Amador

Abstract

Un hombre fue acusado por el delito de homicidio agravado cometido contra una mujer. En la etapa de instrucción, los padres de la víctima se constituyeron como parte querellante. El representante del MPF requirió la elevación a juicio. La querella, por su parte, no formuló requerimiento de elevación por omisión de los letrados intervinientes. En la etapa de juicio, los padres de la víctima cambiaron su representación legal y designaron al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación.

En ese marco, los nuevos letrados plantearon como cuestión preliminar la necesidad de contar con amplias facultades para intervenir en el debate, alegar sobre la prueba y requerir pena. Entre sus argumentos, sostuvieron el cambio de paradigma normativo introducido por las leyes N° 26.485 y N° 27.372, así como en la protección integral garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará. El representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al planteo y sostuvo que la omisión del requerimiento de elevación no debía ser imputable a los familiares. Por su parte, la defensa del hombre imputado se opuso.