Jurisprudencia nacional 3845
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2701 a 2720 de 3845
Fecha | Título | Resumen |
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1-ago-2016 | VA c. VI | Un joven de 18 años que cursaba una carrera universitaria promovió una acción judicial por el reclamo de alimentos contra su progenitor. El actor solicitó que se fije una cuota alimentaria equivalente al 30% de toda suma de dinero que perciba el demandado y que la cuota se integre con las asignaciones familiares y la obra social. En su contestación el demandado ofreció pagar una cuota alimentaria equivalente al 12% de sus ingresos. El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y fijó una cuota alimentaria equivalente al 18% de los ingresos del demandado más las asignaciones familiares y el pago de la obra social. Asimismo, fijó una cuota en concepto de alimentos atrasados por el periodo correspondiente a la fecha del pedido de audiencia de conciliación hasta el dictado de la sentencia. El demandado apeló lo resuelto. |
1-ago-2016 | SAT c. ANSES UDAI RIO GALLEGOS | Una mujer de nacionalidad dominicana, con nacionalidad argentina por naturalización desde 2013, solicitó a la ANSES acceder a la Asignación Universal por hijo (AUH) en relación a sus tres hijos. En la UDAI Río Gallegos le manifestaron verbalmente que su reclamo no era procedente por cuanto no cumplía el requisito de residencia mínima de tres años en el país. Frente a ello, interpuso una acción de amparo a fin de que se le otorgue la AUH y cuestionó la constitucionalidad del requisito de tres años de residencia mínima previsto por el artículo 5º de la Resolución ANSES 393/2009. La jueza federal subrogante de Río Gallegos rechazó la acción de amparo. Para ello, distinguió el pedido de la amparista del antecedente “Reyes Aguilera" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual también se discutía la condición temporal de residencia para el otorgamiento de un beneficio de la seguridad social (pensión por invalidez). Ello, por considerar que aquel se trató de una situación que involucraba contingencias sociales absolutamente extremas que ponían en juego la subsistencia misma de la persona humana. La magistrada entendió que, en el caso, el requisito de tres años de residencia que se exige para obtener una prestación de carácter no contributivo no resulta irracional, absurdo ni desproporcionado. La parte actora apeló. |
30-jul-2016 | Nuñez, Faustino Elsio | Una persona detenida había sido sometida a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal; su recuperación era lenta y sufría una infección. Por este motivo, la defensa solicitó su excarcelación. Allí, argumentó que la inadecuada e insuficiente atención médica intramuros y la falta de informes sobre su estado de salud agravaban ilegítimamente sus condiciones de detención. Por otra parte, indicó que su situación impedía considerar que su excarcelación conllevara algún tipo de riesgo procesal. |
29-jul-2016 | CNM (Causa N° 15011) | Una mujer vivía con su pareja y su hija de un año y sufría violencia de género del hombre de forma regular. El varón la golpeaba, insultaba de manera constante, amenazaba de muerte y encerraba en el domicilio. Además, le había provocado la pérdida de su primer embarazo por los golpes que le daba. Al día siguiente de navidad, la mujer junto a su hija fue a visitar a su cuñada. Le contó que el día anterior no había podido ir porque su pareja se había alcoholizado y estaba muy agresivo. En ese momento, el hombre se presentó en la vivienda de su hermana y le exigió a los gritos que se fueran de allí. La mujer, con su hija en brazos, salió de la habitación y recibió un golpe de puño en la zona del pecho. Luego le entregó a la niña, pero él le dio otro golpe, la tomó de los cabellos y la arrastró por el suelo de la cocina. Entonces, la mujer tomó un cuchillo e hirió a su pareja a la altura del tórax. Le tapó la herida con un repasador para que no se desangrara, pero el hombre falleció. Por ese hecho fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Durante la instrucción, la cuñada de la mujer declaró que su hermano era muy agresivo y violento y que había presenciado hechos de violencia hacia la acusada. En varias oportunidades le había recomendado que se fuera de la casa, pero ella le tenía miedo porque la amenazaba con matarla o quitarle a la hija. Recordó que la expareja de su hermano se había ido del hogar dejándole a su hija porque también era muy violento con ella. En particular, al relatar el hecho explicó que la imputada en ningún momento discutió o golpeó a su hermano, sino que intentó irse del domicilio para contentarlo. Asimismo, la madre del hombre declaró que cuando ingresó al domicilio observó que la mujer apretaba la herida que tenía su hijo con un repasador y vio que en la mesada había un cuchillo manchado con sangre. Por otra parte, se incorporó el informe médico que corroboraba lesiones en el cuerpo de la imputada. Además, el informe psicológico concluyó que la mujer había tenido “una actitud pacifista y conciliadora durante la convivencia con su pareja, a pesar de los constantes maltratos físicos y psicológicos recibidos”. |
25-jul-2016 | E, P E | En el presente caso, la condenada se encontraba detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Hasta el momento de su detención había sido el sostén económico de sus padres y de su hermano, quienes estaban imposibilitados para realizar tareas laborales por motivos de salud. La defensa solicitó su incorporación al régimen de detención domiciliaria bajo el sistema de vigilancia electrónica con posibilidad de salir a trabajar. |
22-jul-2016 | S N | Una persona había sido condenada a cumplir una pena de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. El Tribunal Oral ordenó su detención una vez que la sentencia obtuvo firmeza. Por este motivo, la defensa solicitó su prisión domiciliaria bajo el supuesto del inc. f del art. 32 ley 24.660. A tal fin, argumentó que el reciente nacimiento su hija hacía desaconsejable que la pena se cumpliera en un establecimiento penitenciario. El fiscal dictaminó a favor de lo peticionado. |
21-jul-2016 | Cabanillas, Eduardo Rodolfo | En el presente caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 había rechazado la prisión domiciliaria de una persona condenada por delitos de lesa humanidad. El condenado, de 74 años, tenía antecedentes de hernia de disco, adenoma de próstata y dificultad motora debido a discopatías. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
15-jul-2016 | O., A. R. | En el presente caso, el Tribunal de Menores había condenado al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el delito de robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación en el que impugnó la aplicación de la pena de prisión en lugar de la eximición prevista en el art. 4º de la ley Nº 22.278. |
15-jul-2016 | Brigada femenina - CFCP | En diciembre de 2013, la Comisión de Cárceles de la DGN llevó a cabo una visita de monitoreo en la Comisaría de la Mujer en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta inspección motivó la interposición de un hábeas corpus correctivo en el que se denunciaron, entre otras cosas, las deficiencias edilicias y la situación de hacinamiento de las detenidas. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción, y dejó constancia de que estaba vigente un proyecto de mejoramiento integral de aquel lugar de detención, que aún no se había cumplido. Un año después de aquél pronunciamiento, la Comisión solicitó una serie de medidas a fin de resolver el agravamiento de las condiciones edilicias del establecimiento. El juzgado de primera instancia rechazó este requerimiento. Para arribar a esta decisión, argumentó que no le correspondía al Poder Judicial de la Nación inmiscuirse en las cuestiones de los centros de detención provinciales. Contra esa resolución, la defensa presentó un recurso de apelación. Al ser rechazado, se interpuso un recurso de queja que, desestimado, dio lugar a la presentación de un recurso de casación. |
15-jul-2016 | RNR (causa N° 52000853) | Dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo fueron interceptadas por personal policial en la vía pública. Una de ellas descendió del rodado y huyó. Del interior del auto se secuestró droga, por lo que el conductor fue detenido. Por tal razón, se le imputó el delito de transporte de estupefacientes. Al momento de prestar declaración indagatoria, el imputado suministró información de la persona que se había fugado y que, según explicó, lo había contratado para la comisión del hecho que se le atribuía. En consecuencia, el juzgado procedió a su detención. Sin embargo, no dispuso ninguna medida para identificar a otras personas. Elevadas las actuaciones a juicio, el Tribunal Oral consideró que el imputado había declarado como arrepentido en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737 y lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, entendió que los datos aportados por el imputado no resultaban suficientes para “desbaratar” una banda dedicada al narcotráfico y que, por tal razón, se le había aplicado el instituto de manera incorrecta. |
14-jul-2016 | De Sosa, Jorge Andres | En este caso, el fiscal había dictaminado favorablemente al pedido de excarcelación formulado por la defensa. Sin embargo, el Juez de Instrucción y, posteriormente, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazaron la solicitud. En consecuencia, la defensa interpuso recurso de casación. |
14-jul-2016 | BTGM | Un hombre solicitó una medida cautelar en representación de sus dos hijos a fin de que se disponga la prohibición de acercamiento de la madre de los niños por encontrarse afectada su salud mental. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo peticionado. Con posterioridad, se dispuso levantar la medida cautelar y restablecer contacto materno-filial a través de un régimen de comunicación provisorio. El actor interpuso recurso de apelación. |
14-jul-2016 | De Nardis y otros (causa N° 59617) | Un hombre ingresó a un local de comidas, molestó a los comensales y discutió con el personal de seguridad. Ante esa situación, se dio aviso a la policía bonaerense. En ese momento, arribaron cinco agentes que detuvieron al hombre, lo amarraron de pies y manos, y lo redujeron en la caja de la camioneta policial. Luego lo trasladaron a la comisaría y después a un hospital, donde falleció producto de noventa y una lesiones en el cuerpo. Por ese hecho, los agentes policiales fueron imputados por el delito de tortura seguido de muerte. En la etapa de juicio oral, se aportaron elementos probatorios que indicaban que la mayor cantidad de heridas se produjeron durante los once minutos que había durado el traslado del hombre de la comisaría al nosocomio. Además, los peritos declararon que el hombre había fallecido por asfixia. Por otra parte, un grupo de testigos declaró que la persona aparentaba encontrarse en situación de calle. El tribunal oral absolvió a los imputados. Para decidir de esa manera, sostuvo que 34 de las 91 lesiones que presentaba la víctima debían excluirse del objeto de imputación porque eran defensivas o dudosas. Contra esa sentencia, la fiscalía y la querella interpusieron recursos de casación. |
13-jul-2016 | Chanfreau, Jorge Alberto y otros | En el presente caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había revocado la resolución de primera instancia y, en consecuencia, ordenó la libertad de los imputados por delitos de lesa humanidad. Contra esa resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación. |
13-jul-2016 | GCBA c. PNL y otros | El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó autorización judicial para trasfundir sangre heteróloga a una adolescente testigo de Jehová, en caso de ser necesario, en ocasión de una intervención quirúrgica programada. Ello, en virtud de la expresa oposición de la joven y de sus padres a que se realice la transfusión. En la audiencia convocada por el Juzgado, la adolescente refirió que, en caso de autorizarse judicialmente la transfusión, no se sometería a la cirugía. En virtud de ello, teniendo en cuenta el grado de madurez de la adolescente, la Defensora Pública de Menores e Incapaces solicitó que se desestime el pedido de autorización. |
13-jul-2016 | MCJ y otra (Causa N° 1298) | “[El tribunal oral] valoró que la testigo […] dijo que fue [la imputada] quien le dijo […] lo que debía hacer y lo que le indicó cuando llegó; que al momento del allanamiento la testigo […] dijo en el debate que la primer persona con quien tienen contacto es con la supuesta señora de [su coimputado] y que todos le decían [por su nombre] y ‘las niñas hablaban con ella’. El [vecino] dijo conocerla de hace cinco años; que trabajó como prostituta en el local propiedad [del coimputado], que ‘estaba concubinada con él y tienen un hijo, que vive en el mismo edificio en donde funcionaba el prostíbulo […]. [S]e comenta ayudaría a su marido en el prostíbulo y que vive en él con el [coimputado]”. |
12-jul-2016 | Q, MR c. S, DE | Una mujer, ante la negativa del padre de su hija de prestar el consentimiento para que viajen a Italia, solicitó una autorización judicial. La parte actora explicó que hace 12 años que trabaja en Cerdeña durante el verano europeo. El juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido. El padre apeló la resolución. |
12-jul-2016 | Callirgós Chávez, José Luis | El Juzgado Federal de Campana declaró procedente la extradición de Callirgós Chávez a la República de Perú para ser sometido a proceso por el delito de fraude contra la administración pública. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación y nulidad de la sentencia que, concedido, fue fundado por el Defensor Oficial ante el tribunal. |
12-jul-2016 | Rodríguez, Horacio Alberto | La parte actora inició una demanda para que se incorpore a su haber de retiro el suplemento de racionamiento familiar (suma mensual de dinero para el accionante y su familia). El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 7 rechazó la pretensión. La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la decisión. La actora interpuso recurso extraordinario federal. |
12-jul-2016 | García, Guillermo Nelson | La parte actora, beneficiaria de una jubilación anticipada que percibía bajo la modalidad de renta vitalicia, interpuso un amparo contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo y MET AFJP, a los fines de que se restituya el régimen de capitalización que fue derogado por la ley 26.425, que instauró el denominado “Sistema Integrado Previsional Argentino”. A su vez, el accionante planteó la inconstitucionalidad de dicha norma. El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 4 rechazó la acción. La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia. |
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