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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-ago-2018 | Sosa (Causa Nº 15121) | Un hombre conducía un vehículo; en el asiento del acompañante se encontraba un amigo suyo. Al llegar a una esquina, el auto impactó contra un colectivo y el acompañante sufrió lesiones graves. El hombre fue procesado por el delito de lesiones graves. Entonces, su defensa presentó ante el juzgado un acta de acuerdo de conciliación suscripta por el imputado y el damnificado, con la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación. Allí, el damnificado manifestó que el imputado era su amigo y que no quería que se llevara a cabo un proceso penal en su contra. La fiscalía prestó su conformidad y requirió el sobreseimiento del imputado. El juzgado rechazó el pedido y contra esa decisión la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación. |
| 13-abr-2016 | Sosa (reg. N° 555 y causa N° 10515) | Un hombre había sido imputado por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido por armas de fuego en grado de tentativa y por el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real entre sí. Durante la etapa de debate oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. El tribunal oral modificó la calificación legal, agregó la agravante de poblado y en banda, y lo condenó a la pena de cuatro años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además, lo declaró reincidente. Contra la declaración de reincidencia, el hombre interpuso un recurso in pauperis forma. La defensa fundó la impugnación y señaló que en las actuaciones no se había verificado la concurrencia de los requisitos objetivos para la procedencia de dicha declaración. El tribunal oral rechazó el recurso, por lo que la defensa interpuso un recurso de queja. En su presentación, refirió que la pena impuesta a su asistido no se encontraba fundada ya que lo había condenado a la misma pena por una calificación más gravosa. |
| 10-dic-2015 | Sosa, Emiliano Facundo | En este caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal había confirmado el rechazo de la excarcelación dispuesto por el juez de instrucción. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 11-mar-2022 | Sotelo (causa N° 17396) | Un vecino denunció que dos personas intentaron apropiarse de cables de una línea ferroviaria. Por este hecho, las personas fueron detenidas e imputadas por el delito de robo en grado de tentativa. Una de las defensas presentó un acuerdo de conciliación en el que ofrecía a la empresa damnificada un pedido de disculpas y el cumplimiento de tareas gratuitas en la estación de ferrocarril. El apoderado de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, en su carácter de damnificada, suscribió el acuerdo, que fue presentado en sede judicial. El representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de la homologación del acuerdo. |
| 1-jul-2022 | Soto (causa N° 2091) | Un integrante de la policía había sido imputado por el delito de encubrimiento de contrabando. En el marco del proceso, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El juzgado interviniente no hizo lugar al pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta el carácter de funcionario público de la persona imputada y consideró que el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal restringía la aplicación del instituto respecto de los delitos previstos en la ley N° 22.415. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que debía declararse la inconstitucionalidad de la norma en tanto la exclusión establecida resultaba irrazonable. Durante su trámite ante la cámara interviniente, la causa fue elevada a juicio. |
| 30-ene-2019 | Soto (causa Nº 7290) | Un hombre había sido condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de robo en grado de tentativa. El imputado fue trasladado a una unidad penitencia-ria que tenía capacidad para 480 personas y alojaba a 855. Allí, mantenía buena relación con sus compañeros y con los agentes policiales, realizaba cursos de formación, trabajaba en la cocina, había sido calificado con conducta ejemplar, no registraba sanciones disciplinarias y era visitado de manera regular por su pareja. Transcurrido un año y nueve meses de detención, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El complejo penitenciario informó que el interno se encontraba en un pabellón de trabajadores y estudiantes con conductas positivas. El área psicológica efectuó dos informes, en los que se expidió con idénticos argumentos de manera negativa. Por su parte, Asistencia Social remitió dos informes, de los que surgía que el imputado había aportado diferentes domicilios para vivir en caso de que se le concediera la libertad. El primero correspondía a su ex pareja y el segundo a su actual. El juzgado de ejecución rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 31-jul-2015 | Soto Cuellar, Wilson Eduardo | El Juzgado de Ejecución Penal había resuelto no incorporar al imputado al régimen de libertad asistida. A tal fin, tuvo en cuenta la imposibilidad de la Sección de Educación de evaluar al imputado en virtud de su inasistencia a clases. Dicha resolución fue dictada luego de tres meses de encontrarse los autos en situación de ser resueltos. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. Al celebrase la audiencia prevista por el artículo 454 del CPPN, el imputado ya se encontraba en libertad por agotamiento de la pena que se le había impuesto. |
| 13-jun-2015 | Soto Parera, Mariano | Un hombre había sido condenado a una pena de prisión. El imputado padecía adicción a las drogas y había sido alojado durante cuatro años en instituciones de tratamiento psiquiátrico. Durante ese tiempo, se le suspendido la progresividad en el cumplimiento de la pena. Cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. La unidad penitenciaria informó que se encontraba calificado con conducta muy buena y concepto regular. Asimismo, las diversas áreas del complejo indicaron que el imputado trabajaba, estudiaba, cumplía con los reglamentos carcelarios y poseía un domicilio de referencia. El Consejo Correccional hizo saber que el penado se encontraba al inicio del régimen de progresividad, por lo que se expidió de manera desfavorable. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la opinión del Consejo Correccional era arbitraria y concluyó que debía haberse concederse la libertad condicional. El juzgado de ejecución rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-sep-2018 | Spinelli (reg. Nº 1052 y causa Nº 69265) | Un hombre ingresó a un comercio, simuló tener un arma y obligó a la empleada del lugar a encerrarse en un baño. Entonces, tomó elementos electrónicos, dinero en efectivo, el documento de la mujer y huyó. La empleada efectuó la denuncia y, en la comisaría, reconoció al hombre en una fotografía. Luego, durante el trámite del expediente, lo identificó en el marco de una rueda de reconocimiento. El Tribunal Oral lo condenó por el delito de robo a la pena de un año y seis meses de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 16-oct-2014 | SPM | El juzgado de primera instancia convalidó la actuación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Campana y había declaró la legalidad de una medida de abrigo en familia ampliada adoptada respecto de una niña, sin hacer lugar al pedido de audiencia para que la niña se manifieste. Contra esa decisión presentó recurso de apelación la Asesora de Incapaces. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Zárate-Campana hizo lugar al recurso. |
| 13-oct-2017 | SPP (causa Nº 70559) | SPP y otra persona ingresaron al depósito de una empresa y sustrajeron elementos de valor. El sereno escuchó ruidos extraños y vio a una persona dentro del predio. Entonces, se asustó y salió a buscar ayuda por una puerta que se abría sólo por dentro. Sin embargo, al salir, dejó la puerta sin llave. Cuando llegó la policía, advirtió que la puerta de acceso al cuarto superior se encontraba abierta y que la cerradura estaba dañada. Allí, encontró a SPP y a su compañero y los detuvo. El fiscal consideró que ingresaron a través de un ventiluz, por lo que calificó el hecho como robo agravado por haber sido cometido con escalamiento. Durante el debate, SPP admitió que ingresó al lugar para llevarse elementos de valor, pero refirió que lo hizo por la puerta de entrada y no por el ventiluz. Asimismo, señaló que unos conocidos suyos le avisaron que habían sacado cosas y que habían dejado la puerta abierta. Por último, manifestó que no se llevó nada porque lo detuvieron al poco tiempo de haber ingresado. La defensa solicitó la incorporación por lectura de un peritaje realizado sobre el ventiluz en el que se concluía que la abertura tenía un máximo de 15 cm y que no resultaba posible que la atravesaran un cuerpo humano y los elementos sustraídos. Sin embargo, el Tribunal Oral condenó a SPP a la pena de tres años y tres meses de prisión por el delito de robo agravado por haber sido cometido con escalamiento. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 3-nov-2016 | SPPJ (Causa Nº59249) | Una persona detenida con prisión preventiva padecía EPOC. Por ese motivo, solicitó el arresto domiciliario. El tribunal lo rechazó. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara de Casación rechazó la impugnación y encomendó al tribunal su realojamiento en un lugar adecuado para tratar su patología. A partir de esa resolución, se ordenó su traslado al CPF I de Ezeiza. Una vez allí, empeoraron sus condiciones de salud. Entonces, se requirió nuevamente el arresto domiciliario. Los médicos del Hospital Penitenciario del CPF I confeccionaron un informe en el que negaban que fuera necesaria su concesión. El tribunal volvió a rechazar el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En esta oportunidad, se acompañaron dos informes médicos favorables al pedido, uno practicado por el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación y otro por el asesor médico del Director General de la Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. |
| 8-mar-2024 | SPS (Causa N°34939) | A una niña que tenía una discapacidad psicofísica se le diagnosticó una parálisis cerebral. A su vez, sufrió un accidente que le produjo quemaduras en la piel. En ese marco, su progenitora inició un proceso judicial contra la obra social en el que requirió diversas prestaciones que tenían por objeto atender las quemaduras, como así también su rehabilitación. Sin embargo, la demandada era renuente a cumplir con la cobertura ordenada. Por ese motivo, se le impusieron sanciones económicas para forzar su cumplimiento. Con posterioridad, la mujer solicitó la cobertura total del valor de cremas para el cuidado de la piel que necesitaba la niña, pero la obra social solo cubrió el cuarenta por ciento de su valor. A su vez, solicitó el reintegro de viáticos por el traslado en ambulancia a otra localidad para realizar una consulta médica. Allí se evaluó la posibilidad de que la niña utilizara una nueva tecnología de comunicación a través del sistema Irisbond, que posibilitaba una mejor comunicación y mayor autonomía a personas con patologías similares a la de su hija. También solicitó la devolución de los gastos de un estudio neurológico y la cobertura de un aparato ortopédico cervical. No obstante, la obra social no respondió a las solicitudes. En ese contexto, la progenitora denunció una vez más el incumplimiento de la sentencia y solicitó nuevas sanciones. Luego, el juzgado formó un incidente y notificó de manera electrónica a la obra social al domicilio constituido en el expediente principal. En esa ocasión, la demandada se presentó y cumplió solo con el reintegro de lo gastado en el estudio neurológico. En cuanto a las cremas, expresó que no las había cubierto en su totalidad porque la mujer no había presentado una justificación médica. Con relación a los viáticos, sostuvo que no tenían una finalidad médica, sino que eran para una consulta comercial sobre una nueva tecnología. Por su parte, la actora informó que la solicitud de reintegro de viáticos respondía a una indicación de los médicos tratantes de la niña. Sobre ese aspecto, señaló que se trataba de una evaluación interdisciplinaria con un equipo médico dedicado a la mejora de la calidad de vida de niños o niñas con la misma condición. |
| 8-sep-2015 | SQ, MA y otros c. R, FJ | La actora inició una demanda contra su ex cónyuge y progenitor de sus tres hijas, solicitando se fije una cuota en concepto de alimentos a favor suyo y de las niñas. El demandado solicitó que se rechace el pedido de cuota alimentaria a favor de la actora y se fije la que corresponda a sus hijas, en atención a sus necesidades y a la real situación económica de las partes. |
| 1-dic-2016 | Squettino, Gilda Mariana | Una mujer, oficial de la Armada Argentina, solicitó ser trasladada a Corrientes para estar cerca de sus hijas, una de las cuales padecía severos trastornos psicológicos por encontrarse separada de su madre. Dicha petición fue denegada. Contra esa decisión, la actora promovió una acción de amparo. Un año y medio después, la Armada dispuso el cese de servicios de la peticionante; decisión que fue impugnada por la nombrada y suspendida judicialmente. Sin embargo, en el marco del pronunciamiento sobre el amparo interpuesto, el juzgado declaró abstracta la cuestión con fundamento en que la actora había pasado a retiro y que no existía constancia alguna de que dicha disposición se hubiera cuestionado en sede administrativa. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación. |
| 11-nov-2014 | SQZ | La Cámara Nacional de Apelaciones hizo lugar al planteo de nulidad de la defensa contra el auto del juez de grado que rechazó la suspensión de juicio a prueba sin haber convocado previamente a las partes a la audiencia dispuesta por el artículo 293 del CPPN. En este sentido, consideró la Cámara que la inobservancia del procedimiento previsto para el instituto de suspensión de juicio a prueba “afectó insalvablemente el debido proceso legal, por cuanto por esa vía se omitió la correspondiente intervención de aquellos a quienes la ley les ha reconocido la facultad de opinar positiva o negativamente frente a un planteo de esta clase (artículos 76 bis, tercer y cuarto párrafos, del Código Penal)”. Finalmente, al declarar la nulidad del auto apelado agregaron que la audiencia prevista por el artículo 293 CPPN no es discrecional del juzgador ya que “es la oportunidad para que la defensa y el acusador público presenten sus peticiones y fundamentos, y que también realicen réplicas a la contraparte. Es a través de la inmediación y el contradictorio donde surgirán los elementos que la magistratura deberá valorar para tomar la decisión conforme las pautas del art. 76 bis del C.P.”. |
| 17-feb-2022 | SRA (causa Nº 27047) | En octubre 2007 los representantes legales de un niño iniciaron una acción de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra una sociedad de responsabilidad limitada. En junio de 2008, la Defensora Pública de Menores e Incapaces asumió la representación del menor de edad y solicitó que se intimase a la actora a que realizara las gestiones correspondientes bajo apercibimiento de designarse un tutor ad litem. Además, peticionó que, vencido el plazo otorgado y más allá de su resultado, se le corriese nueva vista. El juzgado hizo lugar a lo solicitado. Sin embargo, luego de casi dos años de inactividad procesal, la parte demandada solicitó la caducidad de la instancia. El tribunal dio traslado a la defensora. Sobre este aspecto, la defensora destacó la omisión de la vista requerida con anterioridad y reiteró su solicitud para que se designara un tutor. Si bien el organismo designó un tutor ad litem, decretó también la caducidad de la instancia. Para así decidir, indicó que había transcurrido en exceso el plazo de seis meses establecido en el artículo 310, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, agregó que se había otorgado oportuna intervención al Ministerio Pupilar con motivo de la inacción de la parte actora y que esa medida había tenido lugar con anterioridad a la resolución recurrida. El Defensor Público Tutor interpuso recurso de apelación, pero la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmo la decisión. Por último, interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, presentó un recurso de queja. |
| 14-abr-2015 | SRDN | Una persona imputada por el delito de lesiones culposas producidas como consecuencia de un accidente de tránsito solicitó la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado Correccional corrió vista del pedido a la fiscalía, que dictaminó por escrito. Allí, indicó que “no se oponía si el imputado no tenía antecedentes” y requirió, como regla de conducta, “el cese de la actividad por la que habría sido inhabilitado de recaer condena”. Durante la audiencia, la defensa planteó que la inhabilitación voluntaria para conducir traería problemas laborales a su representado. La fiscal no fue convocada al acto. Dos meses después de la vista, el juzgado rechazó la probation. A tal efecto, alegó que el instituto no era aplicable a delitos sancionados con pena conjunta de inhabilitación, impedimento que sólo podía subsanarse a través de la autoinhabilitación. Adicionalmente, sostuvo que la fiscal se había opuesto a su concesión, más allá de que no consideró vinculante su opinión. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación. |
| 1-nov-2022 | SRE (Causa Nº 100896) | En un proceso de alimentos a favor de un niño, se determinó una cuota provisoria a cargo de su progenitor. Pese a las reiteradas intimaciones, el hombre recién canceló lo adeudado un año después. Durante el período de incumplimiento, el juzgado le impuso –a modo de medidas sancionatorias– su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la inhibición general de bienes. Luego, el demandado pidió que se levantaran las referidas medidas. Remarcó que lo resuelto le ocasionaba un daño debido a que se le limitaba la posibilidad de generar recursos y, de esa forma, hacer frente a sus obligaciones alimentarias. Además, sostuvo que ya no existía deuda, por lo que no tenía sentido mantener lo dispuesto. Añadió que se había demorado apenas unos días a partir del vencimiento ya que, en ese momento, no contaba con ingresos fijos. Sobre esa cuestión, señaló que trabajaba como herrero y no tenía una fecha concreta de cobro. Por su parte, la actora se opuso al planteo del hombre. En concreto, destacó que la normativa permitía la traba de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de alimentos a futuro. El juzgado interviniente no hizo lugar al levantamiento de las medidas. Contra esa resolución, el demandado interpuso un recurso de apelación. |
| 8-feb-2022 | SRS (Causa N° 18645) | Un adolescente había sido asignado con el sexo femenino al momento de su nacimiento. Sin embargo, desde una edad temprana se autopercibió con el sexo masculino. Por ese motivo, solicitó a sus progenitores autorización para iniciar la modificación registral de su partida de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida. Ante su negativa, intervino la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF). En esa oportunidad, el organismo solicitó que se dictara una resolución judicial que permitiera la inscripción del cambio registral del adolescente. En ese sentido, pidió que se supliera la autorización de los progenitores conforme al artículo 5 de la ley N° 26.743 de identidad de género. |