Jurisprudencia nacional 3842
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1861 a 1880 de 3842
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 3-jul-2018 | FC (causa Nº 2253) | En el marco de una acción de hábeas corpus, una defensoría había interpuesto un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre la base del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se la había intimado a que realizara un depósito, bajo apercibimiento de no tenerle por presentado el recurso. La defensa solicitó que se dejara sin efecto esa decisión. |
| 2-jul-2018 | NJM (causa Nº 16005) | Un niño con discapacidad (Síndrome de Tourette) fue tratado por distintos médicos mediante el uso de medicina tradicional. Los síntomas que sentía, sin embargo, empeoraron. Por ese motivo, la madre y los abuelos maternos del niño, realizaron una investigación particular de los efectos del consumo medicinal de Cannabis y mantuvieron contacto con otras familias con problemáticas similares. Entonces, decidieron suministrarle gotas de aceite de Cannabis y observaron mejorías que fueron certificadas por una médica especialista en psiquiatría. En consecuencia, iniciaron, por su propio derecho y en representación del niño JN, una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se le suministren aceites, cremas y material vaporizable de cepas identificables de Cannabis con balances variados de CBD y THC en cantidad suficiente para su rotación permanente. Además, solicitaron, como medida cautelar, la autorización para el cultivo de Cannabis en su domicilio particular para consumo medicinal del niño. |
| 1-jul-2018 | RCAM (CAUSA Nº 24011) | La niña A. fue declarada en situación de adoptabilidad. En ese contexto, sus padres solicitaron que se ampliara su participación en el proceso y, a ese efecto, requirieron que se fijara una audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 609 inc. b) del CCyCN. Dicha norma establece que es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres, si existieran, y con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita. El juzgado de primera instancia consideró que existieron otras instancias de intervención de los progenitores y que el pedido era abundante. Por tal motivo, estimó que correspondía rechazar el pedido. Contra esa decisión, el Defensor Público Tutor interpuso un recurso de apelación. |
| 1-jul-2018 | Mesa (causa N° 57387) | Una persona se fracturó un dedo del pie por un golpe contra los carros mal dispuestos de un mercado. Por este motivo inició, una demanda de daños y perjuicios contra el establecimiento. El juzgado de primera instancia rechazó la acción porque consideró que la actora no acreditó el hecho ni el riesgo o vicio de la cosa con la que sufrió el accidente. Ante esta resolución, el demandante interpuso un recurso de apelación. |
| 29-jun-2018 | ZCF (causa N° 41474) | Una persona libró dos cheques de pago diferido. Luego, efectuó una contraorden de pago y, al ser presentados al cobro, fueron rechazados. Por tal razón, fue imputada por el delito previsto en el artículo 302, inciso 3°, primera hipótesis, del Código Penal. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo con el damnificado. En dicha oportunidad, se pactó el pago de un monto de dinero en carácter de reparación integral. Además, se ofreció la donación de veinte mil pesos a Cáritas. En tal sentido, la defensa solicitó que se declarara la extinción de la acción penal y se declarara el sobreseimiento de su asistido. La representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo. |
| 29-jun-2018 | FL y otros (causa Nº 8644) | El 22 de mayo de 2011 un grupo de personas detenidas provocaron un incendio en el pabellón 8 de la Alcaldía Policial de la ciudad de Resistencia. Como consecuencia de ello, una persona que se encontraba alojada allí, fue internada con lesiones graves por quemaduras y tiempo después murió. Por este motivo, el padre y los hermanos de la víctima, iniciaron una demanda por daño moral contra la provincia de Chaco. |
| 28-jun-2018 | Boza Pozo (causa Nº 868) | Una persona denunció el robo de un celular. Sobre la base de esa denuncia, la policía detuvo a un individuo. Sin embargo, no se encontró que tuviera el objeto sustraído. En la declaración indagatoria, el imputado negó el hecho. Por su parte, la víctima indicó que creía haber visto que el imputado le había dado el celular a otro sujeto que pasaba a su lado. Entonces, el Juzgado procesó al imputado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 28-jun-2018 | TdeBMA (causa Nº 3526) | Una persona había sido imputada por el delito de contrabando de exportación. En la etapa de juicio, solicitó que se le concediera la suspensión del proceso a prueba. En la audiencia, propuso entregar la suma de $15.000, realizar tareas comunitarias y autoinhabilitarse respecto a las sanciones previstas en el artículo 876 del Código Aduanero. El Tribunal Oral hizo lugar a la solicitud y concedió la probation. Contra esa decisión, la Dirección General de Aduanas –en su carácter de parte querellante– interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y revocó la decisión del tribunal por entender que, en virtud del artículo 76 bis del Código Penal, el pago mínimo de la multa constituía una condición necesaria para la concesión de la probation. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 28-jun-2018 | PLM (causa Nº 11069) | Dos personas fueron imputadas por el delito de robo cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. En la etapa de juicio, suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se les impusiera una pena de dos años de prisión. El Tribunal Oral condenó a los imputados a la pena de un año y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, se cuestionó la constitucionalidad de la figura prevista en el artículo 167, inciso 2°, del Código Penal. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró inadmisible la impugnación. Para decidir de esta manera, consideró que el tribunal no se había apartado de lo pactado en el acuerdo y que, por lo tanto, no existía un agravio. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. En esa oportunidad, sostuvo que se había desconocido el derecho de revisión de la condena y de la pena, previsto en los artículos 8, inciso 2º, apartado h, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14, inciso 5º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| 28-jun-2018 | RSE (causa Nº 167034) | Una persona había sido condenada a una pena privativa de la libertad. Durante su detención, realizó un curso. Sin embargo, el juzgado de ejecución no redujo el plazo correspondiente en la progresividad de la pena por aplicación del estímulo educativo. Luego, fue incorporada al régimen de libertad condicional. Ante la comisión de un nuevo delito, el Tribunal Oral revocó la medida, la declaró reincidente y la condenó a una pena única, comprensiva de la anterior. Durante su segunda detención, solicitó la aplicación del estímulo educativo por el curso no valorado. El juzgado de ejecución hizo lugar al planteo y redujo en dos meses el plazo en la progresividad de la pena. Contra esa decisión, la representante de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, consideró que el curso realizado durante la primera detención había formado parte de un proceso de reinserción social distinto y que, ante su declaración de reincidencia, se había constatado la falta del impacto esperado. De esa manera, concluyó que no correspondía valorar el curso realizado. |
| 28-jun-2018 | RWD (causa Nº 51192) | RWD había sido condenado a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento. Durante esa detención, cursó los estudios primarios. Luego, fue condenado por otro delito a la pena de seis meses de prisión. En tal sentido, se le impuso la pena única de dos años y cuatro meses de prisión efectivo cumplimiento. Su defensa presentó el certificado de finalización de los estudios primarios y solicitó la aplicación del estímulo educativo. El Tribunal Oral no se expidió sobre este asunto. Entonces, la defensa requirió que se le concediera a RWD la excarcelación en los términos de libertad asistida. En particular, tuvo en cuenta la reducción en el régimen de progresividad de la pena que le correspondía por aplicación del instituto solicitado. El tribunal rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, sostuvo que RWD había cursado los estudios durante una detención anterior. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-jun-2018 | Velez Cheratto (reg. Nº 555 y causa Nº 19631) | Un joven fue imputado por los delitos de impedimento de la libre circulación de un periódico, hacking y amenazas anónimas, en concurso ideal entre sí. Por tal razón, fue detenido de manera preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución. Para decidir de esa manera, sostuvo que los delitos imputados al joven tenían una pena máxima de seis años. Además, indicó que –dada la naturaleza del hecho y la forma en que se había llevado a cabo– podía presumirse que el imputado entorpecería el proceso y/o eludiría la acción de la justicia. Asimismo, consideró que no se encontraba acreditado el arraigo del imputado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-jun-2018 | GCA (causa Nº 51000313) | Entre los años 2004 y 2005, tres sujetos omitieron el depósito de los importes retenidos a sus empleados en carácter de recursos de seguridad social. Los montos iban de $23.000 a $40.000. Por ese motivo, fueron imputados por el delito de apropiación indebida (cfr. art. 9 de la ley N° 24.769). En 2017, fue sancionada la ley Nº 27.430, que elevó a $100.000 el monto mínimo del aporte retenido a los fines de la configuración del delito. Por tal razón, la defensa solicitó la aplicación de la ley penal más benigna. El Tribunal Oral sobreseyó a los imputados y declaró extinguida la acción penal. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 25-jun-2018 | Moreira Ramos (causa Nº 70927) | La directora, jefa de personal y de recursos humanos de una empresa se comunicó telefónicamente con una empleada, Moreira Ramos, con el fin de solicitarle la realización de unos trabajos. Entonces, la mujer le gritó y cortó la comunicación. Luego, al cruzarla en un pasillo de la empresa y reclamarle nuevamente que hiciera sus tareas, Moreira Ramos le profirió insultos y la tomó fuerte de los brazos, provocándole una excoriación en la muñeca derecha. En ese momento, intervino el presidente de la empresa, quien separó a las mujeres. Por ese hecho, Moreira Ramos fue imputada por el delito de lesiones leves. El juzgado de instrucción ordenó como medida probatoria la remisión de las filmaciones correspondientes al día y lugar en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la empresa no las envió. El juzgado dictó el procesamiento de la imputada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 25-jun-2018 | AER (Causa Nº 21882) | Varios detenidos a disposición de la justicia provincial y federal se encontraban alojados en comisarías de la provincia de Tucumán. Las dependencias policiales presentaban problemas edilicios estructurales, sanitarios y falta de mobiliario. Además, estas personas se encontraban en condiciones de hacinamiento y recibían alimentación escasa y de mala calidad. Por tal razón, la defensoría y la Comisión de Cárceles (Defensoría General de la Nación) interpusieron una acción de habeas corpus. En la presentación se denunció que la situación constituía un agravamiento de las condiciones de detención que ponía en riesgo la integridad física y psíquica de los individuos privados de la libertad. En tal sentido, se solicitó su inmediato traslado a unidades penitenciarias situadas en el territorio provincial. Además, se acercó una propuesta de solución y se requirió que se dispusieran las medidas necesitas para evitar que, en el futuro, no se reiteraran las circunstancias indicadas. El juzgado hizo lugar al habeas corpus y dispuso el inmediato traslado de las personas a otras dependencias penitenciarias. Sin embargo, no se expidió sobre las condiciones de habitabilidad de los establecimientos. Por tal razón, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la resolución. Entonces, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 21-jun-2018 | HJF (Causa 58) | Una persona fue condenada a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara casó parcialmente el fallo y modificó el encuadre legal del hecho por el de homicidio calificado por su comisión con arma de fuego (arts. 41 bis y 79 CP). En consecuencia, le impuso la pena de veinticinco años de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario por considerar que la sentencia era arbitraria por carecer de fundamentación en lo relativo a la determinación de la pena. Frente a su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| 21-jun-2018 | MMM (causa Nº 55133) | Una persona había sido condenada a una pena privativa de la libertad y declarada reincidente. Luego, fue detenida por otro hecho y condenada a la pena de un año y seis meses de prisión. Además, se mantuvo la declaración de la reincidencia. Durante su detención, fue calificada con conducta ejemplar y concepto regular. Asimismo, fue incorporada al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena. Transcurridos ocho meses –y sin que la sentencia hubiera adquirido firmeza–, su defensa solicitó la excarcelación en los términos del artículo 317, inciso 5º, del Código Procesal Penal de la Nación. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la declaración de reincidencia y explicó que, a su entender, el mero cumplimiento del requisito temporal no resultaba suficiente para conceder la excarcelación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-jun-2018 | Mugnos (Causa Nº95001092) | En el año 2002, una persona fue denunciada por adulteración de vinos. La denuncia fue interpuesta por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se constituyó como querellante. Fijada la audiencia de debate para el mes de marzo del 2018, la defensa solicitó que se celebrara un acuerdo de conciliación. La persona ofreció, en concepto de reparación, la suma de diez mil pesos a favor del INV. El Instituto aceptó la propuesta. Por su parte, la fiscalía prestó conformidad con el acuerdo. Por tal razón, la defensa presentó el comprobante de depósito que certificaba el abono del monto pactado y solicitó que se declarase la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. |
| 19-jun-2018 | ACE (Causa Nº52117) | Una persona había sido condenada a la pena de tres años de prisión. Luego, fue imputada por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Allí, se pactó la imposición de una pena de tres años de prisión y la pena única de cuatro años de efectivo cumplimiento. El Tribunal Oral condenó a la persona a la pena de tres años de prisión. A su vez, dispuso la pena única de cuatro años, diez meses y veintinueve días de prisión de efectivo cumplimiento. Para decidir de ese modo, consideró que en el acuerdo se había pactado una pena por debajo del mínimo de la escala penal aplicable de conformidad con el artículo 58 del Código Penal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-jun-2018 | MGD (causa Nº 62182) | Diana Sacayán –reconocida activista travesti– fue agredida físicamente en su casa por dos personas: su pareja, MGD, y otro varón no identificado. Fue atada de pies y manos, amordazada, golpeada y herida de muerte con un cuchillo de cocina. Además, le sustrajeron $2.000 de su domicilio. Luego, los atacantes escaparon del departamento. En consecuencia, MGD fue imputado por el delito de homicidio agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, odio a la identidad de género y alevosía, en concurso real con el delito de robo. Al prestar declaración indagatoria, relató que el día de los hechos había concurrido al domicilio de Diana Sacayán, donde se encontró con otro sujeto que no conocía. En tal sentido, explicó que, luego de una discusión, ese hombre se violentó con Diana y la mató. Además, sostuvo que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y que, por tal razón, no había podido ayudarla. En el proceso se constituyeron como querellantes el hermano de Diana y el INADI. Además, intervino la fiscalía de juicio y la UFEM. Durante la audiencia de juicio oral, MGD se negó a declarar. Posteriormente, solicitó ser escuchado, juró ser inocente y no haber estado presente en el hecho. Por ese motivo, la fiscalía solicitó que se incorporara por lectura su declaración indagatoria. En oportunidad de alegar, tanto las querellas como la fiscalía solicitaron que se le impusiera la pena de prisión perpetua y que el delito de travesticidio. |
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