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21-dic-2022GMP (Causa N° 2758)A una mujer se le diagnosticó esclerosis múltiple, y se le prescribió un tratamiento a fin de retrasar su avance. Por ese motivo, solicitó a su obra social –IOMA– la cobertura integral de ese tratamiento. Sin embargo, la obra social rechazó la solicitud. En consecuencia, la afiliada presentó un amparo ante el Juzgado en lo Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, donde vivía. En su presentación requirió como medida cautelar la entrega inmediata de la medicación prescripta. El Juzgado se declaró incompetente para intervenir. En su decisión sostuvo que el expediente debía tramitar ante el fuero federal ya que eran aplicables las normas vinculadas al sistema de salud nacional. Por consiguiente, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Necochea, que también se declaró incompetente para intervenir. Para decidir de esa manera, señaló que la obra social demandada era una entidad autárquica provincial que no estaba alcanzada por la Ley N° 23.660 de Obras Sociales ni había adherido al Sistema Nacional de Seguro de Salud creado por la ley N° 23.661. En ese sentido, el juzgado entendió que el caso no involucraba sujetos o intereses federales. En ese marco, el expediente se elevó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resolviera el conflicto de competencia suscitado.
29-sep-2022GMP (Causa Nº 178)Una mujer vivió en la ciudad de Buenos Aires hasta que conoció a su pareja. Luego tuvieron dos hijos y se mudaron a un pueblo de la Provincia de Córdoba, donde vivía la familia de su pareja. Ante diversas situaciones de violencia ejercidas por el hombre, luego de diez años de convivencia, se separaron. Por ese motivo, la mujer realizó una denuncia por violencia familiar. En esa oportunidad, el juzgado que intervino dictó una medida cautelar con la restricción de contacto y exclusión del hogar del demandado. No obstante, la mujer siguió denunciando las situaciones de amenaza y acoso que recibía de parte de su ex pareja. La mujer no tenía trabajo y debía afrontar sola el cuidado y los gastos de sus hijos menores de edad debido a que el hombre no pagaba la cuota alimentaria. Asimismo, se encontraba sola en el pueblo y no contaba con ningún tipo de red de contención. En ese contexto, la delegación de Río Cuarto de Asistencia a Mujeres en situación de Violencia se expidió respecto del alto riesgo que atravesaba la mujer y la situación de vulnerabilidad que la colocaba en desequilibrio de poder. En consecuencia, sugirió como medida de resguardo el traslado de la mujer y sus hijos a Buenos Aires para que puedan continuar sus vidas sin violencias y contar con el apoyo de su familia. El hombre se negó al traslado de los niños, pese a no residir más en el pueblo. Por su parte, la mujer solicitó la autorización judicial para el cambio de residencia de sus dos hijos a Buenos Aires. Entre sus argumentos, consideró que eran varios los factores para determinar el centro de vida de los niños y no sólo el lugar físico donde vivían en la actualidad. Sobre ese aspecto, agregó que ella se encontraba al cuidado de sus hijos y por lo tanto era su único referente cotidiano con el que compartían su vida. Asimismo, destacó la posibilidad de trabajo y hogar que le podía brindar su familia en Buenos Aires. Por último, resaltó que la cuestión debía resolverse en base al interés superior del niño y la situación de violencia que afectaba el bienestar y seguridad de sus hijos.
16-may-2018GMR (causa 65663428)Una mujer de 42 años de edad y su pareja de 38 años solicitaron a su obra social un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad. Conforme artículo 2º del anexo I del decreto Nº 956/2013 se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. Ante la falta de respuesta de la entidad, la pareja inició una acción de amparo y requirió, como medida cautelar innovativa, que se ordenara a la demandada que cubriera el 100% de la medicación, las técnicas necesarias para el tratamiento de fertilidad y toda indicación dispuesta por su médico tratante; todo con el profesional que intervino hasta el momento y en un centro de fertilidad especifico de la ciudad de Rio Cuarto. La decisión fue impugnada por la obra social.
8-may-2012GMR (causa N° 29440)En 1997 una persona fue condenada a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por un delito cometido en febrero de 1996. Luego, fue condenada en 2002 a la pena de veintiún años de prisión por delitos cometidos en noviembre de 1996. Entonces, se le impuso la pena única de veintidós años y nueve meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró que  el artículo 58 CP establecía que correspondía la unificación cuando se juzgara a una persona que se encontraba “cumpliendo pena” y que ese requisito no se daba ya que la primera condena había sido dejada en suspenso.
10-sep-2018GMVD (Expte. 10422)En el año 1997 a la señora MG se le detectó Tetralogía de Fallot, una patología cardíaca congénita que si bien podía haber sido tratada con una cirugía, la operación no se llevó adelante. Entre el año 1997 y el año 2005, MG tuvo cinco abortos espontáneos. Un mes después del último aborto, el Hospital San Roque de la Provincia de Entre Ríos, autorizó una ligadura de trompas atento al peligro que otro embarazo implicaría para la salud y la vida de la mujer. Sin embargo, cuando MG se internó, la operación no se llevó a cabo porque el quirófano no estaba en condiciones. En junio de 2011 MG concurrió nuevamente al Hospital con un embarazo de diez semanas. En agosto del mismo año, el Ateneo Multidisciplinario del Hospital San Roque aconsejó la interrupción del embarazo y el traslado al Hospital San Martín. MG prestó consentimiento por escrito para la intervención, para la ligadura las trompas y se internó para la realización de estudios prequirúrgicos. Una vez allí, el Dr. CP, cardiólogo del hospital, gestionó la interrupción de la cirugía prevista para realizar el aborto por considerarla un crimen. CP no era médico de MG, en ningún momento del procedimiento la atendió, ni tuvo ninguna intervención. Sin embargo, logró que no se llevara a cabo la cirugía prevista, sin consentimiento de MG, y derivó a la paciente al Hospital Posadas en Buenos Aires. Fruto de ese embarazo que no fue interrumpido, el 25 de noviembre MG tuvo a su hija SBS. Ocho días después, aún internada, MG sufrió un accidente cerebro vascular isquémico talámico derecho. Los médicos determinaron que la causa fue, exclusivamente, su patología no corregida y la decisión de llevar el embarazo a término. Esto ocasionó secuelas graves e irreversibles que le impidieron mantener una vida normal. MG y su esposo RS iniciaron una demanda contra la provincia de Entre Ríos por los daños y perjuicios derivados de las acciones y omisiones del sistema de salud provincial. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra esa decisión la parte demandada interpuso un recurso de apelación.
7-abr-2017GN y otros (causa Nº 13100)Una niña de 14 años había sido diagnosticada con síndrome de West a los tres meses de vida. Esta enfermedad le generaba, entre otras cuestiones, un estado de convulsión casi permanente con alrededor de mil pequeños episodios al día. Para tratar esta dolencia, debía tomar un jarabe y dieciséis pastillas diarias que perdían efectividad con el paso del tiempo debido al acostumbramiento del organismo. La madre de la niña decidió, entonces, recurrir al uso de aceite de Cannabis. Esta sustancia mejoró la calidad de vida de su hija: le permitió disminuir el consumo de fármacos y las convulsiones. La medicación era facilitada por una mujer que se dedicaba a su provisión. Durante un allanamiento en su domicilio, se secuestraron frascos de aceite de Cannabis rotulados con el nombre de la madre de la niña. Ante esta situación, la defensa solicitó la devolución de los frascos de aceite de Cannabis.
25-feb-2015GNB (causa Nº C67586)Una mujer trans padeció discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa (imposibilidad de incorporarse al mercado laboral, abusos y violaciones por parte de la policía, exclusión del sistema de salud, etc.) como producto de su identidad de género. En consecuencia, inició una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de obtener un subsidio extraordinario y reparatorio equivalente al salario mínimo, vital y móvil, en respuesta a su necesidad de supervivencia.
21-dic-2021GNF (Causa N° 8577)Un hombre se encontraba al cuidado exclusivo de sus cinco hijos menores de edad. Además, no tenía empleo estable y realizaba trabajos ocasionales de jardinería y albañilería. Además, alquilaba un garaje en donde vivía el grupo familiar, y al no contar con ingresos fijos debió vender los pocos objetos que tenía para afrontar el pago del alquiler. No obstante, debido a la situación económica comenzó a tener deudas por los servicios de luz y gas. Asimismo, la progenitora de los niños no tenía vínculo con ellos y tampoco colaboraba con su alimentación, lo cual afectó aún más la economía familiar. En ese contexto, el hombre solicitó la Asignación Universal por Hijo para Protección social (AUH) que le fue concedida para sus cinco hijos. Con posterioridad, la progenitora tuvo otros hijos y solicitó la pensión de madre de 7 hijos que le fue asignada. En consecuencia, a fines de 2015 el hombre dejó de percibir la AUH dado que la ANSES consideró que era incompatible con la pensión no contributiva que cobraba la progenitora. Por ese motivo, el hombre con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial de Santa Rosa interpuso una acción de amparo contra la ANSES. Entre sus argumentos, destacó que en ocasiones no conseguía ningún trabajo y por lo tanto no podía garantizar a sus hijos una vida digna. En ese sentido, el ingreso de la AUH resultaba imprescindible para cubrir los gatos de subsistencia. Además, resaltó que la mujer ya no convivía con los niños y tampoco tenía vínculo con ellos. El juzgado que intervino hizo lugar a la demanda. Para decidir así, contempló como beneficiarios a tres de los niños y les otorgó la AUH. Con respecto a los otros dos hijos, ordenó que se liquidaran las sumas adeudadas hasta la fecha en las cuales adquirieron la mayoría de edad. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. En esa oportunidad, sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social le había otorgado a la madre de los niños una pensión y que por lo tanto eran destinatarios de ese beneficio social. Además, resaltó la incompatibilidad que se producía entre la AUH y la pensión para madres de siete hijos.
5-sep-2014GNMT c. AUTO FRANCE S.A. s. beneficio de litigar sin gastosEn este caso, el juez de primera instancia rechazó la demanda de beneficio de litigar sin gastos con fundamento en que la parte actora es titular de un departamento y de un auto. La Sala B modificó dicha decisión y otorgó el beneficio de litigar sin gastos en un 50%.
11-jun-2020GNP (Causa N°3348329)Un hombre y una mujer firmaron un acuerdo sobre cuestiones vinculadas a sus dos hijos menores de edad. Ese convenio –que contemplaba la deuda alimentaria a cargo del progenitor– fue homologado por un juez. Sin embargo, el hombre se resistía a cumplir con lo acordado. Frente a su incumplimiento prolongado, la mujer solicitó que se le impusieran medidas conminatorias para que regularizara la situación. En ese sentido, pidió que se le prohibiera ejercer la profesión de árbitro de fútbol que desempeñaba tanto de manera principal como en carácter de asistente. También peticionó que se le imposibilitara ascender de categoría hasta que se pusiera al día con sus obligaciones. Por su parte, el demandado se opuso a lo solicitado. Entre sus argumentos, indicó que los ingresos de su actividad como árbitro le permitían subsistir. Con posterioridad, la asesora de menores prestó conformidad con el pedido de la actora. En su presentación, indicó que el dinero que obtenía a causa de la referida profesión resultaba insuficiente, por lo que debía presumirse que el hombre tenía otros ingresos.
28-abr-2020Godoy (causa N° 18051)Un hombre fue detenido en noviembre del 2019 e imputado por los delitos de abuso sexual y amenazas, en concurso real. Al momento de su detención se encontraba en situación de calle y brindó un domicilio que, al ser constatado, dio resultado negativo. Además, registraba una sentencia condenatoria a tres años de prisión en suspenso. Su defensa solicitó su excarcelación y refirió que su asistido podía vivir en el domicilio de su madre. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de esa manera señaló que, en virtud de sus antecedentes, en caso de ser condenado la pena no podía ser dejada en suspenso. Además, señaló que no tenía suficiente arraigo y consideró que no resultaba desproporcionado el tiempo que había estado en detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
7-feb-2019Godoy (Causa Nº 12661)Un buque pesquero se hundió y sus tripulantes naufragaron. Por tal razón, se inició una investigación en sede penal. Las familias de dos víctimas se presentaron como querellantes con representaciones legales separadas. Una de ellas contrató a un letrado particular. La otra tenía dificultades económicas y su representación fue asumida por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación. El juzgado intimó a las querellas a unificar su representación, bajo apercibimiento de disponerlo de oficio. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Entre otras cuestiones, indicó que, dada la vulnerabilidad de su representado, no era posible unificar la querella con un abogado particular y afrontar su costo. Al mismo tiempo, indicó que en los términos de la resolución DGN N° 1459/18, el programa sólo podía representar a personas de bajos recursos económicos.
11-feb-2022Godoy (causa Nº 58)El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dictó la resolución Nº 436/2021. La norma aprobó un proyecto que consistía en un relevamiento sísmico “3D” en áreas ubicadas costa afuera en la Cuenca Argentina Norte (CAN) de la Plataforma Continental Argentina. La información obtenida de esa manera debía ser analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y de gas. Sin embargo, la evaluación de impacto ambiental debía indicar, entre otras consideraciones, efectos adversos sobre la biota por la generación de ruidos. Por este motivo, un grupo de organizaciones ambientalistas junto al intendente del Partido de General Pueyrredon presentaron una acción de amparo. Además, solicitaron como medida cautelar la suspensión del proyecto aprobado hasta que se conociera de manera fehaciente el impacto ambiental.
17-nov-2014Godoy (reg. N° 2564 y causa N° 749)En junio de 2003 un tribunal condenó a una persona a la pena de tres años y seis meses de prisión. En mayo de 2005 la pena venció. En febrero de 2007 otro tribunal la condenó por un hecho cometido en febrero de 2005 a la pena de treinta años de prisión. La defensa solicitó que se unificaran las penas. El tribunal rechazó el pedido. Para decidir de esa manera sostuvo que la primera pena había vencido, por lo que no correspondía su unificación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
21-oct-2019Godoy Márquez (causa N° 23131)Dos hombres y un joven menor de dieciocho años de edad que se desplazaban en un vehículo, interceptaron con armas a una mujer y le sustrajeron sus pertenencias. Pocos minutos después, abordaron a un joven y lo obligaron a subir al automotor. Luego lo obligaron a conducirlos al lugar donde vivía. Una vez allí, el adolescente junto a uno de los hombres redujeron a los integrantes de la familia mientras solicitaban dinero y objetos de valor. Mientras, el tercer hombre se ubicó como campana en el vehículo. Sin embargo, una de las víctimas accionó un botón que activó una alarma privada. Finalmente, personal policial llegó al domicilio y detuvo a quienes se encontraban dentro. Por ese hecho, fueron imputados por los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego reiterado en dos oportunidades. Por su parte, el adulto también fue imputado por el delito de portación ilegítima de arma de guerra. En la etapa de juicio oral el joven fue declarado penalmente responsable por los hechos y el hombre fue condenado a la pena de dieciséis años de prisión. Para apartarse del mínimo legal de la escala penal, el tribunal oral valoró como agravante la utilización del menor de edad en los términos del artículo 41 quater del Código Penal. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. Entre sus argumentos, la defensa del adulto sostuvo que el joven había obrado con autonomía y paridad de condiciones en los hechos.
5-oct-2021Godoy y otra (causa Nº 9738)En una causa judicial se investigaba a una persona por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A raíz de una orden de allanamiento, personal policial se dirigió a un domicilio. Entonces, constató que un vehículo se daba a la fuga. Con posterioridad, se localizó el vehículo en el patio de una vivienda, propiedad de la prima del imputado. La delegación policial se constituyó en el segundo domicilio donde una joven menor de edad se encontraba sola. Entonces, ingresó a la vivienda sin orden de allanamiento y requisó el vehículo a partir de una orden judicial. En el asiento trasero del automóvil se halló un monedero color marrón de cuerina que contenía en su interior 5,3 gramos de cocaína. Una vecina avisó a la dueña de la vivienda y madre de la niña que la policía estaba en su casa. La dueña de la vivienda ingresó y manifestó que el auto pertenecía a su prima y su marido, y que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre la sustancia encontrada. La prima de la dueña de casa y su pareja fueron imputados por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Luego, las partes suscribieron un acuerdo de juicio abreviado que fue presentado para su homologación en sede judicial.
4-ago-2015Godoy, Cristian David (reg. Nº 307 causa Nº67284)Una persona fue condenada a una pena de prisión por el delito de robo en poblado y en banda. Cumplidos los plazos requeridos por la ley, su defensa solicitó que se lo incorporara al régimen de libertad condicional. Además, agregó que podía desempeñarse en su oficio de panadero en un emprendimiento familiar y que contaba con un domicilio donde vivir. Al momento de evaluar la concesión de la libertad condicional, el Consejo Correccional se pronunció de forma desfavorable. Cinco meses después, ante una nueva evaluación, el Consejo modificó su pronunciamiento, brindando un diagnóstico de reinserción favorable. El Juzgado de Ejecución rechazó el pedido de otorgamiento de libertad condicional por considerar únicamente el informe negativo del Consejo y por ponderar que la persona no se esforzó en modificar “su conducta adictiva” y que carecía de “habitualidad laboral”.
2-may-2018GOJ (causa Nº 12035)Un hombre había sido condenado y, en el marco de ese proceso, se le había concedido la libertad condicional. Luego, un Tribunal Oral lo condenó por la comisión de un nuevo hecho. A su vez, revocó la libertad condicional y le impuso una pena única. La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 17 del Código Penal y, en tal sentido, solicitó que se iniciaran los trámites para la concesión de la medida revocada. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, frente a una nueva pena resultante de una unificación, correspondía interpretar dicha norma de manera estricta. En concreto, entendió que la revocación de la libertad condicional sólo debía operar como impedimento de una nueva libertad, en el marco de las actuaciones donde se resolvió su otorgamiento y revocación. Con base en esos argumentos, se expidió de manera favorable a la solicitud de la defensa. El juzgado de ejecución rechazó el planteo, por entender que el artículo 17 del Código Penal no afectaba el objetivo de reinserción social previsto en la Ley N° 24.660. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
11-abr-2017GOJDUna persona se encontraba procesada por el delito de robo simple en grado de tentativa. El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la imposición de una pena de dos años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. Contra esa decisión, el Fiscal General interpuso un recurso de casación.
22-ene-2020Gomez (causa N° 1308)Una mujer que viajaba en avión de Buenos Aires a Ushuaia sufrió convulsiones. Entre sus pertenencias se halló un paquete con cocaína. Tras el aterrizaje fue trasladada a un hospital, donde se detectó que llevaba dos envoltorios con sustancia estupefaciente en su corpiño y uno en su cavidad vaginal. Por ese hecho fue procesada por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la instrucción del expediente se recibió una denuncia presentada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en el marco de otra investigación que involucraba a la imputada.  Entonces, se incorporó un informe elaborado por la Secretaría de Derechos de Familia y Políticas de Género. De allí surgía que la mujer había referido que el traslado de estupefacientes respondía a la necesidad de pagar deudas y que se dedicaba al ejercicio de la prostitución en la localidad de Río Grande. Además, el informe concluía que la situación social, económica y familiar de la mujer estaban atravesadas por múltiples indicadores de vulnerabilidad. Por otra parte, de su celular surgía que estaba siendo vigilada por terceros durante su viaje y que había recibido amenazas para que no los implicara en la causa. La PROTEX señaló que la mujer podía encontrarse sujeta a una situación de sometimiento por parte de las personas que explotaban su trabajo sexual, quienes se encontraban imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes. Del mismo modo, sostuvo que esos sujetos habrían sido quienes habían pagado los pasajes para que la mujer transportara la droga hacia Tierra del Fuego, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Por esa razón, junto a la fiscalía y la Procuraduría de Narcocriminalidad, solicitó el sobreseimiento de la imputada. En ese sentido, los órganos sostuvieron que debía aplicarse el artículo 5 de la ley N° 26.364, en cuanto preveía la no punibilidad de los delitos cometidos por las víctimas de trata de personas.
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