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20-dic-2016C, C AUna persona se encontraba imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y, de manera alternativa, por el delito de encubrimiento. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de San Isidro la condenó a la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Contra ese pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal y la defensa interpusieron recursos de casación. La Sala I del Tribunal de Casación Penal provincial rechazó el recurso presentado por la defensa e hizo lugar al de la fiscalía y condenó al imputado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires rechazó las impugnaciones de la defensa. Esto motivó la interposición de un recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el rechazo no había sido suficientemente fundado y afectaba el derecho al recurso. Por esa razón, revocó la decisión de la Corte provincial y –por aplicación de la doctrina del caso “Mohamed”, de la CIDH– devolvió las actuaciones. A su vez, la Corte provincial –por aplicación de la doctrina del caso “Duarte”, de la CSJN– remitió el caso al Tribunal de Casación Penal a fin de que revisara la sentencia condenatoria. En esta instancia, la defensa interpuso un nuevo recurso de casación.
6-nov-2014C, CAAGREGAR
5-feb-2015C, CC y otros c. S, FEEn este caso, el juez de primera instancia hizo lugar al pedido de la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces y ordenó dos operatorias al Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en su carácter de depositario judicial de los fondos pertenecientes a dos adolescentes: un lado, la adquisición de dólares estadounidenses con el dinero depositado y, por el otro, la inversión de esa moneda extranjera en una cuenta a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días. El Banco recurrió y la decisión fue dejada sin efecto. En consecuencia, la Defensora Pública de Menores e Incapaces interpuso recursos de revocatoria y apelación.
20-abr-2015C, CE c. A, YLa parte actora inició una demanda contra su ex cónyuge para obtener la liquidación de la sociedad conyugal respecto del único bien inmueble ganancial del cual resultaban ser condóminos, sede del hogar familiar. El accionante manifestó que dicha vivienda estaba siendo ocupada en forma exclusiva por la demandada y, en virtud de ello, solicitó la fijación de un canon locativo por el 50% del bien durante la tramitación del proceso. La parte demandada invocó que se mantenía mediante su jubilación, sus trabajos de costura y la ayuda de su hija. Afirmó que, de liquidarse el bien, no podría adquirir ni alquilar una vivienda con sus propios recursos. Destacó que no corresponde la fijación de un canon locativo por no encontrarse esta figura prevista en el art. 211 del C.Civ. derogado. La jueza de grado hizo lugar a la demanda y se decretó la partición del bien. Ambos litigantes apelaron.
15-jul-2015C, CMUna mujer recurrió la decisión de instancia que la obligaba a restituir a su hijo a Italia junto a su padre.
17-ago-2016C, CM (Salud)Una mujer le requirió a su obra social que le cubra los medicamentos prescritos por su médico para tratar la enfermedad que padecía (carcinoma mamario). La obra social, sin brindarle explicaciones, omitió entregárselos. La actora interpuso una acción de amparo contra esa entidad y solicitó una medida cautelar para que se le provean los remedios que necesitaba.
10-mar-2017C, CVEl artículo 49 de la Constitución de la provincia de Salta establece el derecho de los padres y tutores a que sus hijos y pupilos reciban en la escuela pública educación religiosa de acuerdo con sus convicciones. Asimismo, el artículos 8, inc. m de la Ley de Educación de la Provincia (ley Nº 7.546) establece como principio, fin y criterio el derecho establecido en la constitución provincial; el art 27, inc. ñ, a su vez, dispone que la enseñanza religiosa integra los planes de estudios y se imparte dentro del horario de clase. Un grupo de personas y la Asociación por los Derechos Civiles iniciaron una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 27, inc. ñ de la ley Nº 7.546 y, en forma subsidiaria, postularon la invalidez constitucional del art. 8, inc. m de esa ley y del art. 49 de la Constitución de la provincia de Salta por violar derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía personal y a la intimidad. Llegado el caso ante la Corte de Justicia de Salta, el tribunal confirmó la constitucionalidad de las normas cuestionadas. Sin embargo, ordenó que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos tengan lugar únicamente durante las clases de educación religiosa. Los amparistas interpusieron, en consecuencia, un recurso extraordinario federal, que fue concedido.
5-jun-2017C, DUn hombre se encontraba fumando un cigarrillo de marihuana en la vía pública, cuando fue observado por personal policial. En el lugar no había ninguna otra persona. El agente le solicitó que mostrara sus pertenencias. El imputado extrajo de uno de sus bolsillos once cigarrillos de elaboración casera y tres envoltorios de nylon con marihuana. El total del material estupefaciente secuestrado fue de 7 gramos. Por tal motivo, el juzgado federal dictó su procesamiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación.
11-abr-2017C, ECUna mujer impugnó el resultado del concurso efectuado en la Universidad Nacional de Mar del Plata para cubrir el cargo de ayudante de profesor titular. El Consejo Académico de la Facultad de Psicología rechazó el recurso y designó en el cargo a la persona que quedó en primer lugar en el orden de mérito establecido en la evaluación. La impugnante interpuso un recurso de nulidad que fue rechazado por el Consejo Superior de la universidad. En consecuencia, la concursante interpuso un recurso de apelación en los términos del artículo 32 de la ley Nº 24.521. La Cámara Federal de Mar del Plata –sin haberle dado intervención a la persona que obtuvo el cargo concursado– hizo lugar al recurso. La Universidad Nacional de Mar del Plata interpuso un recurso extraordinario federal.
14-may-2015C, ESLa actora solicitó autorización judicial para una ablación de riñón a favor de su concuñada, atento no encontrarse comprendida dentro de los parientes autorizados a efectuar tal donación de conformidad a lo prescripto por el artículo 15, ley 24.193. La receptora y concuñada de la actora padecía insuficiencia renal crónica, por lo que debía hacer terapia dialítica. Dada la gravedad de su estado, se encontraba en lista de espera para efectuarse un trasplante renal desde el año 2014, sin haber podido acceder a un trasplante de un donante cadavérico o de donante vivo relacionado. El Juzgado de Primera Instancia hizo lugar al pedido de la actora y autorizó la donación y trasplante de riñón de la peticionante.
28-may-2015C, HMEl accionante solicitó la interdicción de su hermano, que padecía psicosis esquizofrénica crónica, con un grado de discapacidad laboral permanente del 100% de sus funciones intelectuales y, a la vez, se propuso como su curador definitivo. El juez de grado designó como Curadora ad-litem a la Curadora Oficial del Ministerio Público. Se realizaron los informes interdisciplinarios (de los cuales surgía que la persona no era autovalente, no podía administrar sus bienes ni realizar tareas remunerativas) y se escuchó en una audiencia al causante. La Curadora y la Asesora de incapaces solicitaron que se haga lugar a la demanda y se restrinja la capacidad de C. de la menor manera posible y se proceda a su revisión dentro de los tres años.
27-sep-2016C, JLUna persona fue imputada por dos hechos. El primero consistía en la sustracción de seis bolsas de material de construcción. En el segundo, había trepado un poste de la vía pública para apoderarse de un foco de luz. El Tribunal Oral en lo Criminal lo condenó a la pena de un año y ocho meses de prisión en orden al delito de robo simple en concurso real con el delito de robo con escalamiento –respectivamente–, ambos en grado de tentativa. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, criticó la errónea interpretación de la agravante con la que se calificó el segundo hecho.
30-ago-2013C, LAEn el mes de febrero del año 2009, el tribunal oral le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años. En julio del año 2012, el juzgado de ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta. En mayo de 2012, un Juzgado Correccional condenó a la misma persona a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional por un hecho cometido en el año 2010. Frente a esa situación, el tribunal le revocó la probation. Contra esa resolución, la defensa un interpuso recurso de casación.
16-may-2017C, LG c. ANSESUna persona inicio el tramite jubilatorio ante ANSeS y solicitó el recálculo y actualización de su haber. Ante el rechazo en el ámbito administrativo, judicializó el reclamo. Además solicitó que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes 24.241 y 24.463 –sobre movilidad previsional– y del tercer párrafo del inc. i) del art. 20 y el art. 79 inc. c) de la ley 20.628 –Impuesto a las ganancias–. El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 2 hizo parcialmente lugar a la demanda y ordenó a ANSeS que practique una nueva liquidación y ponga al pago el haber recalculado. Ambas partes interpusieron un recurso de apelación con la sentencia.
31-mar-2017C, MBUna niña que se encontraba embarazada producto de un abuso sexual intrafamiliar estaba internada en un hospital y era asistida por un equipo terapéutico interdisciplinario. De acuerdo a los informes del servicio social, había decidido no continuar con su embarazo. En ese marco, una psicóloga que no integraba su equipo médico –voluntaria de la organización Grávida, centro de asistencia a la vida del naciente– mantuvo una entrevista con ella en la sala de internación del servicio de pediatría. La profesional en cuestión se presentó como amiga de su madre y entabló una conversación con la niña que fue seguida de juegos recreativos. Esa intervención se realizó sin autorización ni consentimiento de la paciente. Posteriormente, la niña solicitó el alta voluntaria, modificó su opinión respecto de la interrupción del embarazo y continuó el tratamiento de forma privada. Por su accionar, la licenciada en psicología fue denunciada en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe. En su descargo ante el Tribunal de Ética, la profesional sostuvo que participó en el caso en calidad de voluntaria de Grávida y no como psicóloga.
26-dic-2016C, MFEl conductor de un camión fue imputado por la comisión del delito de homicidio culposo agravado por la conducción negligente de un vehículo automotor. La hipótesis acusatoria se fundó, en esencia, en la violación del deber objetivo de cuidado a través de la infracción a la norma sobre prioridad de paso. Para sostener esta posición, la acusación individualizó al supuesto autor mediante los registros de las cámaras situadas en las calles próximas al lugar del accidente. Sin embargo, no pudieron aportarse al debate filmaciones de la intersección donde tuvo lugar el hecho. Por otra parte, siete testigos señalaron que no había ningún camión en el lugar y coincidieron en la intervención de un vehículo gris en el siniestro. En este marco, la defensa postuló la absolución de su asistido por aplicación del in dubio pro reo.
16-jul-2015C, MGEl niño habitó en la ciudad de La Plata desde su nacimiento, ocurrido en el año 2012, hasta junio de 2014, momento en el que su madre lo trasladó a la ciudad de Formosa –en la que residía–, previa estadía en Gualeguaychú, Entre Ríos. Su padre perseguía la modificación de los términos de un acuerdo suscripto con la madre del niño sobre custodia, contacto y alimentos que había sido homologado por un tribunal de la provincia de Buenos Aires. En la causa obraba un informe psicológico del que surgían indicadores de un cuadro de violencia familiar que podría haber afectado a la peticionaria y al niño. En este marco se generó un conflicto positivo de competencia entre el Tribunal de Familia con asiento en la ciudad de Formosa y el Juzgado de Familia N° 2 del Distrito Judicial de La Plata, provincia de Buenos Aires para intervenir en los conflictos entre las partes respecto de su hijo.
26-mar-2015C, MI c. S, TLa actora –en representación de su hijo– inició las actuaciones con el objeto de establecer la paternidad del niño, cuyo presunto padre biológico había fallecido en el año 2002, cuatro meses después de su nacimiento. El juez de grado dictó sentencia definitiva en el año 2013. En dicha oportunidad, el magistrado admitió la demanda y ordenó el pago de honorarios y la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de las Personas. Con posterioridad, la progenitora del niño manifestó la imposibilidad de gestionar la partida de nacimiento de su hijo y de proceder a la inscripción de la sentencia debido a la falta de recursos económicos para hacer frente a los honorarios y aportes de ley. En virtud de ello, en forma conjunta con el Ministerio Público, solicitó que se ordene la inscripción del de la sentencia sin más trámite. El juez de primera instancia desestimó el planteo. Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación.
20-oct-2014C, NEn el contexto de una pelea callejera entre varias personas menores de edad, dos adolescentes, presuntamente, habían sustraído el teléfono celular de otra persona menor de edad. El juez de instrucción sobreseyó a una de ellas por inimputabilidad y procesó a la otra por el delito de robo en poblado y en banda. Basó su decisión únicamente en los testimonios de los damnificados.
30-may-2017C, OAUna persona con discapacidad percibía una pensión no contributiva por invalidez. Desde el mes de septiembre de 2016, sin aviso previo, se vio privado del haber de agosto. El beneficiario concurrió al Ministerio de Desarrollo Social y no consiguió ninguna información concreta. En consecuencia, se inició una acción de amparo con el objeto de que se establezca el pago de la pensión no contributiva por invalidez y se le abonen los retroactivos devengados desde agosto de 2016 y requirió, como medida cautelar, que se anticipe la tutela jurisdiccional.