intervención quirúrgica fue suspendida y la afección que sufría el paciente se agravó. En consecuencia, inició una demanda por mala praxis contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, ObSBA, el cirujano y el sanatorio (que, posteriormente, se determinó que era parte integrante de la obra social) y reclamó los daños que le ocasionó la defectuosa atención que recibió. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Respecto al GCBA, se hizo lugar a una excepción de falta de legitimación pasiva. Respecto al médico y al centro asistencial, se decidió que, en el marco de la relación contractual, existía entre las partes sólo una relación de medios, por lo que tampoco se responsabilizó a la obra social. Contra esa decisión, el actor interpuso un recurso de apelación. |
| 5-may-2017 | Q, LA | Una joven de 17 años había simulado su propio secuestro mediante el envío de un mensaje a su novio desde un teléfono móvil prestado que decía “si querés volver a ver a la flaca con vida, dame diez mil pesos”. La familia fue avisada inmediatamente y, una vez efectuada la denuncia, se determinó que se trataba de un engaño. La adolescente manifestó que su finalidad era llamar la atención de sus progenitores, con quienes mantenía una relación conflictiva. Por estos hechos, la adolescente fue procesada por el delito de estafa en grado de tentativa. La defensa interpuso un recurso de apelación. Allí, argumentó la atipicidad de la conducta endilgada. |
| 5-may-2017 | Z, RD | Una persona fue excarcelada en la etapa de instrucción y permaneció en esa situación durante todo el proceso. El Tribunal Oral la condenó a la pena única de ocho años de prisión. Antes de que la sentencia adquiriera firmeza, el tribunal revocó la excarcelación. Para decidir de ese modo, consideró que, en los términos del artículo 333 del CPPN, el dictado de una condena de efectivo cumplimiento constituía una nueva circunstancia que ameritaba su detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 5-may-2017 | G, JR | Una persona que trabajaba en la Policía Federal Argentina había presentado certificados médicos apócrifos a fin de justificar diversas inasistencias. En consecuencia, fue imputada por el delito de estafa en perjuicio de la administración pública. La defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba. En oportunidad de celebrarse la audiencia de probation, la fiscalía dictaminó de manera favorable. |
| 4-may-2017 | SCB | Una persona con discapacidad solicitó a la ANSES la percepción del retiro transitorio por invalidez. La entidad rechazó su petición por no alcanzar la calidad de aportante regular o irregular con derecho conforme lo dispuesto por el art. 95 de la ley 24.241 y el decreto reglamentario Nº 460/99 (treinta años de servicios o dieciocho meses de aporte, dentro de los último treinta y seis anteriores a la fecha de presentación). Por lo tanto, inició una demanda con el objeto de que se le otorgue el beneficio. El juzgado de primera instancia rechazó la acción porque tuvo por acreditado sólo 10 años y 4 meses de servicio y no había realizado los aportes requeridos dentro del plazo estipulado. En consecuencia, la actora interpuso un recurso de apelación. |
| 4-may-2017 | SLA (CNACC) | Dos individuos circulaban a bordo de un vehículo. El conductor impactó el automóvil contra la parte trasera de un colectivo. Su acompañante sufrió –entre otras heridas– cortes en la cara, fracturas de costillas y una contusión pulmonar. Por ese hecho, el conductor fue imputado por el delito de lesiones culposas graves. En la etapa de instrucción, suscribió un acuerdo conciliatorio con la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos (Defensoría General de la Nación). En tal sentido, la víctima manifestó que no tenía interés en que la investigación continuara. El representante del Ministerio Público Fiscal prestó su conformidad con el acuerdo, dictaminó que la acción penal se encontraba extinguida y solicitó el sobreseimiento del imputado. El juzgado rechazó la presentación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 4-may-2017 | Ojeda Villalba (Causa N° 41849) | Una persona fue condenada a la pena de dos años y seis meses de prisión. Entonces, el tribunal oral estableció que la pena vencería el 15 de enero de 2018. La decisión fue impugnada por la defensa, que solicitó que se tuviera en consideración el tiempo que el condenado había permanecido en detención en otros dos procesos. En uno de ellos, estuvo privado de la libertad para el TOCC 28 desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 23 de mayo de 2000; para el TOCC 14, entre el 24 de agosto de 2011 y el 22 de febrero de 2013; ambas detenciones cesaron en virtud de una absolución. A criterio de la defensa, esos tiempos debían tenerse en cuenta, pues era la única forma en que el Estado podía compensar a su representado por las privaciones de la libertad arbitrarias que soportó previamente. |
| 3-may-2017 | Muiña, Luis (Causa Bignone) | Una persona fue procesada por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, calificados como delitos de lesa humanidad. A partir de 2007, además, estuvo detenida preventivamente. Luego, fue condenada a la pena de trece años de prisión. El tribunal oral realizó el cómputo del tiempo de detención de conformidad con la regla conocida como “dos por uno” (art. 7 de la ley 24.390, derogado en el 2001), por aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del CP); la ley 24.390 estuvo vigente en un momento intermedio, entre la comisión de los hechos que fueron materia de la causa penal y el dictado de la sentencia condenatoria. La decisión relativa al modo de computar el tiempo de prisión preventiva fue impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso del fiscal. A tal fin, consideró que la aplicación de la ley penal más benigna tenía como único fundamento la existencia de un cambio en la valoración de la conducta imputada. En ese sentido, señaló que la ley 24.390 no alteró la valoración de los delitos que se le atribuían al condenado. A su vez, consideró que no era aplicable el precedente “Arce” de la CSJN debido a que los delitos comprendidos en la sentencia condenatoria fueron cometidos antes de la sanción de la ley 24.390, mientras que en el precedente referido, el hecho había sido cometido mientras la norma se encontraba vigente. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| 3-may-2017 | C, SF | La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias a fin de proveer a los amparistas de casas de medio camino o residencias, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo (ley Nº 26.378), así como lo previsto por la ley Nº 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental). En ese contexto, la Defensora Pública Curadora de una mujer de 54 años de edad que se encontraba internada en una institución psiquiátrica, en condiciones de ser externada, inició un incidente de ejecución de sentencia con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia de los autos principales y se ordene a las demandadas la creación de un dispositivo comunitario menos restrictivo y la provisión de una vacante para su asistida. |
| 2-may-2017 | CJA (causa Nº 10561) | Un individuo cumplía una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario. Allí finalizó sus estudios primarios y aprobó un curso anual de huerta orgánica, con una carga horaria de 540 horas. Además, realizó cursos de informática, instalaciones sanitarias, soldadura y educación física. Cada uno de esos cursos tenía una carga horaria de entre 120 y 250 horas. La defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo, en los términos del artículo 140 de la ley Nº 24.660. En particular, peticionó que se le concediera a su asistido una reducción de doce meses en el régimen de progresividad de la pena. Además, requirió que, en caso de hacerse lugar al planteo, se diera inicio a los trámites para la incorporación del imputado al régimen de libertad condicional. El Consejo Correccional de la Unidad Penitenciaria se expidió de manera favorable a la reducción. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la escasa carga horaria de las capacitaciones cursadas por el imputado no permitía considerarlas como anuales. Por tal razón, indicó que sólo correspondía una reducción de cinco meses. |
| 28-abr-2017 | Etchecolatz, Miguel O | Una persona había sido condenada por delitos de lesa humanidad. El detenido contaba con 87 años de edad y sufría graves problemas de salud. Entre ellos, “hipertensión arterial, deterioro cognitivo moderado, espanvascular, labilidad emocional y una adenoma de próstata que [requería] cateterización permanente”. Por este motivo, la defensa pidió su arresto domiciliario. Entre sus argumentos, señaló que el Hospital Penitenciario de Ezeiza carecía de la infraestructura necesaria para el tratamiento requerido por el condenado. El juez de primera instancia rechazó la solicitud y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-abr-2017 | MMY | Una mujer de nacionalidad extranjera había ingresado regularmente al país en 2007. Ese mismo año fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. En 2010 obtuvo la libertad condicional. A su vez, tuvo un hijo con su pareja. Si bien había cumplido la totalidad de la pena en 2011, en 2015 la Dirección Nacional de Migraciones le denegó la residencia permanente. La decisión se basó en la naturaleza del delito cometido y la condena oportunamente impuesta. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reconsideración y solicitó la dispensa por razones de reunificación familiar. La DNM rechazó el pedido. La defensa apeló la decisión. |
| 28-abr-2017 | RJR (causa N° 91001074) | Un varón fue condenado a una pena privativa de la libertad y se dispuso su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal I. El hombre tenía siete hijos, de los cuales seis eran menores de edad. Los niños se encontraban al cuidado exclusivo de su madre. Tanto la mujer como algunos de sus hijos tenían problemas de salud. Sin embargo, desde la detención del hombre dejaron de realizar consultas y exámenes médicos debido a la falta de medios económicos. En ese contexto, los hijos mayores perdieron la regularidad escolar y la mujer se vio imposibilitada de trabajar. La defensa solicitó la prisión domiciliaria de su asistido. A tal fin, se aportaron diversos informes médicos y socio ambientales que daban cuenta de la apremiante situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. |
| 28-abr-2017 | RAL | La Asesoría de Familia solicitó la restricción de la capacidad jurídica de un paciente internado en el área de salud mental de un hospital regional. Cinco años después, luego de repetidos informes y con un diagnóstico de esquizofrenia, se dictó sentencia y se restringió su capacidad para realizar actos de administración, disposición y garantía de bienes, aceptación herencias y donaciones, celebrar contratos, incluso de trabajo. Asimismo, se designó un administrador y/o figura de apoyo. La causa se elevó en consulta a la Cámara de Apelaciones. |