Jurisprudencia nacional 3845
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2661 a 2680 de 3845
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 1-sep-2016 | RA, RT | En el marco de un proceso penal, una persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. La fiscalía dictaminó favorablemente y requirió que se impusiera la obligación de realizar tareas comunitarias por espacio de ocho horas mensuales durante el plazo de un año. El Tribunal Oral concedió la probation. Sin embargo, modificó la cantidad de tiempo de cumplimiento de las tareas a cinco horas semanales. Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 1-sep-2016 | CC, R (CNACAF) | Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada penalmente. Cumplió la pena que se le impuso en Argentina, donde tenía su trabajo y a toda su familia, incluyendo sus dos hijas. En diciembre de 2008 la DNM declaró irregular su presencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su ingreso por el período de ocho años. En ese marco, presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado, por lo que promovió la revisión judicial de esa determinación. La jueza de primera instancia hizo lugar a la impugnación. El Estado apeló la decisión. |
| 1-sep-2016 | RART | Una persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. La fiscalía dictaminó favorablemente y requirió que se le impusiera la obligación de realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias durante el plazo de un año. El Tribunal Oral concedió la probation. Sin embargo, modificó el tiempo de cumplimiento de las tareas a cinco horas semanales. Ante esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 31-ago-2016 | Giampaoletti (causa Nº 12750) | En ambos casos, el juzgado de instrucción había rechazado la posibilidad de aplicar el instituto de la conciliación como forma de extinción de la acción penal. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de apelación. |
| 29-ago-2016 | Farías Roux, Nicolás | En un proceso en el que se le atribuía a una persona la comisión de un robo, se discutió en el juicio oral si se había utilizado un cuchillo para amedrentar y lesionar a la víctima. La fiscal postuló que el robo había sido cometido con un arma mientras que la defensa argumentó que se trataba de un robo simple. Para ello, sostuvo que la declaración del damnificado en el juicio oral se contradecía con la versión que brindó durante la etapa de instrucción y con lo sostenidos por otros tres testigos, que no recordaban haber visto un cuchillo ni que se le hubiese producido una herida. |
| 26-ago-2016 | Uballes (reg. N° 1060 y causa N° 14216) | Un hombre había sido condenado por delitos de lesa humanidad a una pena de prisión. El condenado era padre de una niña de 16 años que padecía parálisis cerebral espástica, retraso mental profundo, cuadriplejia espástica y ceguera, entre otras patologías. Frente a ese contexto, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación y, en oportunidad de celebrarse la audiencia ante la Cámara, advirtió que la madre de la menor se encontraba con un complicado cuadro de salud que le impedía brindar adecuado cuidado a su hija. |
| 26-ago-2016 | NAM c. ANSES y otro | La abuela y tutora de un niño con discapacidad solicitó a la ANSES que se integre la pensión por el fallecimiento de la madre del niño, otorgada bajo la modalidad de renta vitalicia, hasta alcanzar el haber mínimo garantizado por el Estado. El organismo rechazó el pedido. En virtud de ello, la solicitante inició una acción de amparo contra la ANSES y, en segundo lugar, contra el Estado Nacional. Además, requirió que se ordene cautelarmente el pago de la pensión garantizando el haber previsional mínimo previsto en el art. 125 de la ley Nº 24.241. Subsidiariamente, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del citado artículo, como así también del art. 5 de la ley Nº 26.425 y decretos Nº 2104/2008 y 279/2008, en virtud de los cuales se dispuso que la garantía de haber mínimo sólo alcance a los beneficiarios del régimen previsional público y a los del régimen de capitalización que perciban componente público, con exclusión de quienes optaron por el régimen de renta vitalicia. El Juzgado Federal de Villa María consideró que la causa requería mayor debate y prueba. En consecuencia, tramitó la demanda como un juicio ordinario. La parte actora apeló lo decidido. |
| 25-ago-2016 | BND c OSDE | En el marco de una acción de amparo, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la ampliación de una medida cautelar y ordenó a la empresa de medicina prepaga que otorgue a un niño con discapacidad la cobertura integral de jornada simple en una escuela especial. Contra dicha decisión, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 24-ago-2016 | G., J. M. | Una mujer, G., y su pareja fueron imputadas por una infracción a la ley Nº 23.737. La defensa de G. solicitó su sobreseimiento por haberse encontrado en estado de necesidad justificante. Por lo demás, requirió que, hasta el momento en que se resuelva su situación, se separe el trámite procesal de la causa. La defensora fundamentó el estado de necesidad en la violencia física y psíquica que la imputada había sufrido durante años de parte de su pareja. Esta situación se había constatado en el marco de un proceso judicial en el que esta persona fue condenada por lesiones agravadas por mediar violencia de género. Por otra parte, manifestó que la separación del trámite de la causa resultaba necesaria para evitar la revictimización de su representada y para preservar su integridad física. |
| 23-ago-2016 | Casas, Mauricio Agustín del Valle y otro | La Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la ciudad de Córdoba había condenado a prisión perpetua a una mujer por el homicidio de su hijo (art. 80, inc. 1º). La defensa impugnó la decisión. A tal fin, sostuvo que no existía prueba de que su asistida hubiera ocasionado la muerte y que –en consecuencia– sólo podría ser considerada su participación primaria. Por otro lado, argumentó que concurrían circunstancias extraordinarias de atenuación. Ello, dado que su representada se encontraba en una situación particular de vulnerabilidad por haber sido víctima de violencia de género. El Superior Tribunal de Justicia local rechazó el recurso luego de sostener que “…aún aceptando la calificación legal sugerida [...] no se avizora cómo ello redundaría en beneficio para su asistida. Ello así […] siendo que la autoría y la complicidad primaria tienen la misma escala penal”. A su vez, respecto a las circunstancias extraordinarias de atenuación, manifestó que “…la estrategia recursiva podría en todo caso ser eficaz, si a la imputada […] se le hubiera achacado solo una conducta omisiva”. Esta decisión motivó la presentación de recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar al recurso de queja. |
| 23-ago-2016 | GSE | Se inició un proceso sobre determinación de la capacidad jurídica de GSE. Una vez realizados los informes interdisciplinarios y la entrevista personal, la jueza de primera instancia decidió restringir su capacidad jurídica para los actos que se especificaron en la sentencia y designó a ROT como figura de apoyo. En el marco de la revisión de la sentencia prevista por el artículo 633 del CPCCN, la Defensora de Menores e Incapaces ante la Cámara solicitó que se especifique, en función a las restricciones estipuladas, los actos que requieren la representación y asistencia de la figura de apoyo. |
| 23-ago-2016 | A, T A | Un joven, mediante ademanes de tener un arma entre sus ropas, había intentado apoderarse de los celulares de dos personas. Sin embargo, la presencia de miembros del ejército hizo que se retirara del lugar sin sustraerles nada. En razón de ello se lo procesó por el delito de robo en grado de tentativa. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de apelación en el que argumentó que su representado había desistido voluntariamente del delito, por lo que no le correspondía ningún reproche penal. |
| 23-ago-2016 | Q, RJ | Una persona había incumplido con el pago de la cuota alimentaria de su hija menor de edad. Por ese motivo, se le imputó el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar (ley 13.994). Su defensa, con adhesión de la querella y opinión favorable del Ministerio Público Tutelar, presentó un pedido de mediación que fue concedido por la jueza de grado. Contra esa decisión, el fiscal interpuso recurso de apelación. Entre otros argumentos, sostuvo que la mediación fue convocada a pesar de su oposición, circunstancia que implicaría un apartamiento del sistema de enjuiciamiento acusatorio. En el mismo día de la interposición del recurso, se llevó a cabo la audiencia de mediación, que tuvo resultado exitoso. A su vez, el acuerdo fue homologado por la jueza antes de la resolución del recurso de apelación interpuesto por el fiscal. |
| 23-ago-2016 | CGA | Una persona imputada por la comisión de delitos constitutivos de violencia de género solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia el fiscal dictaminó de modo favorable. Sin embargo, el Tribunal Oral denegó la solicitud. A tal efecto, aplicó la doctrina elaborada por la CSJN en el precedente “Góngora”. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 23-ago-2016 | R, B (PGN) | En el presente caso, tanto la defensa como la acusación impugnaron la resolución del Tribunal Oral por la que se había condenado a un joven a la pena de seis años y ocho meses de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio en ocasión de robo. Se cuestionó, por un lado, la aplicación de la sanción a pesar de que sólo se había solicitado la declaración de responsabilidad y, por otro, dado que el imputado había cometido el hecho a los 16 años de edad, se discutió la falta de intervención de un juez de menores. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó los recursos. Frente a esto, la defensa interpuso recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó la interposición de un recurso de queja. |
| 23-ago-2016 | Rodriguez Yarza, Sydney Junior | En lo que aquí interesa, se le imputaba a una persona haber intentado sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado y, al ser descubierto por su dueño, intimidarlo con un destornillador. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de once años de prisión por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Contra la sentencia, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 18-ago-2016 | CEPIS y otros c. EN | El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo (articulo 43 de la CN y ley 16.986) contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM), con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, previsto en el articulo 42 CN, y de que, en forma cautelar, se suspendiese la aplicación del nuevo "cuadro tarifario" previsto por la resolución MINEM 28/2016. El juez de primera instancia rechazó la acción y ordenónó al Estado Nacional que, frente al nuevo esquema tarifario de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, convocase -con amplia difusión en los medios nacionales y en el boletín oficial- a una audiencia pública para todos los usuarios, consumidores y asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación. Todas las partes apelaron. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de aquellas. El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. |
| 18-ago-2016 | OGA (Cám) | Una mujer interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional y Estado Provincial a fin que se le otorgue plena cobertura y se asegure la autorización y provisión regular e ininterrumpida en forma mensual de diversos medicamentos recetados para su tratamiento psiquiátrico. El Juzgado Federal de Villa María hizo lugar a la acción y ordenó al Estado Provincial de Córdoba, como responsable primario, que otorgue plena cobertura y provisión regular e ininterrumpida de los medicamentos. Por otro lado, obligó al Estado Nacional, como garante último de la prestación de salud, a brindar la cobertura en forma subsidiaria. Contra dicha sentencia, el representante del Estado Nacional, interpuso un recurso de apelación. |
| 18-ago-2016 | VIR c. OSPJN | El progenitor de un niño con discapacidad, en su representación, demandó a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación la cobertura de un tratamiento interdisciplinario y el transporte a los centros asistenciales donde pueda recibir esos servicios. El juzgado de primera instancia hizo lugar a las prestaciones solicitadas por el actor hasta los valores máximos establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (resolución Nº 1512/2013 del Ministerio de Salud) más el 50% por zona desfavorable en aquellos casos en los que el valor facturado exceda esos máximos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y condenó a la obra social a abonar la totalidad de la cobertura médica requerida por el niño, incluyendo las prácticas educativas y asistenciales y los gastos de las derivaciones médicas. La parte demandada interpuso recurso extraordinario federal. |
| 18-ago-2016 | ZI y otros c OSDE | Los padres de un niño que padecía autismo solicitaron a una empresa de medicina prepaga las prestaciones de escuela integradora de jornada completa a la que concurrían, apoyo a la integración escolar, tratamiento psicopedagógico, psicomotricidad, consultas neurológicas y terapia psicológica orientación padres. Ante la negativa de la prepaga a cubrir la prestación de escolaridad y el apoyo a la integración escolar, iniciaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar. El tribunal de primera instancia rechazó la petición. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación.18/ |
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