Jurisprudencia internacional 646
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 646
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 31-mar-2026 | MAKKI V. DINAMARCA | Un hombre había sido diagnosticado con un trastorno de salud mental y una leve discapacidad intelectual. Un día, fue ingresado de manera involuntaria en un centro salud mental. Durante su internación, agredió a un enfermero. En ese marco, el personal de salud lo inmovilizó con correas en sus pies, muñecas y cintura. La restricción física se prolongó por más de once días. En ese plazo, lo liberaban de sus ataduras por treinta minutos diarios para que pueda asearse, fumar y caminar al aire libre. Personal policial supervisaba sus descansos. La Ley de Salud Mental de Dinamarca establecía que el uso de medios de restricción debía ser breve y sólo para evitar riesgos inminentes. En ese contexto, el hombre interpuso un reclamo administrativo que luego judicializó sin éxito a lo largo de las distintas instancias locales. |
| 26-mar-2026 | DM v. Suecia | Un joven de nacionalidad afgana y etnia hazara había solicitado asilo en Suecia. En el país, se adaptó a las costumbres y se convirtió del islam al cristianismo. Tras una serie de recursos administrativos y judiciales que demoraron más de siete años, se ordenó definitivamente su expulsión a Afganistán. Para decidir de ese modo, las autoridades suecas entendieron que, si bien la situación de los hazara en Afganistán era compleja, la mera pertenencia al grupo no ameritaba una protección de carácter general. En ese sentido, concluyeron que no se había demostrado la el riesgo de padecer un trato que exigiera protección a causa de sus creencias religiosas. Entonces, con posterioridad a la toma del poder por parte de los talibanes, el hombre acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alegó que su expulsión a Afganistán lo expondría a un riesgo contrario a los artículos 2 y 3 del Convenio, considerados a la luz del artículo 13. Entre otras circunstancias, invocó su pertenencia a la etnia hazara, su conversión al cristianismo y la posibilidad de ser considerado apóstata, además de occidentalizado o ‘hijo de Occidente’ (‘gharbzadeh’) debido a su prolongada permanencia en Suecia y a su adaptación al modo de vida del lugar. |
| 17-mar-2026 | Sungur v. Turquía | Durante una protesta en Estambul, un policía roció con gas pimienta a la multitud. Una mujer intentó retirarse del tumulto, pero el policía la persiguió y le aplicó gas pimienta sobre la cara desde una distancia próxima. En un primer momento, una investigación administrativa concluyó que el accionar del oficial era ilegal e innecesario. Si bien se lo sancionó con una amonestación, finalmente se le impuso una mera advertencia en virtud de la falta de antecedentes disciplinarios. Luego se inició un proceso penal. En ese marco, el tribunal ordenó efectuar un examen médico a la mujer. La víctima impugnó la decisión, pero el tribunal señaló la necesidad de que se llevaran a cabo una serie de estudios para evaluar la proporcionalidad del accionar policial. De todas maneras, esa medida nunca se realizó y no se obtuvieron informes médicos. El tribunal penal condenó al oficial a diez meses de encarcelamiento. No obstante, en base a su buen comportamiento durante el proceso y la ausencia de antecedentes penales, suspendió el pronunciamiento y le ordenó sembrar 300 árboles. En consecuencia, la mujer denunció la violación de la prohibición de la tortura ante el Tribunal Constitucional de Turquía. Este tribunal consideró que, pese a la falta de informes médicos, existía evidencia suficiente para considerar la intencionalidad del oficial interviniente. Asimismo, sostuvo que cualquier uso de la fuerza que no resultara estrictamente necesario, violaba la prohibición de la tortura. Sin embargo, señaló que no se pudo establecer la proporcionalidad del accionar debido a la falta de diligencia de la mujer durante el proceso penal y concluyó que no hubo afectación. |
| 28-feb-2026 | Crimen organizado y derechos humanos en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución referida al crimen organizado y la situación de los derechos humanos en las Américas. En el documento, dio cuenta de los graves impactos de este fenómeno en la región y de sus efectos desproporcionados sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica y cultural. Asimismo, advirtió que en diversos Estados las respuestas frente al crimen organizado se basaron principalmente en el control coercitivo, la expansión del sistema penal y el recurso a estados de excepción. |
| 17-feb-2026 | Conservación de la naturaleza y derechos culturales | La Relatoría Especial sobre los derechos culturales presentó un informe sobre la conservación de la naturaleza y los derechos culturales. El documento señaló que la protección de la biodiversidad requiere diversidad cultural y expresó la necesidad de aplicar un enfoque basado en los derechos culturales que diera prioridad a medidas especiales, a una consulta y participación amplias, a evaluaciones del impacto en los derechos humanos y a garantías judiciales para los derechos culturales en el ámbito de la conservación de la naturaleza. |
| 10-feb-2026 | DRJE (Causa N° 173239) | Una mujer utilizó la imagen de su hija adolescente en distintas redes con el fin de promocionarse en el ámbito social y profesional. A raíz de esas publicaciones, la joven sufrió episodios de bullying en su colegio. En consecuencia, inició una acción judicial contra su progenitora. En su presentación, con el patrocinio de dos abogados, solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva. En concreto, requirió que la demandada cesara la difusión de cualquier imagen suya en medios masivos de comunicación o en plataformas de acceso público, incluso de su perfil y estado de Whatsapp. Asimismo, pidió la supresión de las imágenes de su persona que su madre hubiera publicado. |
| 12-ene-2026 | Recolección internacional de datos personales | La Relatoría Especial sobre el derecho a la privacidad elaboró un informe temático referido a la recolección de datos personales a través de Internet. El documento examina las distintas prácticas utilizadas para la recopilación nacional e internacional de información. En ese marco, señala que el contexto tecnológico mundial requiere que los Estados diseñen un nuevo marco regulatorio internacional respecto de esta práctica. |
| 17-dic-2025 | Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina | Luego de que el Estado argentino realizara sus presentaciones en torno a las cuestiones examinadas, el Comité contra la Tortura emitió las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina. |
| 9-dic-2025 | Ilareva y otros v. Bulgaria | Tres personas trabajaban en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de refugiados y migrantes en Bulgaria. Una de las activistas fue nominada a un premio por su labor y la noticia se publicó en redes sociales. Entonces, un usuario de Facebook compartió el enlace sobre la nominación. Luego, otros perfiles comentaron la divulgación con insultos raciales, incitación a conductas violentas y amenazas de muerte. Las personas afectadas realizaron una denuncia ante la fiscalía correspondiente. Por ese motivo, se inició una investigación penal. Sin embargo, a los dos meses el procedimiento se suspendió. Entre sus argumentos, la fiscalía alegó no haber podido identificar a los autores de los mensajes porque habían utilizado seudónimos. En ese marco, las personas solicitaron acceso a la decisión, pero se lo denegaron. Tiempo después, una de las víctimas fue agredida en la calle por dos desconocidos. |
| 4-dic-2025 | Chavarría Morales y otros v. Nicaragua | En 2008, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua había dispuesto que los ciudadanos debían verificar su identidad para poder votar en las elecciones municipales. El horario de cierre de los centros estaba previsto para las 17 horas. En ese contexto, un miembro del partido opositor actuó como fiscal de verificación electoral para su partido político. Los responsables del centro cerraron el local una hora antes de lo debido y una cantidad indeterminada de personas no pudo verificar su identidad. Sin embargo, no se consignó esa información en el acta de cierre. En consecuencia, el integrante del partido opositor realizó una impugnación por escrito que fue destruida por los responsables del lugar. Luego recibió insultos y amenazas y, al retirarse del lugar junto con su familia, dirigentes del partido gobernante instaron a un grupo personas armadas a que los asesinaran. La policía local presenció los hechos, pero no intervino. El miembro del partido opositor y su hijo terminaron hospitalizados, y su mujer y su hija sufrieron lesiones. La persona realizó múltiples denuncias en sede penal y en sede administrativa, pero todas fueron desestimadas y archivadas. Durante diecisiete años no se le brindó una respuesta ni se los convocó a ningún tipo de audiencia. Asimismo, tanto él como los miembros de su familia sufrieron hostigamientos y amenazas en distintas oportunidades. Ante esta situación, la persona que integraba el partido opositor se exilió en otro país. |
| 2-dic-2025 | Cuadra Bravo v. Perú | Un hombre ingresó a trabajar en el Banco Nación del Perú en 1970. En ese momento comenzó a desempeñarse como empleado público. Al año siguiente, se rescindió su contrato y se lo transfirió al régimen laboral privado dentro de la institución. En 1991, el hombre solicitó ser incluido en el régimen de pensiones de jubilación. Si bien la entidad bancaria admitió la solicitud, luego la declaró nula, ya que consideró que la persona no reunía los requisitos legales para acceder al beneficio. En 1994, el hombre que era subgerente y había cumplido aproximadamente veinticuatro años de servicio, renunció a su trabajo. Asimismo, interpuso un recurso en sede administrativa contra el rechazo al pedido que había realizado en 1991. De forma posterior, ante la falta de respuesta, el hombre promovió una acción de amparo, que fue admitida en 2003. En consecuencia, le impuso al Banco que otorgara el beneficio previsional solicitado. Sin embargo, no fijó los montos ni los conceptos que debían integrar el haber. En el marco de la ejecución de la sentencia, la entidad bancaria cuestionó la inclusión de ciertos rubros como remunerativos y modificó las sumas adeudadas. Debido a esas diferencias en las liquidaciones, se generó una deuda a favor del Banco que, por su parte, retuvo un porcentaje del ingreso del hombre. Con posterioridad, el caso fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, en 2023 la Comisión alegó que los tribunales internos incumplieron la obligación de ejecutar lo ordenado con diligencia y celeridad. Al respecto, sostuvo que, aunque el hombre cobraba la pensión, habían transcurrido veintinueve años de litigio sin que se cuantificara en debida forma su haber. Sobre esa cuestión, destacó que el plazo que había insumido el proceso era irrazonable teniendo en cuenta que se trataba de una persona mayor. |
| 26-nov-2025 | Iglesias y otros v. Argentina | En 1996, en un espacio recreativo público concesionado para actividades privadas se cayó una escultura sobre una niña de seis años que murió como consecuencia del impacto. Entonces, se inició una investigación penal y sus padres se presentaron como querellantes. En ese marco, distintas personas vinculadas con la colocación, autorización y control de la estructura fueron imputadas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y omisión del deber de cuidado de los funcionarios públicos. Durante la investigación, se constató que la escultura presentaba un evidente estado de oxidación y corrosión y que se encontraba sostenida en condiciones deficientes. Nueve años después de los hechos, antes del inicio del juicio oral, se sancionó la Ley N°25.990. La norma modificó las causales de interrupción de la prescripción en materia penal. En consecuencia, el tribunal declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todas las personas imputadas. La querella recurrió esa decisión, que fue confirmada por la alzada. Luego, la querella y el Ministerio Público Fiscal interpusieron un recurso extraordinario federal, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De forma posterior, el caso se presentó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. |
| 25-nov-2025 | Cley Mendes y otros (Chacina do Tapanã) | En 1994, tres adolescentes habían sido detenidos por la policía militar de Brasil. Luego de ser esposados, fueron ejecutados mientras eran conducidos al patrullero. Según los registros oficiales, las muertes tuvieron lugar en un contexto de resistencia al arresto. Dos policías declararon haber recibido una denuncia de un vecino que había identificado a los jóvenes como partícipes del asesinato de un Cabo. Por su parte, vecinos del lugar de los hechos declararon que la policía había ingresado al domicilio en el que se encontraban dos jóvenes. Luego, mientras eran trasladados a un vehículo, convocaron a un tercer joven que se encontraba esposado para que los identificara. Ante su negativa, uno de los policías les disparó.; Una investigación interna de la policial militar tuvo lugar, pero luego el expediente se remitió a la justicia ordinaria. En ese marco, el Ministerio Público local acusó a veintiún policías. La primera audiencia fue suspendida ante un incidente instaurado por el juez interviniente respecto de la capacidad de tres acusados. Al año siguiente se fijó otra audiencia que tampoco se realizó debido a la ausencia de testigos y de los abogados de la defensa. De esa manera, en distintas ocasiones, las audiencias fueron reprogramadas. Cuatro años más tarde, los testigos comenzaron a declarar. Sin embargo, los imputados solicitaron el cierre de la acción. Si bien el pedido fue rechazado, el juicio se aplazó. Finalmente, en 2018 todos los policías imputados resultaron absueltos y la representante del Ministerio Público Fiscal no impugnó esa decisión. Durante sus alegatos finales, había señalado que no iba a recurrir una eventual absolución ya que, a su entender, era momento de finalizar el proceso. |
| 20-nov-2025 | Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos v. Honduras | La Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos es parte del Pueblo Garífuna, reconocido como pueblo indígena en Honduras, y se encuentra asentada en un archipiélago en el Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. La forma de vida de la Comunidad está ligada al mar: la pesca artesanal constituye una actividad central, tanto como fuente de alimentación como componente espiritual y cultural. En 1993, el Estado declaró al archipiélago como área natural protegida e impuso una veda sobre actividades de recolección de especies marinas. La administración quedó a cargo de una fundación privada y de organismos estatales, sin que la Comunidad contara con representación ni participación en las decisiones. En 2003, el Estado declaró al archipiélago como Monumento Natural Marino. En 2004, 2008 y 2014, se adoptaron planes de manejo que prohibieron modalidades de pesca artesanal practicadas originariamente por el Pueblo Garífuna. Desde 2006, se permitió la filmación de programas televisivos tipo "reality shows" en zonas declaradas de exclusión total, lo que impidió a la Comunidad realizar faenas de pesca durante los períodos de filmación. En 2009, se amplió el área protegida. Ninguna de esas medidas fue adoptada con consulta previa a la Comunidad. Entre 2000 y 2007, la Comunidad obtuvo títulos de propiedad colectiva sobre los territorios tradicionales, tras un proceso que incluyó la denegación de la inscripción registral y un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. A lo largo de los años, miembros de la Comunidad denunciaron amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de agentes estatales y particulares. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron resultados. |
| 20-nov-2025 | JH – La Policejní Prezidium | En el marco de un procedimiento penal, a una persona se le habían tomado huellas dactilares, una muestra de saliva a partir de la que se creó un perfil de ADN y unas fotografías a pesar de su desacuerdo. En consecuencia, la Dirección de la Policía de República Checa introdujo esta información en bases de datos. La persona impugnó la realización de los actos de identificación y su conservación. El Tribunal Constitucional desestimó su petición. Luego, a raíz de otra presentación, el Tribunal Municipal de Praga ordenó a la policía que suprimiera de sus bases de datos la información personal resultante de esos actos. Ante la presentación de un recurso de casación por parte de la policía, tomó intervención el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Este tribunal planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre sus planteos, se preguntó si la Directiva 2016/680 se oponía a la recogida indiscriminada de datos biométricos y genéticos de cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito doloso. A su vez, si se oponía a la conservación de datos biométricos y genéticos sin que se estableciera una limitación temporal. Por último, se preguntó si la jurisprudencia de los tribunales en lo contencioso-administrativo de República Checa podía calificarse de “Derecho del Estado miembro”. |
| 17-oct-2025 | Hernández Norambuena v. Brasil | En 1994, un hombre de nacionalidad chilena que había estado vinculado con organizaciones criminales resultó condenado en su país a doble prisión perpetua por el asesinato de un senador, y por los delitos de asociación ilícita terrorista y secuestro terrorista. En consecuencia, fue recluido en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, en diciembre de 1996 se fugó del establecimiento. En 2002, fue detenido en flagrancia en Brasil. Tiempo después, se lo condenó a treinta años de reclusión por la comisión de nuevos delitos en ese país. Entre 2002 y 2006 el hombre estuvo privado de su libertad en un centro penitenciario ubicado en la ciudad de San Pablo. Durante ese período y en forma ininterrumpida las autoridades penitenciarias le aplicaron el Régimen Penitenciario Diferenciado (RDD) que consistía en la permanencia de presos provisionales o condenados en una celda individual, con derecho a dos horas diarias de sol y a recibir visitas semanales de dos personas. El hombre solicitó que se lo removiera de ese sistema. Entre sus argumentos, expuso que, de acuerdo a la legislación brasileña, la autoridad judicial era la encargada de definir el régimen aplicable. Sobre esa cuestión, agregó que no podía extenderse más de 360 días. No obstante, el juzgado interviniente denegó el pedido y prorrogó la medida de aislamiento. Pese a los diversos recursos y habeas corpus interpuestos, el juzgado prorrogó el RDD en numerosas oportunidades, incluso en forma cautelar. Esa situación se mantuvo hasta noviembre de 2006, cuando se trasladó al hombre a otro centro penitenciario en San Pablo. Durante ese período, pese a obtener resoluciones judiciales favorables, no fueron implementadas por las autoridades. En 2019, se efectivizó su extradición a Chile para que continuara el cumplimento de pena allí. Con posterioridad, el caso fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, la Comisión alegó que las condiciones de privación de la libertad bajo el RDD eran una medida de aislamiento prolongado que estaba prohibida por las Reglas de Mandela. |
| 17-oct-2025 | Guevara Rodriguez y otros v. Venezuela | En Caracas, Venezuela, un fiscal murió a partir de un atentado producido por la explosión de su vehículo. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia atribuyó la competencia de la investigación a determinados órganos jurisdiccionales, por considerarlo un delito vinculados al terrorismo. Una de las primeras decisiones de los órganos designados consistió en la averiguación y detención de un grupo de personas. En ese contexto Guevara Rodríguez fue detenido en el estacionamiento de su casa, lo esposaron, le quitaron las llaves de su vehículo y lo obligaron a entrar a otro vehículo donde había dos sujetos que manifestaron ser funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Luego, le colocaron un pasamontaña y una gorra que le impedía ver, y lo trasladaron a un lugar en el que lo asfixiaron mientras era golpeado e interrogado sobre los hechos vinculados a la muerte del fiscal. Asimismo, dos de sus hermanos fueron detenidos, interrogados, golpeados y asfixiados en el marco de la misma investigación. La esposa de Guevara Rodríguez denunció la desaparición forzada. Lo mismo hizo la pareja de uno de sus hermanos detenidos. Días después, los agentes policiales formalizaron la detención y trasladaron a las tres personas a una sede judicial. El juzgado interviniente resolvió que la detención sin orden judicial había cesado al ser presentados ante un órgano jurisdiccional. Sus defensas solicitaron que se practicaran una serie de exámenes médicos, pero el pedido fue desestimado. A su vez, en el marco de la audiencia preliminar, se solicitaron copias certificadas del expediente. Sin embargo, la solicitud fue considerada improcedente con motivo en la fase de investigación y el supuesto carácter reservado en el que se encontraba el proceso. Las personas resultaron imputadas por el homicidio del fiscal y se ordenó su prisión preventiva. Pese a las respectivas apelaciones, se confirmó la decisión. Asimismo, los tres hombres imputados presentaron un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal, que fue rechazado. Para decidir de esa manera, el tribunal consideró que se trataba de una causa vinculada con el terrorismo y que el Tribunal Supremo de Justicia no le había atribuido competencia oportunamente. El tribunal a cargo del juicio se constituyó de manera unipersonal debido a la imposibilidad de establecerlo en su forma mixta luego de que ningún ciudadano preseleccionado como escabino haya comparecido a la convocatoria. Contra esa decisión, la defensa presentó una apelación que fue desestimada. Durante el juicio, la defensa impugnó la incorporación de dos testimonios recibidos por la fiscalía debido a que no se tenía conocimiento a través de qué medio habían obtenido las declaraciones. El juez admitió las pruebas y durante el juicio la fiscalía sustentó la culpabilidad en base a tales testimonios, que correspondían a supuestos agentes infiltrados durante el ataque realizado. Pese a las diversas objeciones de la defensa, el tribunal condenó a las personas por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía mediante incendio, y agavillamiento. |
| 10-oct-2025 | Rex v. Hamit Coskun | Un hombre de nacionalidad turca había quemado un Corán en la puerta del Consulado de Turquía en Londres. En ese contexto, fue agredido por un transeúnte y la policía concurrió al lugar. Con posterioridad, el hombre que incendió el Corán fue condenado por expresión de odio agravada por motivación religiosa o racial de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Orden Público de 1986 y los artículos 21 y 38 de la Ley de Delitos y Desorden Público de 1998 de Inglaterra y Gales. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 3-oct-2025 | Zapata v. Colombia | En el marco de un contexto de violencia generalizada en Colombia, un maestro de nivel primario formaba parte de un grupo activista por los derechos humanos. En ese sentido, realizó investigaciones y denuncias sobre la connivencia entre el Estado colombiano y grupos paramilitares en masacres que ocurrieron en Segovia, Antioquia. Debido a su actividad, durante la década de 1990, sufrió amenazas y se iniciaron procesos penales en su contra que derivaron en detenciones, interceptación de comunicaciones telefónicas y allanamientos en su domicilio. Luego, se trasladó a la ciudad de Medellín por seguridad personal. Debido a su traslado, el Ministerio de Educación le inició un sumario por abandono de trabajo y suspendió su salario. Ante problemas económicos derivados de esa situación, tuvo que regresar. El 3 de mayo de 2000, fue interceptado y obligado a subirse a un vehículo por personas que se identificaron como miembros de un grupo paramilitar. Luego, resultó asesinado. La investigación judicial penal se extendió por más de veinticinco años sin sancionar a los responsables de la ejecución material. |
| 2-oct-2025 | Zelaya y Otra V. Honduras | Desde enero de 2004, en un contexto de violencia contra la población LGBTIQ+ en Honduras, una mujer trans (LZ) analfabeta, trabajadora sexual, que vivía con VIH y tuberculosis, había sido detenida y agredida por agentes policiales en reiteradas oportunidades. Entre las razones esgrimidas para realizar las detenciones, las autoridades alegaron que había infringido contravenciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social. En septiembre de 2004, su cuerpo fue encontrado sin vida en la vía pública, desnudo y con lesiones de arma blanca. Al momento de intervenir en la investigación de su muerte, las autoridades policiales y judiciales la identificaron con su sexo asignado al nacer, no tomaron fotografías de la escena del crimen, no realizaron las debidas diligencias para determinar si había sido víctima de violencia sexual ni investigaron las circunstancias de su muerte. La única persona que reclamó su cuerpo fue otra mujer trans (TR), con quien convivía y compartía un vínculo estrecho. De forma posterior, entre 2004 y 2018 el expediente judicial estuvo extraviado. Luego, la causa judicial fue archivada. |
