Jurisprudencia nacional 4522
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2821 a 2840 de 4522
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 4-oct-2017 | T (Causa Nº 887) | Un niño de cuatro años tenía una discapacidad psicosocial. Vivía con su abuela materna –quien a su vez era su guardadora– y con su progenitora. Asimismo, la abuela percibía un programa social y estaba a cargo del hogar, ya que la madre del niño se encontraba desempleada. Tiempo después, el niño fue diagnosticado con un problema cardíaco. Por ese motivo, debió ser sometido a una intervención quirúrgica. En esa ocasión, la abuela y su pareja afrontaron los costos de la operación. Por su parte, el progenitor del niño se desempeñaba como marino y no tenía ningún vínculo con su hijo. A su vez, el hombre había ejercido actos de violencia contra la abuela y la madre del niño. En ese marco, se le había impuesto la prohibición de acercamiento a ambas mujeres. Frente a esa situación, la abuela del niño inició una acción judicial para que se incrementara la cuota alimentaria a favor de su nieto. Debido a que el progenitor demandado no se presentó en el expediente, el juez resolvió aumentarla de manera provisoria. Luego, la empleadora informó el período en el que el accionado había prestado servicios e indicó que había sido desvinculado. |
| 3-oct-2017 | Jofre (reg. Nº 954 y causa Nº 58073) | Un hombre había sido condenado, entre otros delitos, por haber proferido amenazas coactivas contra su pareja. La sentencia no estableció que realizara ningún tipo de tratamiento sobre violencia de género. Al cumplirse el requisito temporal de detención, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional de la unidad se expidió de manera favorable a su otorgamiento. Por su parte, la fiscalía solicitó que se informara si el imputado había realizado alguna terapia vinculada con cuestiones de género. El Servicio Penitenciario informó que no existía pronóstico de reinserción en tal sentido, ya que desconocía la existencia de una condena vinculada a dicha temática. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado rechazó la concesión del instituto. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-oct-2017 | Aloe (causa Nº 67056) | Una empresa correntina que se dedicaba a la fabricación y comercialización de productos medicinales alternativos diseñó una campaña publicitaria que se apoyaba en la venta telefónica. Por este motivo, contrató a una empresa de telefonía para habilitar tres líneas: dos comunes y un 0810. La empresa contratada solicitó que se firmaran una serie de documentos. Pese a que la empresa los suscribió y entregó, la línea de 0810 nunca funcionó. Por este mo-tivo, la campaña de publicidad fue un fracaso. En consecuencia, la empresa contratante inició una demanda por daños y perjuicios en concepto de perdida de chance y daños punitivos. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra esa resolución la parte demandada interpuso un recurso de apelación y expresó, entre sus agravios, que la parte acto-ra no había producido prueba. |
| 3-oct-2017 | KA | Una persona solicitó al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que se lo reconozca como refugiado. El ministerio rechazó la solicitud y dispuso que la Dirección Nacional de Migraciones defina su situación migratoria de acuerdo a la normativa vigente. El solicitante interpuso una demanda con el objeto de impugnar la resolución. Con posterioridad, informó que había obtenido la ciudadanía argentina y que, en virtud de eso, desistía del reclamo. El juez de primera instancia declaró extinguido el proceso e intimó al accionante para que pague la tasa de justicia. Contra esa resolución, el actor interpuso un recurso de apelación. |
| 3-oct-2017 | IMEB (Causa Nº 7009 2017) | En el mes de octubre de 2006, una persona de nacionalidad chilena, IMEB, fue condenada en su país a la pena de 30 días de prisión por los delitos de caza y comercialización de especies protegidas. En el año 2013 viajó a Argentina y obtuvo el certificado de residencia precaria, expedido por la Dirección Nacional de Migraciones. Ese año inició los trámites para la concesión de la residencia temporaria. La DNM rechazó la solicitud, canceló la residencia precaria otorgada y declaró irregular su permanencia en el país. Además, ordenó su expulsión y prohibió su regreso por un plazo de 8 años. Para decidir de esa manera, consideró que el antecedente condenatorio registrado en Chile se hallaba vigente en los términos del artículo 51 del Código Penal. Contra esa disposición, se interpuso un recurso de reconsideración. La impugnación fue rechazada por la DNM, por entender que se encontraban reunidas las condiciones del artículo 29 de la ley 25.871. Esa norma prevé, entre las causales de impedimento de ingreso y regreso de extranjeros al país, haber sido condenado por delitos que en Argentina tuvieran previstos pena privativa de la libertad. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de alzada que también fue rechazado. En el mes de junio del 2017, agotada la vía administrativa, se interpuso un recurso judicial. El Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la disposición impugnada y ordenó que se dictara una nueva disposición. Entre sus argumentos, consideró que la situación de IMEB no se encontraba comprendida en los impedimentos previstos en la Ley de Migraciones. Contra esa decisión, el representante legal de la DNM interpuso un recurso de apelación. |
| 3-oct-2017 | DDG (causa Nº 64326) | Una persona fue imputada por la comisión de cuatro hechos delictivos. El primero de ellos consistió en el robo de dinero a un colectivero y del celular a un pasajero. En segundo lugar, se le imputó el robo de una billetera y un teléfono celular al conductor de un vehículo particular. En el marco del tercer hecho, cometido a pocas horas de los anteriores, el imputado habría intentado realizar un nuevo robo pero se descompensó frente a la víctima. Finalmente, en el cuarto hecho, se le atribuyó haber subido a un taxi, presionado el cuello al conductor desde el asiento trasero y exigirle la entrega de su dinero y celular. Una vez logrado el desapoderamiento, descendió del vehículo e intentó huir. Al momento de ser detenido por ese delito, se encontró un destornillador entre sus pertenencias. De los exámenes médicos y sociales practicados, se concluyó que el imputado se encontraba en una situación económica muy precaria y presentaba, desde temprana edad, adicción a sustancias estupefacientes. Los testigos que presenciaron su detención por los tres primeros hechos, declararon que “balbuceaba” y se hallaba “fuera de eje”, “muy excitado” y “con las pupilas dilatadas”. En relación con el cuarto hecho, el conductor del taxi señaló que lo había tomado del cuello con algo “duro” envuelto en un pañuelo. Sin embargo, no dio mayores precisiones sobre el objeto. Durante el debate oral, la defensa sostuvo, en lo que respecta a los primeros tres hechos, que su asistido no había podido comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones. En esa línea, solicitó su absolución en los términos del artículo 34 del Código Penal y, de manera subsidiaria, por aplicación del principio in dubio pro reo. Con respecto a la cuarta imputación, entendió que no se había acreditado el uso del destornillador. La fiscalía consideró que el imputado era responsable por el delito de robo con arma cometido en tres oportunidades y solicitó la imposición de una pena de cinco años de prisión. Respecto del tercer hecho, postuló su absolución. |
| 3-oct-2017 | CS Y MA | Dos personas iniciaron una acción de amparo en representación de su hijo. Dicho reclamo tenía por objeto que su obra social le cubriera una serie de prestaciones indicadas por un médico en razón de la artrofia muscular espinal del niño. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y ordenó a la demandada la entrega de Nutrilon, una silla de ruedas motorizada y hacerse cargo de todo gasto que fuera necesario erogar en relación con esa afección. Con posterioridad, por prescripción médica, los padres solicitaron la cobertura del medicamento Nusinersen (Spinraza). Ante la negativa, denunciaron el incumplimiento de la sentencia y requirieron que se intime a la obra social a entregar el medicamento. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición. Contra dicha resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 2-oct-2017 | MRI (causa Nº 56598) | Una persona imputada en un proceso penal se presentó ante el juzgado y ratificó su domicilio. En esa oportunidad, explicó que en la misma dirección había múltiples viviendas. Además, indicó que no había timbre ni encargado y que no tenía relación con sus vecinos. Por último, hizo saber que durante gran parte del día, no se encontraba en su casa. Posteriormente, fue citada a comparecer ante el juzgado. Las notificaciones cursadas en su domicilio tuvieron resultado negativo. Por ese motivo, fue declarada en rebeldía y se ordenó su captura. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de apelación. En particular, consideró que no se había cumplido con los requisitos del artículo 149 del Código Procesal Penal de la Nación. Además, sostuvo que ante los resultados negativos de las citaciones, se debían haber considerado medidas menos lesivas que la detención del imputado. Finalmente, consideró que no habían tenido en cuenta las particularidades del domicilio declaradas por su asistido ante el juzgado. |
| 2-oct-2017 | VGA (causa Nº 45991 2009) | Un hombre conducía su vehículo por una avenida acompañado por dos personas. Entonces, un peatón cruzó corriendo por fuera de la senda peatonal y sin respetar las señales del semáforo. Esta persona fue arrollada y, como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el golpe, falleció. Por ese hecho, el conductor fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido mediante la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. Los informes periciales indicaban que no era posible determinar la velocidad exacta del automóvil al momento de la colisión. Sin embargo, estimaron que habría oscilado entre los 55 y 60 km/h. Los acompañantes del imputado, al prestar declaración testimonial, manifestaron que el rodado circulaba con los semáforos en verde, y a una velocidad que no superaba la reglamentaria. En el juicio oral, la defensa planteó que la conducta del peatón no había sido previsible para un conductor medio y postuló la aplicación del principio de confianza. Por su parte, la fiscalía reconoció que los elementos de prueba resultaban insuficientes para demostrar el exceso de velocidad. No obstante, solicitó que se condenara al imputado por entender que había conducido distraído. El Tribunal Oral condenó a VGA a la pena de pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cinco años. Para decidir de esa manera, concluyó que el conductor había violado el deber de cuidado en la conducción de su vehículo, incrementado el riesgo permitido y, como consecuencia de eso, provocado el fallecimiento de la víctima. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-oct-2017 | MMDV (Causa N° 603017) | Una mujer cursaba el cuarto mes de embarazo y se encontraba con presión alta y hemorragias. En consecuencia, decidió concurrir al hospital. Así pues, fue atendida por un médico en la guardia. Asimismo, la mujer relató haber sufrido maltrato verbal y prácticas agresivas sin su consentimiento. Ante esta situación, solicitó el traslado a otro centro médico, pero no recibió respuesta. En consecuencia, se dirigió por sus propios medios a un nuevo hospital en el que le indujeron el parto. El bebé nació con vida, pero falleció horas después. Por este motivo, la mujer denunció al Hospital P.F. y al médico ginecólogo tratante por la violencia obstétrica que sufrió. Entonces, intervino el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1° Nominación de Salta. |
| 2-oct-2017 | Vincent (Causa N° 45991) | Una persona conducía su automóvil por una avenida con la luz del semáforo que la habilitaba a circular. En un momento, un hombre cruzó corriendo la avenida fuera de la senda peatonal. La conductora del vehículo intentó esquivarlo y frenar. Sin embargo, embistió al peatón quien sufrió varias lesiones y luego murió. Por ese hecho, fue condenada a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cinco años por el delito de homicidio culposo agravado por haber sido cometido mediante la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. Contra esa decisión, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. |
| 29-sep-2017 | BAS (Causa N° 77397) | En el marco de un evento musical, un drone impactó en el rostro de una persona. El choque le causó lesiones en la nariz y en el párpado derecho. El juzgado de instrucción consideró que el hombre que conducía el drone violó el deber de cuidado y lo procesó por el delito de lesiones leves culposas. El imputado poseía un antecedente penal por un delito cometido de manera dolosa. En la etapa de juicio, las partes suscribieron un acuerdo de conciliación en el que se pactó el pago de una suma de dinero en carácter de reparación. La representante del Ministerio Público Fiscal entendió que el acuerdo y su homologación resultaban procedentes, en tanto el procedimiento se adecuaba a lo establecido en el artículo 59 inc. 6 del CP. |
| 29-sep-2017 | GJO y otros (causas Nº 4677 y 4944) | El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 juzgaba a G, P, S y R por dos hechos delictivos distintos. La causas se habían acumulado en razón del vínculo que habrían tenido los imputados G y R. En uno de los hechos, P, S y R llevaron a cabo un robo a un inversionista inmobiliario. Al ser indagado, P confesó conocer al damnificado y llevar adelante el robo. Sin embargo, las tres personas fueron procesadas. Por otra parte, se conoció que R contaba con tres celulares que G le había prestado. A su vez, a partir de la reconstrucción de los hechos y el cruce de llamadas llevado a cabo por la policía, se sospechó de una línea de la que era titular R, cuya facturación llegaba al domicilio de G. En el otro hecho, se había llevado a cabo un secuestro extorsivo en el marco de la venta de un automóvil. G fue imputado. En la etapa de instrucción se realizó una rueda de reconocimiento que arrojó un resultado negativo. Asimismo, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional cotejó las llamadas realizadas durante el secuestro y dictaminó que una de las voces analizadas se correspondía con del imputado. Esta pericia fue el principal sustento de la acusación. Durante el juicio oral, los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella requirieron la absolución de S y R y acusaron a P por el robo. Por el segundo hecho, G fue acusado por el delito de secuestro extorsivo. |
| 27-sep-2017 | Leiva Vera (reg. Nº 917 y causa Nº 25989) | Una persona que se encontraba condenada y detenida cumplió el requisito temporal exigido para ser incorporada al régimen de libertad condicional. Su defensa solicitó se le concediera la libertad condicional. Entonces, el Consejo Correccional indicó que la persona cumplió con casi la totalidad de los objetivos que se le plantearon en su programa de tratamiento individual. En el informe del área médica, la responsable afirmó que la persona carecía de retrospección, arrepentimiento y aceptación de responsabilidad en torno al delito cometido. Por esto, expresó que no tenía la certeza de que correspondiera que se concediera la incorporación al régimen. Asimismo, indicó que, de hacerlo, se debía evaluar la posibilidad de que iniciara un tratamiento psicoterapéutico extramuros. El Fiscal se expidió en sentido favorable al pedido. El Juzgado de Ejecución rechazó la libertad condicional por considerar que lo asentado en el informe del área médica debía ser tomado en cuenta de forma especial a la hora de evaluar el pedido de la defensa. Ello, porque a la persona se le reprochaba la comisión de un delito “grave e irreversible”. Finalmente, consideró que la falta de evaluación por parte del fiscal de las circunstancias señaladas en el informe del área médica habilitaban la decisión de apartarse de su dictamen. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-sep-2017 | Silvero (reg. N° 936 y causa Nº 24093) | La madre de una joven de quince años denunció que su hija había sido abusada sexualmente por un conocido de la familia. Al declarar en sede judicial, la joven explicó que su hermana y el imputado la habían retirado en un auto a la salida de la escuela. Luego, su hermana se bajó del auto y, cuando quedaron ellos solos, el imputado abusó de ella. Por tal razón, el hombre fue imputado por el delito de abuso sexual cometido contra una persona menor de edad. Al momento de prestar declaración indagatoria, el individuo rechazó la acusación y sostuvo que en la fecha del hecho su vehículo estaba en un taller mecánico. En el debate de juicio oral, la joven modificó el relato de los hechos y explicó que su hermana no había estado en el automóvil. Además, manifestó que lo había dicho para “ocultar su imprudencia” de subir a un vehículo sola. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de diez meses. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró que el tribunal había realizado una arbitraria valoración de los hechos y que el único elemento de convicción analizado había sido la declaración de la denunciante que presentaba inconsistencias, contradicciones y falta de precisión. |
| 27-sep-2017 | BMD CNCCC | Una persona se encontraba imputada por el delito de robo con armas en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de uso civil. En el marco de ese proceso, el representante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de la Defensoría General de la Nación solicitó su constitución como parte querellante. En su petición, sostuvo que durante el hecho por el que se lo acusaba, había sido víctima del delito de tentativa de homicidio. El tribunal rechazó la solicitud por considerar que su carácter de imputado imposibilitaba su constitución como querellante. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. |
| 27-sep-2017 | CEM (causa Nº 32214) | La Sra. C y el Sr. G compraron en 1971 un inmueble en partes iguales. Desde entonces, convivieron en concubinato. El Sr. G falleció el 29/6/2001. No contaba con herederos ni acreedores, por lo que la herencia se reputo vacante. Con posterioridad, el 27/11/2008 la Sra. C dedujo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio correspondiente al 50 % del inmueble perteneciente al Sr. G. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda por considerar que no se demostró la posesión en el tiempo. Además, sostuvo que, al tratarse de una pretensión vinculada con un condominio, debía probarse la realización efectiva de actos capaces de operar la exclusión de la posesión de la que gozaba el otro comunero. Asimismo, señaló que la Sra. C. no acreditó la posesión pacifica e ininterrumpida del cincuenta por ciento (50%) del inmueble inscripto a nombre del Sr. G por un período de veinte años. En consecuencia, la actora interpuso un recurso de apelación. |
| 27-sep-2017 | Comunidad Raquithue (causa N° 20010) | Durante una noche, personal de Gendarmería Nacional ingresó a un territorio de la comunidad mapuche de Zapala. Las fuerzas de seguridad se presentaron sin orden judicial y sin el consentimiento de los miembros de la comunidad. En ese contexto, indicaron que buscaban a Santiago Maldonado. Por ese hecho, la población de la zona se sintió amedrentada y amenazada. Ante esa circunstancia, los representantes del colectivo mapuche interpusieron un habeas corpus preventivo y solicitaron que se garantizara la libertad y la integridad física de sus miembros. |
| 26-sep-2017 | Polastri (reg. Nº 919 y causa Nº 16087) | Una persona con problemas de salud mental había sido detenida. Durante su detención, se dispuso su alojamiento en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA). Una vez cumplidos los requisitos para acceder al régimen de libertad condicional, la defensa solicitó su incorporación a ese régimen. En su dictamen, el Programa Interministerial recomendó que continúe el tratamiento extramuros. A su vez, señaló la necesidad de poner a disposición un lugar en el que pudiera vivir. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se había pronunciado en favor de lo requerido. El Juzgado de Ejecución Penal no hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 26-sep-2017 | AOA (causa nº 43176) | Dos hombres intentaron robar un kiosco, bajo la amenaza de incendiar el comercio y quitarle la vida a su dueña. En esa oportunidad, ambos fueron detenidos. Uno de ellos se encontraba ebrio. La evaluación psicológica que se le practicó concluyó que poseía rasgos de labilidad e inmadurez emocional. Por otra parte, el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense consideró que sufría un cuadro clínico compatible con un “trastorno psicorgánico postraumático”. Los exámenes concluyeron, entre otras cosas, que su nivel de intoxicación alcohólica al momento del hecho había facilitado la realización de “conductas impulsivas y poco mediatizadas”. En consecuencia, se sostuvo que dicha circunstancia afectó de manera relevante su capacidad para comprender y dirigir sus acciones. La defensa solicitó su sobreseimiento. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable |