Jurisprudencia nacional 4619
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 4241 a 4260 de 4619
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-feb-2015 | C, CC y otros c. S, FE | En este caso, el juez de primera instancia hizo lugar al pedido de la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces y ordenó dos operatorias al Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en su carácter de depositario judicial de los fondos pertenecientes a dos adolescentes: un lado, la adquisición de dólares estadounidenses con el dinero depositado y, por el otro, la inversión de esa moneda extranjera en una cuenta a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días. El Banco recurrió y la decisión fue dejada sin efecto. En consecuencia, la Defensora Pública de Menores e Incapaces interpuso recursos de revocatoria y apelación. |
| 4-feb-2015 | Laguzzi c. De Petra | La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el accionante contra un vecino que lo había golpeado en diversas partes del cuerpo, ocasionándole lesiones de carácter leve, tras una discusión ocurrida en la entrada del domicilio del damnificado. El demandado reconoció su participación en los hechos dando una versión distinta a la expuesta por el actor. Asimismo, como consecuencia de los hechos descriptos, tramitó una causa penal en la que se le concedió al demandado la suspensión del juicio a prueba. Cumplidas las reglas de conducta impuestas en la causa, el imputado fue sobreseído. |
| 4-feb-2015 | Bifano, Romina c. Obra social de petroleros | En este caso, los actores reclamaron los daños y perjuicios por mala praxis contra una obra social, una compañía aseguradora, la clínica en la que fue atendida y el médico. Ello con base en la negligencia en la que incurrió el galeno que le realizó una cesárea programada en la que la paciente tuvo una hemorragia interna y debió ser intervenida quirúrgicamente de nuevo. Es así que se le realizó una histerectomía y, debido a ello, perdió por completo su capacidad reproductiva. El juez de grado hizo lugar a la demanda. Todas las partes apelaron la resolución. |
| 3-feb-2015 | Iluminati (causa N° 5757) | A través de una denuncia anónima, se informó que una persona comercializaba estupefacientes. Por esa razón, se ordenó la realización de tareas de investigación. Luego, personal policial remitió un informe mediante el cual sostuvo que a partir de “versiones recogidas en la vía pública” se habían obtenido datos y solicitó la intervención de su línea telefónica. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado hizo lugar al pedido. Los resultados de la medida hicieron que los agentes policiales concluyeran que el tío de la persona sospechada y su hermano se encargaban del acopio de la droga y comendarían la organización. Con dicho fundamento, el juzgado ordenó la intervención de sus teléfonos. La defensa planteó la nulidad de las resoluciones que dispusieron la interceptación de los teléfonos y de todos los actos dictados en consecuencia. En particular, consideró que no existía motivo suficiente para dictarlas. Además, señaló que no era correcto sostener la legitimidad de las medidas en virtud de los resultados obtenidos, ya que la verificación de los motivos debía preexistir a la realización de la medida y no valorarse ex post. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 2-feb-2015 | Caragiulo, Marcelo Fabián | La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín revocó la resolución dictada por la jueza de Ejecución Penal por la que hizo cesar una medida de seguridad impuesta de conformidad con el artículo 34 del Código Penal. La defensa recurrió la decisión dado que su asistido fue sobreseído por la comisión del delito lesiones graves y, no obstante ello, desde el año 1988 cumplía una medida de seguridad manicomial |
| 2-feb-2015 | Aragonés (causa N° 64989) | En el marco de un operativo de control vehicular, dos funcionarios policiales habían interceptado a un hombre que conducía una moto. Ante la negativa de entregar el vehículo, los agentes lo trasladaron a la dependencia policial. Luego de que se le efectuara un chequeo médico en el hospital municipal, el hombre fue detenido y alojado en el sector de los calabozos. En ese momento, los policías le dijeron que debía firmar unos papeles para obtener la libertad. El hombre se negó y fue trasladado en diversas oportunidades desde el calabozo hacia la oficina del Oficial de Servicio con el fin de persuadirlo. Sin embargo, continuó negándose a firmar. Tres agentes policiales lo llevaron de nuevo al calabozo y le aplicaron una serie de golpes en distintas partes del cuerpo. Le dieron puñetazos, puntapiés y bastonazos. Además, intentaron suministrarle en su boca un líquido extraño y amargo. Finalmente, perdió la conciencia y fue trasladado al hospital. Por esos hechos, los agentes policiales fueron imputados por el delito de apremios ilegales. En la etapa de juicio oral, se incorporaron diversos informes médicos que descartaron que las lesiones fueran autoinfligidas o compatibles con un episodio de epilepsia o crisis nerviosa. Asimismo, la instructora judicial que durante el debate entrevistó a la víctima en tres oportunidades señaló que no había vacilado en referir que habían sido tres personas las que intervinieron en la golpiza y aportó sus descripciones físicas. El tribunal oral condenó a los imputados a penas de entre cuatro años y cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitaciones especiales de entre ocho y nueve años por el delito de apremios ilegales. Contra esa decisión, las defensas particulares y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación. Entre otras cuestiones, las defensas plantearon que los dichos de la víctima resultaban insuficientes para tener por probada la materialidad y la coautoría. Por su parte, el fiscal se agravió contra la calificación atribuida y explicó que se debía condenar a los imputados a la pena de catorce años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en orden al delito de torturas. |
| 2-feb-2015 | Moar (Causa N° 3138) | Un hombre que era agente de la policía federal tenía una relación extramatrimonial con una mujer. En enero de 2006 en oportunidad en la que se encontraban en el departamento que la mujer alquilaba, el hombre efectuó cuatro disparos por la espalda con su arma de fuego reglamentaria ocasionándole la muerte. Por este motivo, el padre y la madre de la víctima iniciaron una acción de daños y perjuicios contra el hombre y contra el Estado Nacional por el hecho de su dependiente. |
| 19-ene-2015 | Cornejo Cárdenas, Joe Luis | La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Ejecución Penal que no había hecho lugar a la libertad condicional solicitada por la defensa pública en favor de un interno que contaba, a tal efecto, con dictamen favorable de la representante del Ministerio Público Fiscal e informes positivos de las distintas Divisiones del Consejo Correccional. |
| 19-ene-2015 | Choque Pinaya, Claudio | La decisión de la Sala de feria de la CFCP tuvo lugar a partir de la presentación del recurso de casación y solicitud de habilitación de feria judicial presentado por la defensa de Choque Pinaya ante el rechazo, por parte del Tribunal Oral, de su solicitud de expulsión. |
| 13-ene-2015 | R, DS | Una persona imputada por las lesiones culposas ocasionadas en el marco de un accidente de tránsito requirió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. Para eso, consideró que la probation en estos casos requería de un ofrecimiento de autoinhabilitación por parte del imputado. Sin embargo, el juzgado hizo lugar a la petición de la defensa. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
| 9-ene-2015 | Lorenzatti, Carlos Alberto | La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó resolución que rechazó el pedido de prisión domiciliaria de una persona imputada por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 9-ene-2015 | R.A.R. c. OSDE | En el marco de una acción de amparo, una mujer solicitó al juez de instancia el dictado de una medida cautelar consistente en el 100% de la cobertura de un instrumento de medición ligado al control de su diabetes, que sólo era cubierto por su empresa de medicina prepaga en un 70%. La solicitud le fue negada por entender que no se hallaba acreditada la necesidad inmediata de la prestación y que la medida solicitada coincidía con el objeto de la acción principal que, por tratarse de una acción de amparo, se decidiría en breve. La decisión fue apelada por la parte actora. La sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la decisión y concedió la medida cautelar. |
| 30-dic-2014 | Kuray, David Lionel | En el marco de un planteo de nulidad de un acuerdo conciliatorio extrajudicial y de la resolución homologatoria dictada por el juzgado de origen en un reclamo de indemnización por accidente de trabajo, el actor interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones –por mayoría– declaró inadmisible el recurso por no haberse efectuado el depósito judicial previo (artículo 286 del Código procesal civil y comercial local). Contra dicha resolución, el actor presentó un recurso extraordinario federal. |
| 30-dic-2014 | M, LM. c. A, NS | El Ministerio Público Fiscal cuestiona al juez de instancia por disponer, en aplicación del artículo 3576 bis del Código Civil que un hombre accediera al derecho – como yerno viudo sin hijos – a la cuarta parte de los bienes que le hubiesen correspondido a su esposa en la sucesión de su suegra. |
| 30-dic-2014 | Gómez, claudia Patricia c. Saden SA. y otro | En el marco de un reclamo por el pago de créditos laborales adeudados a la parte actora, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo de primera instancia. La cámara resolvió que, en virtud de lo previsto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la obra social (OSSEG) era solidariamente responsable del pago de los créditos laborales adeudados a la actora por su ex empleadora (SADEN S.A.), empresa que la obra social había contratado para que prestara servicios de atención odontológica a sus afiliados. Contra tal decisión, la obra social dedujo recurso extraordinario, y tras ser denegado, interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
| 30-dic-2014 | Recurso de Queja Nº 1 | Las partes suscribieron un acuerdo de juicio abreviado en virtud del cual el Tribunal Oral condenó a la persona sometida a proceso a la pena de tres años y seis meses de prisión. Por lo demás, el tribunal avanzó respecto de un aspecto que no se encontraba contemplado en el acuerdo: revocó la libertad condicional que se le había concedido al imputado. Contra esa resolución interpuso recurso de casación la defensa. En dicha impugnación se cuestionó que el tribunal revocara la libertad condicional, por no haber mediado pedido expreso de la parte requirente ni control ni asistencia de la defensa. El tribunal oral declaró inadmisible la vía casatoria, lo que motivó la presentación directa ante la Cámara Federal de Casación Penal. |
| 30-dic-2014 | Arrillaga, Alfredo Manuel (PGN) | La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había declarado extinguida la acción penal y sobreseyó a una persona acusada de haber cometido el delito de homicidio agravado en los hechos ocurridos en el cuartel militar ubicado en “La Tablada”. Contra esa decisión interpuso recurso de casación la querella, que requirió que se proceda de conformidad con lo recomendado por la CIDH en el informe 55/97. La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación. En razón de ello, la querella un interpuso recurso extraordinario federal. |
| 23-dic-2014 | V, AB c. Swiss Medical SA | En el marco de un amparo de salud, el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la actora y, en consecuencia, ordenó a Swiss Medical S.A. que brinde la cobertura integral del tratamiento para la enfermedad -anorexia nerviosa de tipo restrictivo- que padece la niña afiliada. En la resolución, el juez de grado dispuso que el tratamiento se realizara en una institución adecuada a la patología de la niña, previa prescripción médica y hasta tanto se dicte sentencia definitiva. La actora interpuso recurso de apelación. Fundó su agravio en que la medida ordenada no fue requerida en los términos del escrito de inicio ya que había solicitado que la prestación se realizara en una institución específica. Agregó que si bien no se trataba de un prestador de la demandada, se trataba de lugar especializado en trastornos alimentarios y que había sido aconsejado por el pediatra de la niña. |
| 22-dic-2014 | Caballero López, Pablina (PGN) | El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declaró procedente la extradición de Pablina Caballero de López al Reino de España para ser sometida a proceso. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación en el que se solicitó que se declare inválida la resolución, pues se dictó sin que fueran escuchadas las hijas menores de la imputada. |
| 19-dic-2014 | Ochoa, Miguel Angel | En razón del acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes, el tribunal oral –por mayoría– condenó al imputado a la pena de diez meses de prisión y a la pena única de cinco años y seis meses de prisión y lo declaró reincidente. Sin perjuicio del criterio de la mayoría, el juez Adrián Martín consideró que correspondía imponer una pena inferior y postuló la inconstitucionalidad de la pena accesoria de inhabilitación absoluta y las limitaciones impuestas al derecho al voto en razón de la privación de la libertad. |
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