Jurisprudencia nacional 3841

Los fallos contenidos en esta colección se cargan tomando en consideración la utilidad de cada pronunciamiento para el litigio en el ámbito de las Defensorías Públicas Oficiales. A tal efecto, se evalúa el fuero, la jurisdicción y la instancia en que se emite la decisión y se procura cubrir las necesidades de todos los agentes del Ministerio Pública de la Defensa. Para que sean incluídos los fallos deberán: Constituir una novedad jurídica en razón de su temática (por ejemplo, si aborda temas en los que existe una laguna legal, o modifica prácticas preexistentes); Emanar de una Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Presentar una línea de argumentación exhaustiva y profunda; Estar vinculada con reformas legales o constitucionales en vísperas de ser sancionadas o implementadas.

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FechaTítuloResumen
27-jul-2020Cardozo Subia (Causa n°2524)En marzo de 2019 un hombre cruzó un paso fronterizo con un paquete y fue detenido por personal de la Gendarmería. Los agentes revisaron la lona y encontraron que, de forma oculta, había cinco paquetes con estupefacientes. El hombre explicó que había sido contratado por un tercero, que él no podía controlar lo que llevaba y que pensaba que sólo había ropa. Por ese hecho, fue detenido e imputado por el delito de contrabando de estupefacientes. El hombre era de nacionalidad boliviana, analfabeto y presentaba un retraso madurativo. En el marco del juicio oral, personal del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación explicó que el retraso madurativo que tenía el imputado no le permitía comprender el valor de sus actos. Asimismo, la defensa planteó que el hombre no tenía conocimiento de que había droga en la lona y solicitó su absolución. La fiscalía se expidió en el mismo sentido y sostuvo que el imputado no había actuado con dolo. Además, peticionó que se dispusiera su prohibición de ingreso al país.
24-jul-2020Puga Tamani (causa n°13333)Dos personas fueron detenidas e imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de dos años y nueve meses, suscribieron un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía por una pena de cuatro años de prisión. El acuerdo fue homologado por el Tribunal Oral. Al cumplir con las condiciones previstas en la ley, la defensa solicitó su excarcelación en los términos del artículo 317, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación. Además, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 14, inciso 10 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660 que vedaban la concesión del instituto para las personas imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes. La presentación consideró, entre otras cuestiones, que dichas normas colisionaban con el principio de igualdad. La fiscalía dictaminó de forma negativa al planteo.
24-jul-2020Correa (causa N°  25855)Un hombre se encontraba detenido de manera preventiva. Su hijo de dieciséis años tenía un déficit cognitivo y trastornos en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. Durante el transcurso de la detención, el joven quedó a cargo de sus abuelos. Su abuelo sufría una discapacidad por ACV isquémico y era diabético e insulinodependiente. Su abuela sufría hipertensión, era diabética y tenía polineuritis en las piernas. En ese contexto, la defensa solicitó una morigeración de la prisión preventiva y la concesión de la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable a la solicitud.
23-jul-2020Moreno y Montero (causa N° 30205)Una persona dejó su moto sin batería en la vía pública. Dos meses más tarde, dos personas fueron detenidas mientras la empujaban por la calle y procesadas –una con prisión preventiva– por el delito de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Durante el trámite del expediente la defensa realizó una videoconferencia con la víctima, en la que se acordó que los imputados pidieran disculpas como condición de un acuerdo conciliatorio. La defensa aportó la filmación al expediente, solicitó la homologación del acuerdo y el dictado del sobreseimiento de sus asistidos. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no debía hacerse lugar a la homologación ya que en el acuerdo no se había dado intervención al tribunal ni a la fiscalía. En tal sentido, señaló que la forma en que se había llevado llevó a cabo no había sido la apropiada y que debía declararse la nulidad del acto o subsanarlo a través de una nueva audiencia. El juzgado rechazó el planteo y la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En su intervención ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el Fiscal General tuvo en cuenta el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio y consideró que del registro fílmico no surgía que el defensor hubiese inducido ni presionado de ningún modo a la víctima. A su vez, señaló que había mantenido una conversación telefónica con la víctima en la que había ratificado el contenido del acuerdo. Sobre la base de dichas consideraciones, tuvo por desistido el recurso.
22-jul-2020Barraza (Causa N° 10420)En el marco de la pandemia del virus COVID 19 se dispusieron distintas medidas para cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Entre ellas, se reforzó la digitalización de los expendientes y trámites judiciales. Por ese motivo, dos abogados con discapacidad visual se encontraron impedidos de realizar su trabajo. En particular, sus obstáculos se debían a que el portal del Poder Judicial de la Nación no era accesible para personas con afectación de facultades visuales. En consecuencia, iniciaron una acción de amparo colectivo contra el Poder Judicial. Los actores solicitaron que la página web tuviera un diseño universal accesible para las personas con discapacidad visual que utilizaban lectores de pantalla. Entre sus argumentos, indicaron que a partir de la digitalización del expediente judicial en 2015 y la creación del Portal Digital sufrieron una barrera de acceso que se incrementó con la pandemia. En este sentido, expresaron que se aplicó un trato desigualitario en el ejercicio profesional y que la situación resultaba contrario a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
21-jul-2020Habeas corpus colectivo correctivo (causa N° 30739)Cuarenta y cinco personas se encontraban detenidas en alcaidías de la ciudad de Buenos Aires con diagnóstico positivo de Covid-19. La Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso una acción de habeas corpus con el objeto de que se las trasladara a un lugar donde se pudiera tratar su cuadro de manera adecuada. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, la PPN y la defensoría interpusieron recursos de apelación. Las presentaciones señalaron que las alcaidías eran lugares de tránsito que no garantizaban la salud de las personas privadas de su libertad puesto que no eran aptas para el tratamiento de patologías infectocontagiosas ni contaban con la infraestructura o el personal médico correspondiente. Por otra parte, indicaron que la permanencia de las personas infectadas ponía en riesgo al resto de la población penitenciaria y policial. En ese sentido, sostuvieron que la decisión impugnada afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas privadas de su libertad y solicitaron que se los realojase en un centro adecuado. Durante la audiencia, autoridades penitenciarias manifestaron que si bien existían plazas disponibles en la unidad 21 del SPF, mediaba una orden no escrita superior que disponía que no pudiesen ingresar detenidos con covid-19. Además se hizo saber que el 6 de julio de 2020 se había dispuesto la formación de una mesa de diálogo interdisciplinario con el objeto de confeccionar nuevos protocolos y se había establecido el plazo de sesenta días para el desalojo de personas detenidas en las alcaidías.
21-jul-2020Balcaza (Causa n°1235)Durante la vigencia del DNU que dispuso el aislamiento social, preventivo y solidario, un hombre que se dedicaba a trabajar como mecánico, fue detenido por personal policial mientras circulaba por la vía pública en su motocicleta. El hombre fue imputado por el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal y su vehículo fue secuestrado. Entonces, su defensa solicitó la restitución de la motocicleta. El juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión su defensa interpuso un recurso de apelación y consideró, entre otras cuestiones, que el vehículo no era un objeto de prueba necesario para tener por acreditado el delito imputado.
21-jul-2020Alisiardi (causa n°5381)Durante la vigencia del DNU que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, un hombre que circulaba sin permiso en la vía pública fue detenido por personal de la Gendarmería Nacional e imputado por el delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal. El juzgado federal interviniente se declaró incompetente en razón de la materia y remitió las actuaciones a la jurisdicción provincial. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En su presentación consideró que existía un interés federal respecto de la emergencia sanitaria.
21-jul-2020BAP (causa Nº 11984)Una mujer que residía en Salta cursaba un embarazo múltiple de alto riesgo y tenía lupus. La mujer solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El ingreso había sido regulado como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria. Con posterioridad, a la mujer le fue prescripta una medicación para su embarazo. Entonces, viajó a Buenos Aires para obtener su partida de nacimiento y renovar su DNI, necesario para conseguir el fármaco. Su condición de salud empeoró y fue internada. Ante la falta de respuesta de ANSeS, la defensa interpuso una acción de amparo contra el organismo y solicitó como medida cautelar que ordenase el pago de las sumas correspondientes al IFE hasta el inicio de la acción.
17-jul-2020Coronel (reg. N° 803 y causa N° 16854)En abril de 2017, un hombre fue detenido e imputado por la comisión de un delito. Tres meses después fue excarcelado y se mantuvo en esa condición durante todo el proceso, que culminó con una sentencia condenatoria y su nueva detención en agosto de 2019.  El grupo familiar del hombre se componía por sus dos hijas de cinco y siete años, su pareja y otra hija de ella, de doce años. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la madre de las niñas se vio imposibilitada de salir a trabajar y el único ingreso con el que contaba era la Asignación Universal por Hijo. La defensa del hombre solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera, sostuvo que solo las madres de niños menores de edad podían ser beneficiarias del instituto. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En esa instancia, se dio intervención al Asesor de Menores, quien explicó que la prisión domiciliaria respondía a la necesidad de cohesión familiar y a la valoración plena del interés superior de la niñez.
17-jul-2020Nwabuife Aleozo (reg. N° 866 y causa N°228)Un hombre había sido imputado por el delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas en grado de tentativa. En la etapa de juicio oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. El Tribunal Oral homologó el acuerdo y lo condenó a la pena de cuatro años y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además, dispuso el decomiso del dinero secuestrado en las actuaciones. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que el tribunal no había desarrollado los motivos por los que había decidido disponer el decomiso del dinero. En ese sentido, sostuvo que lo resuelto afectaba el principio acusatorio y excedía la jurisdicción atribuida al tribunal debido a que modificaba los alcances del acuerdo entre las partes con consecuencias desfavorables para la persona y los bienes de su asistido. Así, la defensa argumentó que el decomiso era una sanción y no correspondía imponerla si no se originaba en un reclamo por parte del fiscal. Por esa razón, consideró que la decisión recurrida soslayaba los límites impuestos a los jueces dispuestos por el artículo 431 bis, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación.
16-jul-2020GPL (causa N° 23568)Una persona de nacionalidad india amenazó e insultó a su sobrina reiteradas veces luego de que ella le comunicara su decisión de mudarse con su pareja. Asimismo, amenazó de muerte a la pareja. Por esos hechos, fue imputada por el delito de amenazas coactivas. El juzgado la sobreseyó. Contra esa decisión, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación.
16-jul-2020La Pampa c Mendoza (Causa N° 243)En el marco de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2017 se ordenó a las provincias de La Pampa y Mendoza que fijaran un caudal hídrico en el plazo de 30 días. Vencido el plazo que se había establecido, no se logró una solución. En consecuencia, la Corte extendió el plazo por 120 días para que pudieran consensuar, pero tampoco arribaron a un acuerdo.
15-jul-2020FC (causa Nº 125988)El señor F. era el padre biológico de la niña E. Sin embargo, la niña fue reconocida por el señor P. quien se encontraba en pareja con su madre, C.. Ante esta situación, F. inició una demanda contra la pareja con el objeto de impugnar el reconocimiento y de que fuese emplazado como progenitor de E. En su presentación acompañó una prueba de ADN que demostraba la incompatibilidad genética entre la pareja de la madre y la niña. Además, el estudio daba cuenta de la compatibilidad entre él y E. El juzgado hizo lugar a la acción, declaró que E. era hija de F. y dispuso la anotación en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Buenos Aires. Contra esa decisión, todas las partes interpusieron recursos de apelación.
15-jul-2020MAD (Causa N° 51920)Una persona tenía problemas vasculares y necesitaba realizarse una intervención quirúrgica. Por ese motivo, requirió los servicios de un médico que eligió de su obra social. En una de las consultas, le comentó a su médico que tenía HIV. En consecuencia, el galeno postergó la fecha de su intervención dado que no quería exponer a su personal médico. Por ese motivo, la persona presentó una acción de amparo contra el médico y su obra social por la discriminación que había sufrido al postergarse su operación porque tenía HIV. Por su parte, el médico tratante expresó que se había fijado una fecha en el mes de marzo pero que se postergó dado que la cirujana ayudante estaba de licencia por salud y la instrumentadora estaba embarazada. Además, agregó que el paciente estaba disconforme con la fecha y no asistió más al consultorio. El juzgado que intervino hizo lugar a la demanda y consideró que cuando se alegaba discriminación se invertía la carga de la prueba. La decisión fue apelada por el demandado.
14-jul-2020RMC (causa N° 127098)Un hombre golpeó a su cuñada con una baldosa y le produjo una herida en su cabeza. Por esa razón, fue imputado por el delito de lesiones culposas y se le concedió la suspensión del juicio a prueba. En sede civil se le inició una demanda por daños y perjuicios, donde fue condenado a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización. Contra esa decisión ambas partes interpusieron recursos de apelación. Entre sus agravios, la mujer destacó que debía aplicarse la ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres y que la resolución carecía de perspectiva de género. Destacó que con esa visión la reparación debía contemplar mucho más que el cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática porque se trataba de un intento de homicidio. Por su parte, el demandado sostuvo que la responsabilidad endilgada se había fundado en la errónea aplicación de la doctrina de la prejudicialidad.
14-jul-2020Costa y otros (causa N° 8767)En el mes febrero de 2020 se inició una audiencia de juicio oral con varias personas imputadas, algunas de las cuales se encontraban detenidas bajo el régimen de prisión preventiva. Ante la situación de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social, el juicio fue suspendido. El representante del Ministerio Público Fiscal propuso su reinicio a través de las herramientas electrónicas disponibles o la manera en que el tribunal considerara conveniente para la protección de la salud de todas las personas. Al momento de su intervención, las defensas de los imputados sostuvieron distintos criterios. Por un lado, una de las defensas se expidió en favor de la propuesta la fiscalía. Otra postuló un sistema mixto (presencial y virtual) que tuviera en cuenta la recepción de testimonios en modalidad presencial. Una tercera requirió la elaboración de un protocolo previo y, por último, otra se opuso a la llevar a cabo las audiencias de manera remota.
14-jul-2020Sanchez (Causa n°9743)Un hombre que se encontraba detenido con prisión preventiva en el CPF II de Marcos Paz tenía diabetes e hipertensión arterial. A raíz de la declaración de la emergencia sanitaria, su defensa solicitó la morigeración de la prisión mediante la concesión del arresto domiciliario. El Tribunal Oral dispuso que la Dirección de Sanidad del SPF informase si el imputado formaba parte de un grupo de riesgo. El informe médico del SPF indicó que si bien el imputado tenía diabetes, no podía ser considerado parte de un grupo de riesgo de contagio. Sobre la base de dichos argumentos, el tribunal rechazó el pedido. Además, valoró que no existían casos de COVID-19 en la unidad donde el imputado se alojaba y que el peligro invocado era hipotético. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En esa oportunidad, sostuvo que el tribunal no había analizado de manera adecuada la situación de su asistido.
13-jul-2020Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (causa Nº 10068)El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires solicitó en dos oportunidades al Gobierno de la Ciudad que se exceptuase a sus profesionales de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La administración no contestó el pedido. Entonces, el colegio interpuso una acción de amparo. En su presentación consideró irrazonable la limitación por tiempo indeterminado del acceso de los abogados a sus oficinas y señaló que se hallaba afectado el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de justicia. En ese sentido, solicitó como medida cautelar que se dispusiese la excepción de los abogados del cumplimiento del  aislamiento para que pudiesen desempeñarse en su profesión.
9-jul-2020Gómez (causa Nº 572)Una mujer había sido procesada con prisión preventiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse servido de menores y por la intervención de tres o más personas de manera organizada. La mujer solicitó en forma in pauperis que se le concediera la prisión domiciliaria. En la presentación explicó que su pareja se encontraba detenida y que juntos tenían una hija de seis años. En ese sentido, explicó que la niña se encontraba al cuidado de su abuela materna, quien frente a la emergencia sanitaria no podía hacerse cargo de su nieta pues vivía en una situación de hacinamiento. El Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia elaboró un informe que señalaba que la niña no poseía derechos vulnerados en relación a la alimentación, vivienda, salud y educación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera desfavorable al planteo. Por su parte, la defensa fundó y amplió el pedido de arresto domiciliario de su asistida. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. El Ministerio Público Especializado en Minoridad sostuvo que la nena había dejado de visitar a la imputada debido a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia y refirió la importancia de su crecimiento junto a su madre. En esa dirección, cuestionó el informe elaborado por el Consejo e indicó que la privación de la libertad de sus padres implicaba una grave afectación a los derechos fundamentales de la niña vinculados a su desarrollo integral. Por otra parte, la fiscalía ante la instancia de apelación explicó que debía velarse por el interés superior de la niña y revocarse la decisión apelada. Por otra parte, la defensa se agravió por la imposición de costas frente a la apelación puesto que le causaba a su asistida un gravamen irreparable.