Jurisprudencia nacional 3846
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3001 a 3020 de 3846
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 30-nov-2015 | Mondo, Juan Carlos | En el presente caso, el Tribunal Oral había resuelto condenar al imputado a la pena de doce años de prisión por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual. Esta resolución había sido recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, la defensa solicitó que se le concediera a su representado la prisión domiciliaria en razón de su edad y su precario estado de salud. De acuerdo al informe médico del Cuerpo de Peritos y de los consultores técnicos de la Defensoría General de la Nación, sus múltiples dolencias no le permitían seguir detenido en el establecimiento carcelario. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido. |
| 30-nov-2015 | Caballero Flores, Placida | Dos mujeres de nacionalidad boliviana habían sido contactadas por un hombre para trasladar sustancias estupefacientes mediante la modalidad de ‘mulas’ desde Bolivia hacia la provincia de Mendoza. Ambas eran madres solteras, de condiciones socio-económicas bajas, no poseían estudios y habían aceptado la propuesta para atender necesidades familiares. Las dos fueron detenidas en la Argentina. |
| 30-nov-2015 | S, ZE (dictamen PGN) | En el marco de un expediente sobre restricción de la capacidad, se suscitó una contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7 y el Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. |
| 26-nov-2015 | Bareiro, Pablo Daniel | En este caso, el Tribunal Oral había condenado al imputado a la pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con abuso de armas. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 26-nov-2015 | Fernandez (causa Nº 635) | Una persona fue imputada por el delito de defraudación. En la etapa de juicio oral, reparó el daño causado a la víctima, como así también los gastos derivados del proceso civil. Por tal razón, su defensa solicitó que se dispusiera la extinción de la acción penal en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. El Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo por entender que la norma invocada remitía a una regulación procesal que no se encontraba vigente. |
| 26-nov-2015 | Centro de pensionados y retirados de la Policía | El juez había declarado inadmisible el amparo colectivo promovido por el Centro de Retirados y Pensionados de la Policía por el que se requería que se le otorgue a cada miembro beneficiario de su caja de retiro una tarjeta de débito. A tal efecto, se sostuvo que el reclamo en cuestión resultaba idéntico al que se formuló en el caso “Cejas”, por lo que debió ser canalizado por la vía pertinente, sea judicial o administrativa, y agotar las gestiones ante el obligado al pago. La decisión fue impugnada. |
| 26-nov-2015 | Cáceres (reg. N° 713 y causa N° 46271) | Una persona había sido condenada a una pena de prisión de ejecución condicional. Dentro de los cuatro años de dictada esa sentencia, cometió un nuevo hecho. El Tribunal Oral la condenó transcurrido dicho plazo. Sin que la nueva sentencia hubiese adquirido firmeza, el Tribunal Oral dispuso su unificación con la anterior y la revocación de la condicionalidad de la pena. Contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 25-nov-2015 | Unidad 33 | En este caso, el Juez de Ejecución había realizado una visita institucional a la Unidad 33 de Los Hornos en la que se alojaban mujeres madres con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas. |
| 25-nov-2015 | Pedraza, Diego Gustavo | En el presente caso, el juez de ejecución penal había resuelto no hacer lugar al pedido de una persona condenada a una pena privativa de la libertad de ser incorporada al régimen de libertad asistida. Ello, por considerar que se verificaba el “riesgo social” al que alude el artículo 54 de la ley 24.660 porque la persona había sido declarada reincidente y de un informe psicológico surgía que no había logrado empatía con las víctimas ni reconocimiento del daño causado. Frente a esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-nov-2015 | Perazzo, María Luján | La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había resuelto, en razón de un recurso de apelación presentado por la querella, revocar el sobreseimiento de la imputada y dictar su procesamiento. Tanto la defensa como la imputada estuvieron ausentes durante la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN. Ello, en virtud del paro general previsto para ese día que, posteriormente, fue declarado inhábil por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa solicitó la nulidad de la audiencia celebrada y, luego, interpuso recurso de casación contra el procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones, que fue declarado inadmisible. Frente a ello, la defensa presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal que también se declaró inadmisible. Finalmente, ante la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario, la defensa interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
| 24-nov-2015 | Longno, Reich Alvarado | En este caso, el Juzgado había declarado procedente la extradición de Reich Alvarado Longno solicitada por la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Ello, con el fin de someterse a juicio por dos hechos de homicidio que habrían tenido lugar a bordo del buque de bandera de esa Región Administrativa Especial mientras navegaba en aguas internacionales. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación en los términos del art. 33 de la ley 24.767 de Cooperación Penal Internacional. Entre los agravios, el defensor sostuvo que la extradición no había sido solicitada por la autoridad judicial en los términos previstos por el artículo 13, inciso d) de la ley 24.767. |
| 24-nov-2015 | MS, FJ | El juzgado correccional había decidido no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por una persona imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Para ello, el juez consideró vinculante la opinión negativa del fiscal y aplicable la doctrina del fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-nov-2015 | Figueredo Martinez (reg. Nº 695 y causa Nº 23161) | Una persona fue condenada a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional dictaminó un pronóstico de reinserción desfavorable. Entonces, el Juzgado de Ejecución peticionó de oficio la elaboración de un nuevo informe. El Consejo Correccional ratificó el primer informe. En esa oportunidad, no se notificó a las partes del resultado. El Juzgado de Ejecución rechazó la concesión del instituto. Para decidir de esa manera, se basó en la ratificación del informe elaborado por el Consejo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-nov-2015 | Consumidores financieros asociación civil | En este caso, la asociación civil actora solicitó judicialmente que se la exima del depósito previsto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con sustento en el beneficio de justicia gratuita establecido por el artículo 55 de la ley 24.240 (t.o. ley 26.361). |
| 18-nov-2015 | Causa 247-05 | La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas contra una sentencia que confirmó la condena que se les impuso a los imputados. Por este motivo, las defensas solicitaron al tribunal que se mantuviera la situación de libertad de los imputados hasta que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza. Ello, dado que, según adelantaron en sus escritos, recurrirían las condenas por vía de queja ante la CSJN. La querella, a su vez, solicitó que se ordenase la detención de los imputados ante el peligro de fuga que existía a partir de la confirmación de las sentencias de condena. |
| 18-nov-2015 | Fundación Dr. Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes | En el marco de una acción de daños y perjuicios, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia en cuanto había reconocido a la actora la facultad de ampliar la demanda hasta que se notificara al demandado la resolución que confería su traslado. Asimismo, al decidir el pedido de aclaratoria formulado por la demandante, revocó el fallo que había suspendido el plazo para contestar la demanda hasta que se decidiera la cuestión señalada precedentemente, al tiempo que también consideró que la contraria había perdido su derecho a contestar la demanda por haber vencido el plazo pertinente. Con posterioridad, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había tenido por contestada la demanda en término por entender que la cuestión referente a su tempestividad ya había sido decidida con anterioridad y porque a la fecha de la presentación del escrito el término pertinente ya estaba vencido. Contra ambas sentencias la demandada dedujo recurso extraordinario. |
| 17-nov-2015 | Crocco, Mauro Germán | En el presente caso, el Tribunal Oral había rechazado la excarcelación presentada por la defensa del imputado. Ello, por haber entendido que su intento de huida del lugar del hecho y la circunstancia de no haber aportado un domicilio al momento de su detención daban cuenta de cierto riesgo de fuga. Contra esa decisión la defensa interpuso recurso de casación. |
| 17-nov-2015 | HRJ (Causa Nº 63432) | En el marco de un juicio de restricción de la capacidad se dictó una sentencia de conformidad con el Código Civil derogado y se declaró la incapacidad de una persona. En consecuencia, la Curaduría Pública y la Unidad de Letrados para la Revisión de Sentencias que Restrigen el Ejercicio de la Capacidad Jurídica interpusieron recursos de apelación. |
| 13-nov-2015 | Ruiz (reg. N° 654 y causa N° 9112) | En octubre de 2009 un hombre fue condenado a la pena de dieciocho años de prisión por dos hechos cometidos en mayo y junio de 2008 (causa Nº 2915). En mayo de 2012 fue condenado por otro tribunal a la pena de quince años de prisión por un hecho cometido en noviembre de 2007 y a la pena única de treinta y dos años de prisión (causa Nº 9112). Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal modificó la calificación legal asignada a los hechos, dejó sin efecto la sentencia y reenvió las actuaciones a otro tribunal para que fijara una nueva sanción. Entonces, el nuevo tribunal condenó al hombre a la pena de catorce años de prisión y a la pena única de treinta y un años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones planteó que, al momento de determinarse la pena, no se había tenido en cuenta el cambio de calificación de los hechos. Además, sostuvo que si bien el caso se trataba de una unificación de condenas, se había tratado como una unificación de penas. |
| 13-nov-2015 | Falcon Meis (causa n° 45283) | En 2002 se denunció a dos personas por hechos cometidos entre 1997 y 2000. En 2004 fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Luego, se dictó al falta de mérito. En 2010 se dictó el procesamiento de una de ellas por el delito de estafa en concurso ideal con usurpación de tíitulos y honores, en concurso material con el de falsificación de documento público. La otra persona fue imputada por el delito de encubrimiento y uso de documento público falso, en concurso ideal entre sí. La decisión fue impugnada y la defensa planteó una excepción de falta de acción por prescripción. La Cámara de Apelaciones ordenó dar curso al planteo. En septiembre de 2010, la Cámara confirmó los procesamientos y en octubre de ese año el expediente fue elevado a juicio. El Tribunal Oral devolvió la causa al advertir que la fiscalía no había requerido la elevación de la causa a juicio respecto de uno de los imputados. En 2011 se elevó nuevamente el expediente y en 2012 las partes fueron citadas a juicio. En 2013 se proveyó la prueba y se fijó la audiencia de debate, que fue suspendida y postergada hasta el año 2015, cuando se solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En mayo de ese año el Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. |
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