Jurisprudencia nacional 3846
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 3081 a 3100 de 3846
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 14-oct-2015 | BDRA (causa Nº 2109) | Cuatro hombres se apoderaron del calzado de otra persona. Para eso, aprovecharon que se encontraba en estado de ebriedad y que dormía en la vía pública. A raíz de los gritos de la víctima, un policía observó que uno de los sujetos intentaba sustraerle una de las zapatillas y que tenía la otra en su poder. Ante la intervención del agente, los hombres se dispersaron. Sin embargo, detuvo al individuo que se hizo de las zapatillas. El damnificado no se presentó al debate oral ni se incorporó por lectura el testimonio que prestó en sede policial. Por su parte, el imputado afirmó que el calzado era suyo y que sólo quería recuperarlo. No obstante, el Tribunal Oral lo condenó a la pena de dos años de prisión por considerarlo coautor del delito de robo en poblado y en banda tentado. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración la versión de los hechos brindada por el agente policial. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 14-oct-2015 | MI | El médico de un niño con discapacidad, a los fines de contar con un lenguaje alternativo y favorecer su rehabilitación, solicitó la utilización de una tablet para su tratamiento. Sus padres solicitaron a la obra social la compra del dispositivo. Ante la negativa, iniciaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo solicitado, lo cual fue confirmado por segunda instancia. En consecuencia, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 13-oct-2015 | EJC (S2) | En 2011, el Tribunal Oral le había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por dos años. Sin embargo, en 2012 revocó la probation por incumplimiento de la reparación ofrecida. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En 2013, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y remitió las actuaciones nuevamente al tribunal. A tal fin, argumentó que el control de las reglas impuestas es competencia del juez de ejecución. Luego, en 2014, el Juzgado de Ejecución dispuso la extinción del término de la suspensión. No obstante, en febrero de 2015 el tribunal revocó la probation por la misma razón que motivó la resolución anterior. Tanto el fiscal de ejecución como su par con actuación ante el Tribunal Oral habían dictaminado de modo favorable a la extinción. La defensa interpuso un recurso de casación. La Sala 3 de la CNCCC hizo lugar al recurso y remitió las actuaciones al TOC para una nueva resolución. En junio de 2015 el tribunal revocó una vez más la suspensión del juicio a prueba. Para llegar a esa conclusión sostuvo que el imputado había cometido un delito durante el período de cumplimiento. En efecto, aquél fue condenado en mayo de 2015 por sentencia firme por un hecho cometido en 2012 dentro del período de dos años por el que se había concedido la suspensión. Contra la revocación, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 13-oct-2015 | DdeCES | Una persona que había sido imputada por el delito de defraudación agravada solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a su concesión. A tal fin, consideró que la suma ofrecida en concepto de reparación del daño no era suficiente. Con fundamento en el dictamen fiscal, el Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-oct-2015 | HA | El Juzgado de Instrucción había decidido denegar la excarcelación de una persona a la que se le atribuían diversos hechos delictivos constitutivos de violencia de género. Contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de apelación. |
| 8-oct-2015 | Astarita, Agustín Ernesto | En el presente caso, la Sala I había resuelto denegar el recurso interpuesto por la defensa, confirmar la resolución dictada por el Tribunal Oral que rechazó la excarcelación del asistido, pero le hizo saber que debía fijar fecha de juicio a más tardar el 4 de septiembre del año en curso. En caso de que aquello no fuese posible por causas no atribuibles a peticiones del imputado o la defensa, dispuso que debía ponerlo en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso. |
| 7-oct-2015 | S, D c. D, MN | Un grupo de hermanos menores de edad, representados por la Asesora de Incapaces, interpusieron un recurso extraordinario por el que solicitaron retornar con su padre al que fuera el hogar familiar antes de la separación de sus progenitores y en el que vivía su madre. Al momento de la solicitud habitaban en situación precaria un garaje con su padre y, si bien deseaban residir con él, querían poder hacerlo en la vivienda en la que transcurrió su infancia. |
| 7-oct-2015 | JL | En este caso, se dictó una resolución de revisión de una sentencia que había restringido la capacidad de una persona en 1998, mantuvo los alcances de la sentencia original y rechazó el requerimiento de la Curadora Oficial de designar a la Unidad de Letrados para la Revisión de las Sentencias que restringen la Capacidad Jurídica. La Curadora Oficial y la Defensora de Menores e Incapaces interpusieron un recurso de apelación por considerar que la resolución recurrida era una clara intromisión del Poder Judicial en el ámbito del Ministerio Público y porque el juez de grado debió haber ordenado la intervención de la unidad de letrados. |
| 7-oct-2015 | BMC | En el marco de un expediente seguido entre las partes por una autorización de viaje, se inició un incidente en virtud del pedido efectuado por la progenitora de los niños para que se le otorgue el ejercicio de la patria potestad [responsabilidad parental] en forma exclusiva, y poder efectuar viajes con sus hijos por los próximos dos años sin el permiso paterno. La Defensora de Menores requirió que se aclaren los alcances de la pretensión. Ello, en razón de que el pedido implicaba –a su criterio– la privación de la responsabilidad parental del padre. Sin embargo, el juez de grado impuso a las actuaciones el trámite de los incidentes. La Defensora de Menores e Incapaces apeló la resolución. Al responder el traslado del memorial, la accionante aclaró que su petición debía encuadrarse en la previsión del art. 264 ter del Código Civil (ccte. art. 642 de Código Civil y Comercial de la Nación). |
| 6-oct-2015 | G, NL c. O, DM | Las partes iniciaron una demanda de divorcio de común acuerdo. Allí manifestaron la fecha en que se produjo la separación de hecho y, por lo tanto, solicitaron que se resuelva la disolución de la sociedad conyugal a partir de ese momento. La sentencia de primera instancia decretó el divorcio vincular de los cónyuges y declaró disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la presentación conjunta de la demanda. Uno de los cónyuges apeló esa resolución. |
| 6-oct-2015 | N, CS | En 2009, un tribunal le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. En 2011, la municipalidad de San Miguel informó que el probado no había cumplido las tareas comunitarias que se le asignaron. El tribunal requirió informes al juzgado de ejecución penal en repetidas oportunidades. En 2013, el juzgado respondió que se había extraviado el legajo de supervisión. A su vez, de un certificado de reincidencia surgió que el imputado había sido condenado en 2013 por otro delito, cometido presuntamente en 2010, y que la sentencia se encontraba recurrida ante la CSJN. A la luz de eso, el tribunal revocó la probation. La decisión fue recurrida por la defensa. |
| 3-oct-2015 | Guernica (reg. Nº 616 y causa Nº 19650) | Un hombre fue condenado a la pena única de dos años y diez meses de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El imputado no registraba antecedentes y poseía concepto bueno y conducta ejemplar. El Consejo Correccional informó que, si bien el imputado había cumplido con los objetivos en todas las áreas, “la falta de oficio y hábitos laborales” otorgaban un pronóstico de reinserción desfavorable. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se expidió de manera positiva a la concesión del instituto. El juzgado de ejecución rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-oct-2015 | T, BC | En el marco de un juicio de ejecución de una multa contra la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales -en virtud del incumplimiento en tiempo oportuno de un cambio de sucursal bancaria asignada para el cobro de haberes de una persona con discapacidad- el juez de primera instancia reguló honorarios a favor de la Defensora Pública Curadora interviniente de conformidad con lo previsto de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, ley N° 27.149. |
| 2-oct-2015 | H, M c. G, M A | En este caso, la sentencia de primera instancia ordenó la suspensión de una subasta, decretada en un juicio de cobro ejecutivo de alquileres, respecto del bien inmueble de propiedad de la garante. |
| 2-oct-2015 | M, LM (dictamen PGN) | En este caso, el Juzgado de Familia N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76, se declararon incompetentes para entender en una causa relativa al control de internación de LMM en el marco de la ley 26.657. La magistrada provincial se desprendió de las actuaciones aduciendo que la causante posee su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adicionó, posteriormente, que se retiró del establecimiento donde cursaba la internación, ubicado en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Por su parte, el juez nacional para rechazar su competencia se fundó en el principio de inmediación con base en que la causante se encontraba internada en la provincia de Buenos Aires –este pronunciamiento fue anterior a la externación–. |
| 1-oct-2015 | HC U31 | Se había interpuesto un hábeas corpus con motivo de la agravación de las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal, concebida para mujeres madres o embarazadas. Dicha situación tuvo lugar a partir del dictado de la Resolución Nº 557/14 del Director del SPF, que, con fundamento en la superpoblación registrada en el Complejo Penitenciario II, dispuso el alojamiento de hombres en la Unidad Nº 31 hasta tanto finalicen las obras tendientes a crear un espacio destinado a albergar a los internos detenidos por delitos de lesa humanidad en el CPF I. Por lo demás, como consecuencia de ello, se había dispuesto el traslado de una porción de las mujeres residentes en la Unidad Nº 31 –de mediana seguridad– a la Unidad Nº 4 –que, en los hechos, funciona como una unidad de máxima seguridad–. El juez que intervino en el caso no hizo lugar a la acción y exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que adopte las medidas necesarias para iniciar la ejecución de las obras en cuestión. Asimismo, dispuso la realización de una Inspección en la Unidad N° 31. La decisión fue impugnada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y por la defensa de las mujeres detenidas en esa Unidad. |
| 1-oct-2015 | Sanchez (reg. Nº 508 y causa Nº 20873) | Una persona fue condenada a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió de manera favorable a la concesión. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de modo positivo. El juez rechazó la petición. Para decidir de esa manera, valoró que la persona tenía problemas de adicción y había cursado estudios dentro de la unidad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-sep-2015 | L, E S P c. CEMIC y otro | La actora solicitó por vía de amparo que se ordene a su obra social la cobertura plena de la medicación prescripta por su médica tratante. La parte demandada solicitó el rechazo de la acción en virtud de que la medicación citada ha sido autorizada por la ANMAT para una patología determinada diferente a la que la actora presenta y que una de las cláusulas de su reglamento general de afiliación dispone que no se brindará cobertura a tratamientos no reconocidos por institutos oficiales y científicos. La sentencia de grado hizo lugar al amparo y ordenó la entrega de la droga, sujeto a la prescripción médica y evolución de la paciente. La decisión fue impugnada. La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia. Con posterioridad, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la resolución dictada por la Cámara por haber omitido analizar si la cobertura del medicamento era un mandato obligatorio incorporado al específico plan prestacional de la demandada frente a la demandante. |
| 29-sep-2015 | CDM c. OSDEPYM | Los accionantes iniciaron una acción de amparo para que se ordene a una obra social que cubra los costos del tratamiento de alta complejidad de reproducción humana asistida (técnica ICSI–inyección intracitoplasmática de espermatozoides) como también la criopreservación de embriones. El juez de grado hizo lugar al pedido. Respecto de la extensión de la cobertura, el magistrado sostuvo que el decreto 956/2013 establece que pueden realizarse tres tratamientos de alta complejidad por año (con intervalos no menores a tres meses), sin indicar un límite total por lo que no fijó límite alguno de tratamientos. En relación con la criopreservación de embriones, el juez consideró que del mencionado Decreto se desprende que esta práctica está incluida dentro de las técnicas de alta complejidad. La parte demandada apeló |
| 29-sep-2015 | L, MA y otro | A causa del desistimiento de la petición de adopción y cese de guarda efectuada por un matrimonio, la jueza de primera instancia fijó a favor de los dos niños una cuota alimentaria y la obligación de mantener su afiliación a la obra social hasta tanto se encuentren con sus derechos restablecidos en una nueva situación de guarda. Los ex guardadores interpusieron recurso de apelación y solicitaron que se revoque íntegramente el resolutorio atacado por considerar que no existía una relación jurídica y que, por lo tanto, no se les podía exigir una obligación alimentaria basada en un vínculo de familia. |
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