Jurisprudencia nacional 3842
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Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1581 a 1600 de 3842
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 8-abr-2019 | Wolfel (causa Nº 32021667) | Un contador fue imputado por haber trabajado en una empresa que se encontraba excluida del registro fiscal desde junio del 2009. Su labor consistía en encomendar la confección de facturas y remitos en nombre de la firma. Por ese hecho fue imputado por el delito de asociación ilícita tributaria, en los términos del artículo 15, inciso c, de la ley N° 24.769. La AFIP se presentó en carácter de querellante. En su declaración indagatoria, el imputado señaló que se había desempeñado como asesor impositivo de la firma desde fines de 2001 hasta que los socios cedieron sus acciones en julio de 2008. Además, manifestó que durante ese tiempo la firma había sido una sociedad con una actividad real y que la inscripción de la cesión en el Registro Público de Comercio había demorado ocho meses. Por su parte, la Inspección de Personas Jurídicas informó que la venta del paquete accionario había sido aprobada en el Acta de Asamblea General Ordinaria en julio del 2008 y que su inscripción había sido protocolizada en el Registro Público de Comercio en mayo de 2009. En 2012 el juzgado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado. Seis años más tarde, dispuso su sobreseimiento. Para decidir de ese modo tuvo en consideración que, dado el tiempo transcurrido sin que se hubieran incorporado nuevas pruebas al proceso, se daba una situación de “duda insuperable”. Contra esa resolución, la querella interpuso un recurso de apelación. En particular, consideró que la decisión carecía de fundamentación, que era improcedente por sustentarse en una causal no prevista en la ley y que no existía en el caso certeza negativa que habilitara un sobreseimiento. |
| 4-abr-2019 | Bazán (causa Nº 4652) | Un juzgado en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un juzgado nacional de menores se declararon incompetentes para entender en una causa sobre los delitos de lesiones y daños. Por esa razón, se produjo un conflicto negativo de competencia y el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
| 4-abr-2019 | Fall (causa Nº 558) | El señor Fall, de nacionalidad senegalesa, fue condenado en el año 2015 por el delito de lesiones leves a la pena de un mes de prisión en suspenso. Con posterioridad, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión de Fall del territorio nacional con prohibición de reingreso por el término de 5 años porque consideró que su caso encuadraba en las previsiones del art. 29 inc. c) de la ley Nº 25.871. En ese marco, Fall impugnó el acto administrativo y el juzgado de primera instancia dejó sin efecto la disposición. En consecuencia, la parte demandada interpuso un recurso de apelación porque consideró, entre otras cosas, que la decisión implicaba una injerencia del Poder Judicial en un ámbito que no era de su competencia. |
| 4-abr-2019 | Techera (causa N° 166964) | Una mujer contrató un servicio de medicina prepaga. En la declaración jurada inicial se le preguntó si sufría o había sufrido alguna afección de orden ginecológico, obstétrico o mamario y su respuesta fue negativa. Con posterioridad sufrió un aborto espontáneo y solicitó a la empresa la prestación médica de un legrado. Esa intervención es una operación quirúrgica que consiste en raspar la superficie de ciertos tejidos, especialmente el útero o los huesos, para eliminar sustancias adheridas.La empresa se negó. En consecuencia, la mujer inició una acción de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual. La demanda no fue contestada. Por ese motivo, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición y condenó a la empresa al pago de daño moral y punitivo. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus fundamentos expresó que la actora había incurrido en mala fe al no haber declarado que, con anterioridad, había sufrido abortos espontáneos. |
| 4-abr-2019 | Torres (causa N° 11241) | Una mujer perteneciente a un pueblo originario sufría violencia de género por parte de su expareja. En una oportunidad, el hombre en estado de ebriedad se presentó en su domicilio, comenzó a insultarla y, cuando intentó golpearla, ella se defendió con un cuchillo. El hombre murió en el momento. Por ese hecho, fue imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo. En la etapa de juicio oral, una vecina declaró que era sabido en el pueblo la violencia que ejercía el hombre sobre su pareja, a la que menospreciaba por pertenecer a un pueblo originario. Además, el referente de la comunidad que integraba la mujer explicó que el hombre se jactaba de su condición de varón criollo y tenía sometida a la imputada, que había sufrido episodios de violencia muy intensos que la obligaban a volver con su familia de origen. Por su parte, la psicóloga que entrevistó a la mujer señaló que el vínculo de pareja estaba atravesado por situaciones repetitivas de violencia ejercidas por parte del varón. Agregó que la imputada tenía una actitud de sometimiento al comportamiento violento y no podía establecer un distanciamiento. En cuanto a su relato concluyó que era verosímil. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se condenara a la mujer por el delito de homicidio calificado cometido con exceso en la legítima defensa a la pena de dos años y cinco meses de prisión. |
| 4-abr-2019 | UAE (causa N° 62756) | Un niño padecía autismo, trastornos hipercinéticos y retraso mental moderado. En el año 2009 había ingresado a la sala de 3 años del nivel inicial de un establecimiento educativo, donde se encontraba acompañado por una maestra integradora durante toda la jornada escolar. Durante el transcurso del nivel correspondiente a la sala de 5 años, el establecimiento notificó a los padres que el niño no podía continuar en la institución. Por ese motivo, iniciaron una demanda por daño moral por discriminación. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la institución interpuso un recurso de apelación porque consideró que la acción se encontraba prescripta. |
| 3-abr-2019 | Cariaga (reg. N° 316 y causa Nº 3695) | Una persona fue imputada de acuerdo con el procedimiento de flagrancia. En ese marco, el secretario de la fiscalía, designado como fiscal ad hoc, asistió a una audiencia. El juzgado rechazó que se encontrara legitimado para intervenir en ese carácter y resolvió que no se aplicara el proceso de flagrancia. En ese sentido, sostuvo que ni la Constitución Nacional ni la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (N° 27.148) habilitaba su designación. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En particular, requirió que se tuviera por válida la designación del fiscal ad hoc y que se reencauzara el trámite del expediente por el proceso de flagrancia. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la resolución. Además, indicó que los “auxiliares fiscales” carecían de autonomía e independencia, por lo que no podían ser considerados “verdaderos reemplazantes” de aquellos designados por el proceso de selección legal. En esa línea, señaló que se debía evitar un ejercicio abusivo e ilegítimo de sus funciones e insistió en “la importancia de erradicar tornar en definitivo aquello que fue concebido como provisorio”. Finalmente, dispuso que no se considerarían representados ni el Ministerio Público Fiscal ni el Ministerio Público de la Defensa en ningún acto procesal en caso de que no participara ni estuviera presente el titular de la dependencia o su subrogante legal. Contra esa resolución, la fiscalía y la defensoría interpusieron recursos de casación. |
| 3-abr-2019 | Gómez (Reg. 317 y causa N° 54005729) | Una mujer de 74 años imputada por un delito poseía un síndrome cerebral que le provocaba un deterioro cognitivo progresivo. Por tal razón, se suspendió el proceso judicial en los términos del artículo 77 del CPPN y se dispuso la realización periódica de informes. Los psicológicos del Cuerpo Médico Forense señalaron que las facultades mentales de la imputada no encuadraban dentro de los parámetros normales y no se encontraba en condiciones psíquicas de ejercer su defensa. Además, se indicó que el deterioro cognitivo era, en general, irreversible y que la mujer no podía discriminar de manera adecuada la imputación ni instruir a sus letrados. Por otra parte, un médico neurólogo del mismo organismo concluyó que la mujer evidenciaba un problema cognitivo leve-moderado que no permitía inferir su incapacidad para estar en juicio. Sobre la base de lo indicado, el Tribunal Oral sobreseyó a la imputada. Contra esa resolución, la querella interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que los informes eran genéricos, poseían contradicciones y no lograban acreditar la falta de capacidad de la mujer para estar en juicio. |
| 3-abr-2019 | Soñez (causa Nº 1767) | Hamze y Altamirano contrataron a Soñez como taxista para que los transportara a Buenos Aires. Entonces, personal de Gendarmería interceptó y requisó el vehículo. En el procedimiento se secuestraron dos paquetes de cocaína que se encontraban en la mochila de Hamze. Por ese hecho los tres fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes. En la indagatoria Soñez manifestó que lo había llamado un compañero para ofrecerle un viaje de larga distancia y que de ese modo había conocido a los otros dos hombres. En ese sentido, ofreció su teléfono celular para que se verificara la llamada telefónica. De allí surgieron conversaciones que habrían versado sobre estupefacientes, aunque no hacían alusión a su transporte. |
| 3-abr-2019 | Aybar Castro (causa N° 7751) | La señora Aybar Castro solicitó la ciudadanía argentina por naturalización. En su solicitud indicó que era ama de casa. Además,su cónyuge señaló que era el sostén económico del hogar. El juzgado desestimó la petición. Para decidir de ese modo consideró que el artículo 3º del decreto Nº 3213/84 requería una “actividad laboral honesta”, lo que no podía ser suplido por la declaración del cónyuge.Contra esa resolución, la defensa de Aybar Castro interpuso un recurso de apelación. |
| 1-abr-2019 | Cordera (Causa N°11248 Reg Nº201) | Un artista hizo declaraciones agresivas contra el colectivo de mujeres. Entonces, fue imputado por el delito de incitación pública a la violencia colectiva. En el expediente se presentaron como querellantes la Asociación Civil de Red de Víctimas de Violencia, el Instituto Nacional de Mujeres y el INADI. En la etapa de juicio, la defensa del imputado solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. La audiencia celebrada para su tratamiento fue transmitida en vivo. La representante del Ministerio Público Fiscal y la titular de la Unidad Fiscal Especialidad en Violencia contra la Mujer (UFEM) expresaron la conformidad para su concesión. Asimismo, solicitaron que se le impusiera la obligación de abstenerse de hacer declaraciones públicas que naturalizaran o legitimaran la violencia sexual, de retractarse por sus manifestaciones y realizar un pedido de disculpas públicas. A su vez, consideraron que debía realizar una capacitación relacionada con la violencia de género. El imputado manifestó su arrepentimiento y ofreció cumplir las medidas que se le impusieran. Por otro lado, sobre la base del precedente “Góngora” de la CSJN, las querellas se opusieron a la concesión del instituto. |
| 1-abr-2019 | FT (cam) (Expte. 2330) | Una obra social cubrió el reemplazo hormonal con control médico requerido por una mujer trans. Con posterioridad, la afiliada solicitó que se procediera del mismo modo en relación con una operación en su rostro que tenía por objeto adecuarlo a su expresión de género. La entidad negó la prestación porque consideró que se trataba de una “cirugía de embellecimiento” destinada a lograr un rostro perfecto. En consecuencia, la actora inició una acción de amparo contra la obra social y requirió, como medida cautelar, la cobertura de la prestación aludida. El juzgado hizo lugar a la acción y ordenó a la obra social a que, en el plazo de 10 días, otorgara a la accionante la cobertura integral de la cirugía de feminización facial completa. Además, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en los mismos términos. La parte demandada apeló la decisión. |
| 1-abr-2019 | CJS (Expte. 31331) | Un hombre fue detenido por el femicidio de su pareja con quien tenía un hijo, CJS. Luego del hecho, el niño permaneció bajo el cuidado de una tía paterna hasta que fue entregado, mediante acta policial circunstanciada, a sus abuelos maternos. Estos últimos, sostuvieron que el niño los conocía, tenía familiaridad con todos ellos, y que contaban con el apoyo de sus demás hijos y nieta. Por tal motivo, solicitaron que se regularizara la situación de hecho de su nieto CJS y que les fuera otorgada la guarda definitiva. Previa a la decisión judicial, se realizó un informe socio-ambiental forense que demostró que el grupo familiar donde ha sido incorporado el niño, poseía buenos hábitos de vida, con medios y recursos para cubrir las necesidades de J.; no eran personas desconocidas, siendo que tenían una relación muy estrecha y positiva, previo al deceso de la progenitora. |
| 29-mar-2019 | DHRJ (Expte. 3225) | DH, una mujer trans que trabajaba en un call center, era maltratada y discriminada por sus supervisores debido a su identidad de género. Los maltratos consistían en llamarla por el nombre masculino, obligarla a presentarse como tal ante los clientes que atendía, impedirle el uso del baño para mujeres y sancionarla por tomarse un día para realizar el trámite de cambio de nombre en su DNI. Como consecuencia de las situaciones vividas, la salud de DH se vio deteriorada al punto de requerir una licencia por enfermedad psiquiátrica. La empresa empleadora no tomó medidas para preservar su salud y decidió despedirla antes del alta médica. Por este motivo, DH demandó a la empleadora y a la empresa a la que esta prestaba servicios como solidariamente responsables por el despido injustificado. En su presentación, solicitó una suma de dinero en concepto de daño moral resarcitorio de los perjuicios que se le ocasionaron. El juzgado de primera instancia hizo lugar al planteo y condenó de forma solidaria a las empresas por considerarlas empleadoras a ambas, otorgó un monto de dinero en concepto de créditos derivados de la ruptura del vínculo laboral, incluido el daño moral y estableció un monto por intereses. En consecuencia, las demandadas interpusieron un recurso de apelación. |
| 29-mar-2019 | Rubio (Expte No. 506904) | SV tenía, desde su nacimiento, una deficiencia mental, por lo que en 2006 fue declarada incapaz y se designó curadora definitiva a su hermana CV. Residía en un inmueble con su tía (la señora Rubio) y su tío, con quienes subsistía un conflicto derivado de la compra del terreno efectuada en el pasado por su madre y la negativa de los éstos de otorgar la escritura correspondiente. En 2017, la señora Rubio, solicitó ser la curadora de su sobrina. Entonces, SV se presentó en el expediente y requirió que se adecuara la sentencia a su capacidad real. En ese momento puso en conocimiento del juzgado la existencia de un juicio de desalojo en su contra promovido por su tía, en el cual no se le dio intervención. En el año 2018, la jueza de primera instancia modificó la sentencia y restringió la capacidad de SV para realizar actos de administración y disposición de bienes. Asimismo, determinó que su hermana y su tía ejercieran el rol de apoyo de los actos relativos a la administración y disposición de bienes y representación en juicio. De forma paralela, se desestimó la acción de desalojo, por lo que la señora Rubio interpuso un recurso de apelación. Frente a esto, la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial revocó la sentencia dictada en la instancia anterior e hizo lugar al desalojo. En consecuencia, SV interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley y nulidad extraordinario contra la sentencia. |
| 29-mar-2019 | Sarso (reg. N° 319 y causa N° 33582) | Una persona fue imputada por el delito de alteración de numeración identificatoria y por los delitos de hurto y hurto tentado, todos ellos en concurso real entre sí. Luego, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal en el que solicitó la pena de siete meses y quince días de prisión de ejecución condicional. El tribunal ratificó los términos del acuerdo presentado en la audiencia prevista en el artículo 41 del Código Penal y corrió traslado a las partes a fin de que se expidieran acerca de la procedencia del dictado de una pena única. El fiscal consintió el procedimiento de unificación, pero no especificó el monto de la pena única. A su vez, la defensa manifestó que no se oponía a la aplicación del artículo 58 del Código Penal en la medida en que la unificación postulada no superara la pena única de tres años de prisión. El tribunal condenó al imputado a la pena de siete meses de prisión de ejecución condicional y a la pena única de tres años y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que el tribunal debía circunscribirse a los términos del acuerdo abreviado y que no correspondía el dictado de una sentencia de unificación. |
| 28-mar-2019 | Gómez (causa N° 7969) | Un hombre detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA poseía parálisis del tronco corporal y cuadriparesia, con incontinencia de esfínteres e imposibilidad de moverse por sí mismo. Por tal razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Una médica del Cuerpo Médico Forense detalló las dolencias del imputado, sugirió actividades de rehabilitación y concluyó que el contexto de encierro no agravaba su condición. Otro profesional del mismo organismo indicó que el hombre presentaba un déficit neurológico motor crónico, por lo que requería asistencia para las actividades cotidianas. El Servicio Penitenciario Federal informó que el hospital de la unidad contaba con profesionales capacitados para efectuar la rehabilitación física. Sin embargo, señaló que no poseía la infraestructura completa para hacerlo ni personal que pudiera asistir de manera diaria al hombre. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 28-mar-2019 | Benitez (causa Nº 1529) | Una persona viajaba en un ómnibus de larga distancia. Al efectuarse un control rutinario, personal policial le solicitó sus datos personales. Luego, con el objeto de corroborarlos, la trasladaron a una comisaría. Allí, le efectuaron una requisa y le encontraron material estupefaciente. Por ese hecho, fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes. La defensa planteó la nulidad de la requisa y solicitó el sobreseimiento de su asistido. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable. El juzgado desestimó el planteo por considerar que la persona había sido trasladada a la comisaría por haber estado “indocumentada". Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 28-mar-2019 | GSS (Causa N°14569) | En el marco de un juicio de alimentos, una mujer –en representación de su hijo menor de edad– pactó una cuota alimentaria con el progenitor. Luego, el hombre se desvinculó de su trabajo y discontinuó el pago de la cuota. Como el hombre no contaba con ingresos formales, la mujer no podía avanzar con el cobro de la cuota. Por esa razón, inició un nuevo juicio de alimentos y demandó a la abuela paterna del niño que tenía un empleo formal. En ese proceso, el juzgado fijó una cuota alimentaria a cargo de la abuela y trabó un embargo sobre sus haberes. Con posterioridad, el progenitor del niño se presentó en esa causa. En la audiencia, ofreció una suma de dinero menor a la que había dispuesto el juez contra la abuela demandada. A su vez, ofreció abonar la cobertura de salud del niño. En esa oportunidad, la progenitora rechazó la afiliación del niño a la obra social dado que ya contaba con una cobertura de salud por trabajar en relación de dependencia. En ese sentido, solicitó una cuota más elevada que la propuesta. Además, pidió que se fijara una pauta que permitiera actualizar el valor. Luego, el Tribunal de Familia hizo lugar al ofrecimiento del hombre por el monto menor que había ofrecido. En consecuencia, dejó sin efecto la cuota alimentaria a cargo de la abuela paterna y levantó el embargo. Sin embargo, no se pronunció sobre lo que había peticionado la mujer en la audiencia. En disconformidad, la actora interpuso un recurso de inconstitucionalidad. En concreto, señaló que la solución impuesta era injusta pues el progenitor del niño se había presentado con el único fin de proteger a su madre. Entre sus argumentos, sostuvo que el monto fijado era bajo dado que el hombre no había acreditado sus reales ingresos en el expediente. A su vez, expresó que la sentencia resultaba arbitraria por no haber atendido sus peticiones en la audiencia celebrada. |
| 27-mar-2019 | PC (causa Nº 25718) | La señora S. era víctima de violencia de género y solicitó medidas de protección (cfr. ley Nº 3040) contra el señor P. La jueza interviniente hizo lugar a la petición y dispuso medidas hasta el 31 de marzo de 2019. Con posterioridad, P. inició una acción de amparo con el objeto de que S. no interrumpiera el embarazo de 3 meses que cursaba. Esto, a fin de que, cuando naciera el bebé, se le practicara una prueba de ADN y, en su caso, si ella no quería criarlo, hacerse cargo del niño. |
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