Jurisprudencia nacional 3842
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1921 a 1940 de 3842
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 15-may-2018 | Juárez (Reg. N° 548 y Causa N° 16743) | Un hombre cometió un delito en marzo del 2015. Por ese hecho, fue detenido y condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión. A su vez, se le impuso la pena única de tres años y nueve meses de prisión y fue declarado reincidente. En marzo del 2018, su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación en términos de libertad asistida. En tal sentido, requirió que se aplicara la redacción del artículo 54 de la ley N° 24.660 previa a la modificación efectuada por ley N° 27.375. Además, planteó la analogía de lo solicitado a la excarcelación por libertad condicional, en los términos del artículo 317, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, consideró que el imputado no había cumplido los requisitos establecidos para su concesión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 15-may-2018 | TEA (causa Nº 25307) | Tres personas fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al momento de los hechos, una de ellas tenía diecisiete años. Por tal razón, el juzgado llevó a cabo una audiencia de conocimiento junto a su progenitora. En la etapa de juicio, alcanzó la mayoría de edad y suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarara la responsabilidad penal del joven y se lo eximiera de pena, en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. |
| 11-may-2018 | LML (causa Nº 157-2017) | En agosto de 2015, en la ciudad de Córdoba, la Sra. LML fue intervenida quirúrgicamente por presentar cáncer en su mama derecha. Al finalizar el tratamiento de quimioterapia y rayos fue derivada al Dr. Scozzari, especialista en cirugía mamaria y mastectomía, quien le indicó la realización de la reconstrucción mamaria derecha y, tras analizar sus antecedentes familiares recomendó la mastectomía profiláctica de la mama izquierda. Con esta indicación, la Sra. LML se presentó en su obra social y solicitó la cobertura de tales prestaciones en cabeza de su médico tratante (Dr. Scozzari) y en la clínica del Sol donde había sido atendida por el mencionado profesional. Ante este requerimiento, la prestadora informó que la cirugía reconstructiva de mama derecha podía cubrirla pero con otros prestadores contratados (en otra clínica y con otros médicos), y que la práctica en relación con la mama izquierda no tendría cobertura ya que constituía una cirugía estética por estar sana. Finalmente, la actora con el patrocinio letrado de la Sra. Defensora Oficial, interpuso una demanda de amparo contra OMINT SA, ASE Nacional y Estado Nacional, con el objeto de obtener la cobertura en un 100% del procedimiento de mastectomía profiláctica de la mama izquierda y la reconstrucción de la mama derecha, a realizarse con el Dr. Eduardo Scozzari en la Clínica del Sol de la ciudad de Córdoba, con más los estudios pre y post quirúrgicos necesarios. |
| 10-may-2018 | Biscardi Banchero (Causa Nº52172) | Un hombre se subió al taxi y le solicitó al conductor que los llevara hasta una dirección determinada. Una vez que llegaron a destino, el pasajero manifestó que no poseía dinero para abonar el costo del viaje y que se bajaría para solicitar dinero a sus amigos. Sin embargo, al descender del vehículo comenzó a correr. El taxista se comunicó con la policía y el hombre fue detenido e imputado por el delito de estafa. En el marco del proceso penal, la defensa requirió una audiencia a los fines de ofrecer una medida de resolución alternativa. El juzgado rechazó el pedido por considerar que el instituto de conciliación o reparación integral no se encontraba vigente. Contra esa decisión, interpuso un recurso de reposición y apelación en subsidio. Además, acompañó un acta con un acuerdo suscripto entre el imputado y el damnificado por el cual el primero le ofrecía al segundo el pago una suma de dinero superior a la del costo del viaje en taxi. Luego, la defensa entregó al tribunal el dinero al que se había comprometido en el acuerdo y solicitó su sobreseimiento. |
| 10-may-2018 | OAE (causa N° 24837) | Un grupo de personas fue imputado por haber formado una organización destinada a imponer su ideología y combatir las ajenas mediante el uso de fuerza y temor. Uno de sus integrantes era menor de edad y fue acusado, además, por la comisión de lesiones leves y graves, doblemente agravadas. Durante el debate de juicio oral, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitó que el joven asistiera al Museo del Holocausto, en carácter de medida educativa. En subsidio, propuso que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Luego, la querella –en representación de una de las víctimas– requirió que se declarase su responsabilidad penal, se ordenara su detención y se le impusiera una medida educativa por el término de un año. Por su parte, la fiscalía tuvo en consideración su condición de menor de 18 años, y solicitó que se lo declarara responsable y fuera sometido a un tratamiento tutelar por el período de un año, consistente en cursar asignaturas de derecho constitucional y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por último, su defensa consideró desproporcionadas las penas solicitadas por las querellas y postuló su absolución por aplicación de la ley N° 22.278. |
| 9-may-2018 | CMY y otros (causa Nº 3870) | En la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, se allanaron tres locales nocturnos. Allí, se encontraron mujeres de distintas nacionalidades que ejercían la prostitución. Por tal razón, cinco personas fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A una de ellas, CMA, se le imputó haber recibido y acogido a las víctimas, como así también haber administrado y regenteado uno de los negocios. Según los testimonios incorporados al expediente, el trabajo de CMA consistía en cobrar y anotar las “copas” y los “pases” de las víctimas. Luego, entregaba el dinero a la dueña del local. Durante el debate, la imputada declaró que era vecina del lugar desde hacía más de diez años. En particular, sostuvo que era sólo una empleada del comercio, y que había aceptado el trabajo porque conocía el lugar y había visto su habilitación municipal y las libretas sanitarias de las mujeres. Además, indicó que poseía un sueldo fijo por su labor y recibía propinas por “copeo”. En oportunidad de alegar, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Por su parte, la defensa destacó que CMA no se encontraba en una relación de autoridad respecto de las víctimas. Por ese motivo, consideró que la conducta de su asistida era atípica y, en consecuencia, solicitó su absolución. |
| 9-may-2018 | PE (causa Nº 62278) | Un individuo fue detenido y procesado por el delito de robo agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y banda, en grado de tentativa. El imputado registraba una sentencia absolutoria recurrida que tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, en el marco de otro proceso, había suscripto un acuerdo de juicio abreviado cuya homologación se encontraba pendiente. Transcurridos cinco meses desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable a la solicitud. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, señaló que el tiempo que el sujeto llevada detenido no resultaba desproporcionado en relación con la escala penal prevista para el delito imputado. Asimismo, indicó que si bien no registraba antecedentes condenatorios, contaba con procesos en trámite. Sobre la base de esos fundamentos, el tribunal sostuvo que no podía descartarse una hipotética unificación de las tres causas, cuya pena fuera de cumplimiento efectivo. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 9-may-2018 | BDV (causa N° 42008604) | Cuatro personas fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas era menor de edad. Durante la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarase la responsabilidad penal del imputado. Además consideró que, dado el grado de resocialización alcanzado por el joven, no correspondía aplicarle una pena. Por su parte, la defensa y la asesora de menores se expidieron de manera favorable a la propuesta. |
| 9-may-2018 | CEL (causa Nº 37505) | Una persona había cumplido una condena en una unidad penitenciaria de tránsito. A su vez, la mayor parte de su pena la había cursado en prisión preventiva. De ese modo, no había recibido ningún tipo de tratamiento penitenciario acorde con el régimen progresivo de la pena. Ante una nueva imputación, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Allí, las partes acordaron que no correspondía la declaración de reincidencia. Sin embargo, al dictar sentencia, el Tribunal Oral lo declaró reincidente. Para decidir de esa manera, consideró que el imputado había cumplido pena como condenado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-may-2018 | Mendoza (reg. Nº 500 y causa Nº 164637) | Una persona cumplía una pena de efectivo cumplimiento. Había pasado casi diez meses en esa situación sin haber sido incorporada al régimen de condenados, por lo que no le fue impuesto ningún tipo de tratamiento. Cumplido el requisito temporal y los reglamentos carcelarios, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional no pudo elaborar un informe positivo ya que no se le había aplicado un tratamiento como condenado. El Juzgado de Ejecución Penal rechazó el pedido. Consideró que el condenado no contaba con un pronóstico de reinserción social favorable. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-may-2018 | Daloi (causa N° 19446) | En el mes de marzo del 2014, un hombre libró un cheque de pago diferido. Luego, efectuó la denuncia de su extravío ante una comisaría y expidió una contraorden de pago. Al ser presentado al cobro, el cartular fue rechazado. Por tal razón, el hombre fue imputado en los términos del artículo 302, inciso 3°, primer supuesto, del Código Penal. Durante la etapa de instrucción, suscribió un acuerdo de conciliación con la persona damnificada en el que se pactó el pago del monto de dinero adeudado. Luego, la víctima fue citada a prestar declaración testimonial. En esa oportunidad, ratificó el acuerdo, relató que el daño había sido reparado en su totalidad y que no tenía interés en continuar con el trámite del expediente. El Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al acuerdo, por considerar que se había garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva. |
| 8-may-2018 | Apaza León (causa Nº 39845) | Una persona de nacionalidad peruana fue condenada a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el delito tentativa de robo en poblado y en banda. En abril de 2010 la Dirección Nacional de Migraciones (D.N.M) declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión con prohibición de reingresar por el término de 8 años. Para decidir así, tuvo en cuenta lo previsto en los artículos 3, inc. “j” y 29, inc. “c”. de la ley Nº 25.871 (texto anterior a la reforma introducida por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017). Contra esa decisión, ALPR –con representación de la defensa pública oficial– interpuso un recurso judicial directo. El juzgado de primera instancia hizo lugar al recurso y declaró la nulidad de la disposición de la D.N.M. Por su parte, el organismo estatal interpuso un recurso de apelación. La cámara de apelaciones revocó la sentencia y confirmó la resolución dictada por la D.N.M. Para decidir de este modo los jueces sostuvieron que ALPR –que contaba con una condena– se encontraba dentro de uno de los supuestos previstos en artículo 29 inc. “c”, que establece como impediente para permanecer en el territorio “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”. Ante ello, el defensor público interpuso un recurso extraordinario federal y cuestionó la interpretación realizada por la cámara de acuerdo con la cual el inciso “c” mediante el uso de la disyunción “o” contiene dos causales diferentes de impedimento para el ingreso y permanencia en el país y postuló que la referencia que el mencionado inciso realiza del monto de la pena no califica solamente los antecedentes del migrante –que justifican su expulsión– sino también las condenas que hubiera recibido. |
| 8-may-2018 | AMA (causa N° 42000030) | Un joven se encontraba sentado en un banco en la vía pública. Al ser interceptado por personal policial, intentó huir y fue detenido. En ese marco, se encontraron cuatro envoltorios con cocaína en el interior de su mochila. Entonces, fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. De los informes socio- ambientales, surgía que el nombrado convivía con su pareja y que tenía trabajo. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se lo condenara a la pena de cuatro años de prisión. No obstante, sostuvo que no se oponía al dictado de una sentencia absolutoria en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. |
| 8-may-2018 | BMJ (causa Nº 160637) | Un individuo se encontraba condenado a una pena de prisión. Esa condena fue unificada con una pena dictada por otro tribunal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Durante el trámite de la impugnación, el imputado cumplió la mitad de la pena impuesta. Por tal razón, la defensa solicitó su incorporación al régimen de salidas transitorias. El Consejo Correccional de la Unidad Penitenciaria se expidió de manera favorable. El juzgado de ejecución rechazó el planteo, por entender que el imputado registraba una condena pendiente en los términos del artículo 17, apartado II, de la ley Nº 24.660 y 34, inciso c), del decreto reglamentario N° 396/99. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-may-2018 | LMG (causa Nº 2496) | Una persona conducía su automóvil cuando chocó una moto con dos personas a bordo. Una de ellas falleció y la otra sufrió lesiones graves. El conductor del vehículo, que no poseía antecedentes penales, fue procesado por el delito de homicidio culposo en concurso real con lesiones graves culposas. En etapa de juicio, solicitó que se le concediera la suspensión de juicio a prueba. El tribunal rechazó el pedido. Entonces, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de una pena a tres años de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación para conducir por el término de diez años. El Tribunal Oral condenó al conductor en los términos requeridos. Contra esa decisión, el imputado interpuso un recurso de casación in pauperis. Al fundamentar la impugnación, su defensa sostuvo que la sentencia resultaba arbitraria, por no haber sido debidamente fundada. El Tribunal Oral declaró inadmisible el recurso. Para decidir de esa manera, consideró que la admisión voluntaria del acuerdo de juicio abreviado por parte del imputado obstaba a la admisibilidad de la impugnación. La defensa interpuso un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La Sala de Turno declaró su inadmisibilidad, entendió que la impugnación sólo guardaba relación con el modo de cumplimiento de la pena y que, en tal sentido, carecía de debida fundamentación. Contra esa decisión, se interpuso un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. En dicha oportunidad, la defensa sostuvo que se había desconocido el derecho de revisión de la condena y de la pena, previstos en el artículo 14, inciso 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| 8-may-2018 | LEI (causa N° 77761) | Dos jóvenes consumieron comidas y bebidas en un restaurante por el valor de $1500. Cuando se les entregó la cuenta, manifestaron que no poseían dinero. Uno de ellos, menor de edad, fue procesado por el delito de defraudación. Junto a su defensa, la fiscalía y el representante del comercio, el joven suscribió un acuerdo de conciliación. Allí, pactó el reintegro de la suma de dinero en concepto de reparación integral del daño causado. En esa línea, la defensa solicitó que, en caso de homologarse el acuerdo, se dictase el sobreseimiento de su asistido, en los términos del artículo 59, inciso 6° del Código penal. |
| 8-may-2018 | SCL (reg. N° 476 y causa Nº 55164) | Un hombre con cinco hijos e hijas –tres menores de edad, de 14, 4 y 2 años– se encontraba detenido. Dado que su madre había fallecido, los dos niños más pequeños se encontraban al cuidado de sus nietas de 9 años. En ese marco, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La petición fue rechazada por el tribunal. Contra esa decisión se interpuso un recurso de casación. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la resolución y remitió las actuaciones para que se realizaran una serie de medidas antes de resolver la incidencia. Una vez cumplidas, el tribunal denegó de nuevo la petición por considerar que los niños gozaban de buena salud, estaban escolarizados y que, en definitiva, no se encontraban en una situación de abandono o desamparo. Contra esa decisión su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-may-2018 | RFA (causa Nº 66575) | Un hombre había sido imputado por el delito de lesiones culposas graves. Su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, el imputado ofreció autoinhabilitarse para conducir y una compensación económica a favor de la víctima. El Tribunal Oral hizo lugar a la solicitud y concedió la probation por el término de un año y seis meses. Entonces, el imputado entregó su licencia de conducir. Transcurridos diez meses, su defensa solicitó que se le restituyera el uso y goce de la capacidad para conducir. En particular, indicó que su asistido había reparado todos los daños en la medida de lo posible, y que la compensación económica no se había hecho efectiva en virtud de un acuerdo suscripto por las partes en el fuero civil. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo. |
| 7-may-2018 | BHG (Causa N° 24668) | Un hombre que se desempeñó en el poder ejecutivo de la provincia de Chubut renunció a fines del 2015 a su trabajo. Al año siguiente, le diagnosticaron HIV. Tiempo después solicitó una internación a su obra social. Ésta rechazó el pedido y le informó que ya no contaba con su cobertura médica. En consecuencia, el hombre pidió a la entidad que lo incorporara co-mo afiliado directo voluntario, pero la solicitud fue denegada. Por ese motivo, inició una acción de amparo. En su presentación, requirió como medida cautelar su inmediata incor-poración a la obra social. Por su parte, la demandada indicó que la cobertura había conclui-do de manera automática cuatro meses después de la finalización de la relación laboral, de acuerdo con lo que preveía la normativa local. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, ya que consideró que el rechazo de la obra social era infundado. Frente a esa deci-sión, la accionada interpuso un recurso de apelación, que fue admitido por la Cámara. Para decidir de esa forma, los camaristas señalaron que el actor no gozaba de un derecho a ser incorporado como afiliado directo, ya que ello dependía de la decisión que adoptara la obra social al respecto. Luego, el amparista recurrió la sentencia. Entre sus argumentos, expuso que la obra social había violado la obligación de continuar los tratamientos médicos a favor de las personas con VIH. En ese sentido, manifestó que se había colocado el derecho a la afiliación por encima de su vida y salud. |
| 4-may-2018 | Aimetta (causa Nº 41010002) | Una persona solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) la pensión derivada por el fallecimiento de su madre. Entonces, manifestó que percibía una asignación familiar por discapacidad hasta el deceso de su ascendiente y que se encontraba divorciado sin obligación alimentaria. La ANSeS negó la petición porque no era “hijo soltero” (art. 53 de la ley Nº 24.241). En consecuencia, el requirente accionó judicialmente para que se le reconociera su derecho a percibir la pensión. El Juzgado Federal de Bell Ville hizo lugar a la demanda. La ANSeS interpuso un recurso de apelación contra esa sentencia. |
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