Jurisprudencia nacional 4821
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3281 a 3300 de 4821
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 19-may-2017 | GJ | Una mujer embarazada había concurrido a una clínica privada para realizarse un control. Debido a una complicación en el feto se programó una cirugía de cesárea. Para realizar la intervención era necesaria la presencia de un anestesista. La clínica contaba con una guardia pasiva consistente en la posibilidad de convocar a un anestesista y que intervenga dentro de los 30 minutos siguientes. Una vez que el obstetra dispuso la cirugía, se contactó telefónicamente al anestesista en varias oportunidades. Su demora generó una tardanza en la cesárea y la muerte del bebé. El director de la clínica fue imputado por violar los deberes objetivos de cuidado a su cargo. La representante del Ministerio Público Fiscal lo consideró coautor del delito de homicidio culposo. Entre otros argumentos, señaló que se encontraba en posición de garante en razón de su cargo y cuestionó el sistema de guardia pasiva con el que contaba la clínica. Al final de su alegato, le atribuyó, además, no haber controlado debidamente el sistema organizado por los médicos anestesiólogos para cubrir las guardias pasivas. |
| 19-may-2017 | ISA | Una persona que trabajaba como despachante de aduana gestionó despachos de importación que contenían expresiones en idioma chino y que fueron utilizados en un intento de contrabando. En su declaración indagatoria, el despachante manifestó que no advirtió la falsedad de la documentación. El juzgado dictó su procesamiento por el delito de contrabando, en calidad de partícipe. Para decidir de esa manera, el juez consideró que, dada su profesión, el imputado debió haber reconocido la documentación apócrifa. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 18-may-2017 | ASSJ (causa Nº 18712) | Una mujer de 20 años con discapacidad visual –pérdida total de visión en el ojo derecho y limitaciones visuales en el ojo izquierdo– se presentó ante la Secretaría de Discapacidad de Lanús con el objeto de solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La solicitud fue denegada debido a que la corrección en su ojo izquierdo era de 10/10, por lo que no cumplía con el requisito de poseer agudeza visual en el mejor ojo de 3/10 y no encuadraba dentro de las normativas de discapacidad vigentes. En consecuencia, la joven interpuso una acción de amparo contra la Secretaría de Discapacidad de la Municipalidad de Lanús y el Ministerio de Salud Provincial con el objeto de obtener el CUD. El juzgado de primera instancia desestimó la acción por entender que no existió arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el accionar de las demandadas. Contra dicha resolución, la amparista interpuso un recurso de apelación. |
| 18-may-2017 | LR | Una persona adulta mayor vivía con uno de sus hijos en una situación muy precaria (entre otras cosas, en una vivienda en mal estado, con falta de limpieza y mal alimentada). A raíz de una denuncia que realizó su nieta, intervino el Juzgado de Paz de Mocoretá. |
| 17-may-2017 | Rosso (Causa N° 861) | A raíz de un control vehicular, Gendarmería Nacional secuestró gran cantidad de dinero extranjero a una persona y se inició una investigación por una presunta infracción al régimen cambiario o a la ley tributaria, así como la posible comisión del delito de lavado de activos (art. 303 inc. 1 del CP). La fiscalía ordenó una serie de medidas y solicitó al Juzgado Federal de Paso de los Libres el allanamiento del domicilio fiscal del imputado ubicado en la ciudad de Junín. La jueza hizo lugar al pedido, dispuso la prórroga de su jurisdicción en razón del territorio y le ordenó a la AFIP-DGI que lleve a cabo el allanamiento. Comunicó lo resuelto al Juzgado Federal de Junín a través de un oficio. Durante el allanamiento, ante el hallazgo dinero, la AFIP se comunicó telefónicamente con el Juzgado Federal de Junín, que no autorizó su secuestro por falta de cumplimiento de los requisitos legales. La defensa de la persona imputada solicitó la nulidad del allanamiento. El Juzgado Federal de Paso de los Libres rechazó el pedido, y la defensa presentó un recurso de apelación. |
| 16-may-2017 | C, LG c. ANSES | Una persona inicio el tramite jubilatorio ante ANSeS y solicitó el recálculo y actualización de su haber. Ante el rechazo en el ámbito administrativo, judicializó el reclamo. Además solicitó que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes 24.241 y 24.463 –sobre movilidad previsional– y del tercer párrafo del inc. i) del art. 20 y el art. 79 inc. c) de la ley 20.628 –Impuesto a las ganancias–. El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 2 hizo parcialmente lugar a la demanda y ordenó a ANSeS que practique una nueva liquidación y ponga al pago el haber recalculado. Ambas partes interpusieron un recurso de apelación con la sentencia. |
| 16-may-2017 | Manganare (reg. Nº 392 y causa Nº 18319) | Una persona condenada a una pena privativa de la libertad requirió su libertad condicional. Al realizarse los informes del Consejo Correccional, los profesionales emitieron un dictamen favorable. Asimismo, el Servicio Criminológico determinó “un pronóstico de reinserción social dudoso” y concluyó que, ante un egreso anticipado, el juez podía tomar medidas para evaluar su en libertad. Previo a resolver, el Juzgado de Ejecución ordenó de oficio que se realizara una entrevista por teleconferencia entre la persona y los profesionales del Cuerpo Médico Forense. Entonces, emitieron un dictamen negativo que indicaba intensificar el tratamiento penitenciario en la unidad de detención. El Juzgado rechazó el pedido de libertad condicional por considerar el dictamen del Cuerpo Médico Forense y el pronóstico dudoso de reinserción social que surgía del informe. Además, ordenó intensificar el tratamiento penitenciario. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 16-may-2017 | CHJM | Una persona que había sido imputada por el delito de robo solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. A tal fin, argumentó que no se podía descartar un cambio de calificación y un pedido de pena de efectivo cumplimiento durante el debate. A su vez, consideró los antecedentes del imputado. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-may-2017 | SLA | Una persona había sido procesada por los delitos de extorsión en concurso real con entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra. Un día antes de celebrarse el juicio, la defensa presentó un pedido de suspensión del juicio a prueba. Al día siguiente se realizó la audiencia de probation. La querella prestó su consentimiento, pero el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso. Para decidir de ese modo, calificó los delitos enrostrados como “gravísimos per se” y consideró que la eventual pena a imponer no sería de ejecución condicional. En consecuencia, el Tribunal Oral rechazó la solicitud de la defensa. Ese mismo día, las partes consintieron la resolución y renunciaron a los plazos para recurrir. A su vez, presentaron un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó una pena de tres años de prisión en suspenso. El tribunal homologó el acuerdo y condenó al imputado a la pena acordada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-may-2017 | BMA (causa Nº 43229) | Dos mujeres mantuvieron una relación de pareja y convivieron durante siete años. En marzo de 2007, AMFR dio a luz una niña concebida mediante una técnica de fertilización asistida con semen de un donante anónimo. En diciembre de 2007, se unieron civilmente y, en 2008, se separaron. BMA solicitó al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas el reconocimiento de la niña como hija suya. Asimismo, requirió que se la incorporara en la partida de nacimiento como su madre junto con AMFR, quien no estaba de acuerdo con compartir la maternidad. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denegó el pedido. En consecuencia, BMA inició una acción de amparo y solicitó que se dejara sin efecto el acto administrativo, se ordenara la inscripción del reconocimiento y se la incorporara en la partida de nacimiento como co-progenitora de la niña. |
| 12-may-2017 | CMJ (causa Nº 516674) | Dos mujeres solicitaron al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) la cobertura total de los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad con gametos propios y semen heterólogo. El instituto negó la petición con base en que no tenían una enfermedad orgánica ni antecedentes de infertilidad. Además, sostuvo que se trataba del embarazo de una persona de más de 40 años, riesgoso, con bajas posibilidades de éxito. En consecuencia, la pareja interpuso una acción de amparo con el objeto de conseguir la prestación requerida. |
| 11-may-2017 | GC, CM y otro | Una persona había sido condenada a la pena única de ocho años y seis meses de prisión. A su vez, se le impuso la inhabilitación absoluta prevista en el art. 12 del Código Penal. Esta norma establecía como consecuencia accesoria de las condenas superiores a tres años la privación de la patria potestad, de la administración de bienes y sujeta al penado al régimen de curatela. La defensa interpuso recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –por mayoría– confirmó parcialmente la decisión y declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 del CP. En ese sentido, los jueces señalaron que esta disposición representaba un agravamiento irrazonable de las penas privativas de la libertad. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, presentó un recurso de queja. |
| 11-may-2017 | EJA | En un procedimiento de flagrancia, en el marco de la audiencia inicial, el tribunal rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por la defensa con acuerdo de la fiscalía. Contra esta decisión, se interpuso un recurso de apelación. |
| 10-may-2017 | LRVR | En 2010, una persona fue imputada por haberse apropiado de la suma de $2.500 en el ámbito de su trabajo mediante maniobras fraudulentas. En 2012, un juzgado laboral le otorgó la suma de $ 19.807,82 e intereses en concepto de indemnización por despido. Para resolver la causa penal, la imputada solicitó la suspensión del juicio a prueba en 2013. Durante la audiencia indicó que tenía trabajo nuevamente y que cobraba $5.500, por lo que ofreció $300 en concepto de reparación. La querella rechazó la propuesta, pues le resultaba insuficiente frente al daño ocasionado. En consecuencia, se opuso a la concesión del instituto. El tribunal no hizo lugar la probation. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación y, por esa vía, ofreció $2.500. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y reenvió las actuaciones para que se sustanciara una nueva audiencia. Argumentó que la nueva suma ofrecida demostraba la vocación de la imputada por resolver el conflicto y, además, que el fiscal la había considerado razonable. En 2016 el Tribunal Oral realizó una nueva audiencia de probation. La imputada ofreció la suma de $2.500 a descontar de la deuda de la querellante con motivo del juicio laboral. La querellante aceptó la suma y reservó su derecho a accionar por la vía civil. Sin embargo, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, señaló que “degradar al delito en un conflicto de partes era propio de la Edad Media, donde se regía la vida social por cuestiones vinculadas a relaciones entre privados sin existencia del Estado”. A su vez, indicó que, en el caso, “no había un conflicto, sino una hipótesis delictiva, conforme el requerimiento de elevación a juicio”, cuestión que tornaba necesaria la realización del debate oral. El tribunal, nuevamente, rechazó la probation. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-may-2017 | MA y otros | Dos personas fueron revisadas por agentes de seguridad cuando se disponían a viajar al extranjero. En sus bolsillos se hallaron varios fajos de dinero. Las personas informaron que llevaban cuarenta y nueve mil novecientos dólares. El juzgado los sobreseyó por considerar que no habían ocultado el dinero. Sin embargo, dispuso la extracción de testimonios a la Dirección General de Aduanas, con el objeto de que se investigara la posible comisión de una infracción aduanera y puso el dinero a disposición de ese organismo. Contra esa resolución, la fiscalía y la defensa interpusieron recursos de apelación. |
| 10-may-2017 | GSB (Causa Nº 121.070) | LJG y PB, ambos con discapacidad mental y supuestas conductas abandónicas respecto de sus hijas MJ y SB, fueron privados de responsabilidad parental por un juzgado de familia de primera instancia. La guarda integral de las niñas fue otorgada a una de sus hermanas, BB, y a la señora ALM. Contra dicha decisión, la progenitora de las niñas interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó la decisión. En consecuencia, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. |
| 9-may-2017 | T, AN | Una persona sufrió lesiones en su mano derecha mientras trabajaba en un hospital. A raíz de ese accidente presentó una incapacidad del 79% de la T.O. En consecuencia, inició una acción civil contra la institución que la empleaba. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y otorgó la suma total de $960.000 en concepto de indemnización. Llegado el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala X redujo el monto a $435.040. Contra dicha decisión, interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| 9-may-2017 | MRM y otros | En el marco de una investigación iniciada en el año 2013, varias personas habían sido identificadas como miembros de una asociación que se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Entre otras medidas de prueba, se habían ordenado intervenciones telefónicas. Como conclusión de aquellas, se indicó que el líder de la organización había tenido conversaciones sospechosas con su primo, M., que hasta el momento no había sido individualizado como parte de la organización. El juez dispuso la intervención de su línea telefónica, pero no se hallaron conversaciones que guardaran relación con el delito investigado. Sin embargo, el magistrado federal ordenó la realización de allanamientos a varios domicilios, entre los que se encontraba el que M. compartía con su pareja. Como resultado de la medida, se secuestraron una granada explosiva de mano, una escopeta, un kilo y medio de pasta base de cocaína, cinco celulares y doce chips. El Juzgado Federal procesó a M. como partícipe primario del delito de almacenamiento de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, y como autor del delito de tenencia de material explosivo y armas de fuego y por ser miembro de una asociación ilícita, todos en concurso real. Por otra parte, procesó a su pareja como partícipe secundaria del delito de almacenamiento de estupefacientes, también agravado. Para llegar a esa conclusión, el juez consideró que resultaba poco creíble que la mujer desconociera la utilización de su domicilio para el acopio de la droga, especialmente cuando su esposo era pariente del líder de la organización investigada. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 9-may-2017 | FJR | Un afiliado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) tenía programada una cirugía en un sanatorio de la CABA. Sin embargo, la intervención quirúrgica fue suspendida y la afección que sufría el paciente se agravó. En consecuencia, inició una demanda por mala praxis contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, ObSBA, el cirujano y el sanatorio (que, posteriormente, se determinó que era parte integrante de la obra social) y reclamó los daños que le ocasionó la defectuosa atención que recibió. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Respecto al GCBA, se hizo lugar a una excepción de falta de legitimación pasiva. Respecto al médico y al centro asistencial, se decidió que, en el marco de la relación contractual, existía entre las partes sólo una relación de medios, por lo que tampoco se responsabilizó a la obra social. Contra esa decisión, el actor interpuso un recurso de apelación. |
| 5-may-2017 | Q, LA | Una joven de 17 años había simulado su propio secuestro mediante el envío de un mensaje a su novio desde un teléfono móvil prestado que decía “si querés volver a ver a la flaca con vida, dame diez mil pesos”. La familia fue avisada inmediatamente y, una vez efectuada la denuncia, se determinó que se trataba de un engaño. La adolescente manifestó que su finalidad era llamar la atención de sus progenitores, con quienes mantenía una relación conflictiva. Por estos hechos, la adolescente fue procesada por el delito de estafa en grado de tentativa. La defensa interpuso un recurso de apelación. Allí, argumentó la atipicidad de la conducta endilgada. |
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